Opinión 22.06.2012 23:37
El pasado jueves 20, tras un mes de trabajo, el gabinete de seguridad del gobierno planteó un paquete de medidas para "atacar la inseguridad".
Son 15 medidas, concretas algunas, confusas y peligrosas otras.
No somos mezquinos, no somos de los que ven todo mal y hacen caudal de las equivocaciones del gobierno. Por eso reconocemos algunas medidas como positivas.
¡¿Cómo no estar de acuerdo con algunas propuestas que desde la oposición hemos promovido desde hace años?! Proyectos de reparación de víctimas, que hemos promovido con el Arq. Lamorte; o la definición precisa del tipo delictivo de violencia doméstica, que casualmente presentamos junto al Diputado Mario Silvera el pasado miércoles; o bien el agravamiento de penas para el comercio de pasta base o para los delitos de corrupción policial como hemos venido sosteniendo. Las modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia que se anuncia, también las hemos promovido.
El gobierno no es claro ¿va a aumentar las penas a los menores infractores? ¿Habrá mínimos y aumento de máximos para ellos? El gobierno hace malabares dialécticos para no ser claro, porque sus diferencias internas no se lo permiten.
Hay proyectos en el Parlamento para votar ya el aumento de penas a los infractores.
Ahora bien, las cosas por su nombre. No hay ninguna medida que no puedan empezar a aplicar inmediatamente, las propuestas legislativas las pueden votar mañana!!
Pero, hay un cangrejo bajo la piedra, escondido tras la cortina de humo que significa la legalización de la producción de marihuana. Así consideramos esta propuesta. Hasta la operación mediática que se le dio al tema.
Se lanza la medida un día antes, a través de algunos medios para enfocar el tema en esa medida. Estamos en contra. Los estamos conceptualmente. La experiencia internacional de quienes han aplicado la medida lo demuestra.
Pero tan evidente es la operación mediática, que el gobierno no sabe explicar quien producirá, quien lo suministrará -lo que sabemos es lo que dijo el Ministro del Interior, no la venderá las farmacias porque sería tratar a los consumidores como enfermos-, no se sabe tampoco si habrá o no registro -para el Ministro de Defensa tendría un tinte peligroso-. En fin no hay proyecto, es una "idea".
Pero el cangrejo bajo la piedra que alertábamos es el control de contenidos de los medios y las redes sociales. Ni el gobierno argentino se ha animado a tanto.
Con esta medida se violaría el artículo 29 de la Constitución, que prohíbe la censura previa.
Pero independientemente del control estatal, se impondrá la autocensura, los medios cuidándose de las represalias. Es muy grave. Denota una clara impregnación ideológica, generando la idea que debe existir un Estado que nos supervise. Ese estado no nos protege pero nos vigila. ¿Quién será el Gran Censor? ¿Quién nos supervisará en las redes sociales? ¿Cómo funcionará?
Es un ataque a la libertad de expresión, a la libertad de estar informados y de elegir.
Todo el documento está ideologizado.
Hay una premisa que recorre todo esta maniobra del gobierno. "La culpa es de los otros". Se ha señalado como culpable a los gobiernos de los 90, a la crisis del 2002, a los medios, a las redes sociales, a la oposición, pero el gobierno que hace siete años tiene las riendas del Estado no es responsable. Inaudito.
El documento revela esa ideologización que no permite avanzar al país, habla de convivencia y plantea crear plazas -2 por año-. Pero, ¿No han hecho escuelas y harán plazas? En las 20 páginas no se menciona a la educación, a la escuela como centro de convivencia y articulador social. Se olvida que la educación es la que puede revertir todo el proceso de deterioro moral y de Valores que vive el país.
Quienes esperábamos medidas de alto impacto para una crisis de seguridad lo seguimos haciendo.
Hubo demasiado expectativa para lo que fue una recolección de proyectos, ideas, buenas intenciones, mezcladas con la exhibición de la intencionalidad de crear un "gran hermano" donde nos vigilan y controlan, y toda una postura sociológica que reposa en que la culpable del delito y de los delincuentes es la sociedad.
