ZOOM POLITIKON
análisis político

http://blogs.montevideo.com.uy/chasquetti |  Agregar a favoritos  | 
Imagen
Mis artículos

08.12.2009 21:53

 

Gracias a todos por las palabras brindadas. Fueron emocionantes. Este breve post es para confirmar que Zoom Politikon volverá en marzo en lo que podemos considerar su tercer ciclo.

PROXIMA COLUMNA:

LUNES 22 DE MARZO DE 2011

 

 

 

 

 




01.12.2009 16:37

El resultado de las urnas del domingo fue concluyente: la ciudadanía votó por continuar con el gobierno del Frente Amplio durante cinco años más. No eligió a Mujica por haber sido guerrillero en los años sesenta. No lo eligió por haber padecido una horrenda detención en las mazmorras de la dictadura. Tampoco por haber encabezado un proceso exitoso de inserción institucional de un movimiento guerrillero en el sistema político. Y menos por ser un líder que represente a sectores excluidos de la población, como sí lo fueron en sus respectivos países Chávez, Evo Morales o Correa. La ciudadanía uruguaya votó a José Mujica principalmente porque era el candidato del partido oficialista, cuyo gobierno ha sido el más exitoso de los últimos cincuenta años del país. La popularidad del gobierno, el prestigio del presidente y la reputación del país fuera de fronteras, dan prueba de ello.

La probabilidad de que el Frente Amplio fuera desplazado del gobierno en esta elección era muy pequeña. El triunfo de Mujica en las primarias de junio generó algún tipo de incertidumbre, pues su personalidad y trayectoria abrían interrogantes sobre el tipo de campaña que sus rivales desarrollarían (agenda, temas, errores). Sin embargo, ya por el mes de setiembre estaba claro que su principal contrincante estaba lejos de lo exigido como para constituir algún tipo de amenaza. Su performance generaba mayores dudas que las que provocaban los dichos de Mujica en el libro "Pepe Coloquios". El resultado de la primera vuelta alimentó la esperanza de la oposición, pero bastó con una sola semana de campaña para confirmar la incapacidad y desorientación de Lacalle y su comando de campaña. La jugada en torno al caso Feldman terminó por sepultar el desafío nacionalista en una fosa cavada con sus propios desaciertos.

O sea, Mujica es un dirigente político meritorio y querido por una parte importante de la población. Amplios sectores sociales han depositado ciegamente su confianza en su futuro gobierno. Sin embargo, Mujica alcanzó la presidencia porque el gobierno saliente representaba en la mejor plataforma que candidato alguno pudiera tener en esta elección. Así como Lacalle no pudo impedir el resultado, tampoco lo hubiese logrado Larrañaga, Bordaberry, ni ningún otro político opositor. Este era el momento del Frente Amplio.

Al final de este largo camino, encontramos que Mujica tendrá una situación de gobernabilidad muy similar a la de Vázquez: mayoría legislativa en las dos cámaras y un gabinete de partido con líderes relevantes de las fracciones (más el adorno de algún ciudadano no frentista).

Pese a esa similitud, entiendo que el gobierno de Mujica no traerá grandes novedades. No será tan reformador como lo fue el saliente, pues difícilmente la agenda de gobierno cuente con medidas tan audaces como la reforma tributaria, la reforma de la salud, el plan de emergencia o el plan ceibal. La agenda de Mujica se deslizará prolijamente por el trillo dejado por Vázquez. Habrá sí un perfeccionamiento de muchas decisiones tomadas a las apuradas (en educación, por ejemplo), como iniciativas novedosas en campos poco desarrollados por el actual gobierno (medio ambiente, por ejemplo). También tendremos un esfuerzo explícito por construir políticas de estado en asuntos sustantivos del país, como la matriz energética o la seguridad pública. Y si todo marcha bien, volveremos luego de dos décadas a la coparticipación en los entes autónomos y concejos descentralizados.

Por tanto, no tendremos un giro a la izquierda del gobierno, como tantas veces se pronosticó, y eso se debe a las preferencias expresadas en la campaña por Mujica (que se han transformado en promesas de campaña) y a las restricciones estructurales de su propio partido.

Mujica ha repetido hasta el cansancio que el país con el que él sueña es un país encaminado al desarrollo, donde se privilegia la inversión extranjera y nacional, donde se impulsan los emprendimientos productivos y se respetan las reglas de juego. Durante sus giras, elogió a la industria de los servicios, al turismo, la logística del puerto y el papel del conocimiento. Todos esos mensajes fueron tenidos en cuenta a la hora de definir el voto en su favor.

Asimismo, en su partido, casi la mitad de los legisladores no responden a su fracción, sino a la de su socio de fórmula, Danilo Astori. El Frente Liber Seregni y el Partido Socialista están llamados a ser un importante contrapeso del crecimiento operado por el MPP en esta elección. Toda decisión presidencial que deba ser tramitada en el Parlamento, pasará por el ojo escrutador de esos sectores, en una función muy similar a la cumplida por el MPP en la legislatura que termina.

Por ambas razones, promesas y restricciones, un giro a la izquierda es altamente improbable. Por más que Mujica pasara por alto estos elementos y deseara tomar por sorpresa al sistema político, imponiendo el tan mentado viraje, sus decisiones no sólo no serían aprobadas en el Parlamento, sino que tampoco gozarían de niveles mínimos de legitimidad. En definitiva, el próximo presidente será más un continuador que un innovador. Más de centro que de izquierda. Una verdadera paradoja del destino, tratándose de José Mujica. Quien se alzó en armas contra la democracia liberal, con una concepción mesiánica y foquista, llega al gobierno a través de aquella democracia y en hombros de un espectacular movimiento de masas como el Frente Amplio. Quien de la izquierda más radical pregonó la liberación nacional y el socialismo, se apresta hoy a iniciar un segundo gobierno moderado de centro izquierda.

1 de diciembre de 2009

PD. Con esta columna llegamos al final de este ciclo iniciado hace más de un año. Quedan disponibles para quienes quieran consultar 72 textos, donde se ponen en juego opiniones, conocimientos académicos y predicciones. La intención fue siempre la misma, contribuir al debate, a veces ordenándolo y otras, opinando y provocando.

Agradezco a todos los lectores, por sus comentarios y críticas, por divulgar este blog en redes y medios, llegando hasta confines infinitos.

Agradezco también al Portal Montevideo COMM, por la audacia de haber confiado en mis reflexiones, por su trato profesional y particularmente, por su respaldo en momentos donde las críticas arreciaban.

