Una actitud que responde a fuertes exigencias éticas y políticas
APSXXI: conformidad entre los principios y la acción.

El capitalismo tardío se ha caracterizado durante largas décadas por una serie de rasgos que, mediante una simplificación funcional a la discusión y a la praxis política, podemos designar como neoliberalismo. Últimamente las prácticas y los discursos más delirantes e inhumanos que articulan la escolástica neoliberal (desguazamiento del Estado, disolución de la economía en la virtualidad de especulación financiera, fe ciega en las prestidigitaciones de la mano invisible) parecen resolverse en uno de los fracasos más catastróficos de la historia reciente. El desastre viene siendo conjurado o –al menos- minimizado en aquellas economías que fueron protegidas por decisiones políticas que han tenido la lucidez y el coraje de confrontar más o menos radicalmente el dogma, allí donde las luchas populares han logrado interponer obstáculos ideológicos a las inercias del mercado. Sin embargo, algunos correlatos de  esa concepción política claudicante sobreviven en diversos contextos, entre los que se encuentra, infelizmente, nuestro país. Se trata de ciertas políticas educativas que han venido siendo diseñadas por agencias transnacionales de poder, y que han sido llevadas a la práctica por sus gerentes locales desde finales del Siglo XX. Dichas concepciones de la educación han sido caracterizadas y confrontadas desde las ATD de modo sostenido desde que se creó, en 1999, la comisión de nominada “Concepción, estructura y funciones de la educación secundaria en el S. XXI”. Este asedio crítico (del cual el poder político, de diferentes identidades partidarias, jamás se ha hecho cargo) muestra que, básicamente, la educación pública ha sido pervertida, transformada en ineficaz aparato de contención social, subordinada a los intereses del mercado. Los docentes que integramos la Agrupación Pedagógica Siglo XXI (APSXXI) hemos profundizado la resistencia a estas operaciones de privatización de la calidad educativa, extremando la lucha que se viene llevando a cabo dentro del ámbito de las ATD desde la embestida reformista del 96. Sin embargo este proceso anacrónico y antipopular persiste, y también se radicaliza, hasta su coagulación jurídica en la ley 18.437. La desarticulación de ese régimen legal que desvirtúa  y bastardea el derecho a la participación de los docentes y  la autonomía de la educación es entonces ahora el objetivo estratégico de nuestra lucha a favor de la educación pública.
Así, en las páginas 62 y 63 de la  publicación de XXVI Asamblea Nacional de Docentes de Educación Secundaria (Balneario Solís, 21 al 27 de marzo de 2009), puede leerse la posición de la Agrupación Pedagógica Siglo XXI para el período 2009 –2012:

Las actuales condiciones de participación que establece la ley 18.437 (presencia minoritaria en los consejos, participación en algunos de los nuevos órganos asesores) en una primera lectura podrían aparentar constituir un avance respecto del anterior marco legal. Lejos de esto, los espacios otorgados a la participación docente son una mínima concesión totalmente funcional a los intereses y al espíritu con que fue concebida la actual Ley. Cediendo estos escasos espacios, el poder político busca a través de la presencia (mínima e intrascendente) de representantes docentes y estudiantiles, terminar de configurar la imagen de una Ley y de un sistema de apariencia abierto a la participación de los actores inmediatamente involucrados en el proceso educativo.

En la medida en que estos espacios sean ocupados, se operará automáticamente una legitimación social de la Ley y del sistema propuesto, actualmente carente de dicho aval. Esa falta de legitimación social es consecuencia de las formas antidemocráticas en que se elaboró la presente Ley, formas que no contemplan los amplios consensos logrados en el Congreso Nacional de Educación.

Si nuestro discurso crítico se sostiene en los principios fundamentales que la actual Ley violenta sistemáticamente (autonomía y cogobierno), debemos ajustar con la mayor precisión la conformidad entre los principios y la acción, en una actitud que responde a fuertes exigencias éticas y políticas.

Dichas acciones, en la actual situación, no pueden ser otras que el combate y la resistencia a la Ley de Educación y sus efectos.

En el marco de nuestro discurso y de los valores y principios que lo sustentan, no hay espacio para actitudes que contemplen una seudo participación, la cual, por sus efectos legitimadores termine socavando nuestra credibilidad, nuestra coherencia y nuestro compromiso con un proyecto educativo defensor de los intereses populares.
Por todo esto proponemos:1) En cuanto a las elecciones de los representantes docentes a los Consejos de Educación de la ANEP: no votar si las elecciones no son obligatorias, o en caso de que sí lo fuesen, votar anulado. 2) En cuanto a los Consejos de Participación y otros órganos de asesoramiento y consulta: no participar en dichos órganos. 3) En cuanto a la participación activa por fuera de los nuevos órganos creados: fortalecer el trabajo en los ámbitos de base (ATD liceal, espacio de coordinación) profundizando la discusión con los compañeros acerca de los fines, estructura y consecuencias de la Ley, a fin de tener un sólido fundamento a partir del cual construir estrategias de resistencia y combate ante la presente Ley y el sistema que de ella se desprende.

