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17.09.2008 08:06 / RECORTES DE PRENSA

RESUMEN DE PRENSA.
SOBRE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL

RESUMEN DE PRENSA.

SOBRE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL

Visite sitio sobre Elena Quinteros

http://elenaquinterospresente.blogspot.com/

LA REPÚBLICA (editorial) PÁG. 11

Por una ley justa.

Por Erardo Velásquez

Presidente de la Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos .

La Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos (CRU) quiere poner en conocimiento y para su

reflexión, la verdadera situación de los ciudadanos perseguidos por el régimen de facto, que aunque

pasaron 23 años de vida democrática, no se ha entendido la verdadera situación de angustia y de

padecimiento que sufrimos, y que aún continuamos padeciendo, muy marcados por el terrorismo de

Estado.

Hoy, habernos muchos que podemos contar los hechos, pero hay otros que no están, porque cayeron

abatidos en la lucha por defender sus ideas, a estos los hemos enterrado.

Pero otros compañeros aún siguen desaparecidos, víctimas de crueles torturas, a manos de unos

cobardes que se ensañaban con seres humanos atados de pies y de manos, encapuchados, y que luego

de muertos, se completó la cobardía escondiéndose sus cadáveres. Aún no sabemos dónde están.

Se habló mucho en la comisión de la Conapro, donde estaban representados los tres partidos: blancos,

colorados y Frente Amplio, de un compromiso de solución para todos los perjudicados por la

dictadura, y dicha situación sólo se solucionó a medias, a los estatales (Ley N° 15.783). A los militares

patriotas que se opusieron a los milicos gorilas (Ley N° 17.949).

Ahora abrimos un nuevo capítulo para un entendimiento que nos da una solución definitiva. Estamos

convencidos de que las dos leyes que se dictaron son ambiguas, incompletas y restrictivas ya que no

contemplan a todos.

Por todo lo expuesto es que solicitamos que se eüminen las trabas que dejan a cientos de compatriotas

fuera del amparo de las leyes vigentes. Tal es el caso de los compatriotas que fueron liberados sin ser

procesados, pero como todos sabemos, pasaron por la 'máquina de la tortura". Otro caso es el de los

compañeros que por no tener 10 años de aportes en el BPS no pueden ser amparados. Otros que luego

de extensos interrogatorios, los dejaban "libres", pero con libertad vigilada, y debían presentarse a un

cuartel una o dos veces por semana a firmar.

Tampoco podemos olvidar la existencia de las famosas Listas Negras en las que figuraban los nombres

de los compañeros que por su constante lucha por los derechos de los trabajadores, eran considerados

enemigos por las patronales reaccionarias.

Continuamos trabajando por una ley justa. Reclamamos a las autoridades la revisión de las

restricciones que contiene la Ley N° 18.033 referida a los 10 años de aportes al BPS, las edades para el

cobro de la jubilación y la diferencia en las Bases de Prestaciones Contribuyentes para presos,

exiliados y clandestinos. Así mismo reclamamos cumplir con el pacto de San José de Costa Rica.

Uruguay ratificó la Convención de 1951. La Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos, reunida

con diferentes legisladores de todo el ámbito recoge la solicitud que éstos proponen de hacerles llegar

cinco puntos que fueron de nuestro interés, para ser agregados a un documento que se está elaborando.

A continuación pasamos a enumerarlos: 1) Elevar las pasividades en una sola franja y a un equivalente

de nueve salarios mínimos nacionales, sin discriminación. Hoy la Ley N° 18.033 presenta los montos

de 4 a 8,5 BPC.

Fundamentamos nuestro reclamo basados en que en 1973 los salarios eran de buen poder adquisitivo y

que además se hace difícil encontrar los parámetros para aplicar a un 125% de ajuste a los sueldos que

se percibían en ese entonces a los salarios de 2008, como se hizo en su oportunidad con la Ley N° 15-

783 de los empleados públicos.

Si acompasáramos todos los años con los ajustes porcentuales, nos redundaría en una mejor pasividad,

muy superior a la que estamos planteando en esta oportunidad. Pensamos que los factores que

quebraron el buen salario que percibíamos en la actividad privada no deben ser la causa que impida

hoy cobrar una mejor jubilación.

2) Admitir todos los medios de prueba que san aceptados por las leyes uruguayas y eliminar las trabas

que impiden acogerse a la Ley N° 18.033, como edad, aportes al BPS y acto N° 9.

3) Indemnizar por los períodos de tiempo pasado desde 1985 a 2006 en 15.000 dólares sin discriminar

a presos, exiliados, clandestinos y destituidos.

4) Atención gratuita en el Sistema de Salud.

5) Otorgar un préstamo de $ 300.000 sin intereses a pagar en 10 años. En el pasado hay antecedentes

de que a gremios en huelga se les otorgaban préstamos por parte del Banco República.

5. ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 2

Enterramientos.

El juez penal Luis Charles remitió a su par de Pando Humberto Álvarez el croquis presentado por el

abogado Óscar López Goldaracena sobre presuntos puntos de enterramientos clandestinos durante la

dictadura en la Brigada de Artillería Antiaérea N°1, en la zona de Salinas. Según el plano anónimo, en

esa unidad militar, situada en el sobre el kilómetro 42,5 de la ruta 34, existirían al menos ocho posibles

fosas. El juez Álvarez ya remitió el caso a la fiscal Silvia Garín, quien deberá resolver si existen

elementos para disponer medidas cautelares en el lugar, para luego, eventualmente, ordenar

excavaciones.

EL PAÍS PÁG. 10

Vale Saber. Caducidad. Aguirre en el Centro Militar.

La Coordinadora de los Centros Sociales de las Fuerzas Armadas se reunirá mañana a la hora 18.30 en

el Salón General Artigas del Centro Militar, en avenida del Libertador, para escuchar un informe que

brindará el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre sobre: "La Ley De Caducidad; Análisis Histórico y

Jurídico". Se prevé que en el encuentro se analice además la probabilidad que tendría la eventual

anulación de la ley que promueve parte del Frente Amplio, el Pit-Cnt y otras organizaciones.

PERIÓDICO NACIÓN Nº21 (Agosto 2008)

A TABARÉ VÁZQUEZ, DEL GENERAL PAULOS.