Finalmente, el reconocimiento a mi familia, por su paciencia y comprensión, por las horas perdidas cada domingo con el fin de terminar prolijamente cada columna. Y en particular, mi eterno agradecimiento a mi amada Silvana, mi compañera, quien con paciencia y esmero leyó varios de estos textos y enriqueció con agudos y sinceros comentarios.

En suma, gracias a todos y hasta pronto.




23.11.2009 14:50

Las encuestas divulgadas hasta el momento son claras y contundentes. No admiten una doble lectura: Mujica será el próximo Presidente de la República. Ante este final anunciado, muchos se preguntan qué pasará el día después. ¿Podrá la dirigencia política uruguaya encontrar mecanismos y ámbitos para dialogar? ¿Podrá construir acuerdos sobre ciertas políticas que garanticen a la ciudadanía la resolución de ciertos temas acuciantes?

Ante este tipo de interrogantes vale la pena señalar que el presidente electo siempre tiene la responsabilidad de la primera movida. O sea, el nuevo presidente tiene la derecha en el juego del diálogo y el acuerdo. En grandes líneas, podría decirse que, bajo las circunstancias en las que será electo Mujica, tiene dos estrategias posibles: a) formar un gobierno de partido; b) apostar al diálogo a los efectos de ampliar la base de su gobierno.

La primera opción es anunciar la organización de un gobierno de partido. La formación del gabinete y la organización de la mayoría parlamentaria, responderán al objetivo de llevar adelante el programa presentado ante la ciudadanía. Frente a esta estrategia, los partidos de la oposición no tendrán más remedio que definir cuáles serán las áreas de conflicto para el próximo período. Este escenario es muy normal en las democracias bipartidistas como Estados Unidos o Gran Bretaña.

Una segunda opción es la de intentar una ampliación de la base del gobierno a través del diálogo y el acuerdo. Esta estrategia fue seguida por Vázquez hace cinco años y consiste en convocar a los partidos a dialogar en torno a una agenda definida por el presidente. El objetivo será establecer acuerdos básicos en determinadas políticas públicas. Esta modalidad puede rendir más o menos, según sea el talante y la disposición de los negociadores. En la transición 2004-2005, el intento no trajo resultados espectaculares, pues los documentos acordados eran extremadamente generales y rápidamente cayeron en el olvido. A mi juicio, en esa instancia, ni unos ni otros estaban preparados para obtener un resultado diferente al que alcanzaron. El Frente Amplio nunca había sido gobierno y los partidos fundacionales nunca habían estado juntos en la oposición.

En este sentido, una de las mejores experiencias en materia de diálogo y acuerdo, la desarrolló el ex Presidente Sanguinetti en la transición o traspaso del gobierno, entre finesde 1994 y comienzos de 1995.

Luego de ser electo en una reñida elección, donde la diferencia entre el primer partido y el tercero era de apenas tres puntos porcentuales, Sanguinetti inició una serie de conversaciones con los liderazgos partidarios a los efectos de establecer reglas de negociación. No era fácil para el nuevo presidente resolver dicho dilema, pues su primera administración había estado precedida por los conocidos acuerdos de la CONAPRO (Comisión Nacional Programática), cuyos contenidos fueron dejados de lado, una vez iniciada la gestión. Sin embargo, la buena disposición y el diálogo con Volonté, Lacalle, Seregni y Michelini, permitieron un acuerdo básico inicial, que consistía en (i) instalar comisiones temáticas, (ii) participación de todos los partidos, y (iii) un plazo temporal de un mes para arribar a acuerdos.

De este modo, el 1º de febrero de 1995 se pusieron en marcha las comisiones de Seguridad Pública, Política Económica y Seguridad Social. Ocho días más tarde, se instalaría la comisión de Reforma Política. Cada partido definió delegaciones compuestas por cuadros políticos y técnicos. En los debates se observaron, desde luego, diferentes posiciones. En un extremo, se ubicó el Frente Amplio, cuya disposición a acordar en las áreas de economía, seguridad pública y seguridad social siempre estuvo en duda. En el otro extremo, estaba el Herrerismo, que esgrimía una posición escéptica respecto a la utilidad de acordar ideas genéricas y que por esa razón exigía al presidente electo la presentación de proyectos de ley debidamente redactados. No obstante, la mayoría de los sectores, es decir el Partido Colorado, las fracciones nacionalistas lideradas por Volonté y el Nuevo Espacio de Michelini, se mostraban dispuestos a construir acuerdos que permitieran viabilizar ciertas reformas.

El desarrollo de la negociación generó el resultado conocido. Por un lado, acuerdos sólidos que se materializaron en proyectos de ley que el Parlamento aprobaría un año más tarde (Ley de Seguridad Ciudadana y Reforma de la Seguridad Social). Por otro, la construcción de una coalición de gobierno, donde el Frente Amplio y el Nuevo Espacio quedaron excluidos dados sus desacuerdos. A su vez, la Comisión de Reforma Política continuaría trabajando durante el año 1995 y daría a luz la conocida reforma constitucional de 1996.

La experiencia demostró que la construcción de un ámbito negociador, en este caso la comisión, con reglas claras y precisas, favorece la negociación de acuerdos. No obstante, esa parece ser una condición necesaria pero no suficiente, porque el acuerdo exige también proximidad en las preferencias sobre políticas. Sanguinetti contó con un Partido Colorado dominado por su fracción y un socio moderado como Volonté. Esa situación facilitó la negociación de la coalición de gobierno.

Por tanto, nuestro próximo presidente tiene al alcance de la mano instrumentos brindados por la experiencia histórica uruguaya. No se necesita ir a ver como lo hacen en Chile, Brasil o Alemania, porque ya se ha hecho acá. Durante la campaña, la fórmula frenteamplista ya propuso cuatro políticas para acordar: educación, medio ambiente, política energética y seguridad pública. No estaría mal que el nuevo presidente inicie su gestión convocando al trabajo multipartidario en cuatro o más áreas como éstas, estableciendo comisiones de esa naturaleza. Un resultado positivo favorecerá el prestigio de la política y de sus principales actores, al tiempo que permitirá avanzar sobre otras áreas más complicadas como la coparticipación en los directorios de los Entes Autónomos o la integración de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas.

23 de noviembre de 2009




16.11.2009 02:29

Los candidatos y dirigentes del Partido Nacional han señalado durante los últimos meses que la mayoría parlamentaria del Frente Amplio empobreció el proceso legislativo y relegó al Parlamento a un papel marginal en el sistema político. El argumento sostiene que la mayoría oficialista monopoliza la asamblea, sanciona sólo los proyectos que el Ejecutivo envía, e impide que las opiniones de la oposición sean tomadas en cuenta a la hora de la decisión.