La posición planteada por nuestra Agrupación resultó minoritaria en la citada Asamblea Nacional, por lo que la ATD resolvió participar en todos los ámbitos para “no incrementar la indefensión del profesorado” (página 65 de la citada publicación).
 Estamos en el tercer año de instrumentación de la ley 18.437, enfrentando una sistemática campaña de agresión a la Educación Pública; en especial a Educación Secundaria y a sus trabajadores. Los testimonios –no siempre legítimos ni de buena fe- sobre la horrible decadencia de la Enseñanza Media, la estigmatización de los docentes, calumniados como una corporación de ausentistas, se han convertido en un género que disputa centímetros de prensa y minutos de televisión a la crónica roja. Resulta indignante que, ante el derrumbe provocado por el modelo impuesto, sus responsables culpabilicen a los profesores. Durante décadas hemos sido la voz de Casandra, hemos denunciado tenazmente que se iba por el camino equivocado. Nuestra responsabilidad política fue reiteradamente presentada ante la opinión pública, como la porfiada obstinación de un grupo refractario a toda innovación. Y ahora, cuando se consuma el fracaso (verificable aún desde los parámetros de sus propios agentes) que tantas veces hemos anunciado, se nos pretende responsabilizar del mismo. Mientras tanto, los representantes electos por los docentes no puedan hacer nada para evitar “la indefensión del profesorado”.

A ello se suma la proliferación de “soluciones” que son un “rebrote” de la Reforma Educativa de la década del 90. Ésta fue  continuada con los organismos y por los cuadros que dicha Reforma dejó enquistados en el sistema y también en el actual partido de gobierno. Estos últimos son quienes gestaron la Ley de Educación y quienes están ya en clara alianza con sectores de los partidos tradicionales que hoy integran el CODICEN.

Frente a esta realidad, pensamos que se impone una actitud más radical de la ATD Nacional, por lo que la Agrupación Siglo XXI presentará nuevamente su lista nacional y las diferentes departamentales en las elecciones que deben realizarse en el año 2011, poniendo a consideración del profesorado nacional la posibilidad de un cambio que implique un mayor compromiso y eficacia en la confrontación al proyecto pedagógico que se esconde detrás de la Ley de Educación.

El documento citado más arriba marcó el accionar de nuestra agrupación en el ámbito de las ATD liceales y de la ATD Nacional. En consecuencia con él, decidimos no integrar ni la Mesa Permanente ni las Comisiones permanentes de la ATD Nacional, con excepción de la Comisión de Presupuesto, que funcionó desde marzo de 2010. Se consideró que la lucha por el Presupuesto debía contar con nuestra presencia, ya que, entre otras cosas, se jugaba el salario de todo el quinquenio y las verdaderas intenciones del Gobierno Nacional respecto a la Educación. Como los compañeros saben, los recursos otorgados a la Educación Pública están muy lejos de las expectativas creadas por el discurso del Presidente de la República el día en que asumió, y nos habilita a interpretar aquellas declaraciones como vanilocuencia y demagogia.

También en consecuencia con el espíritu señalado ningún integrante de la Agrupación Pedagógica Siglo XXI fue candidato a los cargos electivos en los Consejos. El compañero propuesto por FENAPES para Secundaria, que finalmente resultó electo para el Consejo, presentó previamente renuncia a nuestra organización, ya que no era compatible su decisión con los principios expuestos por nosotros.

La evaluación de lo hecho en el período actual por el Consejo de Educación Secundaria es magro: no ha presentado un proyecto que refleje el verdadero estado de ánimo de los profesores y menos aun  ha podido articular una propuesta que los entusiasme. Más allá del esfuerzo realizado por el consejero electo por los docentes, la situación de Secundaria ha continuado agravándose, lo que demuestra la imposibilidad de incidir en la política pedagógica desde la posición minoritaria en el CES.

Decíamos en el documento fundacional de nuestra agrupación, en el año 2003:

La autonomía que entendemos es radical: la ATD no sólo debe luchar por ella en el plano técnico pedagógico sino que también debe hacerlo en lo institucional y en el plano político partidario. También es necesario romper los vínculos que han dejado las estructuras educativas a merced de dictados de organismos crediticios que se han inmiscuido descaradamente en la fijación de políticas que sólo atañen a los uruguayos.

La producción que de la ATD emana no es neutra ideológicamente, debe ser la expresión de los intereses pedagógicos del Uruguay y expresar el proyecto de una sociedad que se reconstruirá en el sentido revolucionario, rompiendo los lazos de dependencia ideológica con el “pensamiento único” y abriendo los caminos para la creatividad popular.

                                              
Los firmantes articulamos nuestra respuesta a los problemas educativos basándonos en la modernidad, reconociendo la necesidad de adaptar esa matriz a los problemas actuales con un “espíritu sin complejos, seguro, agresivo y alegremente feroz” para usar una caracterización debida a Perry Anderson. Somos conscientes de que un planteo tan descarnado no es lo más aconsejable desde el punto de vista de la política electoral, pero creemos que es necesario que las diferentes corrientes se sinceren y midan abiertamente su respaldo, generando un debate aún más profundo que el planteado hasta ahora.

Han pasado ocho años, hemos participado con entusiasmo en la tarea delineada, especialmente en el trabajo de la ATD hacia el Congreso Julio Castro  --momento en el que teníamos la mayoría de la Mesa Permanente—y en todas las luchas posteriores en defensa de sus resoluciones. Evaluamos como una grave derrota la aprobación de la ley 18.437 y definimos el actual período como de “combate y la resistencia a la Ley de Educación y sus efectos”.

La ATD no ha resuelto definitivamente el problema de la “participación”. A nuestro juicio las soluciones “pragmáticas” a las que ha llegado han terminado perjudicando el proyecto pedagógico que ella misma ha elaborado durante décadas.

Solicitamos el apoyo de los profesores para que --de acuerdo a la definición realizada en el año 2002 por la XVI Asamblea Nacional de Carmelo-- “la presencia de delegados no sea utilizada para legitimar decisiones contrarias a los principios, lineamientos y contenidos definidos históricamente por la ATD”.