Con insistencia hemos oído decir al Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez ..." Dentro de la ley todo,

fuera de la ley nada...", bella frase que promueve aplausos, aunque ello sea su obligación a cumplir.

A propósito le recuerdo que el 24 de agosto de 1994, hace ya 14 años, usted, junto a Seregni y su actual

Ministro Danilo Astori, en un vehículo descubierto que la televisión registró, encabezaban la manifestación

conocida como la del Hospital Filtro, mediante la cual se oponían por medio de la violencia, A UN

PRONUNCIAMIENTO DE LA JUSTICIA que disponía precisamente, la extradición de tres terroristas etarras a

España. Esa manifestación produjo destrozos, un muerto y la intervención policial que el ministro del Interior

de la época Dr. Angel M. Gianola documentó en un libro "Las cosas por su nombre".

En el año 2006, siendo usted Presidente de la República, en un ámbito pacífico y dentro de sus legales

atribuciones que le otorga el Tratado de Extradición con Chile, del años 1897, no impide la extradición a Chile

de tres compatriotas, integrantes de las Fuerzas Armadas que habían sido juzgados y absueltos por nuestra

propia justicia.

A la luz de estos acontecimientos, ¿podría usted seguir diciendo dentro de la ley todo, fuera de la ley nada?

¿Podrá seguir afirmándose que lo que usted procura es la justicia?

¿Podrá usted esperar de sus subordinados la lealtad y el apoyo que pudiendo haberles brindado no les brindó?

Atentamente, Gral. Paulós.

Resumen elaborado por la Secretaria de Derechos Humanos
del Partido por la Victoria del Pueblo
Visite sitio sobre Elena Quinteros
http://elenaquinterospresente.blogspot.com/
LA REPÚBLICA (editorial) PÁG. 11
Por una ley justa.
Por Erardo Velásquez
Presidente de la Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos .
La Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos (CRU) quiere poner en conocimiento y para su
reflexión, la verdadera situación de los ciudadanos perseguidos por el régimen de facto, que aunque
pasaron 23 años de vida democrática, no se ha entendido la verdadera situación de angustia y de
padecimiento que sufrimos, y que aún continuamos padeciendo, muy marcados por el terrorismo de
Estado.
Hoy, habernos muchos que podemos contar los hechos, pero hay otros que no están, porque cayeron
abatidos en la lucha por defender sus ideas, a estos los hemos enterrado.
Pero otros compañeros aún siguen desaparecidos, víctimas de crueles torturas, a manos de unos
cobardes que se ensañaban con seres humanos atados de pies y de manos, encapuchados, y que luego
de muertos, se completó la cobardía escondiéndose sus cadáveres. Aún no sabemos dónde están.
Se habló mucho en la comisión de la Conapro, donde estaban representados los tres partidos: blancos,
colorados y Frente Amplio, de un compromiso de solución para todos los perjudicados por la
dictadura, y dicha situación sólo se solucionó a medias, a los estatales (Ley N° 15.783). A los militares
patriotas que se opusieron a los milicos gorilas (Ley N° 17.949).
Ahora abrimos un nuevo capítulo para un entendimiento que nos da una solución definitiva. Estamos
convencidos de que las dos leyes que se dictaron son ambiguas, incompletas y restrictivas ya que no
contemplan a todos.
Por todo lo expuesto es que solicitamos que se eüminen las trabas que dejan a cientos de compatriotas
fuera del amparo de las leyes vigentes. Tal es el caso de los compatriotas que fueron liberados sin ser
procesados, pero como todos sabemos, pasaron por la 'máquina de la tortura". Otro caso es el de los
compañeros que por no tener 10 años de aportes en el BPS no pueden ser amparados. Otros que luego
de extensos interrogatorios, los dejaban "libres", pero con libertad vigilada, y debían presentarse a un
cuartel una o dos veces por semana a firmar.
Tampoco podemos olvidar la existencia de las famosas Listas Negras en las que figuraban los nombres
de los compañeros que por su constante lucha por los derechos de los trabajadores, eran considerados
enemigos por las patronales reaccionarias.
Continuamos trabajando por una ley justa. Reclamamos a las autoridades la revisión de las
restricciones que contiene la Ley N° 18.033 referida a los 10 años de aportes al BPS, las edades para el
cobro de la jubilación y la diferencia en las Bases de Prestaciones Contribuyentes para presos,
exiliados y clandestinos. Así mismo reclamamos cumplir con el pacto de San José de Costa Rica.
Uruguay ratificó la Convención de 1951. La Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos, reunida
con diferentes legisladores de todo el ámbito recoge la solicitud que éstos proponen de hacerles llegar
cinco puntos que fueron de nuestro interés, para ser agregados a un documento que se está elaborando.
A continuación pasamos a enumerarlos: 1) Elevar las pasividades en una sola franja y a un equivalente
de nueve salarios mínimos nacionales, sin discriminación. Hoy la Ley N° 18.033 presenta los montos
de 4 a 8,5 BPC.
Fundamentamos nuestro reclamo basados en que en 1973 los salarios eran de buen poder adquisitivo y
que además se hace difícil encontrar los parámetros para aplicar a un 125% de ajuste a los sueldos que
se percibían en ese entonces a los salarios de 2008, como se hizo en su oportunidad con la Ley N° 15-
783 de los empleados públicos.
Si acompasáramos todos los años con los ajustes porcentuales, nos redundaría en una mejor pasividad,
muy superior a la que estamos planteando en esta oportunidad. Pensamos que los factores que
quebraron el buen salario que percibíamos en la actividad privada no deben ser la causa que impida
hoy cobrar una mejor jubilación.
2) Admitir todos los medios de prueba que san aceptados por las leyes uruguayas y eliminar las trabas
que impiden acogerse a la Ley N° 18.033, como edad, aportes al BPS y acto N° 9.
3) Indemnizar por los períodos de tiempo pasado desde 1985 a 2006 en 15.000 dólares sin discriminar
a presos, exiliados, clandestinos y destituidos.
4) Atención gratuita en el Sistema de Salud.
5) Otorgar un préstamo de $ 300.000 sin intereses a pagar en 10 años. En el pasado hay antecedentes
de que a gremios en huelga se les otorgaban préstamos por parte del Banco República.
5. ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 2
Enterramientos.
El juez penal Luis Charles remitió a su par de Pando Humberto Álvarez el croquis presentado por el
abogado Óscar López Goldaracena sobre presuntos puntos de enterramientos clandestinos durante la
dictadura en la Brigada de Artillería Antiaérea N°1, en la zona de Salinas. Según el plano anónimo, en
esa unidad militar, situada en el sobre el kilómetro 42,5 de la ruta 34, existirían al menos ocho posibles
fosas. El juez Álvarez ya remitió el caso a la fiscal Silvia Garín, quien deberá resolver si existen
elementos para disponer medidas cautelares en el lugar, para luego, eventualmente, ordenar
excavaciones.
EL PAÍS PÁG. 10
Vale Saber. Caducidad. Aguirre en el Centro Militar.
La Coordinadora de los Centros Sociales de las Fuerzas Armadas se reunirá mañana a la hora 18.30 en
el Salón General Artigas del Centro Militar, en avenida del Libertador, para escuchar un informe que
brindará el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre sobre: "La Ley De Caducidad; Análisis Histórico y
Jurídico". Se prevé que en el encuentro se analice además la probabilidad que tendría la eventual
anulación de la ley que promueve parte del Frente Amplio, el Pit-Cnt y otras organizaciones.
PERIÓDICO NACIÓN Nº21 (Agosto 2008)
A TABARÉ VÁZQUEZ, DEL GENERAL PAULOS.
Con insistencia hemos oído decir al Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez ..." Dentro de la ley todo,
fuera de la ley nada...", bella frase que promueve aplausos, aunque ello sea su obligación a cumplir.
A propósito le recuerdo que el 24 de agosto de 1994, hace ya 14 años, usted, junto a Seregni y su actual
Ministro Danilo Astori, en un vehículo descubierto que la televisión registró, encabezaban la manifestación
conocida como la del Hospital Filtro, mediante la cual se oponían por medio de la violencia, A UN
PRONUNCIAMIENTO DE LA JUSTICIA que disponía precisamente, la extradición de tres terroristas etarras a
España. Esa manifestación produjo destrozos, un muerto y la intervención policial que el ministro del Interior
de la época Dr. Angel M. Gianola documentó en un libro "Las cosas por su nombre".
En el año 2006, siendo usted Presidente de la República, en un ámbito pacífico y dentro de sus legales
atribuciones que le otorga el Tratado de Extradición con Chile, del años 1897, no impide la extradición a Chile
de tres compatriotas, integrantes de las Fuerzas Armadas que habían sido juzgados y absueltos por nuestra
propia justicia.
A la luz de estos acontecimientos, ¿podría usted seguir diciendo dentro de la ley todo, fuera de la ley nada?
¿Podrá seguir afirmándose que lo que usted procura es la justicia?
¿Podrá usted esperar de sus subordinados la lealtad y el apoyo que pudiendo haberles brindado no les brindó?
Atentamente, Gral. Paulós.