Este razonamiento fue utilizado antes del 25 de octubre para evitar que el Frente Amplio alcance otra vez la mayoría parlamentaria y se repite en estos días para fundamentar la necesidad de que la ciudadanía divida al gobierno colocando a Luis Alberto Lacalle como presidente. El análisis exhaustivo de la actividad parlamentaria de este período legislativo muestra que dichas afirmaciones son equivocadas por tres razones.

En primer lugar, es falsa la acusación de que la mayoría en funciones es una aplanadora que aprueba disciplinadamente todo lo que envía el presidente. Por el contario, la evidencia muestra que no todos los proyectos de Vázquez son aprobados en el Parlamento, y entre los que sí lo logran, una buena parte sufre algún tipo de modificación en sus contenidos.

En segundo lugar, es falsa la afirmación de que la mayor parte de la legislación es aprobada con la sola voluntad del Frente Amplio. La mayor parte de la normativa se sanciona con los votos de los partidos opositores, por lo cual, el conflicto queda reducido a un grupo de normas que el partido de gobierno define como prioritarias.

En tercer lugar, es falsa la idea de que la oposición no ha tenido oportunidades. Los datos muestran que en este período los partidos de la oposición lograron los mejores guarismos desde 1990 en materia de iniciativa legislativa.

Todo esto nos conduce a la conclusión de que el proceso legislativo conducido por la mayoría frenteamplista no difiere tanto del observado en períodos anteriores. Por eso, no deberíamos preguntarnos tanto por esta mayoría legislativa (o la que vendrá el año que viene), y sí por las razones que vuelven al proceso legislativo tan estable y previsible, lo cual, en mi opinión, supone una fortaleza de la democracia uruguaya.

Desde 1995, el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República cuenta con un Programa de Estudios Parlamentarios que sistematiza y analiza la información vinculada con el proceso legislativo. Estos estudios se apoyan en datos proporcionados por el propio Parlamento a través de su Sistema de Información Parlamentaria (todos los datos están disponibles en la web). La reflexión que aquí presento ha sido publicada en las sucesivas ediciones del Informe de Coyuntura del Instituto de Ciencia Política.*

¿Mano de yeso?

Entre el 1º de marzo de 2005 y el 28 de febrero de 2009 (primeros cuatro años de gobierno del Frente Amplio), el Poder Ejecutivo envió al Parlamento 545 proyectos de ley, de los cuales un 74% recibió sanción (404 leyes). Este porcentaje de aprobación puede parecer alto, pero no se aleja mucho del la tasa histórica del 67% mostrada por el Parlamento uruguayo (1985-2005). Durante el período de Lacalle (1990-1995) se aprobó un 66% de los proyectos enviados por el Ejecutivo; en el de Sanguinetti (1995-2000) un 67%; y en el de Batlle (2000-2005) un68%. O sea, pese a contar con un partido mayoritario extremadamente disciplinado, la eficacia del Ejecutivo de Vázquez en la arena legislativa fue apenas superior a la de sus "débiles" antecesores.

Por otra parte, no todos las normas iniciadas por el Ejecutivo de Vázquez permanecieron inalteradas al final del trámite legislativo. Un 31% de las mismas (124 en 404) sufrió algún tipo de modificación, ya sea en las comisiones parlamentarias, ya sea en el pleno de alguna de las cámaras. Este guarismo es sensiblemente superior al observado en períodos anteriores: durante el gobierno de Lacalle, el Parlamento modificó un 19% (66 en 352); en el de Sanguinetti un 11% (38 en 340); y en el de Batlle, un 15% (58 en 399). Por tanto, pese a contar con un partido mayoritario extremadamente disciplinado, Vázquez fue el presidente al cual el Parlamento le modificó más proyectos desde por lo menos 1990.

Si el Frente Amplio es un partido mayoritario y si su disciplina ha sido perfecta (votó siempre unido) , ¿por qué razón permitió que uno de cada tre proyectos del Ejecutivo que recibió sanción fuera modificado en sus contenidos? El análisis de este grupo de normas muestra que el 47% de las modificaciones responde a las diferencias internas del partido de gobierno, en tanto que el 53% restane, obedece a los acuerdos alcanzados con los partidos de la oposición.

Si realizamos el mismo examen con las normas modificadas del Ejecutivo de Batlle , encontramos que sólo un 29% de los cambios responden a diferencias en la coalición de colorados y blancos, y un 71% a los acuerdos con la oposición frenteamplista. Como podrá apreciarse, la diversidad de preferencias en materia de políticas existente el seno de la bancada frenteamplista le infligió a Vázquez costos mayores de tramitación. La coalición de Batlle, en cambio, era más homogénea en materia de preferencias, por lo cual el costo de pasar legislación fue sensiblemente menor.

No obstante, las cifras también muestran que un quantum importante de las modificaciones parlamentarias permitió la incorporación de los puntos de vista de la oposición en el producto final. En números absolutos, el período de Vázquez presenta el mayor volumen de cambios con el fin de cumplir ese objetivo (66 leyes modificadas para incorporar a la oposición contra 41 del período de Batlle).

¿Desacuerdos?

Empecemos con una constatación que pocos mencionan: la mayor parte de la legislación aprobada en este período contó con el voto unánime de todos los partidos. De las 605 leyes aprobadas, 417 fueron votadas por unanimidad (69%). Esa proporción está muy próxima al promedio histórico del Parlamento uruguayo, o sea, 71% durante el lapso 1985-2004.

En el período de Lacalle la proporción de leyes votadas por unanimidad fue del 67% (396 en 591); en el de Sanguinetti fue del 71% (367 en 534); y en el de Batlle, del 75% (461 en 627). Por tanto, el conflicto está concentrado en una proporción menor de leyes (1 cada 3 sancionadas) que el gobierno de turno suele considerar como prioritarias. En todos los períodos, se destacan las leyes presupuestales (Presupuesto quinquenal y rendiciones de cuentas), algunas controvertidas pensiones graciables, y ciertas leyes de carácter administrativo que dan nombre a centros educativos, hospitales, etc.

Durante el gobierno de Lacalle las principales leyes que recibieron votaciones divididas fueron la ley de Ajuste Fiscal, la ley de Privatización de las Empresas Públicas, la ley de Desmonopolización de los Seguros, etc. Durante el gobierno de Sanguinetti, el Ajuste Fiscal inicial, la Reforma de la Seguridad Social, la ley de Protección de Inversiones, la Derogación del Monopolio de Alcoholes, etc. Durante el gobierno de Batlle, la primera y segunda ley de urgencia, el IVA a las frutas y verduras, la creación del COFIS, etc. Durante el gobierno de Vázquez, las principales leyes de votación dividida fueron la ley de cárceles, la reforma tributaria, la reforma educativa, la ley de libertades sindicales, la creación del Sistema Integrado de Salud, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, etc.

