El Vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, anunció recientemente que el Parlamento estudiará un proyecto de ley que consagre una cuota femenina en las listas electorales. Quienes apoyan esta medida, sostienen su posición en el entendido de que la subrepresentación femenina es fruto de la discriminación y que sólo una legislación coercitiva puede corregirla.
El razonamiento parte de un dato demográfico y de un conjunto de comprobaciones fácticas sobre la presencia femenina en los ámbitos de decisión política o económica. Pero si el argumento estadístico es válido para justificar la cuota (una discriminación positiva a favor de las mujeres) debería serlo también para otros sectores sociales subrepresentados en el Parlamento, como los jóvenes, los afrodescendientes, los umbandistas, los obreros o los peones rurales. Por otra parte, es fácil comprobar que las mujeres que acceden a mayores niveles de poder pertenecen a sectores socioculturales que permiten la superación individual. ¿No se debería crear una subcuota que asegure el acceso a los cargos que se repartirán según los datos demográficos? ¿Cómo evitar si no la discriminación intragénero contra las mujeres pobres, jóvenes, obreras o desocupadas?
Aceptadas estas múltiples formas de discriminación, habría que determinar de qué manera se repartirán las bancas disponibles entre los sectores discriminados, de manera que nadie pueda acusar al Parlamento de favorecer al grupo más organizado y con mayor capacidad de lobby. Una posibilidad es establecer discriminaciones que consagren primero una cuota de género (51 por ciento de mujeres y 49 por ciento de varones, para ser justos con la estadística), y luego subcuotas intragénero por edad, raza, condición social, preferencias sexuales, etc. Pero la matemática tiene leyes muy rígidas que no saben de buenas intenciones. ¿Qué sutil combinatoria consagraría un guarismo que reconozca todos los criterios de equidad?
Tenemos entonces una disyuntiva de hierro. Si se establece la cuota sólo para combatir la discriminación por género, se consagra una gran injusticia. Si se establecen cuotas y subcuotas según sectores de pertenencia, el Parlamento se convierte en una expresión colectivista en la que ya no estarán representados los ciudadanos sino ciertas entidades sociales.
Justo es decir que nadie se plantea tales asuntos. Los defensores de la cuota sólo están dispuestos a legislar contra la discriminación de género. Una legislación que, dicho sea de paso, viola el precepto constitucional por el cual “todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.
Entre otras injusticias de curso legal, surge con evidencia la que sufrirán aquellos hombres desplazados de puestos a los que podrían aspirar por sus “talentos y virtudes” por mujeres que ingresarían para cumplir con cuotas. Pero aún peor sería la situación de aquellas mujeres que, teniendo talentos y virtudes suficientes como para acceder a un puesto relevante en una lista política, deban cargar con la sospecha de que están allí porque se debe cumplir con una cuota.
Según Wendy McElroy, una feminista estadounidense disidente del pensamiento convencional, “el efecto secundario más siniestro de la acción afirmativa puede ser que la misma fomenta el mismo mal que ella pretende curar: el prejuicio en contra de las mujeres”. “Para cubrir sus cuotas, dice McElroy, los empleadores deben contratar a mujeres no calificadas, promover a las mujeres demasiado rápidamente, o transferirlas inapropiadamente a otros departamentos. Cuando estas mujeres fracasan, ello parece ser una confirmación de su insuficiencia. Recíprocamente, cuando las mujeres competentes tienen éxito por sí mismas, el mismo es asignado a que ellas fueron mimadas por políticas preferenciales”.
Si la sociedad ya no acepta que un hombre desplace de un cargo a una mujer más calificada por su sola condición de varón ¿por qué justificaría que una mujer desplace a un hombre por el solo hecho de ser mujer y para cumplir con una cuota? ¿No es esto una forma de discriminación igual a la que se quería abolir? ¿No es mucho más grave el segundo caso en la medida que la discriminación está consagrada por la ley? Los impulsores de la cuota femenina no condenan la discriminación; de hecho, la justifican y promueven como herramienta para corregir, presuntamente, su aplicación abusiva. Es un razonamiento similar al de los defensores de la pena de muerte, quienes pretenden condenar el homicidio, practicándolo legalmente.
La pregunta que está en el trasfondo de esta polémica es cómo superar la discriminación de cualquier tipo. Para algunos, la conquista parcial de ese objetivo justifica la utilización de medios que se condena en otras áreas de la vida social. Debería asomar en este debate un trasfondo mucho más complejo de valores e identidades ideológicas, que dividiría las aguas, una vez más, entre quienes desean y creen posible vivir en una sociedad perfecta y aquellos que preferimos las imperfecciones y aproximaciones sucesivas al control y la ingeniería social.
La acción afirmativa o discriminación positiva, enmascara cualquier conquista genuina en la lucha contra la discriminación y nos releva de la responsabilidad de transformar nuestras acciones y decisiones. El fenómeno no es nuevo. En los campus universitarios estadounidenses, la acción afirmativa a favor de los afrodescendientes alimentó una ola de rencor entre otros grupos subrepresentados, como los latinos y los asiáticos, que se sienten doblemente discriminados. Muchos profesionales negros manifiestan su malestar ante los resultados no deseados de una política que intentaba promover su ascenso social. En rigor, nadie sabe si obtuvieron sus títulos y cargos por mérito propio o por los beneficios de pertenecer a determinado grupo étnico. Esto encierra una doble injusticia: con los afroamericanos más esforzados y meritorios pero también con los blancos que fueron desplazados por cumplir con una cuota de “discriminación positiva”. Idénticas consecuencias tendría una cuota de representación política femenina.
Más que superar las viejas prácticas políticas y elites de poder, la cuota femenina parece perpetuarla con una legislación hecha a la medida de las mujeres más calificadas e influyentes. La lucha por la abolición de los prejuicios no es más que un capítulo en la conquista de la igualdad y requiere un cambio de conducta de todos los involucrados. En este marco, sería mejor que pensáramos cómo logramos avanzar, mujeres y varones, hasta alcanzar los actuales niveles de integración, para poder avanzar más rápidamente. La ortopedia igualitarista, que tiene en la ley de cuotas su expresión más típica, sólo puede ofrecer resultados impactantes al precio de cometer nuevas injusticias.
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