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Opinión


09.11.2012 14:06

Los modelos que el FA eligió para PLUNA fracasaron todos.

Han dilapidado recursos, y sobre todo confianza. La ciudadanía ya no les cree.

Sucede que el "equipo de Astori" era el grupo de élite del gobierno. Un equipo "infalible", la "garantía de seriedad" en el gobierno del Frente. Así nos lo vienen vendiendo desde el viaje a Estados Unidos donde Vázquez lo nominó Ministro.

Volcaron. Dos veces volcaron.

Ese grupo experto trajo a Campiani, pagando un broker, el recordado Paul Elberse, y luego le pagaron a Campiani para que se fuera. Le pagamos todos, porque la plata sale siempre del mismo bolsillo. Le pagamos la indemnización por despido a Campiani como si fuera un simple trabajador. Una tomadura de pelo.

Ahora, el grupo de "garantía" del FA cierra PLUNA, arma una subasta que fracasa, y encima, nos enteramos que fueron a buscar a López Mena para que trajera un inversor. Y el empresario trae a Cosmo. ¿Fueron  a buscar a López Mena para que trajera un competidor? Nos dijeron en la interpelación que no conocían el vínculo entre el empresario y Cosmo.

ARMARON UN NEGOCIO SIMULADO.

Además, como por si pocas cosas pasaran, el Banco República otorgó un aval sin una garantía suficiente, ilegal por violentar la ley de Seguros.

Para ser expertos, dejan mucho que desear.

La cadena de probabilidades estadísticas de cometer errores se rompe a simple vista. Por eso es que, a falta de respuestas, de claridad y transparencia, la bancada de Senadores del Partido Nacional procedió a ampliar la denuncia penal en el juzgado del crimen organizado.

Allí no habrá ni secreto bancario, ni mayoría parlamentaria que defienda.

No somos partidarios de la judicialización de la política, pero no hay otro camino. Hay responsabilidades políticas muy evidentes, incluso responsabilidades patrimoniales por acciones de funcionarios que han obrado con falta de diligencia (art. 25 de la Constitución Nacional), y el gobierno parece escudar todas y cada una de ellas.

Será la justicia la que corra el velo de oscurantismo emparentado con la clandestinidad con que han manejado todo este asunto. Será la justicia la que dictamine si se configura algún delito.

En medio de todo este borbollón, algunas figuras se amparan en el silencio, en su liderazgo de cuenta gotas, donde entre ausencias y esporádicas apariciones, atacan a la Oposición pero no da cuentas de sus responsabilidades en un asunto que le ha costado millones de dólares al pueblo uruguayo.

Tabaré Vázquez es el principal responsable del caso PLUNA, porque fue su gobierno el que trajo a Campiani y empezó este proceso que ha culminado con el cierre de la línea de bandera. Fueron los ex ministros de Vázquez los que gestionaron la empresa durante estos años, los que hacían lobby frente a Ancap y frente al BROU para obtener beneficios inéditos, como que ANCAP le fiara combustible por ejemplo.

No es con política epistolar, de las cartitas que se enfrenta a la ciudadanía. Vázquez le debe disculpas al pueblo uruguayo. Hay que dar la cara, en las buenas y en las malas, y esta es una mala, y es toda de él.

La ciudadanía uruguaya merece que Vázquez le diga en la cara que se equivocó, no con declaraciones escritas donde lejos de responsabilizarse, le endosa la culpa a Astori, porque hizo confianza en él.

No. Vázquez era el presidente, él era el responsable. Y hoy, en lugar de jugar  a la escondida, debe dar la cara y decir qué opina de todo este desaguisado. Si respalda todo este proceso, si confía en el equipo económico, si él hubiera hecho lo mismo, sí hubiera ido a buscar a López Mena. Debe dar la cara a los 900 trabajadores y decir cual es su propuesta de solución.

No hay lugar para liderazgos de silencios. La gente reclama respuestas, y además, se las merece.