¿Me dejás un poquito?

La afirmación de que los partidos de la oposicion no han tenido chance para legislar es parcialmente falsa. Es cierto que cuando existe una mayoría legislativa favorable al gobierno, disminuye drásticamente la posibilidad de los partidos opositores para influir en la legislación final. Y esto se debe a a un hecho más que obvio. Para que un proyecto de ley opositor pueda ser sancionado, se requiere necesariamente la voluntad de los legisladores de la mayoría. Por esta razón, el volumen de leyes iniciadas por la oposición constituye, en cierto modo, una prueba del grado de apertura de la mayoría legislativa hacia la oposición.

Entre 1990 y 1995, cuando gobernaba Lacalle, los partidos de la oposición (Frente Amplio y Nuevo Espacio) lograron sancionar 29 leyes de su autoría. En el siguiente período de gobierno (1995-2000), ambos partidos lograron imponer tan sólo 10 leyes. Durante el mandato de Batlle, estos partidos aumentaron su rendimiento a 48 leyes. Pero en el período actual, controlado por la supuesta "aplanadora parlamentaria", la oposición, ahora compuesta por colorados y blancos, consiguió sancionar 63 leyes en los primeros cuatro años de gobierno. Desde esta perspectiva, el grado de apertura de la actual mayoría legislativa parece ser bastante mayor al de las anteriores. Lo curioso y ta vez paradojal, es que los legisladores y candidatos que se quejan del Frente Amplio, son los que antaño bloqueaban e impedían una mayor participación de la oposición.

El poder de las instituciones

La información anterior estimula la reflexión sobre una serie muy amplia de asuntos. En esta parte final de la columna, me gustaría detenerme en la existencia de una gran estabilidad en el proceso legislativo uruguayo. Las cifras muestran que el gobierno de tal o cual partido no parece hacer una difrencia sustantiva, pues los resultados tienden a ser parecidos en términos cuantitativos.

Otros datos como la iniciativa por poder de las leyes sancionadas (6 de cada 10 son iniciadas por el Ejecutivo entre 1985 y 2008), la iniciativa de los pedidos de informes (7 de cada diez son iniciados por la oposición), o el número y la evolución de los llamados a sala y en régimen de comisión general a los ministros (unos 40 por período, con la excepción del de Batlle donde la cifra supera los 70), prueban que el conjunto de reglas que ordena la relación entre poderes tendría más influencia en la explicación de los resultados que la propia ideología de los actores partidarios.

Desde el punto de vista del funcionamiento parlamentario, daría igual que gobierne la izquierda, la derecha o el centro, porque en esencia el volumen o las proporcones de los productos legislativos no reporta ninguna novedad. La diferencia en todo caso reside en los temas priorizados por cada partido y las preferencias ideológicas expresadas en la propia redacción de las leyes.

¿Cuáles son entonces las reglas que favorecen la estabilidad de los resultados? Ya lo hemos escrito en numerosas ocasiones: i) las prerrogativas constitucionales del Poder Ejecutivo (iniciativa presupuestal, iniciativa exclusiva en ciertas áreas para iniciar legislación, veto parcial y total, leyes de urgente consideración, etc.); ii) las normas internas del parlamento que favorecen el control de la agenda a la mayoría en funciones (mayorías exigidas para votar y para hacer quórum, estructura de cargos en el pleno y comisiones, mecanismos de asignación de legisladores a las comisiones, etc.); y iii) la existencia de una mayoría legislativa favorable a impulsar y tramitar la agenda del presidente.

Cuando se cumple el tercer requisito, los dos primeros funcionan a favor del Poder Ejecutivo. Por esta razón la existencia o no de una mayoría legislativa es un factor sustantivo para el normal funcionamiento del proceso legislativo.

Por todo esto, debemos rechazar la tesis de la aplanadora legislativa. O ésta no existió nunca o en definitiva, siempre existió y no nos dimos cuenta. Es cierto que estamos en campaña electoral y que los candidatos para conseguir votos a veces exageran sus opiniones. Sin embargo, no podemos aceptar que la realidad se altere con discursos de barricadas ni se caricaturice el funcionamiento de las instituciones. Ambas son tentaciones electorales peligrosas sobre las cuales no se debería avanzar.

16 de Noviembre de 2009

* El Informe de Coyuntura es una publicación anual del Instituto de Ciencia Política (FCS-UDELAR), coordinada por el Prof. Gerardo Caetano.

Volúmenes editados:

- "Encrucijada 2010. La política uruguaya a prueba". Informe de Coyuntura Nº9. Montevideo, Fin de Siglo 2009.

- "Encrucijada 2009. Informe de Coyuntura N°8". Montevideo, Fin de Siglo, 2008.

- "La hora de las reformas. Informe de Coyuntura N°7". Montevideo, EBO, 2007.

- "¿Y ahora? El primer ciclo del gobierno de izquierda. Informe de Coyuntura N°6". Montevideo, EBO, 2006.

- "La política en el umbral del cambio. Informe de Coyuntura N°5". Montevideo, Trilce, 2004.

- "Entre la cooperación y la competencia. Informe de Coyuntura N°4". Montevideo, Trilce, 2003.

- "Otro país. Informe de Coyuntura N°3". Montevideo, Trilce, 2002.

- "La crisis. Informe de Coyuntura N°2". Montevideo, Trilce, 2001.

- "A un año de gobierno del Presidente Batlle". Informe de Coyuntura N°1. Montevideo, Trilce, 2001.




09.11.2009 01:44

El viraje realizado por la campaña de la fórmula Lacalle-Larrañaga en los últimos días, llena de asombro a propios y extraños. La decisión de optar por una campaña sucia es una alternativa profundamente equivocada que no tendrá otro resultado que el de garantizar la victoria de su rival. No conozco la razón de ese cambio ni el cálculo que el comando de campaña nacionalista hizo, pero sí sospecho que la intención deliberada por enturbiar la competencia nace de la convicción de que solo un milagro puede salvar a Lacalle de no sufrir una contundente derrota el 29 de noviembre.