Esperamos que lleguen inmediatamente los proyectos de ley al parlamento, y que el gobierno formalice mediante decretos algo de lo que propone.
Nos preocupa el tema, sentimos que estamos, -el gobierno y por tanto el país-, perdiendo la batalla contra la inseguridad.
Las medidas son un pocos de todo, buenas, malas y feas, de todo como en botica, pero por sobre todas las cosas, su anuncio, su presentación marca y prueba que antes no había nada, que el gobierno del Frente Amplio llegó al gobierno sin un Plan Director para enfrentar la seguridad pública.
Jorge Larrañaga
28.05.2012 13:31
Que la gestión del Frente Amplio está fracasando ya no es novedad. Lo han desbordado varios temas: seguridad, educación, vivienda, salud, infraestructura, las relaciones con Argentina, en donde no sabe cómo pararse. Gobierno cobrando al grito.
Pero no es solo un tema de gestión, hay un trasfondo ideológico que las propias figuras del Frente lo asumen. Se quedaron sin utopía. Sin el fuego de la ilusión. Sus banderas tradicionales quedaron en el pasado o sin posibilidades de aplicación.
Su elección interna ha evidenciado las diferencias, pero nada se compara al día a día del gobierno. Eso es lo que nos preocupa.
Los sectores más radicales pugnan por la conducción de ciertas áreas y así vemos luchas “palaciegas” entre el equipo de Astori y el equipo de la OPP por el rumbo económico, o la puja entre sindicatos más amigables con el gobierno y los que reivindican propuestas más sesentistas. Disputas en todos lados.
Esa puja, sosegada por la interna del 27 se abrirá descarnadamente en la discusión de la Rendición de Cuentas y en lo que resta de gobierno.
El Frente se quedó sin plan-país. Conviven modelos distintos, divergentes y en ciertas áreas hasta contradictorios. La reforma del Estado, AFE, las asociaciones público-privadas, son trabadas por el propio Frente. La conducción de la educación, “baluarte” del Frente, frenada y sin poder remontar la crisis. Iban a solucionar el tema educativo, y cada vez tenemos peor educación, peores resultados y peores perspectivas para nuestros muchachos.
Los acuerdos que se firman en la educación son víctimas de zancadillas internas. Los representantes del Poder Ejecutivo son más representantes de las posturas sectoriales que del propio Presidente.
Sus autoridades anestesiadas, con movimientos paquidérmicos. Irresolutas y sin autoridad.
Las reformas del gobierno de Vázquez, cuyo fruto vemos hoy, han empeorado la calidad de vida de los uruguayos. Una ley de educación nefasta, una Policía desarticulada por mensajes contradictorios, una salud colapsada.
El Uruguay productivo fue un eslogan de campaña y allí quedó, flotando sin rumbo. La distribución de la riqueza, un mazazo impositivo que le pegó más a la clase media y al trabajador.
Su alianza con la Academia se ha roto. El Frente no recurrió a técnicos para su gobierno. Ni Vázquez lo hizo cuando eligió un gabinete político ni Mujica cuando asignó ministerios por cuota política entre los distintos sectores. El amiguismo tan denostado por la izquierda, venció a los técnicos y expertos de la Academia.
Lejos estoy de promover una tecnocracia como le impuso Europa a Grecia. No. Pero los sectores y los personajes se recrean en el poder y en el error. Considero que la política tiene un rol vital en el sistema democrático que permite pendular entre posiciones contradictorias, pero lo cierto es que una prédica marcada por años desde el Frente, cuando tuvo que aplicarlo, no lo hizo. Los mejores quedaron en el banco.
Hoy el Frente es un proyecto de poder -o varios-, y solo aspira a mantenerlo. Es una estructura burocrática y aburguesada.
Su relación con la cultura y la intelectualidad nacional, hoy es una relación sostenida por un pasado de reciprocidad, pero un presente de desprecio, relego y postergación.
Los intelectuales de izquierda no pueden querer este Frente. Mal que les pese, se lo advertimos.
Lo dijimos durante la campaña de 2009. El Frente se quedó sin proyecto.Navega entre incertidumbres. Como quien se está ahogando, manotea desesperado.