16.09.2008 08:11 / RECORTES DE PRENSA

AL
12 al 15.09.08.
Resumen elaborado por la Secretaria de Derechos Humanos
del Partido por la Victoria del Pueblo
Visite sitio sobre Elena Quinteros
http://elenaquinterospresente.blogspot.com/
JORNADA DE RIVERA 13/09
Cordero, por ahora, sigue en Brasil.
El militar uruguayo que está recluido en la Brigada Militar, seguirá en ese lugar, en virtud de que no
hubo una definición con relación a su extradición. El Supremo Tribunal Federal brasileño suspendió la
sesión en la que estudiaba la extradición del Coronel retirado Manuel Cordero.
El primer Juez falló en contra de la extradición.
El ministro Marco Aurelio Mello, presentó su voto contrario a los pedidos de extradición de Uruguay y
Argentina, mientras que el Juez César Peluso, que sería el segundo de los once integrantes del STF en
votar, provocó la suspensión de la sesión al solicitar tiempo para analizar los dos procesos.
El Supremo Tribunal Federal interrumpió la sesión cuando los pedidos de extradición llevaban cuatro
votos en contra y uno favorable.
En cuanto a la extradición a Argentina, Mello explicó que los delitos por los que se le acusa
(asociación criminal y desaparición forzada) ya prescribieron. Tampoco estuvo de acuerdo con
extraditar a Cordero a nuestro país, porque los presuntos crímenes de Cordero no ocurrieron en
Uruguay.
Ricardo Lewandowsky, Ministro del Tribunal que votó a favor de la extradición, dijo que los niños
que fueron secuestrados por militares de sus madres en Argentina hasta hoy viven con otras familias,
por lo cual no hay prescripción para ese delito. En ese sentido, también rechazó un decreto del ex
Presidente argentino Carlos Menem, que amnistió a Cordero en 1989.
13. PRENSA (Salto) 13/09
Extradición de Cordero quedó en suspenso.
Finalmente fue suspendida la sesión del Supremo Tribunal Federal brasileño que debía decidir la
extradición de Manuel Cordero. Según informó la agencia DPA, el magistrado Marco Aurelio Mello,
presentó su voto contrario a los pedidos de extradición de Uruguay y Argentina, mientras que el juez
César Peluso que sería el segundo de los once integrantes del STF en votar, provocó la suspensión de
la sesión al solicitar tiempo para analizar los dos procesos. El Supremo Tribunal Federal interrumpió la
sesión cuando los pedidos de extradición llevaban cuatro votos en contra y uno favorable. Marco
Aurelio Mello, miembro informante del proceso, votó en contra de los dos pedidos, tanto de! realizado
por Argentina como por Uruguay. En cuanto a la extradición a Argentina, Mello explicó que los
delitos por los que se le acusa (asociación criminal y desaparición forzada) ya prescribieron. Tampoco
estuvo de acuerdo con extraditar a Cordero a nuestro país, porque los presuntos crímenes de Cordero
no ocurrieron en Uruguay. Ricardo Lewandowsky, ministro del Tribunal que votó a favor de la
extradición, dijo que los niños que fueron secuestrados por militares de sus madres en Argentina hasta
hoy no viven con otras familias, por lo cual no hay prescripción para ese deluo. En ese sentido,
también rechazó un decreto del ex presidente argentino Carlos Menem, que amnistió a Cordero en
1989. Cézar Peluso, otro de los magistrados de la Corte, pidió la suspensión de la sesión para contar
con más tiempo para analizar el proceso.
ÚLTIMAS NOTICIAS (Espacio Abierto) PÁG. 24 13/09
El pasado de Tróccoli.
Señor director:
El diputado Eduardo Brenta fue entrevistado por Canal 10 y Montevideo.com y realizó algunas
puntualizaciones sobre las declaraciones realizadas por el Dr. Adolfo Scarano Tróccoll, abogado
defensor del capitán Jorge Tróccolli. Brenta piensa que frente a un próximo pronunciamiento del fiscal
italiano Giancarlo Capaldo con relación a la situación legal y al futuro procesal del represor Tróccoli,
la defensa de éste buscaría "tener influencia sobre la Justicia italiana" en un intento de favoreceré!
destino de su defendido. "Me resulta totalmente sorprendente que el abogado anuncie juicios contra el
Estado uruguayo, cuando el propio capitán Tróccoli reconoció su participación en esos hechos en su
libro "La ira del Leviatán'", fundamentó Brenta. Adolfo Scarano, abogado en Italia del ex marino Jorge
Tróccoli, dijo que denunciará a todos los que trataron de torturador al ex marino, que se encuentra en
Italia a la espera de una resolución judicial. La causa por la que fue llamado a declararen Italia
investiga la desaparición de 24 ciudadanos italianos en el Cono Sur, durante la llamada "Operación
Cóndor", como se denominó a la acción represiva coordinada entre las dictaduras de Argentina,
Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia. A petición del fiscal Capaldo, la jueza del tribunal de
Roma, Luisanna Figliola, emitió 146 órdenes de captura contra militares argentinos, bolivianos,
brasileños, chilenos, paraguayos, peruanos y uruguayos. Por esa misma causa, el fiscal pidió
recientemente la extradición del militar uruguayo Antraig Ohannessian, que se encuentra en Buenos
Aires a la espera de una resolución de aquel país.
La próxima audiencia por este caso será el 18 de setiembre, día en que el Estado uruguayo sabrá si
pudo o 110 remediar el error cometido por la embajada uruguaya en Italia
Vertiente Artiguista (Secutaría dt: Prensa y Comunicaciones)
EL OBSERVADOR PÁG. 4 14/09
Fiscal pide interrogar a Bardesio en Argentina. LA JUEZA EUSTACHIO DEBERÁ DILIGENCIAR LA
MEDIDA ANTE LA JUSTICIA DEL VECINO PAÍS.
El ex integrante del Escuadrón de la Muerte fue detenido en julio a pedido de Uruguay.
El fiscal Ricardo Perciballe pidió a la jueza Graciela Eustachio que curse una solicitud ante la Justicia
argentina para viajar a interrogar al ex fotógrafo policial, Nelson Bardesio, integrante del grupo
parapolicial Escuadrón de la Muerte, detenido desde el 24 de julio en Buenos Aires a disposición de
Uruguay.
Una fuente del caso dijo a El Observador que el fiscal quiere ganar tiempo ya que el proceso de
extradición que se viene tramitando puede llevar meses.
En su planteo el fiscal le propone a Eustachio que la jueza también viaje a Buenos Aires y "constituir