La fórmula nacionalista había hecho un correcto lanzamiento de campaña cuando presentó la consigna "El equilibrio está en tus manos". Si bien la propuesta era discutible (como lo comenté aquí la semana pasada), la misma contaba con una dosis de ingenio para transformar su debilidad en fortaleza. Una semana más tarde, el comando nacionalista aceptó la idea, propuesta por el propio Mujica, de realizar un debate entre fórmulas, en el entendido de que sus candidatos podrían hacer una diferencia respecto a sus rivales. El proceso se había encaminado de tal modo que difícilmente Mujica y Astori podrían eludir el compromiso. Ello representaba una oportunidad única para Lacalle, pues allí tendría condiciones para demostrar su estatura de estadista y dejar a su rival en una situación incómoda.

Sin embargo, cuando todo eso sucedía estalló el caso Feldman, con sus interrogantes y dudas respecto al origen del armamento encontrado. Fue allí donde apareció la tentación para la fórmula nacionalista: ¿seguir por el pesado trillo de una campaña estándar o apostar todas las fichas a un golpe de suerte con el caso Feldman?

El jueves fue el día clave. Lacalle declaró al diario argentino Clarín sus "sospechas fundadas" sobre el origen político del armamento encontrado, reconociendo que por el momento no podía "ir más hondo" en sus deducciones por carecer de pruebas. Ese mismo día, el semanario Búsqueda resucitó a Jorge Batlle, quien con estridentes declaraciones asoció el arsenal encontrado con Julio Marenales, y emplazó públicamente al candidato del Frente Amplio a decir si estaba vinculado o no con el hallazgo. El juez de la causa, ni lerdo ni perezoso, convocó por la tarde al ex presidente para que presentara pruebas, pero Batlle debió reconocer que carecía de evidencias. Por la noche, los noticieros de televisión mostraron a Sanguinetti afirmando que el Frente Amplio es el único partido golpista del país, en lo que supuestamente era una respuesta a declaraciones de Mujica realizadas días atrás. Ese día, la tríada de ex presidentes aparecía unida por el objetivo de evitar que el Frente Amplio mantenga el gobierno por un nuevo período.

A partir del viernes el escenario político comenzó a respirar un aire pesado con olor a guerra. La fórmula nacionalista, con el apoyo de Batlle y Sanguinetti (y la inteligente ausencia de Bordaberry) comenzaba a modificar radicalmente el ritmo y el tono de la campaña. Pese a que muchos dirigentes nacionalistas no acreditaban el rumbo que los acontecimientos estaban tomando, la situación volvió a profundizarse durante el día sábado, cuando un spot audiovisual comenzó a ser divulgado en medios de comunicación del interior del país. Allí, se reiteraban las acusaciones contra Mujica y se daba como un hecho probado la vinculación del candidato frenteamplista con el caso Feldman. El spot había sido creado y financiado por el Partido Nacional.

La reacción del Frente Amplio no se hizo esperar. Una delegación de la fórmula presidencial llamó a conferencia de prensa y acusó al Partido Nacional de ensuciar la campaña, violar la veda publicitaria y subestimar y despreciar la inteligencia de los ciudadanos del interior del país.

Mientras el giro nacionalista se consagraba, las empresas de opinión pública mostraban que Mujica es el favorito para ganar la contienda. En esos días, Factum y Equipos divulgaron los primeros resultados de sus encuestas de intención de voto. Mujica contaba con un 49-50%, Lacalle con un 42%, y los indefinidos oscilaban entre un 8% y 9%. Como dentro de este último grupo se incluye aproximadamente un 3% de votos en blanco y anulado (que no serán contabilizados el día de la elección), la competencia real arroja hoy un resultado de un 51-52% para Mujica contra un 43% para Lacalle.

Esos datos no sorprenden a nadie porque confirman lo que casi todos los analistas venían señalando. Ante los ojos del simple ciudadano, dichas cifras muestran un escenario donde Mujica es el favorito y Lacalle es el candidato en problemas. El cambio de estrategia nacionalista, leído desde la perspectiva del ciudadano común, se parece más a un "manotazo de ahogado" de quien va perdiendo que a un planteo serio de quien quiere gobernar el país con equilibrio.

¿Cuál es la razón entonces que lleva al comando nacionalista a tomar semejante riesgo? Mi hipótesis es sencilla. La convicción de que la carrera está casi perdida conduce a asumir un intento osado e irresponsable. En términos futbolísticos vendría a ser un "centro a la olla" para ver que pasa. Una especie de corazonada, un "si Dios quiere" para los creyentes.

Como ya se ha dicho en este espacio, para ganar el balotaje, Lacalle necesita conquistar el apoyo de todos los votantes blancos, colorados e independientes, más un grupo no muy grande de ciudadanos frenteamplistas. Esa tarea resulta titánica para un candidato como Lacalle, que entre julio y octubre le hizo perder a su partido no menos de diez puntos porcentuales del electorado. Sus continuos errores y su incapacidad para influir en la agenda pública hacían imposible la modificación de dicha tendencia. Sólo un hecho extraordinario podía cambiar la situación de gravedad. Tal vez por eso, sus asesores de campaña creyeron que el caso Feldman era el suceso extraordinario que estaban esperando. Erosionar la credibilidad de Mujica representaba un atajo hacia la victoria, una tentación imposible de eludir. Para concretar esa empresa contaron con la contribución desinteresada de Batlle y con la convergencia de Sanguinetti que deseaba disparar unos dardos contra Mujica. El spot financiado por el Partido Nacional, permitiría una cosecha rápida sobre la población menos informada y más dispuesta a admitir la verosimilitud de los hechos.

Sin embargo, creo que este operativo fracasará porque está apoyado en dos supuestos incorrectos y en la ausencia de evidencias sobre Mujica. El primer supuesto incorrecto es que la ciudadanía uruguaya es conservadora y está dispuesta a cambiar su voto a partir de una campaña basada en el terror. Esto pudo haber sido así en 1971 e incluso en las décadas de los ochenta y noventa, pero no en la actualidad, cuando el país ha pasado por cinco años de gobierno exitoso de izquierda. El segundo supuesto incorrecto es que la ciudadanía puede juzgar a Mujica divorciándolo de su entorno partidario y gubernativo. Desde la perspectiva nacionalista, alcanzaría con destrozar al candidato para que la ciudadanía abandone fácilmente la propuesta frenteamplista. Olvidan que los ciudadanos que votaron a Mujica conocen su trayectoria personal y sus defectos, y que además lo apoyan en el marco de una universo más amplio donde cumplen un papel primordial el Presidente Vázquez, su compañero de fórmula, Danilo Astori, el Frente Amplio, el gobierno exitoso, y la amplia red de organizaciones sociales que apoyan ese rumbo.