¡BASTA DE PROYECTOS DE BRINDIS QUE PRETENDIERON APOYOS QUE SE ESFUMARON FRENTE A RESULTADOS ESPANTOSOS!

Jorge Larrañaga




11.10.2012 17:37

El viernes pasado dimos una conferencia junto con representantes de todos los Partidos organizada por la Cámara Inmobiliaria del Uruguay y la Cámara Inmobiliaria de Colonia. El motivo de la convocatoria era el futuro del sector inmobiliario ante la nueva normativa, particularmente la referida al Tratado con Argentina.

En esta conferencia anunciamos nuestra posición respecto al acuerdo de intercambio de información tributaria con la República Argentina.

Anunciamos que no acompañaremos con nuestro voto a esta iniciativa por tres razones fundamentales: por principios, por desconfianza y por prudencia.

Si queremos ser un País de primera tenemos que ser serios.

Un país es serio por su respeto al Estado de Derecho, por la calidad de sus Instituciones, por la educación que ofrece y por los valores democráticos y sociales que lo definen. No pienso caer en la vulgaridad de asumir que los que invierten en Uruguay lo hacen en base a evasión fiscal. Eso sería faltarle el respeto a los inversores cuyos proyectos se traducen en trabajo para los uruguayos.

En segundo lugar, no acompañamos este acuerdo por desconfianza. Lo decimos de manera clara: no confiamos en el actual gobierno argentino. ¿Alguien tiene duda acerca de que no respetarán el tratado, que no van a usar la información contra sus adversarios, o retroactivamente?

Por más obstáculos jurídicos que se pongan. El gobierno argentino no va a respetar en lo más mínimo las cláusulas de salvaguarda ni de no retroactividad y no hay garantía alguna de que no persiga de cualquier manera a los argentinos que han invertido en nuestro país.

A un gobierno que no respeta la ley no se le puede facilitar un instrumento de este tipo. Argentina hoy no brinda garantías jurídicas y ese problema no lo podemos importar mediante este tratado.

En el último tiempo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Argentina denunció varios tratados para evitar la doble tributación con Chile y España, por considerar que empresas radicadas en la Argentina los usan para maniobras de elusión fiscal en los Impuestos a las Ganancias y en Bienes Personales.

¿Por qué hace dos años que la Fincen, la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que maneja información financiera sobre operaciones “sospechosas” no colabora con la unidad antilavado de Argentina? Es por temor a que usen la información con fines políticos, como lo hicieron con un dirigente opositor, Francisco De Narváez en 2009. En tercer lugar, no votaremos este acuerdo por prudencia. Analicemos por un instante el mundo económico y las perspectivas para Uruguay. Será sencillo concluir en que no es tiempo para improvisar ni para innovar.

La economía uruguaya comienza a mostrar síntomas de desaceleración. No es para ser dramáticos ni nada por el estilo. Al menos por ahora. A nivel regional la crisis también se ha sentido, Brasil, México y Argentina cayeron en sus niveles de crecimiento pasando de 7,5%, 5,6%, 9,2% en 2010, esperándose para 2012 tasas de 2%, 4%, 1% respectivamente.

La obtención por parte de Uruguay del grado inversor, las tasas de interés de referencia –alta por inflación-, y los controles que otros emergentes han impuesto al ingreso de capitales especulativos hacen de nuestro país un lugar más que atractivo. Con esto hay que tener cuidado.

También se abre una oportunidad para el ingreso de capitales bajo la forma de inversión directa o bien financiamiento para el desarrollo.

Esa es una oportunidad para ser aprovechada por el instrumento de la participación público privada como dinamizador de la construcción. Tengamos presente que la Inversión Directa en 2011 ascendió a 2.614 millones de dólares, de los cuáles el sector construcción captó casi el 30%.