El problema es que para ser un país de primera, primero hay que tener rumbo. El FA se quedó sin brújula, le da lo mismo la izquierda que la derecha, el norte que el sur. Estar en contra de la baja y a la vez impulsar los allanamientos nocturnos.
La alternativa para Uruguay es el Partido Nacional. No es una aseveración proselitista, es la realidad.
El Partido Nacional tiene una visión integral de país. Pero además, tiene la voluntad y disposición de integrar a Uruguay, donde todos los sectores sociales tienen su lugar, y la intelectualidad nacional, la cultura, tan hegemonizada por una visión única, tiene un escenario para cultivar el pensamiento, la discusión y por ende ser protagonista. No necesita estar abrazada al pasado, puede ser parte del futuro.
Proyecto de país inclusivo que convocará a todos.
Partido Nacional que no se abraza a los extremos, sino al país entero.
Jorge Larrañaga
09.05.2012 18:44
Este 12 de mayo, los jóvenes del Partido Nacional llevarán adelante sus propias elecciones, experiencia que repiten por segunda vez y que les enseñó la importancia del trabajo en equipo, la importancia de la unión como grupo, de la negociación, de la democracia.
Experiencia que aplaudí y acompañé hace 5 años como Presidente del Directorio y que hoy vuelvo a aplaudir y acompañar, porque creo en ellos y en su capacidad.
Porque son jóvenes y aportan a nuestro Partido su frescura, su ilusión, su esperanza, su optimismo, su modernidad, pero ante todo sus ideas, sus ópticas, sus propuestas. Propuestas a la medida de su realidad y a la de sus pares que no manifiestan su voz, porque descreen de la política como herramienta para cambiar las cosas con las que no están de acuerdo.
Los jóvenes de mi sector, Alianza Nacional, lanzaron hace pocos días con una campaña publicitaria en las redes sociales denominada “REBELATE”, una convocatoria a la que ellos mismos definieron “en una buena”, un rebelarse sinónimo de movilizarse, de no quedarse quieto, de participar para lograr los cambios.
Un rebelarse que significa decir que NO a lo que ya no quieren.
Un rebelarse que sea el puntapié inicial para proponer y fomentar un cambio.
Los jóvenes se rebelan a no tener las mismas posibilidades en el interior del país que en la capital, se rebelan ante la situación de la educación pública de nuestro país, se rebelan por no tener políticas de viviendas apropiadas para ellos, se rebelan frente a salarios deprimidos, se rebelan por no ser dueños de sentirse libres en la calle, por sentir miedo, por vivir en una sociedad que los lleva a ellos mismos a estigmatizar a otros jóvenes.
Los jóvenes son el presente y el futuro, si ellos no creen que el cambio es posible, si ellos no se mueven para cambiar de rumbo, si ellos no nos exigen que les demos el lugar que necesitan y que escuchemos sin necesidad de que griten, estamos perdidos, la sociedad está perdida.
Escuchemos.
Por eso los acompaño, los respeto, los escucho y aprendo muchísimas veces de ellos. Les pido que se hagan su lugar trabajando y siempre respetando al otro, al que cree igual y al que cree distinto. Que entiendan que el que cree distinto está al igual que nosotros moviéndose, rebelándose, da la lucha por sus ideas y éstas son y siempre deben ser tan válidas como las nuestras.
Como jóvenes tienen que marcar la diferencia en nuestro sistema político, y lamentablemente hoy marcar la diferencia es no cargar con ningún rencor antiguo, y entender que pertenecer a Partidos diferentes nos convierte en compañeros de caminos en distintas sendas.
Cuando nos entendamos como compañeros y no como contrincantes, y menos aun enemigos, todos estaremos mejor. La consigna debe ser, como dijo Voltaire: "No comparto tu opinión pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla”.
Acompaño a “Alianza Joven” pero deseo fervorosamente que todos los jóvenes de todos los sectores tengan un notable resultado.
Jorge Larrañaga
16.04.2012 15:54
Cuidar a los maestros es cuidar el futuro.
La educación, como venimos sosteniendo desde hace mucho, no puede esperar más.