Finalmente, aparece el problema de la evidencia. El armamento encontrado en el domicilio de Feldman puede tener múltiples orígenes. Puede ser parte de una red de tráfico ilegal de armas, puede ser el resultado del acopio irresponsable de un ciudadano fuera de sus cabales, y puede ser también el resto del aparato armado del MLN. En tanto la justicia no establezca la verdadera procedencia, todo intento de vincular a ese hecho con Mujica estará asentado en simples conjeturas. No importa acá la verosimilitud del razonamiento, como tampoco el hecho de que hasta 1994 el MLN pudiese haber desarrollado una estructura para la lucha armada. Por el momento, sólo importa si existen pruebas como para basar toda una campaña en la acusación y el agravio. Si ellas no aparecen, todas las acusaciones´serán infundadas y gratuitas. Como la historia lo muestra, la ciudadanía no suele premiar a quienes realizan este tipo de prácticas y tiende tratar a los acusados como víctimas de la prepotencia y la intolerancia.

Por tanto, creo que el Partido Nacional y su candidato han ingresado en un callejón sin salida. A sólo viente días del balotaje, la contienda se ha desnaturalizado y sólo queda esperar. No habrá debate televisado entre las fórmulas presidenciales, como algunos dirigentes nacionalistas querían. Tampoco habrá mucho espacio para las propuestas o las iniciativas de consenso. Por el camino, quedó la muy fundamentada propuesta del "equilibrio" y la convicción de que la experiencia y solvencia de Lacalle podría sobreponerse a la ventaja que hoy lleva la fórmula frenteamplista. Las campañas negativas se llevan mal con los atributos de sensatez y equilibrio que había escogido inicialmente Lacalle. Haber sucumbido ante la tentación de una campaña sucia y directa contra Mujica, no traerá otro resultado que una segura derrota el 29 de noviembre. Con esta estrategia, Lacalle está cavando su propia fosa.

9 de noviembre de 2009




02.11.2009 12:14

En el balotaje de noviembre de 1999, Luis Alberto Lacalle hacía campaña a favor de Jorge Batlle señalando que "una de las razones para no votar al doctor Vázquez [es que] no puede asegurar una mayoría parlamentaria que sí tiene el doctor Batlle (.) ese argumento es claramente determinante para que mucha gente no lo vote, porque genera incertidumbre, inseguridad, interrogantes, acerca de lo que podrá hacer" (entrevista de Emiliano Cotelo, Programa En Perspectiva, Radio El Espectador, 10-11-1999).

Su argumento ha cambiado una década después. Su campaña para este balotaje sugiere a la ciudadanía que "El equilibrio está en tus manos". Dicho slogan busca transformar una notoria debilidad en una fortaleza de campaña. La idea es simple y directa, lo más conveniente hoy es dividir el poder. Como el Frente Amplio ya ganó la mayoría parlamentaria, entregarle en esta elección la presidencia supondría un acto de concentración excesiva del poder. La ciudadanía, por tanto, tendría la oportunidad y también la responsabilidad de equilibrar la situación.

Un viejo refrán sostiene que "la necesidad tiene cara de hereje". La delicada situación que dejó la primera vuelta de octubre a Lacalle le obliga ahora a modificar su punto de vista histórico y proponer una nueva forma de concebir el problema de la gobernabilidad. La meta de retornar a la Presidencia de la República, no admite reparos políticos ni ideológicos.

La meta de evitar la concentración del poder en pocas manos suena muy razonable, dada la convicción de que ello puede ser la antesala del despotismo y el autoritarismo. La historia está plagada de ejemplos trágicos en este sentido. Sin embargo, el establecimiento de un gobierno dividido como el que plantea ahora el Partido Nacional entraña varios problemas prácticos sobre los que vale la pena reflexionar.

Gobiernos divididos

La idea de la división del poder es uno de los asuntos clásicos de la teoría del gobierno. Hace casi dos siglos y medio, los padres fundadores de la democracia estadounidense discutieron como organizar un gobierno sin monarca, que brindara garantías a los estados grandes y pequeños de la unión, y que, al mismo tiempo, protegiera al ciudadano del poder absoluto del Estado. La premisa encontrada fue dividir el poder. James Madison es tal vez el representante más genuino de esta concepción de gobierno. La construcción del sistema federal de Estados Unidos se apoyó en la separación de los tres poderes del estado. El diseño institucional estableció mecanismos de controles y equilibrios mutuos (check and balances) que garantizarían la autonomía de acción a los poderes y a los estados contratantes. Estos rasgos caracterizarían desde entonces al régimen de gobierno presidencialista que décadas más tarde sería asumido por las colonias hispanas emancipadas.

La división del poder, entonces, es un rasgo propio del funcionamiento de la democracia presidencial. La literatura especializada designa con el nombre de gobierno dividido al esquema gubernativo donde el Ejecutivo es controlado por un partido y el Parlamento por otro. En términos políticos supone la existencia de dos voluntades mayoritarias distintas y opuestas, que dominan las ramas del gobierno. En los 108 años que van de 1901 a 2009, Estados Unidos vivió el 40% del tiempo bajo un formato de gobierno dividido (44 años). Si se consideran en particular los últimos 42 años (1968-2009), ese porcentaje asciende al 75% del tiempo (30 años). Esta situación de división del poder del gobierno ha estimulado una amplia discusión sobre sus orígenes y consecuencias. Para no aburrir, citaré las dos posiciones clásicas sobre el tema.

En su libro "Divided We Govern", el profesor David Mayhew de la Universidad de Yale, sostiene que la situación de empate entre poderes está originada por la desvinculación de la elección presidencial y la elección legislativa (el ciudadano puede votar por un partido a la presidencia y por otro al congreso), y por la elección de renovación de la cámara a mitad del período presidencial (los mandatos de los diputados son de sólo dos años). Según Mayhew, el gobierno dividido no configura ningún riesgo institucional para el país, ni tampoco un problema para la productividad gubernativa. Su explicación sostiene que en virtud de la débil disciplina de los partidos estadounidenses, el presidente puede construir mayorías legislativas intercambiando votos para sus proyectos por beneficios particulares (en materia de políticas públicas) para las circunscripciones de los diputados. Contrario a esta posición se encuentra Morris P. Fiorina, Profesor de la Universidad de Standford, quién señala en su libro "Divided Government" que el gobierno dividido resulta perjudicial para el sistema político, pues no sólo retrasa los procesos de decisión legislativa, sino también erosiona la identidad de los partidos en la cámara, restringiendo las posibilidades de una rendición de cuentas efectiva ante los ciudadanos (pues la división gobierno y oposición no queda muy clara).