despacho" en una sede judicial argentina para interrogar al indagado.
El ex fotógrafo policial y presunto integrante del Escuadrón de la Muerte se negó a ser extraditado en
forma voluntaria a Uruguay, por lo que se inició un proceso en Argentina, a cargo del juez federal de
Morón, Jorge Rodríguez.
Para el fiscal es fundamental interrogar a Bardesio sobre los cuatro crímenes que se le imputan a la
organización paramilitar: Héctor Castagnetto, Abel Ayala, Ibero Gutiérrez y Manuel Ramos Filippini.
Sobre todo Bardesio deberá responder sobre una declaración que dio hace 36 años a un grupo de
tupamaros que lo había capturado. El ex policía en su testimonio reveló la identidad de varios de los
miembros del Escuadrón de la Muerte. La mayoría de esas personas que están vivas, ya declararon
ante la Justicia.
También dio detalles sobre el secuestro y asesinato de Castagnetto, estudiante de Agronomía, ocurrido
en 1971. En su testimonio dijo que la Oficina de Estadística, Contralor y Difusión "servía de cubierta a
la planificación y ejecución de atentados". Con respecto al secuestro de Castagnetto dijo el joven
detenido en avenida Italia y Propios, "fue torturado y asesinado en la calle Araucana" y luego
"arrojado al río".
Posteriormente Bardesio rectificó su declaración y abandonó Uruguay con la ayuda de agentes de
Inteligencia de Estados Unidos. Después de vivir en Canadá, México y Estados Unidos, se radicó en
Buenos Aires, en junio de 2006.
El primer dato para ubicar a Bardesio fue obtenido por el Ministerio del Interior. A partir de ese
momento el Servicio de Paz y Justicia, patrocinante de la denuncia por la muerte de Castagneto,
investigó y entregó los datos obtenidos a la Justicia para que pudiera ser detenido.
lo escucharon. Los ex legisladores nacionalistas Carlos Julio Pereyra y Juan Raúl Ferreira declararon
en el expediente de Castagneto, que oyeron a Bardesio confesar que pertenecía al Escuadrón. Pereyra
dijo que en una reunión que se realizó en colegio Seminario Bardesio admitió la existencia del
escuadrón y dijo que temía ser juzgado por la Justicia puesto que había confesado las actividades
ilegales del grupo.
Juan Raúl Ferreira, quien asistió a esa reunión acompañando a su padre, Wilson Ferreira, declaró que
el ex policía reiteró la autoría del escuadrón de la muerte de varios crímenes tras ser liberado por el
MLN.
LA REPÚBLICA PÁG. 8 14/09
El vía crucis del Negro Viana Acosta. Historia presente. El primer trasladado de la dictadura confirma la
coordinación represiva de 1974.
Lo secuestró la Triple A en febrero de 1974. Lo torturaron Castiglioni, Campos Hermida, Cordero,
Gavazzo, Calcagno y Coubarrere en Argentina. Lo trajeron en un avión de Pluna. Le dieron tacho y
picana en Montevideo, Rocha y Minas, hasta el Goyo lo interrogó. Estuvo siete años preso. Hoy sigue
denunciando.
Roger Rodríguez | Editor
Antonio Viana Acosta era tupamaro y estaba radicado en Argentina desde abril de 1973. Vivía en el
barrio Once y trabajaba en Anchorena 51, la sede del Ministerio de Bienestar Social, eje del gobierno
del general Juan Domingo Perón, quien designó a José López Rega como secretario de esa cartera.
Viana Acosta fue testigo del proceso que se fue dando en aquel ministerio, donde se cobijarían los más
peligrosos elementos de la ultraderecha argentina. Los ojos de aquel moreno uruguayo criado en
Rocha llegaron a ver cómo, en el subsuelo del ministerio, cargaban armamentos en una ambulancia.
En el Carnaval de 1974 las cosas empeorarían, cuando jefes de la represión de las dictaduras de
Bolivia, Chile y Uruguay (representado por el inspector Víctor Castiglioni), acordaron con la Alianza
Anticomunista Argentina (Triple A) una coordinación represiva, que años después evolucionaría en el
Plan Cóndor.
Luego que se formalizara la coordinación represiva entre la ultraderecha argentina y las dictaduras de
la región, los "zurditos" que habían llegado al Estado con el gobierno del "delfín" Héctor Cámpora, se
convirtieron en un objetivo para los agentes de la represión porteña. Viana caería el 21 de febrero de
1974.
Los "pesados".
Al "Negro" Viana lo secuestraron los capos de la "patota" argentina: Almirón Sena, guardaespaldas de
López Rega, Luis Margaride, Alberto Villar, subjefe de la Federal y principal de la Triple A, Miguel
Angel Iñiguiz jefe de la Policía Federal y el coronel Jorge Osinde. Todos reconocidos como "pesados".
En democracia, lo llevaron a Coordinación Federal ("Coordina"), en la calle Moreno 1417, cerca del
Congreso. Allí lo torturaron los policías uruguayos Víctor Castiglioni y Hugo Campos Hermida, y los
militares Manuel Cordero, José Gavazzo, Sergio Coubarrere y Carlos Calcagno, a quién ya había
sufrido en el Batallón Florida.
Permaneció incomunicado en la Cárcel de Devoto varias semanas y lo llevaron a la Cárcel de Caseros,
por otros 20 días, hasta que lo pasaron al local de Alcaldía 21 y quedó con otros presos, entre ellos
varios bolivianos que iban a "poner en libertad". La acción represiva pactada en enero ya era
internacional.
Viana Acosta se las ingenió para poder sacar una esquela dirigida al exiliado senador Enrique Erro,
que estaba alojado en el Hotel Roy en la céntrica esquina de Corrientes y Esmeralda. Le pidió ayuda y
Erro les mando dos famosos abogados: Rodolfo Ortega Peña y Silvio Frondizi.
El "Vuelo 158" .
Los dos juristas argentinos, quienes ya habían colaborado con Zelmar Michelini en su presentación
ante el Tribunal Russell, presentaron un habeas corpus que obligó a la policía federal a cambiar o
acelerar sus planes. Era el 3 de abril de 1974 y hacía más de cuarenta días que Viana Acosta era
torturado.
Sólo un día después, el 4 de abril, a las 10 de la mañana lo volvieron a llevar a "Coordina", lo subieron
al 9º piso, y le anunciaron que sería entregado "sin causa" a la dictadura uruguaya. Fue el jefe de
interrogadores Juan Carlos Lapuyole (alias "El Francés") quien lo trasladó en un Falcón hasta
Aeroparque.
Lo instalaron en Migraciones, esposado a un calefactor. Lo subieron a un avión de Pluna. Era el Vuelo