La aprobación de este tratado sería de los peores errores estratégicos que el país puede cometer. El país tiene que tener rumbo, saber adonde se va, es por estas cosas, entre otras, que los inversores elijen al Uruguay. Porque les aseguramos garantías de cumplimiento de la Ley y previsibilidad en las acciones. Cosas que otros no ofrecen.

Este instrumento, en este momento, con este estado de relaciones con Argentina y con el actual gobierno, no puede ser ratificado. Sería malo para los uruguayos.

Jorge Larrañaga




03.09.2012 08:41

La educación del pueblo esta mal, está en crisis aguda.

El Gobierno se hace el distraído.

Hicimos desde estos estrados y desde el Parlamento Nacional la denuncia del caso. Sin embargo todo sigue igual.

El sistema político ha detectado la gravedad del asunto, y quiso generar una agenda de transformaciones. Las mismas fueron bloquedas primero por algunos sindicatos, y luego, el gobierno terminó por claudicar y renunciar al cambio. El Frente Amplio condicionado, por su falta de proyecto y conservadurismo.

Pero más allá de la alerta política,-que la seguiremos haciendo- hace falta una gran REACCIÓN CIUDADANA, que con conciencia de la gravedad de la situación, sea capáz de despertar a las autoridades, del letargo y la deficiente gestión que llevan a cabo. La revolución de la responsabilidad, protagonista fundamental en la remoción de los obstáculos que el gobierno no ha querido y no ha podido enfrentar, es imperioso.

Por ello, próximamente estaremos comenzando una gira nacional en defensa de la educación pública. Con una consigna clara: LA EDUCACIÓN NO PUEDE ESPERAR.

Algunos verán intenciones políticas, poco importa. Nosotros creemos de buena fe, en el cambio de la EDUCACION. Si no, no hay futuro. Nuestros niños y jóvenes no pueden esperar.

Esta tarea de concientización es lo que nos queda hacer en este proceso que denominamos batalla por la educación. No nos dejan otro camino, tras el resultado de la interpelación que semanas atrás realizamos al ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich. El escudo parlamentario que ofrece la mayoría frentista otorga impunidad en el Senado pero no evitó que dejáramos en claro en la propia cara de las autoridades, todos y cada uno de los incumplimientos en sus compromisos y la desastrosa gestión que tienen.

El Uruguay necesita un COMPROMISO SOCIAL donde la política se abrace nuevamente con la sociedad, con los ciudadanos para que esa reacción cívica sea quien blinde los cambios frente a los fuertes espíritus corporativos y la debilidad de las autoridades.

Criticaremos pero tambien vamos a proponer.

El clamor popular será el único que estremezca la actitud sorda y desplicente de las autoridades a las que les ha quedado grande el desafío, y deberían ser removidas inmediatamente.

El Presidente debe cambiar al Ministro de Educación y al Presidente del Codicen porque terminaron sirviendo a algunos sindicatos, olvidando la voluntad de todo el sistema político.Una vergüenza. El Gobierno tenía un acuerdo y lo rompió porque no se atrevió a cumplirlo. Fue timorato y se entregó.

Seguiremos interpelándolo, daremos nuestra visión de los procesos seguidos en la construcción del acuerdo educativo primero, y luego, la denuncia de su incumplimiento, transmitiendo nuestros argumentos para que la sociedad en su conjunto pueda formarse un juicio fundado.

Sufrimos un proceso paradójico, donde hicimos el trabajo del gobierno y éste asumió la resistencia como si fuera oposición. Fuimos impulso y el oficialismo freno.

La educación, por incapacidad de este gobierno y herencia del anterior, se asemeja a una carreta que pretende avanzar con el freno de mano puesto.