El debate sobre los Estados Unidos trasciende los objetivos de esta columna, pero ayuda a comprender que el gobierno dividido funciona en Estados Unidos gracias al cumplimiento de algunas condiciones específicas: a) un sistema electoral que lo posibilita; b) una polarización política moderada; b) un sistema bipartidista, y c) una débil disciplina legislativa de los partidos.

Más allá del debate, existe consenso respecto a que esta peculiar división del gobierno ha funcionado aceptablemente bien en los Estados Unidos. Sin embargo, no podemos señalar lo mismo para el caso de países de América Latina que cuentan con un esquema similar. Salvo Chile, donde los gobiernos de la Concertación enfrentaron con éxito a un Senado controlado por la oposición durante el período 1990-2005, en la mayoría de los países latinoamericanos ese esquema ha provocado problemas bastante graves. Y hasta tal punto esto es así, que Juan J. Linz (Universidad de Yale) formuló su conocida tesis sobre los problemas del presidencialismo, a partir del pobre desempeño de las democracias del continente, plagadas por supuesto de presidentes sin mayoría legislativas.

Gobiernos en minoría

Nuestro país nunca ha tenido un esquema de gobierno dividido. Presenció sí la existencia de gobiernos minoritarios, alternados con etapas más o menos largas de gobiernos mayoritarios. Un gobierno en minoría es un formato distinto al del gobierno dividido, pues supone la existencia de un ejecutivo sin mayorías legislativas y un parlamento donde ningún partido controla la mayoría absoluta.

En un continuo podríamos ubicar en un extremo de máxima concentración del poder al gobierno unificado de un partido mayoritario o coalición mayoritaria; en el otro extremo, a un gobierno dividido donde dos partidos controlan las ramas del gobierno. El continuo estará formado por una diversidad de gobiernos en minoría ordenados de acuerdo al tamaño de la bancada del presidente. O sea, nuestro país tiene experiencias de gobierno unificado y de gobiernos en minoría, pero no de un gobierno dividido. La mayoría de los expertos señalan que los gobiernos han logrado mayor solidez y productividad cuánto más firmes han sido sus apoyos en el legislativo.

El gobierno de Lacalle, entre 1990 y 1995, es un ejemplo de esta afirmación. Ese gobierno pasó, por diferentes razones o avatares, de una configuración mayoritaria inicial a una minoritaria sobre el final del mandato. Ese lento proceso de desfibramiento de las mayorías legislativas debilitó y terminó por aislar a un presidente que pretendía procesar una ambiciosa agenda reformadora.

Cuando Lacalle triunfó en noviembre de 1989, su partido controlaba el 39% de la cámara baja y el 42% del Senado; en la Asamblea General contaba con el 40% de sus componentes. O sea, no tenía mayorías para sancionar leyes y estaba en el límite de sus posibilidades para mantener los vetos del ejecutivo (una sola deserción haría caer la voluntad presidencial). En las semanas previas a su asunción, Lacalle acordó una coalición mayoritaria (la Coincidencia Nacional) con el Partido Colorado, situación que le permitía controlar casi el 70% de ambas cámaras. Pese a ello, en los primeros días del mandato, se registró la primera deserción. El sector liderado por Pablo Millor (Cruzada 94) abandonó el acuerdo y se pasó a la oposición, lo cual complicó desde entonces la estadía de las otras fracciones coloradas en el gobierno.

No obstante, pese a su debilidad y continuos escarceos, la coalición de Lacalle sacó adelante algunas leyes de singular importancia como el Ajuste Fiscal (su primera norma legislativa del período), la creación del Ministerio de Vivienda, la ley de Funcionarios Públicos, la ley de Empresas Públicas, la de Puertos, la creación de los Bancos de Inversión, el Presupuesto Nacional y la modificación del Régimen de Intermediación Financiera.

A fines de 1991, se concretó la salida del Foro Batllista y de la Lista 15 del gabinete, en virtud de los desacuerdos con el presidente. El gobierno comienza su derrotero minoritario pese a que en el verano de 1992, renueva el compromiso con las fracciones nacionalista no-herreristas y con la Unión Colorada y Batllista. Si bien la segunda Coincidencia le permitió a Lacalle continuar avanzando en su agenda de reformas, el dramático resultado del referéndum sobre la ley de empresas públicas de diciembre de 1992, provocó una profunda crisis en la interna del partido de gobierno. En el caliente verano de 1993, el Movimiento Nacional de Rocha de Carlos Julio Pereyra, y el Movimiento Renovación y Victoria, de Gonzalo Aguirre, retiraron sus ministros del gabinete y pasaron a la oposición frontal. El alejamiento comentado alejamiento del grupo del Vicepresidente, representó un buen indicador del dramatismo de la situación y sobre todo, de la debilidad extrema en la caía el gobierno de Lacalle (Aguirre escribió una carta al presidente que fue publicada por el Semanario Búsqueda).

Desde entonces, el presidente gobernó con el menguado apoyo del herrerismo y el pachequismo. Este esquema provocó un escenario donde el Parlamento asumió una actitud hostil hacia el ejecutivo y una conducta proactiva en materia de legislación y control. Mientras los principales proyectos del gobierno naufragaban en las comisiones (por ejemplo, la reforma de la seguridad social fue enviada tres veces y en todos los casos fue sepultada, incluso cuando se le dio carácter de urgencia), llamativas alianzas circunstanciales en la cámara (la más corriente era la del Frente Amplio, Nuevo Espacio, Movimiento de Rocha, Foro Batllista y Cruzada 94 de Millor) permitían la aprobación de leyes contrarias a la orientación del gobierno. Incluso se llegó a dar el caso de que el Parlamento iniciara y sancionara normas cuya iniciativa está reservada al Poder Ejecutivo (por ejemplo, las famosas leyes de refinanciación de los productores agropecuarios, pequeños comerciantes, etc.).

Lacalle enfrentó este escenario haciendo uso del veto. Aplicó 26 vetos, de los cuales la mitad fueron de carácter parcial. Como el gobierno no controlaba si quiera los 2/5 de la Asamblea General, se registraron 15 levantamientos de observaciones (57% del total). A su vez, el Parlamento aceleró el trámite de los llamados a sala e interpelaciones, registrándose 28 en todo el período, aunque la enorme mayoría se gestionó en la segunda mitad del mandato. También se procesaron cientos de convocatorias de ministros a las comisiones parlamentarias, dejando la sensación de que el legislativo estaba hostigando al gobierno de Lacalle.

