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PABLO MELGAR
El robo de una computadora con datos sobre pacientes oncológicos del Hospital Pereira Rossell causó gran preocupación en los pacientes, ante el temor de que se detuvieran los tratamientos, lo que fue descartado por las autoridades de ASSE.
La dirección de ASSE y el Ministerio de Salud Pública anunciaron ayer en conferencia de prensa el hurto de una computadora con una base de datos de pacientes oncológicos atendidos en el Hospital Pereira Rossell entre los años 1999 y 2007. La urgencia del llamado se generó por el temor de que la información trascendiera y generara temor entre los pacientes oncológicos.
Las autoridades aclararon que los datos están respaldados en otros soportes y que no se van a discontinuar los tratamientos, según explicó el director de ASSE, Martín Dersarkisián.
La computadora hurtada se encontraba en el Servicio de Oncología y Hemoterapia del Pereira Rossell y contenía datos identificatorios confidenciales de los pacientes. En el equipo había datos vinculados únicamente al tratamiento y seguimiento de cada paciente e información necesaria para constatación de los avances de los distintos pacientes.
Al lugar concurren unos 500 nuevos pacientes de todas edades por año, muchos de los cuales continúan a lo largo del tiempo con los tratamientos.
La Policía y las autoridades del MSP intentan averiguar el motivo del robo, ya que parece que esa computadora en especial era el único objetivo de los ladrones, al no desaparecer ningún otro equipo.
A las autoridades del Hospital de niños les llamó poderosamente la atención que delante de la habitación en que se encontraba el equipo hurtado hay un servidor de un valor muy superior al que se usa en oncología, y en el mismo sitio había otros equipos de subido valor que no fueron robados.
La directora en funciones del nosocomio, Marina Stoll, prefirió no hacer especulaciones sobre el objeto del hurto puesto que en este momento se desarrolla la investigación policial sobre el mismo, pero reconoció que había otros equipos en el mismo lugar que no fueron afectados.
Vigilancia. La seguridad es un asunto en que las autoridades del Pereira Rossell vienen trabajando desde hace un tiempo con medidas que limitan el movimiento interno mediante identificación de personas y clausuras de algunas entradas, dejando solo una para los usuarios y otra para los proveedores.
El hospital cuenta con 3.500 funcionarios para atender unas 600 camas, lo que si se suma a quienes están acompañando a los pacientes internados hace que en el lugar se muevan unas 6.000 personas por día según estimaciones del nosocomio.
La vigilancia se maneja mediante un acuerdo con una ONG denominada Plenario de Mujeres del Uruguay (Plemu) que aporta personal en consejería, portería y ascensoristas de la institución. A la vez funciona un sistema de coordinación con cinco funcionarios efectivos del hospital con cuatro policías que cumplen servicio 222. Otra área de preocupación son los denominados faltantes de materiales cuyo control se maneja mediante estadísticas y cuando se detecta algún inconveniente se refuerza la vigilancia en el lugar.
Según informó Dersarkisián, se están realizando dos investigaciones paralelas: una policial y otra administrativa.
La representación de los trabajadores en la Junta Nacional de la Salud (Junasa) reclama al Poder Ejecutivo que "se aplique en todos sus términos" la ley que prohíbe la intermediación lucrativa en la salud.
El representante de los trabajadores, Francisco Amorena, señaló a El País que reclaman "la participación del Poder Ejecutivo desde el Ministerio del Interior mediante las sanciones o multas que correspondan por ley" a la vez que "se exhorta al Poder Judicial para que actúe en todas aquellas situaciones en que se constaten estos caso".
Amorena dijo que mientras la ley del mercado exista se van a dar formas para contravenir la normativa y mencionó el caso de los denominados "gordos" que están en las inmediaciones del BPS "capturando" afiliados.
Dijo que antes "trabajaban individualmente con un capitalista que tenía los contactos con las empresas y pagaba y distribuía las ganancias. En 2008 formaron una cooperativa, formaron un banco de datos y después reparten las utilidades".
Aclaró que los trabajadores "pretendemos que se avance en este nuevo sistema de organización de este fenómeno que es muy viejo"
Ayer se anunció por parte de la Junasa que todas las instituciones de Montevideo firmaron el acuerdo contra la intermediación lucrativa, faltando solo algunas del interior.
El 27 de enero el vi-cepresidente de UTE, Pedro de Aurrecoechea, sufrió el hurto de su computadora personal donde guardaba importante información que calificó como "indispensable para el trabajo". El robo se produjo en su casa y quedó al descubierto cuando el dueño volvió de vacacionar el fin de semana. El 31 de enero la Brigada de Asaltos recuperó el aparato y detuvo al autor del delito, un hombre que cometió varios hurtos similares.