Incluso, el propio Sr. Presidente asume "no poder con los cambios", no puede con los dos frentes que se le han parado por delante impidiendo las imprescindibles reformas que reclamamos: su Partido y el corporativismo sindical.Y conste que no estoy en contra de los sindicatos, sino a favor, -cuando despliegan su legítima y democrática acción-. No están para sustituir a los poderes público-representativos. Desde el gobierno se hicieron los desentendidos. Afirmaron :"la oposición rompe los acuerdos", "los cambios van operando","en 6 meses no se pueden ver grandes cambios". ¡¡¡Excusas,excusas,excusas!!! Se caen de la torre de Antel y van saludando piso por piso. Desprecian la inteligencia de la gente y en ese afán por encontrar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, delegan toda responsabilidad en el asunto.

No lo vamos a permitir.

La responsabilidad del fracaso del acuerdo educativo, y del estado de la educación pública es del gobierno del FA, del Presidente y de los débiles encargados de conducirla. Eran quienes tenían las potestades para cumplir, y eligieron no comfrontar con los gremios, a cuenta de relegar el esfuerzo de los partidos políticos representativos de la soberanía popular.

La cuestión planteada es entre la República o las exclusivistas intenciones sindico-corporativas. Y en ese camino, será la ciudadanía la que deba asumir el protagonismo que sus gobernantes no supieron asumir.

Con la República entera nadie puede. Con la gente junta nadie puede.

Por la Educación, vamos a dar la batalla.

Jorge Larrañaga




03.08.2012 13:02

Resulta mínimamente paradójico, que la divisa que nos recibió en la vida política hace ya 176 años siga teniendo una vigencia literal.

“Defensores de las leyes”. Nacimos aquel 1836, y en este 2012 permanecemos incaludicables bajo esa consigna.

Que lo político esté por encima de lo jurídico no es digno de nuestro sistema político. Es la confesión clara e inequívoca que comenzamos a caminar al ritmo del “bombo”, o en el caso, al ritmo del redoblante del Comandante Hugo Chávez.

El gobierno decidió, per se, abandonar la prudencia que nos caracterizó históricamente como Nación y nos reafirmó en nuestra orientalidad.

Esa noble actitud que permitió que un pequeño país como el nuestro sea un referente regional y mundial en lo legal y lo político.

Aquella independencia de denunciar los atropellos de los grandes contra los chicos, la independencia para defender la sagrada autodeterminación de los pueblos y la no intervención, se ve mancillada al transformarnos tristemente en el furgón de cola del bi-motor Chávez – Cristina Fernández de Kirchner.

Defensores de las leyes fuimos y defensores seremos.

América Latina nació para estar fraternalmente unida, pero jamás fuimos monocromáticos, siempre hemos sido un crisol de colores. Menos podemos intentar imponer un pensamiento único y muchísimo menos si ese pensamiento o esa idea es rechazada o simplemente no compartida por la mayoría de nosotros.

En el Mercosur hubo un golpe de Estado, de los propios presidentes contra la institucionalidad.

Se configuró una Triple Alianza 2.0, donde Paraguay volvió a ser “tutoreado” por los grandes de la región –y nosotros-. Ingresó con este hecho un nuevo estilo de relaciones internacionales.

¿Los uruguayos queremos este estilo de relacionamiento con el mundo? No.

¿Nos sirve? No. No es ni por principio ni por conveniencia el estilo que necesitamos.

Ni el Canciller Almagro, ni el vicepresidente Astori, ni el Instituto de Derecho Internacional Público de la UDELAR, ni los partidos de la oposición, ni la mayoría de los simpatizantes de izquierda están de acuerdo con el atropello legal y jurídico de Mujica, Rousseff, Cristina Fernández De Kirchner y Chávez. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué les debemos? ¿Fuimos lo suficientemente independientes para subirnos a este convoy altanero? ¿O es la reciprocidad a tantos favores de índole económica que el gobernante bolivariano nos brindó tan “generosamente”? ¿Cuál es el motivo que lleva embretar al Canciller de esa forma?

Recordemos que un par de días antes de la Cumbre de Mendoza, el Canciller nos aseguró personalmente que no se utilizaría la suspensión de Paraguay para “forzar” el ingreso de Venezuela.

