Versión para imprimir 23/11/18



EL PALACIO LEGISLATIVO (I)

(I) PARLAMENTARIOS EN SEDE DE CABILDANTES 

            La Asamblea Constituyente y Legislativa que derivara de la Convención Preliminar de Paz se instaló en noviembre de 1828 en San José -en la misma casa que albergara la Sala de Representantes en 1825-, pasó luego a sesionar en Canelones y más tarde, ya en el Montevideo de extramuros, en la hoy desaparecida iglesia de la Aguada (ubicada en el mismo lugar que la actual). El 1º de mayo de 1829 se ponía fin a esa etapa fundacional e itinerante, al afincarse “la honorable asamblea” en el edificio que fuera sede del Cabildo colonial; una decisión en nada coincidente con la adoptada por sus pares argentinos, que siempre tomaron distancia de aquel símbolo de “tiempos de godos”. Y esa decisión, convalidada al sancionarse la primera Constitución del naciente Estado, se mantendría vigente durante casi un siglo, cosa que probablemente aquellos hombres no imaginaron, vistas las dificultades que debieron afrontar apenas instalados. 

              Compartían la planta baja con los reclusos de las que fueran Reales Cárceles -que seguirían siendo cárceles por largo tiempo, pero ahora republicanas- y disponían de una única sala de sesiones sobre la fachada principal de un edificio todavía en construcción, en el tramo entonces habilitado de una planta alta a la que se accedía a través de una escalera de fuerte presencia (con escalones de granito bien labrado, que no son los actuales)…pero a cielo abierto. Se alternaban diputados y senadores en el uso de la antigua Sala Capitular -y apenas podrían moverse cuando se reunían en Asamblea General-, debiendo esperar casi 30 años para que pudieran contar con una segunda sala de sesiones (en el mismo nivel, sobre la fachada lateral). Y aún en ese tiempo el noble edificio proyectado por Tomás Toribio y continuado por su hijo José seguía sin terminar, quedando por construir la cornisa, el frontón y el murete de cierre perimetral sobre el nivel de azotea (1). No es de extrañar que menudearan las protestas y que ya en 1837 se planteara una solución alternativa. 

                  En el informe que en ese año la Comisión Topográfica eleva al gobierno de Oribe, se expone la propuesta del arquitecto Zucchi de crear un verdadero “centro cívico” entre las plazas luego llamadas Constitución e Independencia. Ubicaba sobre la calle Sarandí y a medio camino entre aquéllas un nuevo edificio con destino al Poder Legislativo -“Capitolio de las Leyes” lo llama Zucchi-, en tanto proyectaba transformar el edificio del viejo Cabildo en sede presidencial, agregándole un piso para mejor atender los requerimientos de su nueva función.

             Los tiempos turbulentos que siguieron no eran los mejores para atender un planteo tan ambicioso, y recién tres décadas más tarde, bajo gobierno de Flores, retornarán las propuestas de ampliación del Cabildo -luego reiteradas, pero por suerte nunca concretadas (2)-, y se agregarán otras para construcción de una nueva sede; propuestas en todos los casos alejadas de las implicancias urbanísticas del proyecto del gran arquitecto italiano. Habría que esperar 50 años antes de volver a pensar la sede del Parlamento en términos de proyecto urbano.  

MAILLART, UN REUS SIN OBRAS 

              En 1883 se realizaba la primera sesión de la Cámara de Diputados en el nuevo edificio del Parlamento de Viena y al año siguiente -en tiempos de Bismarck- se iniciaba en Berlín la construcción del Reichstag. El arquitecto francés Norbert Maillart tuvo claro que aquellos ejemplos habrían de tener buena acogida en los países del Plata, en tiempos en que los procesos de consolidación del Estado corrían en paralelo con la necesidad de su representación simbólica a escala urbana. Maillart tenía un buen dominio de su arte -el haber obtenido un Gran Premio de Roma podía avalarlo-, pero tal vez su mérito mayor fue el haber tomado buena nota de la experiencia de Haussman en París, un notable ejemplo de reestructura urbana financiada con el sobrevalor generado por las nuevas construcciones y en el marco de leyes de expropiación “por razones de utilidad pública” curiosamente heredadas por el régimen de Napoleón III de la revolución del 48,  

              En octubre de 1887, “contando con la cooperación financiera necesaria para la realización del proyecto”, eleva al Superior Gobierno una detallada propuesta para el trazado de dos avenidas, una plaza (“…colocando en su centro un monumento histórico que será ejecutado por Bertholdi, el creador de más renombre en la actualidad…”) y la construcción de un Palacio de los Altos Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). En enero de 1889 se aprueba la ley por la que se autoriza al Poder Ejecutivo para formalizar el contrato en los términos propuestos -derechos de expropiación incluidos-, con la variante de separar los tres Poderes en otros tantos edificios ligados a las avenidas proyectadas, aunque haciendo constar que “no siendo esto posible, los tres edificios serán construidos en un solo grupo en los terrenos del antiguo Cementerio Inglés de acuerdo con los planos y anteproyecto del señor Maillart”.  

