Versión para imprimir 22/06/20



Es necesario incrementar el costo del delito y reducir la tasa de impunidad

 

 

Estoy en todo de acuerdo con el  artículo publicado en Economía y Mercado el 27 de octubre del 2014 y titulado "La delincuencia y su castigo" de Jorge Caumont http://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/delincuencia-castigo-delito-jorge-caumont.html.

Comparto  que es imprescindible incrementar el costo del delito, tanto desde el punto de vista penal, como fundamentalmente del punto de vista económico, con la meta de reducir el beneficio económico del delito.

Comparto plenamente la necesidad de desterrar la noción de que el delincuente es visto como víctima de la sociedad, siendo considerado carente de recursos y medios y por tanto no corresponde exigirle la reparación del daño provocado a las verdaderas y olvidadas víctimas del accionar delictivo, que son los ciudadanos que sufren física y económicamente los daños que estos le provocan.

Un elemento fundamental del combate a la delincuencia, y en esto si es fundamental el accionar policial y sin lugar a dudas el de la justicia, es lograr que la tasa de delitos impunes sea la más baja posible, dado que en la actualidad dicha tasa (salvo en el caso de los homicidios)  es de un 90 %, lo cual es un aliciente muy importante para el incremento de la actividad delictiva. Bajar la tasa de impunidad, es tanto o más importante que el incremento de las penas.

Para ilustrar lo anterior cito dos artículos publicados en el suplemento Que Pasa del diario El País:  (http://www.elpais.com.uy/que-pasa/encarando-justicia.html) en el que se analizan 5 casos ocurridos el mismo día, de los cuales solo en uno de ellos se lleva a cabo el procesamiento del infractor.  Por lo tanto en este día en particular, solo se procesó al menor infractor en el 20 % de los casos presentados.

Si vemos lo que se afirma también, en el segundo artículo publicado en la misma edición (http://www.elpais.com.uy/que-pasa/juzgado.html) sobre que en general se atrapa a 1 de cada 8 infractores (el 12.5 %), y de estos solo se procesa a 1 de cada 5 (el 20 %), tenemos que el resultado  del proceso policial y judicial en conjunto es que  solo se termine procesando al 2.5 % de los infractores. 

 En el mismo sentido en un trabajo de CERES, dirigido por Talvi y publicado en El Espectador.com: 

Según el estudio realizado por Ceres, a cargo de E. Talvi y expuesto en una conferencia realizada en junio  del  2013 y publicada en radio  El Espectador(http://www.espectador.com/documentos/130613ceresII.pdf), el mismo confirma plenamente lo que se muestra en estos artículos del suplemento Que Pasa: " ¿Cuál es la probabilidad, se preguntó Talvi, de ser internado tras un delito y tener que  cumplir una condena? La probabilidad es del orden del 10%: sólo el 10% de los delitos cometidos son resueltos por la policía. A su vez, 4 de cada 10 adolescentes que son capturados por la policía son liberados incluso antes de iniciar el proceso judicial." Según este estudio de Ceres,  se inicia un proceso  judicial solo en un 6 % de los delitos cometidos por menores infractores. 

Por ello es que la sensación de impunidad frente al delito es algo mucho mayor que solo una sensación. Es una verdad fácilmente palpable por la ciudadanía, que lo sufre, y por los delincuentes que los estimula a continuar en la carrera delictiva, que practicamente no tiene costo  ni penalización alguna.

Lo mismo se plantea en Venezuela, país con una de las mayores tasas de homicidios, en el siguiente artículo sobre las causas de la inseguridad en Venezuela, que desmiente muchos de los argumentos que se repiten sobre las causas de la delincuencia:

http://www.elpais.com.uy/mundo/impunidad-galopante-favorece-auge-violencia.html

"Las instituciones públicas en Venezuela no cumplen con su labor de prevenir y reprimir el delito, y eso hace que solo se resuelvan ocho de cada 100 asesinatos", explica el criminólogo Fermín Mármol.

"La impunidad -agrega el experto- genera imitación, hace que muchos jóvenes se sumen a las filas de las bandas criminales porque ven el delito rentable y de poco riesgo".

La otra vía por la cual se lograría un desestímulo a la actividad delictiva, es lo que Ud. plantea, lograr que el costo del delito sea alto y una vez procesado el delincuente, este deba afrontar un costo importante que diluya todos los beneficios económicos que produjo la actividad delictiva previa.