158. Le sacaron las esposas y lo amenazaron para que no provocara incidentes. Quedó a cargo del
capitán de la nave: un aviador morocho trigueño, alto, corpulento. El día 5, a las 12.20 horas llegó a
Carrasco.
En el mismo vuelo viajaban su compañera, Estela Barboza, con su hijo David Rowinsky, quienes
también habían sido secuestrados y deportados. Le logró pasar una carta para advertirle sobre lo que
había declarado. Ella rompió la nota, pero los papeles aparecerían pegados cuando lo volvieron a
interrogar...
"¿No te dije...?"
Personal del Departamento 4 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) lo fue a
buscar dentro del avión a su llegada a Montevideo. Lo llevaron a San José y Yí, esposado y sin
capucha. Lo encerraron en las celdas de seguridad del cuarto piso. Allí pudo ver a Isacc Lewi.
En las celdas de Jefatura volvió a ser torturado e interrogado por el subcomisario Raúl R. Benítez
Caches (Viana no olvida la cicatriz de su rostro) y Pablo Fontana Zunino. El 9 de abril se decide su
traslado al Batallón Nº 12 de Rocha, el lugar donde había estado preso antes de viajar a Argentina.
Había sido liberado en 1972. "Si es necesario te voy a ir a buscar a donde sea y te voy a volver a traer
acá", le había advertido entonces el oficial Pedro Enrique Buzó Correa. El comisario Benítez lo
entregó para el traslado a Rocha. Buzó lo recibió con una sonrisa: "¿No te dije que te iba a ir a
buscar?", le dijo.
En Rocha, con el oficial Néstor Ramón Silvera Fonseca, lo bajaron a culatazos, lo arrastraron por la
Plaza de Armas y lo subieron al segundo piso del edificio principal donde estaba el "S 2" de
inteligencia militar. "¿Qué hacemos con éste?", preguntó el subalterno. "Tratamiento consabido", le
respondió el oficial.
A solas con Nino .
Fueron testigos de aquella tortura tres dirigentes principales de los tupamaros que estaban en el
Batallón. Eleuterio Fernández Huidobro ("El Ñato") se alojaba en la Celda "3". En la "2" estaba
Mauricio Rosencof ("Pelado" o "Caruso") y en la Celda 1, se encontraba José Mujica ("Pepe" o
"Facundo").
Fernández Huidobro relata el horror de aquella tortura al "Pantera Negra" durante aquellos días de
"tacho" y "picana", en los que su cuerpo masacrado era tirado diariamente en la Celda "4". Al quinto
día ya lo iban a torturar en el mismo calabozo. "Yo vivo en Buenos Aires, en Quilmes" se defendía
Viana.
El 22 de abril, llegó a Rocha el mayor José Nino Gavazzo. Acababan de matar a Silvia Reyes, esposa
de Washington Barrios, junto a sus amigas Laura Raggio y Diana Maidanick.
El Nino llevaba a una detenida de Artillería 1 y aprovechó para hacerle un careo con Viana en la
enfermería del Batallón 12.
Quería saber sobre Washington Barrios. Ante las negativas de Viana, Gavazzo lo subió a la sala del "S
2" y lo torturó personalmente. Le llegó a cerrar una puerta en la mano para quebrarle todos los dedos.
Entonces ordenaron que lo enviaran al cuartel de Minas... "Allí vas a hablar, todos hablan", le
advirtieron.
Zelmar y Barrios .
En El Batallón de Infantería Nº 11 de Minas lo volvieron a torturar el mayor Gustavo Adolfo
Taramasco Steinfeld ("Alfredo") del OCOA, los hermanos capitanes Héctor Mario Castromán y
Osvaldo Castromán, el capitán Tabaré Camacho Pastorino y personal del Batallón 12 de Rocha.
Viana recuerda los grados que los militares del Ejército llevaban en el cuello de sus uniformes como
los oficiales de la "SS" en la Alemania nazi. También reconoció a oficiales de la Fuerza Aérea en las
sesiones. Tampoco olvida la responsabilidad del piloto de la aviación que lo trajo en el viaje de Pluna.
El interrogatorio se centró en las actividades de Enrique Erro y Zelmar Michelini. Querían saber por
qué lo defendieron Ortega Peña y Frondizi. También le preguntaban por Washington Barrios, a quién
él desconocía. Se buscaba una justificación para las muertes de la calle Mariano Soler 3098.
En esos primeros días de mayo de 1974, el Negro Viana Acosta sufrió la intensa tortura en manos de
Gavazzo y el "pajarito" Jorge Silveira. Hacía tres o cuatro días que lo tenían colgado y dándole
"tacho", cuando alguien entró y en el lugar se hizo silencio...
La fusta del Goyo.
Ese día estaban presentes los oficiales Buzó, Silveira y Raúl Mario Saravia. Le pusieron una capucha
para que no reconociera al visitante, pero Viana había podido hacer pequeños agujeros en la tela para
ver. Era el general Gregorio Conrado Alvarez, entonces comandante de la División de Ejército IV.
"Así que es éste", dijo con sarcasmo el Goyo. Viana cuenta que el general se cansó de golpearlo con la
fusta e insistir en que dijera algo sobre Washington Barrios. Cuando comprendió que no lograría su
propósito, recuperó la compostura y dijo: "Pueden continuar con él... tiene que hablar".
Con el visto bueno del oficial superior, la tortura sobre Viana Acosta se convirtió en saña.
Tanto lo golpearon, lo picanearon y lo asfixiaron que uno de los que lo conocía de Rocha, tuvo que
advertir que el negro había sufrido un paro cardíaco cuando años antes lo torturaron en el Batallón 12.
Viana quedó días tirado en su celda, tapado con un poncho. Cuando volvieron a interrogarlo, dijo que
tenía ladillas.
Llegó a arrojar en el rostro del torturador un puñado de pelos y parásitos que arrancó de su pubis.
Tiraron DDT en su celda y casi se muere envenenado. Lo salvó un enfermero llamado Líber.
El "blanqueo".
Finalmente, Viana Acosta fue curado y preparado para devolverlo al Batallón 12 de Rocha. Allí no
volvieron a golpearlo. Sólo lo sometieron a algunos plantones.
El 24 de octubre de 1974 el prisionero dejó de estar en condición de "desaparecido" y fue llevado ante
el juez militar para ser procesado.
El juez militar de instrucción de 4º turno, capitán de navío Oscar Pío Llorens, asistido del secretario,
capitán Juan Emilio Dendrines, le imputó "asociación subversiva" y "atentado a la Constitución en el
grado de conspiración". Lo condenaron a seis años de cárcel que luego aumentaron a siete.
Permaneció en el Penal de Libertad (recorrió las alas 4 A y 4 B, las barracas y el 5 A) hasta que fue