              La expropiación de esos terrenos había sido decidida por Santos en 1884 con similar objetivo, pero la crisis del 90 -la misma que acabó con Reus y sus empresas- frustró todas esas iniciativas y Maillart nada pudo construir aquí, aunque mejor suerte tendría en Buenos Aires, donde aún son apreciables tres obras monumentales que nacieron a su impulso: el Colegio Nacional, la que fuera sede del Correo y el edificio de Tribunales.

EVALUANDO PROYECTOS EN MEDIO DE LA GUERRA CIVIL  

             Cerrado ese episodio todo parecía volver a fojas cero, retomándose incluso en 1894 la idea de agregar un piso al Cabildo, pero un giro decisivo se concretó dos años más tarde cuando la ley de liquidación del Banco Nacional incluyó la resolución de construir la nueva sede del Poder Legislativo en el predio que hoy ocupa el Instituto de Profesores Artigas sobre la actual avenida del Libertador (en ese entonces un tramo del camino al Paso del Molino, que recién décadas más tarde sería ampliado en ancho y extensión). Vista con la perspectiva del tiempo, una resolución tomada sin otro fundamento que el de promover “el progreso de aquella localidad”, tuvo la virtud de encarrilar el proceso final de construcción del Palacio, pero implicó también un notable apartamiento de las consideraciones urbanas implícitas en el plan Maillart -principalmente en la formulación aprobada en 1889-, típicas del urbanismo de la época y a punto de concretarse en Buenos Aires, cuando se avanzaba en el trazado de la avenida de Mayo, uniendo la Casa de Gobierno con el futuro Palacio del Congreso (concursado en 1895 e iniciado tres años más tarde). 

               Tanto por su ubicación como por su dimensión, el terreno elegido era en todo sentido inadecuado, no siendo por ello de extrañar que se sucedieran nuevas propuestas, retomando viejas opciones (3). En esas circunstancias, poco se hubiera avanzado de no mediar la  constitución, en agosto de 1902, de una comisión destinada a elaborar las bases de un concurso internacional de proyectos, comisión que tuvo desde el inicio de su labor un impulso decisivo en su presidente, el entonces senador José Batlle y Ordoñez, y en su secretario, el diputado José Serrato.  

               En marzo de 1903 Batlle asumió la presidencia de la República y de inmediato quedó constituida una segunda comisión presidida por el ingeniero Juan Alberto Capurro, acelerándose  el trámite de tal modo que ya en agosto de ese año pudieron promulgarse las bases del concurso. Pero la eficiencia demostrada para su formalización no fue acompañada por igual esmero en cuanto a corregir una serie de condicionantes notoriamente inadecuadas a su objeto (caso ya citado de la dimensión y ubicación del terreno o del costo máximo previsto), agregándose a ello las imprecisiones del programa y la asignación de un tiempo excesivamente breve -dado el carácter internacional de la convocatoria- para la elaboración y presentación de los proyectos. Como luego veremos, las consecuencias que se derivarían de estas circunstancias serían de variada significación y en cierto aspecto -y contra lo que sería esperable-, positivas

              El 15 de abril de 1904 se formalizaba el acta de recepción de los 27 proyectos presentados -24 de los cuales llegaron del extranjero-, y cinco meses más tarde, el 13 de setiembre, la Asamblea General tomaba conocimiento del laudo del concurso. Ello ocurría apenas tres días después de la muerte de Aparicio Saravia, prolegómeno del fin de un “estado de guerra” del que esa misma Asamblea había sido impuesta por mensaje del Ejecutivo del 5 de enero de 1904. Así, en el tiempo que corrió entre las cruentas batallas de Paso del Parque y Masoller, en Montevideo se desarrollaba la selección del escenario de nuevos enfrentamientos…que se deseaba fueran en el futuro,  civiles y no armados; un difícil empeño que esa generación pudo ver concretado, dejando atrás los fantasmas de “la tierra purpùrea y avanzando hacia la construcción de “un país modelo” del cual el “Capitolio de las leyes” -al decir de Zucchi- sería referente simbólico.  

NOTAS: 

(1) En tal estado aparece en el relevamiento de los “Monumentos de Montevideo” que el francés Aimè Aubourg incluye en la lámina obsequiada al presidente Gabriel Pereira en 1858. 

(2) El último proyecto formó parte de la propuesta del arquitecto italiano Augusto Guidini de construir una galería entre las plazas Constitución e Independencia, al estilo de las ya existentes en Nápoles y Milán; propuesta prohijada por el intendente de Montevideo Daniel Muñoz en tiempos de la presidencia de Williman.  

(3) Entre otros cabe destacar el presentado en 1902 por el entonces senador Angel Floro Costa: el mismo que 22 años antes exponía en su “Nirvana” la “inviabilidad” del país independiente, proponía ahora hacer notoria la presencia simbólica de los poderes del Estado. Se preveía la construcción de un único edificio en igual ubicación que las propuestas precedentes, y en caso que el terreno resultara insuficiente, sólo se incluirían los poderes Ejecutivo y Judicial, habilitándose al Estado a expropiar un predio frente a una plaza para sede del Poder Legislativo, en tanto el Cabildo se destinaba a sede del Archivo General Administrativo y Biblioteca Nacional. 

 

(*) La imagen que ilustra este capítulo corresponde al proyecto de Meano, embretado -como todos los otros- entre las calles que delimitaban el predio original.  

SIGUE EN PARTE II) 

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