En este sentido es que he planteado la creación de lo que llamo un IMPUESTO DELINCUENCIAL, DEDUCIBLE DEL IRPF O IRAE, o sea que inicialmente se hace cargo el estado, y  que luego deba reponer el delincuente al estado. Puede ver su desarrollo en el siguiente link: http://blogs.montevideo.com.uy/hblogadmeditararticulo.aspx?65840,0

El planteo se basa en la siguiente comprobación: aquellos que no trabajan y/o viven de la asistencia estatal, o aquellos que viven del producto de la delincuencia no pagan impuestos, por lo cual no contribuyen con el sostén del estado y reciben beneficios y prestaciones de parte de este, todo lo contrario de lo que ocurre con los trabajadores que aportan al estado sin recibir beneficios por ello.

El trabajador paga impuestos por un monto que puede llegar a superar el  40% de sus ingresos al sumar una multiplicidad de aportes diferentes como ser: IRPF, IRAE, IVA, IMESSI, impuestos municipales (contribución, impuestos de puerta, patentes), fondo de solidaridad y adicional, impuestos sobre alquileres y a la compra-venta de vivienda además de aportes al BPS en caso de refacción u obra nueva, etc, etc .

A esta gran carga impositiva oficial se suma una carga extraoficial, de monto incierto e imposible de determinar a priori (nunca sabremos cuanto vamos a terminar aportando, ni en que momento lo haremos), ya que depende de la voluntad ajena y la suerte, que llamaremos  IMPUESTO DELINCUENCIAL.

De esta manera termina configurándose una situación muy injusta e inequitativa debido a la incapacidad del estado en cumplir con su función de garantizar seguridad. Dicha omisión genera que los trabajadores y empresarios vean incrementada su carga impositiva y contributiva a la sociedad, mientras que el grupo de delincuentes solo obtiene beneficios sin que den  ninguna contraprestación a la sociedad.

Por lo anteriormente expresado,  es que proponemos, en aras de lograr una distribución más equitativa de las cargas impositivas, que por un lado el impuesto delincuencial (calculado por la suma de los costos derivados de cada ítem referido - ver artículo en el blog- ) sea deducible del irpf o irae, y que la actividad delictiva deba pagar los impuestos correspondientes al irpf o irae, además del fonasa,  por sus ingresos, además de asumir y reparar a las víctimas por los costos de los daños que generaron por la comisión de los delitos, cuando son procesados y queda establecida su responsabilidad.

El costo de las deducciones correspondientes a los trabajadores debidos al impuesto delincuencial, que inicialmente lo asume el estado, sería luego compensado por el cobro de dicho impuesto a los delincuentes cuando estos sean procesados.

El argumento de que los delincuentes no tienen recursos para hacer frente a sus obligaciones y que no poseen capacidad contributiva, no es de recibo, dado el volumen de delitos que se registran, es posible estimar que el ingreso global de la población delincuente es elevado. Por ejemplo, si tenemos unos 100.000 delitos anuales, y si cada delito reporta un beneficio promedio de 100 dólares, el ingreso global asciende a U$S 10.000.000.

 Pero si el producido promedio por delito es de 300 dólares, la cifra trepa a 30 millones de dólares, cifra que actualmente pueden usufructuar sin pagar impuestos. Estaríamos hablando de una  evasión por irpf que  podría ascender a cerca de los 10 millones de dólares anuales.

Sería de estricta justicia terminar con la inequitativa situación actual en la cual los trabajadores cargan con todas las cargas impositivas y contributivas al estado (incluidas las no oficiales o delincuenciales), mientras que la población delincuente no contribuye en lo más mínimo con las cargas establecidas, recibiendo en cambio los servicios de la sociedad (educación, salud, ayudas sociales, etc.) para si y sus familias.

Un último beneficio para nada despreciable es que el cobro a los delincuentes de los impuestos debidos a sus ingresos, más la necesidad de que reparen los daños causados a las víctimas, serían un formidable desestimulo a la actividad delictiva, dado que reducirían marcadamente el beneficio económico de lo obtenido producto de la delincuencia.

Se puede ver un análisis de los costos y beneficios comparados de la actividad delictiva con el trabajo formal en este otro artículo, donde se plantea que la ecuación actual es claramente favorable a la actividad delictiva en desmedro del trabajo formal: http://blogs.montevideo.com.uy/hblogadmeditararticulo.aspx?63651,0

Finalmente reitero mi apoyo al necesario cambio de enfoque que  propone el autor en el artículo sobre como miramos y actuamos frente a la delincuencia, más allá de lo represivo, que no deja de ser necesario, tal como lo señalamos para bajar la tasa de impunidad, pero que si no se acompaña de la reducción del beneficio del delito, no se logrará reducir la inseguridad, tal como ha pasado hasta ahora.





Este artículo pertenece al blog:

opiniones variadas. M da Fonte
sociedad, educación, política, economía y ciudades

Más información:
http://blogs.montevideo.com.uy/hnnoticiaj1..aspx?79950,24391,24391,24391,,0,0