liberado el 18 de febrero de 1981, a casi siete años exactos de su secuestro. Se exilió entonces en la
ciudad de Växjö, en el centro de Suecia, desde donde denunció internacionalmente su odisea.
Antonio Viana Acosta. Hoy vive en la Barra del Chuy, pero no olvida lo sufrido durante la dictadura
en 1974.
EL PAÍS PÁG. 6 15/09
Cordero: abogado descarta traslado. Temen por la salud del ex militar recluido en Brasil.
RIVERA FREDDY FERNÁNDEZ
En no más de diez días se sabrá si la Justicia brasileña concede o no, la extradición del militar
uruguayo Manuel Cordero, culminando de esa forma el proceso iniciado por Argentina, habida cuenta
que la solicitud realizada por Uruguay no prosperó.
A la audiencia que consideró el tema sólo asistieron seis ministros, y en opinión de Julio Favero -el
abogado brasileño que asiste al militar uruguayo-, "esos ministros no pueden votar este tema, según lo
que establece el artículo 134 del reglamento interno. Por lo tanto, sea cual sea la decisión del juez que
pidió para releer el expediente, es altamente probable que mi cliente no sea extraditado", sostuvo
Favero.
El ministro Marco Aurelio, que actuó como miembro informante, votó contra la extradición. El letrado
señaló que "el Supremo Tribunal Militar ha actuado con neto criterio jurídico, felizmente, no hubo
inclinaciones de carácter político".
Al abogado que representa al militar uruguayo que está alojado en la Brigada Militar de Livramento, le
preocupa el estado de salud de su representado, que "actualmente pesa 49 kilos". La pérdida de peso es
consecuencia de "la dolencia cardíaca que se ha ido com- plicando, en virtud de que no ha sido
sometido a una intervención quirúrgica, ya que no existen condiciones sanitarias en los lugares donde
ha estado alojado", indicó el profesional.
Después de haber estado alojado en la cárcel de la vecina ciudad, a raíz de una solicitud de la defensa,
la justicia intimó a la Policía Federal a alojar al militar en una dependencia donde contara con las
mínimas condiciones de higiene. Hasta hace pocos días, el militar uruguayo era el único detenido que
permanecía privado de su libertad en el cuartel ubicado a poco más de un kilómetro de la frontera.
Cordero fue detenido el 26 de febrero de 2007, en Santana do Livramento donde residía desde su huida
de Uruguay en 2004. Fue detenido por la orden internacional de captura lanzada por la justicia
argentina, a raíz de su participación en el Plan Cóndor, durante la dictadura.
LA DIARIA PÁG. 3 15/09
La firma va por deptos. Carámbula y Ehrlich se suman a campaña por la nulidad de la Ley de
Caducidad.
La semana pasada los ocho intendentes frenteamplistas (G8) resolvieron no tomar posición como
cuerpo frente a la posibilidad de firmar por la nulidad de la Ley de Caducidad y dejarlo en libertad de
acción.
Tres ya firmaron; Marcos Carámbula (Canelones) y Ricardo Ehrlich (Montevideo) lo harán
próximamente, y el resto lo está pensando.
Algunos de los jefes comunales se cuestionan si firmar por el compromiso del gobierno de no
pronunciarse sobre el asunto, a pesar del apoyo explícito que el Frente Amplio (FA) le dio a la
campaña por la anulación de la Ley de Caducidad y de las firmas oficialistas del senador José Mujica
(MPP) y del prosecretario de la Presidencia y hermano del presidente de la República, Jorge Vázquez.
Allegados a Carámbula confirmaron a la diaria que el intendente se unirá a la campaña cuando regrese
de su viaje a Israel, dentro de una semana. Las fuentes adelantaron que el intendente canario eligió
hacerlo en el comité de base de Las Piedras, un lugar significativo para él porque es donde "militó toda
su vida" y es, además, donde acostumbra rendir cuentas de su gestión. Por su parte, el capitalino
Ehrlich (MPP) "está viendo" cuándo y en qué marco firmará, según explicaron desde su entorno.
Quienes ya se adhirieron a la causa son el aliancista Óscar de los Santos (Maldonado) y los socialistas
Gerardo Amaral (Treinta y Tres) y Artigas Barrios (Rocha).
Éste aclaró a la diaria que lo hizo "en carácter de ciudadano y de militante del FA" para "dar la
posibilidad" de que el tema se dirima en el plebiscito. Barrios también dijo que prefirió hacerlo
reservadamente pero que no ha dejado "ni un día" de "trabajar para recolectar firmas" en su
departamento.
En cambio, su correligionario Amaral firmó en el marco de un breve acto olimareño meses atrás. "Lo
hice en forma individual y sin ánimo de comprometer al colectivo [en referencia al G8] ni a ningún
sector del FA", señaló a la diaria. Vale recordar que a nivel departamental pero desde filas blancas
también firmó Walter Zimmer (Colonia) para darle la oportunidad a la ciudadanía.
Tengo una duda En tanto, el jefe comunal floridense, Juan Giachetto (independiente), no ha tomado la
decisión.
Según declaró a este medio, está "pensando y madurando" cómo resolver la encrucijada que lo coloca
"con un pie adentro y un pie afuera" de la firma. "Estoy de acuerdo con que esto se laude de una vez y
se habilite a la ciudadanía la posibilidad de decidir. Pero por otro lado tengo presente que durante esta
administración no se iba a tocar el tema de la Ley de Caducidad. Voy a ver cómo me posiciono",
concluyó.
En el mismo sentido está reflexionando el también socialista Julio Pintos (Paysandú), aunque adelantó
que tomará una decisión a la brevedad.
"Por ahora, como representante del gobierno, acompaño la decisión del Ejecutivo, que se comprometió
a no incluir en la agenda el tema de la nulidad.
Pero lo voy a analizar en estos días porque esto depende de la manera en que uno lo haga", señaló,
agregando que quizás adopte una "posición individual" que lo aleje del compromiso como gobernante.
Tampoco adoptó posición el aliancista Ramón Fonticiella (Salto) pero adelantó que "en algún
momento" se pronunciará al respecto.
"Soy un defensor estricto de los derechos humanos y me siento muy comprometido. Estoy valorando
mi posición en función de pensar cómo se aportará más a los derechos humanos, si con ley o sin ley de
caducidad", alegó en conversación con la diaria. ¦ Lourdes Rodríguez




