"Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad". Platón

El pasado 4 de setiembre a las 19 horas en la sala César Campodónico del Teatro El Galpón, la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, lanzó una campaña de recolección de firmas para promover una reforma constitucional que declare nulos los artículos 1 a 4 de dicha Ley.

Cuando uno escucha una noticia como ésta, es muy difícil no pensar en el dolor que aún hoy padecen las personas que han perdido familiares y seres queridos en aquellos oscuros años. Pero es difícil también omitir que muchos uruguayos, solo conocen los casos de las víctimas de lo que en la actualidad se conoce como "terrorismo de estado". Esto es consecuencia de la información parcial que ha recibido la población en los últimos años sobre éste tema. Basta recordar algún discurso del actual presidente de TODOS los uruguayos, que proclamaba, en más de una oportunidad, "nunca más" terrorismo de estado, y sin embargo omitió en cada oportunidad nombrar a la guerrilla, la sedición o como se le quiera llamar. Basta preguntar a cualquier muchacho si conoce el nombre de algún detenido desaparecido y seguramente podrá nombrar a varios de ellos, pero difícilmente conozca el nombre de alguna víctima de la guerrilla. Esto por supuesto no hace a la ilegitimidad de la campaña iniciada la pasada semana, pero demuestra que se ha escrito una historia oficial sobre los borrones de la verdad.

Los argumentos que han esgrimido tanto el Dr. Oscar López Goldaracena, como otros promotores de esta reforma constitucional para declarar nula la ley No. 15.848, consiste fundamentalmente en que dicha ley tiene "vicios notorios" porque

• fue dictada bajo presión militar

• violenta la separación de poderes

• viola principios esenciales del derecho internacional.

Los hechos indican que la ley de caducidad es legitima, tanto del punto de vista jurídico, como político y moral por los motivos que expongo a continuación:

• la ley No. 15.848 fue aprobada por el Parlamento el día 22 de diciembre de 1986 en plena democracia

• la Suprema Corte de Justicia declaró su legitimidad constitucional el día 2 de mayo de 1988

• fue sometida al pronunciamiento popular en el referéndum del día 16 de abril de 1989.

• la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San José de Costa Rica en 1969, reconoce que los derechos de cada persona están limitados por las justas exigencias del bien común. La sociedad uruguaya en su conjunto, ha definido las justas exigencias del bien común, estableciendo por ley normas de perdón.

Por lo tanto, con esta iniciativa, se desconoce tanto el compromiso asumido por los impulsores del referéndum contra la ley de caducidad (de aceptar el pronunciamiento popular de abril de 1989), como también al poder legislativo e incluso a la justicia.

La Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad está integrada por el PIT-CNT, el Nuevo Espacio, el Partido por la Victoria del Pueblo, el Servicio de Paz y Justicia Familiares de Detenidos Desaparecidos, miembros del MPP y del partido Comunista entre otros. La coordinadora deberá recolectar unas 250 mil firmas (correspondientes al 10 % del padrón electoral) para activar el recurso de reforma constitucional mediante referéndum. En el caso de conseguir éste objetivo, dicha consulta popular se llevaría a cabo simultáneamente a las elecciones nacionales de 2009. Como decía al principio de éste artículo, uno no puede dejar de pensar en las personas que han perdido familiares y seres queridos, pero tampoco es posible ignorar que su dolor está siendo utilizado por políticos que buscan notoriedad y seres inescrupulosos en busca de venganza.

En próximos artículos, intentaré exponer hechos relevantes de la historia reciente que sean de utilidad para la justa evaluación de los hechos y la precisa valoración de su contexto.

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