¿Son tan importantes esos petrodólares, como para darles la espalda a sus compatriotas? No solo a la oposición.

Porque acá se está embarcando, también, a los propios dirigentes frenteamplistas en este contorsionismo jurídico.

Tal vez en las charlas de Chávez con Bolívar se encuentra revelado algún propósito que el común de los mortales no accedemos. Porque estoy seguro que lo de la “afinidad ideológica” no corre más.

¡Espero que hayamos aprendimos de los puentes, de La Haya, de las licencias de importación, del dragado!

Somos hermanos del PUEBLO argentino, no de su gobierno.

Somos hermanos del PUEBLO venezolano, no de su gobierno. Los países tienen intereses, no amistades ni afinidades.

Y cómo decía el Prócer, es la seguridad del Contrato la que nos cubre de la “veleidosa voluntad de los hombres”…es la ley, el derecho el que nos escuda de los atropellos…no seamos nosotros quienes perforemos ese escudo.

 

Jorge Larrañaga




20.07.2012 10:44

El caso Pluna culmina un proceso en la política uruguaya. Los "inmaculados", antes corporativizados en el Frente Amplio, supuestamente ajeno a toda turbiedad y error, ya no existen.

Las máximas figuras del Frente Amplio están convocadas en forma directa a responsabilidad política por errores y horrores jurídicos, económicos y políticos.

Errores y horrores cometidos con el bolsillo del pueblo.

Se liquidó Pluna y sin su hacer, este final no existía.

Fue el gobierno de Vázquez el que pagó un bróker para contratar a Campiani, fue en el segundo gobierno del Frente que se permitió el pago de despido a Campiani.

Nadie más. Son hechos incontrovertibles. Tanto como el agujero que le hicieron a ANCAP de 28 millones de dólares.

Ahora han inaugurado la etapa excusatoria. Los máximos responsables políticos de todo este entuerto, admiten sus equivocaciones en sendas comunicaciones escritas.

Pero la pregunta es ¿se disculpan? La verdad es que no.

Tanto Astori como Vázquez, realizan una dinámica dialéctica tan rebuscada que lo que pretende es exculparse. “Me equivoqué” pero a continuación da todas las excusas...

Pedir disculpas con tantos reparos y salvedades, es subvertir su concepto y espíritu. Parece ser más una huída hacia adelante, que una seria y consciente asunción de responsabilidades. Una puesta en escena poco creíble. Son responsables.

Son los responsables políticos, de traer a quienes trajeron, que estos hicieran cualquier cosa por falta de controles, de liquidar Pluna, de dejar a más de 900 trabajadores en la calle, de perjudicar a compradores de pasajes de buena fe, de dejar 1000 agujeros...

Sin embargo, parecen jugar al pasamanos de responsabilidades, descargar la culpa en los que en 2007 advertimos sobre la situación. Quiebra de compañías, disyuntivas inevitables, Varig, condicionantes externas, la oposición incalificable y asqueante, etc. Toda una cadena de excusas.

No aparece la responsabilidad frente a los uruguayos cuyo bolsillo debe soportar toda esta carga.

Son los aportes de la gente, los que pagaron el despido a Campiani de tres millones de pesos cuando los trabajadores y sus familias siguen en la incertidumbre de si podrán salvar sus fuentes de trabajo.

El pueblo uruguayo debe soportar todo este desaguisado, y los referentes de la izquierda juegan a la mosqueta de la responsabilidad.

¿Deben asumir sus responsabilidades? Por supuesto, si son responsables. Pero esto que han hecho no es tal cosa.

Han camuflado una disculpa en un juego que sigue erosionando la credibilidad en el sistema político.

Podrán decir que no nos sirve nada, ni cuando piden disculpas. Pero no es eso.

No están sino usando un concepto para disfrazar una crítica a la única que reconocen como culpable de todos los males del Uruguay –la Oposición-. Ni su mala gestión, ni las malas decisiones, ni la falta de liderazgo. La culpa es de “los otros”. Como el estudiante que reprueba y le echa la culpa al profesor, pero no a la falta de preparación.