04.09.2008 12:44 / RECORTES DE PRENSA

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 5

Entierros: López Mazz recibió croquis. EL ANTROPÓLOGO YA TIENE EL INFORME ANÓNIMO QUE SE LE ENTREGÓ A LÓPEZ GOLDARACENA.

LA SECRETARÍA de Seguimiento de la Comisión para la Paz, que funciona en la órbita de la Presidencia de la República, derivó al equipo de antropólogos que dirige José López Mazz el croquis anónimo que señala presuntos lugares enterramientos clandestinos durante la dictadura en la Brigada de Artillería Antiaérea N° 1.

Según el plano, que fue difundido ayer por el diario La República, y cuya existencia fue denunciada ante el juez penal Luis Charles por el abogado Óscar López Goldaracena, existirían al menos ocho posibles lugares de enterramiento en el predio militar ubicado sobre el kilómetro 42,5 de la ruta 34, en la zona del balneario Salinas.

El documento fue agregado al expediente que investiga una seria de traslados de presos políticos desde Buenos Aires a Montevideo en el año 1978, caso por el que fueron procesados el año pasado el ex dictador Gregorio Álvarez y el marino retirado Juan Carlos Larcebeau a quienes se les imputó el delito de "desaparición forzada".

López Goldaracena pidió al magistrado que disponga medidas de "no innovar" en la zona, con miras a eventualmente iniciar excavaciones en el lugar. Paralelamente, la Presidencia podría disponer el inicio de búsqueda de restos, según un acuerdo firmado con la Universidad de la República.

De todos modos, en esta etapa lo que se pretende es confirmar la información que recibió de forma anónima el abogado, y por eso es altamente probable que ya sea por orden judicial o por decisión del Poder Ejecutivo se tomen medidas cautelares para preservar el predio, dijo López Goldaracena a Ultimas Noticias.

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 6

Ricardo Medina solicita careo con Sara Méndez. EL EX POLICÍA QUIERE CONFRONTARLA.

LA DEFENSA del ex policía Ricardo Medina evalúa solicitar la realización de un careo entre el ex represor procesado con prisión en 2006 por la desaparición de Adalberto Soba en Buenos Aires en 1976 y la ex integrante del PVP, Sara Méndez, la madre de Simón Riquelo, quien fue secuestrado horas después de nacer en cautiverio.