El espectáculo de un presidente acorralado por el Parlamento dejaba la sensación en la ciudadanía de que el gobierno se encontraba a la deriva. La mejora de los indicadores económicos y sociales de esos años, contrastaba con la imagen de fragilidad del gobierno y con la escasísima popularidad del presidente. El pobre resultado electoral del candidato ungido por Lacalle (Juan Andrés Ramírez) para la elección de noviembre de 1994, confirmó ese parecer.

El libro que reseña la gestión del Partido Nacional en el gobierno ("60 meses que cambiaron el país"), publicado por el Instituto Manuel Oribe en 1995, reconoce esta situación al precisar que "la composición política del Parlamento dejaba claramente establecida la composición minoritaria del partido gobernante. Si a esas circunstancias se agregan las discrepancias surgidas en el seno del partido en algunas materias, se advertirá lo difícil de la tarea legislativa que el gobierno pretendía llevar adelante" (página 165).

Un Lacalle bastante abatido reconocía a fines de 1995, que "en Uruguay es notorio el predominio del Parlamento sobre el Poder Ejecutivo. Siempre ha sido más fuerte el Parlamento y hoy, quizás lo es más que nunca, a pesar de la reforma de 1967 (.) O sea que el eje del poder en el Uruguay es el Parlamento. Con un agravante: que el que está disfrazado de poderoso es el Poder Ejecutivo" (entrevista de los Profesores Gerardo Caetano y José Rilla, en Cuadernos del Claeh, 73-74, página 52).

Por tanto, la fase minoritaria del gobierno de Lacalle (entre 1993 y 1995) muestra hasta que punto son importantes las mayorías legislativas en nuestro país. Mientras Lacalle contó con ellas su agenda legislativa se procesó más o menos bien. Pero cuando sus aliados comenzaron el éxodo del gobierno afloraron los problemas. Por esa razón, Lacalle señalaba al Parlamento como el verdadero centro de poder del sistema político. Idénticos motivos le llevaron a afirmar que Batlle era mejor candidato que Vázquez, cuando hizo campaña en el balotaje de 1999.

En 2002, bajo un contexto de crisis, Lacalle y el Partido Nacional lanzaron la idea de realizar un "ajuste político", con argumento de reducir los "excesivos costos del Estado". La reforma constitucional de Lacalle reducía el número de legisladores (así como también de ministerios) como forma de alivio para las arcas fiscales, pero en verdad también generaba un efecto sobre el esquema de gobernabilidad. La idea consistía en modificar el procedimiento de distribución de bancas en diputados, abandonando la circunscripción única nacional como mecanismo de asignación entre los partidos y estableciendo como criterio a las circunscripciones departamentales. Esa modificación, unida a la reducción de 99 a 67 curules, contribuiría a reducir el peso del Frente Amplio, que hasta ese entonces obtenía buena parte de sus bancas en la capital con la ayuda de los votos logrados en todo el país. Esta medida suponía el adiós a la representación proporcional integral y favorecía la gobernabilidad de una futura coalición blanqui-colorada a partir de 2005. El famoso ajuste político fue rechazado por el Foro Batllista y naturalmente, por el Frente Amplio, perdiendo toda chance de ser aprobado a mediados de 2003. Nuevamente, Lacalle, al igual que en 1995 y 1999, dio pruebas de estar convencido que el Parlamento es el escenario sobre el cual debe construirse la gobernabilidad del país y que para ello, deben establecerse iniciativas que eviten los gobiernos en minoría.

¿Un escenario de bloqueo y conflicto?

Como se ha señalado arriba, un gobierno en minoría no representa la división del poder más extremo. El gobierno dividido es a todas luces la expresión más acabada de ese fenómeno. El gobierno minoritario de Lacalle muestra que el ejercicio de gobierno resulta complicado cuando la bancada del presidente no solo es minoritaria, sino también pequeña. Dada esta constatación debemos por tanto preguntarnos qué podemos esperar de un gobierno efectivamente dividido como el que se propone en estos días, bajo el rótulo de equilibrio.

Hemos explicado que la configuración del gobierno dividido funciona razonablemente bien en Estados Unidos bajo ciertas condiciones. Lamentablemente, ninguna de ellas está presente en el caso uruguayo: no tenemos un sistema bipartidista, la polarización ideológica es un poco mayor que en Estados Unidos, y lo más importante, los partidos uruguayos son muy disciplinados en el legislativo, por lo que la estrategia presidencial de ganar votos individuales, no resulta viable.

Desde el Partido Nacional se afirma que un gobierno dividido abre la posibilidad de amplios acuerdos multipartidarios. Dudo que en esas circunstancias el Frente Amplio esté dispuesto a ingresar en un pacto que borre las diferencias con un gobierno de Lacalle. No se lo perdonarían sus votantes como tampoco las organizaciones sociales que históricamente han estado aliadas a ese partido. ¿Qué queda entonces como perspectiva? En mi opinión, el camino conduce a un gobierno frágil que deberá enfrentar severos desafíos. El riesgo del bloqueo gubernativo estará siempre presente. Un parlamento enfrentado al ejecutivo será el rasgo más probable. El Parlamento aprobará leyes que no contarán con el aval del presidente y éste desatará una lluvia de vetos sobre los mismos. Habrá miles de pedidos de informes y decenas de llamados a sala e interpelaciones de ministros.

Lamento augurar esta situación, porque un escenario conflictivo es lo menos deseable para un país como el nuestro, que afronta con timidez los desafíos del desarrollo. El resultado de octubre canceló, a mi juicio, las alternativas posibles de gobierno. El control del Parlamento por parte del Frente Amplio vuelve absurda la configuración de un gobierno dividido. El liderazgo de los partidos tradicionales sabe que en caso de ganar Lacalle el balotaje, las cosas se pondrán realmente difíciles. La reflexión sobre la gobernabilidad en Uruguay, promovida por ellos mismos, que desembocó en una reforma constitucional en 1996, transitó los temas vinculados a la articulación de las mayorías en el Parlamento. Por eso se construyeron una y otra vez coaliciones, se tejieron pactos de diverso tipo, y se hicieron concesiones para lograr la estabilidad del proceso legislativo. Nunca un gobierno desarrolló adecuadamente su labor sin tomar al Parlamento como una arena privilegiada. Un gobierno dividido, en las actuales circunstancias, representa un desafío tan peligroso como innecesario para nuestra democracia. Por esa razón, afirmo, so pena de recibir críticas por tamaña afrenta, que dividir el poder en Uruguay es, sin duda, una mala idea.

1º de noviembre de 2009



[1]  2  3  4  5  6  Siguiente >>
Inicio

Buscar
Buscar en ZOOM POLITIKON

Sobre mi
Profesor e Investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República

Categorías

Mis Links

Archivo


Contacto

¿Qué es RSS?