A principios de este año logramos concretar un Acuerdo Educativo multipartidario mediante el cual, si el gobierno hace lo que tiene que hacer, puede transformar la matriz de una educación estancada y antigua.
El año arrancó entre paros, ocupaciones de centros y marchas de docentes y padres, por problemas edilicios en los centros educativos.
Esta crisis que estamos atravesando no se termina tapando goteras, cambiando los vidrios rotos y arreglando los baños, lo cual, aclaremos, es una reivindicación justa y un reclamo necesario y urgente.
La sociedad ha cambiado, eso no es noticia para nadie. La familia ha cambiado.
Hoy en día los valores no siempre vienen aprendidos desde la casa, y han pasado los maestros a ser educadores de valores, de reglas de cortesía y de manejo en sociedad, rol que otrora cumplían, en sentido amplio, los padres.
Creemos fundamental, como repetimos hasta el hartazgo, en la necesidad del desarrollo tecnológico y científico de nuestro país, pero no podemos olvidar jamás, a nuestro mayor y mejor instrumento en la educación: los maestros.
Son ellos quizás, los primeros testigos de una brecha cada vez más acentuada entre los que más y los que menos tienen.
Son ellos los que asisten a los constantes yerros de algunas políticas sociales que lejos de acercar realidades, las alejan cada vez más.
Maestros que tienen una vocación grande, una paciencia enorme y, en contrapartida, una remuneración muy baja, una posibilidad de formación permanente y especializada por aéreas inexistente, y un reconocimiento muy pobre por parte de la sociedad.
Debemos cambiar esta realidad de manera urgente.
Días atrás solicitamos una reunión con la Federación Uruguaya de Magisterio, la cual concretamos el pasado viernes 13 de abril.
En la misma escuchamos la realidad que se vive desde dentro, sus reclamos y les planteamos nuestras propuestas, nuestras ideas.
En primer lugar, creemos que, ante todo, es necesario el reconocimiento del GRADO UNIVERSITARIO A LOS MAESTROS, una formación continua dentro de la Universidad de la República y la posibilidad de especialización por áreas, sobre todo en lo que refiere a Educación Inicial y Educación Especial para niños con capacidades diferentes.
Lo mínimo que podemos hacer es darles la posibilidad de formarse más y mejor. Porque de su formación depende también el futuro de nuestros hijos.
Los maestros deben ser mirados como parte de la solución y nunca como parte del problema.
Desde Alianza Nacional iniciamos las gestiones legislativas al respecto.
Dar a conocer su realidad, jerarquizar su labor, reconocer su formación y recompensar los esfuerzos realizados es solo el comienzo.
La batalla seguro será más larga, pero no nos cansaremos de darla.
Jorge Larrañaga
26.03.2012 11:34
El país necesita sustentabilidad para el desarrollo: infraestructura, ciencia y tecnología aplicada y todo ello equilibrado con el cuidado y protección del medio ambiente.
En este sentido hemos propuesto otra mirada sobre el tema ambiental, una mirada que pone el foco en la defensa del ciudadano.
Tenemos antecedentes que nos han servido de base para nuestros planteos. En primer lugar, durante el conflicto con la República Argentina por la instalación de la planta procesadora de celulosa, ocupando la Presidencia del Partido Nacional, le planteamos al Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez un proyecto de Nuevo Estatuto del Río Uruguay que contemplaba entre otros ítems la creación de un Alto Comisionado u Ombudsman para la Cuenca del Rió.
Otro antecedente es más reciente, en los acuerdo multipartidarios de mayo de 2010, en el acuerdo sobre materia ambiental, se establece dentro del EJE ESTRATÉGICO PARTICIPACIÓN PÚBLICA, en su literal A, "participación ciudadana en la gestión ambiental, que deberá jerarquizarse figuras como la del defensor del vecino, en el papel intermediador entre la ciudadanía y las instituciones."
En ese marco hemos efectuado una propuesta legislativa que contiene medidas para la efectiva protección del medio ambiente, por un lado la creación de un DEFENSOR NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, con la particularidad que no se limitará a efectuar recomendaciones o pedir informes, sino que tendrá legitimación activa para representar intereses del colectivo, intereses difusos frente a los poderes públicos y principalmente ante el Poder Judicial.