No es ético jugar con un concepto tan delicado para la gente. Esto suena a la "epístola excusatoria" de Ángelo, allá por el año 1300 que terminaba "disculpa si interpretas de mala manera este documento... Sólo estaba siendo sarcástico".

Jorge Larrañaga




07.07.2012 12:57

Hemos sido grandes promotores del acuerdo educativo. Es que concebimos la educación como eje clave para la construcción nacional, convencidos de que es el principal instrumento de desarrollo social.

Dimos por bueno el compromiso del presidente de la República cuando asumió en su discurso del 1º de marzo de 2010, y promovimos varias instancias hacia una reforma de la matriz educativa.

Nos reunimos con el presidente varias veces por temas de educación. Luego llevamos el tema al Parlamento. En la última instancia logramos que se aprobara una declaración del Senado, firmada por todos los partidos, donde se instaba al gobierno de la enseñanza a presentar en un plazo de 45 días una agenda de cambio. La misma se concretó en diciembre, desencadenando una serie de reuniones en ese mes y en enero de 2012 entre el presidente y los representantes de los partidos, culminando el 23 de febrero con la firma del acuerdo multipartidario de educación.

Luego de suscrito, reclamamos en varias instancias el cumplimiento del contenido del acuerdo. Nos comunicamos con el secretario de la Presidencia para reclamar el envío del proyecto al Parlamento.

Todo el proceso ha sido un camino de obstáculos. El 14 de junio, ante el advenimiento del plazo constitucional para que se remita el mensaje de Rendición de Cuentas y Ejecución Presupuestal, le enviamos al presidente de la República un documento en el que, a la vez que reclamábamos el cumplimiento del compromiso asumido, consignábamos hechos concretos de obstrucción e incumplimiento

El gobierno, frente a nuestra insistencia para que se cumpla el pacto, nos contestó por la prensa con ataques. Que estábamos en campaña, que buscábamos réditos electorales, y un largo rosario de etcéteras. Pero no cumplen. Si en lugar de dedicar energías en contestarnos, dedicaran toda su energía, todos sus minutos a gestionar, a conducir la educación, quizás estaríamos mejor. La educación del pueblo debe ser defendida.

En lugar de ello, el gobierno cede ante los corporativismos, no cumple con el único proyecto de cambio en la matriz centenaria de la educación nacional, el denominado Promejora. Lo que el gobierno asumió como compromiso no lo cumple. Le reclamamos la ampliación del programa a 300 centros. La Anep dijo que no. Los delegados del presidente dijeron que no. El acuerdo es letra muerta. No podemos permanecer como cómplices de un gobierno moroso.

Hicimos un recuento de hechos para que quede bien claro cuáles son los motivos que llevaron a este desenlace. El gobierno ha vaciado de sustancia al acuerdo nacional educativo y ha incumplido los compromisos asumidos el 23 de febrero próximo pasado. No queda sino considerar inexistente el acuerdo. El gobierno, el garante del cumplimiento, el responsable de concretarlo, lo perforó; dejó en los hechos sin efecto un pacto que supuso un aporte del sistema político. La falta de liderazgo en materia educativa, la ideología afín al corporativismo llevó a dilapidar la contribución de la oposición.

Acuerdo que no se cumple no existe. El Partido Nacional se apartó de lo que se transformó en una cáscara sin corazón.

No hay acuerdo por culpa exclusiva del gobierno, pero como oposición responsable, leal y patriótica y, sobre todo, como colectividad comprometida con la suerte de los compatriotas, ratificamos nuestro empeño en la lucha por la defensa de la educación pública, que es la de la mayoría de los uruguayos. La verdadera herramienta de justicia social y generadora de libertad.

Jorge Larrañaga



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El autor
Soy Jorge Larrañaga, senador perteneciente a Alianza Nacional (Partido Nacional).

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