Ese Defensor Nacional del Medio Ambiente tendría competencias también en el orden del desarrollo territorial, patrimonio cultural y artístico, dando una especificidad necesaria para la real protección de estos patrimonios colectivos.
Una segunda medida propuesta, consecuencia de la primera, es la creación de un JUZGADO LETRADO NACIONAL DE AMBIENTE, TERRITORIO Y PATRIMONIO CULTURAL.
El gran desarrollo que han tenido nuestros textos constitucionales, cuyo artículo 47 de la Carta Magna Nacional, al declarar de interés general la protección del ambiente, genera un deber de prioritario cumplimiento para toda la organización estatal y para todos sus Poderes, lo que no se compadece con las deficiencias notables de su aplicación por los Tribunales de Justicia.
Efectivamente, el Derecho Ambiental ha progresado en los aspectos constitucionales, legislativos, e incluso administrativos, pero sin embargo, no lo ha hecho en la misma medida en el campo procesal y judicial. Sin embargo, un sistema de protección ambiental, con debilidades procesales y organizativas, a la hora de actuación de la Justicia, es letra muerta.
La tendencia en el derecho comparado a la especialización de tribunales en materia ambiental, ha merecido que se califique a la última década como la del "boom" de las cortes y tribunales ambientales.
En este sentido un estudio del World Resources Institute, de abril de 2010, da cuenta de que el número de cortes y tribunales especializados en temas ambientales se duplicó a partir del año 2000, en indudable consonancia con la creciente complejidad de las regulaciones que rigen la materia así como el crecimiento de las preocupaciones sobre los recursos naturales. Allí se sostiene que al momento de realización del estudio hay un total de 354 cortes ambientales en 41 países, 170 de las cuales se crearon a partir de 2005.
Puede sostenerse que a esta altura histórica del siglo XXI la creación de un tribunal ambiental, inserto en la estructura organizacional del Poder Judicial nacional, viene a cumplir el rol que cumplió la creación de la justicia laboral el siglo XX. En la historia jurídica del país, esa especialización generó un incrementó tanto en la cantidad y calidad de la práctica del derecho del trabajo como de la conciencia de los trabajadores en la defensa de sus derechos.
Del mismo modo, la creación de tribunales especializados en materia de ambiente, territorio y patrimonio, en cuanto se erigen en instrumentos de protección efectiva de derechos de la tercera generación o derechos de la solidaridad, seguramente supondrá la creación de relaciones armoniosas entre el proyecto humano y el ecosistema, entre las necesidades de las presentes y de las futuras generaciones.
Hay que tener presente que los conflictos socio-ambientales se dan entre actores desiguales, estas medidas contenidas en nuestro proyecto de ley apuntan a equilibrar las relaciones, y dotar de una nueva institucionalidad del lado del ciudadano, hoy desprotegido y librado a la suerte que algunos vecinos un poco más insistentes y participativos actúe en o el Cuerpo fiscal por el artículo 42 del Código General del Proceso.
Estamos defendiendo a las generaciones futuras y proponiendo herramientas para la efectiva defensa del derecho a un ambiente sano, saludable y que permita el desarrollo armónico, duradero y sustentable; la tierra que pisamos no es nuestra, es de nuestros hijos.
Jorge Larrañaga
26.03.2012 11:34
El país necesita sustentabilidad para el desarrollo: infraestructura, ciencia y tecnología aplicada y todo ello equilibrado con el cuidado y protección del medio ambiente.
En este sentido hemos propuesto otra mirada sobre el tema ambiental, una mirada que pone el foco en la defensa del ciudadano.
Tenemos antecedentes que nos han servido de base para nuestros planteos. En primer lugar, durante el conflicto con la República Argentina por la instalación de la planta procesadora de celulosa, ocupando la Presidencia del Partido Nacional, le planteamos al Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez un proyecto de Nuevo Estatuto del Río Uruguay que contemplaba entre otros ítems la creación de un Alto Comisionado u Ombudsman para la Cuenca del Rió.
Otro antecedente es más reciente, en los acuerdo multipartidarios de mayo de 2010, en el acuerdo sobre materia ambiental, se establece dentro del EJE ESTRATÉGICO PARTICIPACIÓN PÚBLICA, en su literal A, "participación ciudadana en la gestión ambiental, que deberá jerarquizarse figuras como la del defensor del vecino, en el papel intermediador entre la ciudadanía y las instituciones."
En ese marco hemos efectuado una propuesta legislativa que contiene medidas para la efectiva protección del medio ambiente, por un lado la creación de un DEFENSOR NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, con la particularidad que no se limitará a efectuar recomendaciones o pedir informes, sino que tendrá legitimación activa para representar intereses del colectivo, intereses difusos frente a los poderes públicos y principalmente ante el Poder Judicial.
Ese Defensor Nacional del Medio Ambiente tendría competencias también en el orden del desarrollo territorial, patrimonio cultural y artístico, dando una especificidad necesaria para la real protección de estos patrimonios colectivos.
Una segunda medida propuesta, consecuencia de la primera, es la creación de un JUZGADO LETRADO NACIONAL DE AMBIENTE, TERRITORIO Y PATRIMONIO CULTURAL.
El gran desarrollo que han tenido nuestros textos constitucionales, cuyo artículo 47 de la Carta Magna Nacional, al declarar de interés general la protección del ambiente, genera un deber de prioritario cumplimiento para toda la organización estatal y para todos sus Poderes, lo que no se compadece con las deficiencias notables de su aplicación por los Tribunales de Justicia.
Efectivamente, el Derecho Ambiental ha progresado en los aspectos constitucionales, legislativos, e incluso administrativos, pero sin embargo, no lo ha hecho en la misma medida en el campo procesal y judicial. Sin embargo, un sistema de protección ambiental, con debilidades procesales y organizativas, a la hora de actuación de la Justicia, es letra muerta.
La tendencia en el derecho comparado a la especialización de tribunales en materia ambiental, ha merecido que se califique a la última década como la del "boom" de las cortes y tribunales ambientales.
En este sentido un estudio del World Resources Institute, de abril de 2010, da cuenta de que el número de cortes y tribunales especializados en temas ambientales se duplicó a partir del año 2000, en indudable consonancia con la creciente complejidad de las regulaciones que rigen la materia así como el crecimiento de las preocupaciones sobre los recursos naturales. Allí se sostiene que al momento de realización del estudio hay un total de 354 cortes ambientales en 41 países, 170 de las cuales se crearon a partir de 2005.
Puede sostenerse que a esta altura histórica del siglo XXI la creación de un tribunal ambiental, inserto en la estructura organizacional del Poder Judicial nacional, viene a cumplir el rol que cumplió la creación de la justicia laboral el siglo XX. En la historia jurídica del país, esa especialización generó un incrementó tanto en la cantidad y calidad de la práctica del derecho del trabajo como de la conciencia de los trabajadores en la defensa de sus derechos.
Del mismo modo, la creación de tribunales especializados en materia de ambiente, territorio y patrimonio, en cuanto se erigen en instrumentos de protección efectiva de derechos de la tercera generación o derechos de la solidaridad, seguramente supondrá la creación de relaciones armoniosas entre el proyecto humano y el ecosistema, entre las necesidades de las presentes y de las futuras generaciones.
Hay que tener presente que los conflictos socio-ambientales se dan entre actores desiguales, estas medidas contenidas en nuestro proyecto de ley apuntan a equilibrar las relaciones, y dotar de una nueva institucionalidad del lado del ciudadano, hoy desprotegido y librado a la suerte que algunos vecinos un poco más insistentes y participativos actúe en o el Cuerpo fiscal por el artículo 42 del Código General del Proceso.
Estamos defendiendo a las generaciones futuras y proponiendo herramientas para la efectiva defensa del derecho a un ambiente sano, saludable y que permita el desarrollo armónico, duradero y sustentable; la tierra que pisamos no es nuestra, es de nuestros hijos.
Jorge Larrañaga
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