Ayer, los abogados Mauro Rinaldis y Jorge Belvisi contestaron ante el juez penal Luis Charles la acusación de la fiscal Mirtha Guianze, quien el mes pasado pidió que Medina sea condenado a cumplir 20 años de cárcel.

Además, la Fiscalía cambió la carátula de "privación de libertad" a "desaparición forzada".

En el escrito presentado ante el juez, la defensa rechazó la acusación fiscal porque, según afirman, Medina nunca prestó servicios en Argentina, y por ese motivo no se lo podría vincular con el caso. También cuestionaron el cambio de carátula pedido por la Fiscalía ya que implicaría una aplicación retroactiva del Derecho.

Además, los abogados del ex policía, que pidieron la realización de nuevas instancias probatorias, consideran la posibilidad de pedir un careo entre Medina y Méndez, porque entienden que sus declaraciones ante el juez Charles y la fiscal Guianze son "incongruentes e inconsistentes", dijo Rinaldis a Ultimas Noticias.

El abogado señaló que al pedir la condena de su defendido, la fiscal Guianze "se basó en un 80% en las declaraciones de Méndez, que son absolutamente contradictorias con lo que sostiene Medina, y eso hace que nosotros consideremos la posibilidad de solicitar el careo entre ambos".

Por la desaparición de Soba, además de Medina, fueron procesados José Niño Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez, para quienes la Fiscalía pidió una condena de 25 años de penitenciaria, al tiempo que para Luis Maurente y José Sande Lima la fiscal Guianze solicitó 20 años de reclusión.

Ahora, el expediente pasará a estudio de los abogados de los restantes ex procesados, para que formulen sus descargos ante la acusación. Luego, y si hace lugar a las pruebas que eventualmente puedan solicitarse, el juez Charles deberá decidir si condena a los ex represores, que actualmente están alojados en la cárcel especial de Piedras Blancas.




04.09.2008 12:41 / RECORTES DE PRENSA

LA DIARIA PÁG. 4

Tras la pista de los artilleros. Familiares de desaparecidos piden excavación en dos predios militares.

A partir de datos aportados en forma anónima mediante un croquis, el abogado Óscar López Goldaracena presentó ayer un petitorio orientado a la búsqueda de restos de desaparecidos en dos terrenos en que se presume que hubo enterramientos clandestinos, uno de ellos ubicado en el cerro de Montevideo y el otro, en el actual Batallón de Artillería Antiaérea (kilómetro 42 y medio de la ruta 34, departamento de Canelones).

El abogado pidió al juez Luis Charles y a la fiscal Mirtha Guianze que la Fiscalía, la Policía Técnica, peritos y el Departamento de Antropología Forense de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República puedan ingresar a esos lugares para verificar la viabilidad de realizar excavaciones, y que se aplique en ellos el criterio de "no innovar", para evitar eventuales modificaciones del terreno.

El escrito se incorporó al expediente que llevó al procesamiento con prisión de Gregorio Álvarez y Juan Carlos Larcebeau, así como el pedido de extradición de Néstor Tróccoli, por la desaparición en 1977 y 1978 de unos 20 uruguayos que estaban exiliados en Argentina y que habrían sido ejecutados aquí.

En la denuncia de esos crímenes ya se señalaba la posibilidad de que alguno de los detenidos desaparecidos estuviera enterrado en ese predio de Canelones.

El croquis que señala los presuntos enterramientos llegó anónimamente a los denunciantes, y tiene una anotación que refiere al año 1973. En aquel entonces, la Brigada de Artillería Antiaérea 1 estaba ubicada en Santín Carlos Rossi y La Boyada, en la zona del Cerro montevideano.

Un grupo de artilleros vinculados con el aparato de Inteligencia militar utilizó ese lugar antes de 1974 para la reclusión de presos políticos, y por eso se pidió que también haya investigaciones allí.

En 1974, los artilleros se mudaron al predio de la ruta 34, que le "conquistaron" a los tupamaros, y entre los militares que operaron allí estuvieron los archiconocidos de siempre: José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, y otros. Según el libro A todos ellos, de Familiares de Detenidos Desaparecidos, integraron ese grupo los militares Tabaré Acuña, Hugo Bértola, Mario Mouriño, Anselmo Rubio y Ruben Atilio Sosa. En el croquis están anotados los nombres de otros dos militares que habrían "trabajado" en el lugar, y López Goldaracena pidió que se libraran oficios al Ministerio de Defensa para chequear la verosimilitud de esos datos.

Hay varios testimonios que vinculan las desapariciones de Roberto Gomensoro Josman y Eduardo Pérez Silveira con el grupo de Artillería, muchos de cuyos miembros revistaron en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

En la Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos auspiciada por el gobierno se informó sobre la realización de visitas y relevamientos fotográficos aéreos que confirmaron la existencia en el terreno del Batallón de Artillería Antiaérea de lugares descritos en varias denuncias. Pero la parte del documento referida a ese predio culmina señalando que se hizo una "aproximación" al estudio del lugar. Más nada. Por ahora.

LA DIARIA PÁG. 4

Salen con fritas. EXTRADICIONES.

El Plan Cóndor llevará de vuelta a Argentina, si la salud lo permite y las condenas autóctonas se extinguen antes que la vida, a José Arab, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas, Jorge Silveira, José Nino Gavazzo y Ricardo Medina, para ser juzgados por los crímenes cometidos bajo el amparo de aquella coordinación represiva que funcionó en el Conosur. Publicó ayer La República que el Tribunal de Apelaciones de 2º Turno, integrado por José Balcaldi, Alfredo Gómez Tedeschi y William Corujo, avaló la decisión que en primera instancia había tomado el juez penal Juan Carlos Fernández Lechini, de acoger la solicitud de la Justicia argentina. Pero no en todos sus términos, sino que la amplió tal como lo había solicitado la fiscal del caso, Ana María Tellechea, al revocar el límite que había impuesto Fernández, al establecer en su fallo la imposibilidad de que fueran juzgados por "asociación para delinquir".

Los ministros entendieron "que todo aquello que sea motivo de debate sobre el fondo de la cuestión litigiosa" no puede definirse durante "el proceso de extradición".

Entre otros expedientes aún no resueltos que los tienen como imputados principales, los seis extraditables ya fueron procesados por "privación de libertad" en el caso de Adalberto Soba aquí en Uruguay, por eso el Tribunal dictaminó que "la entrega de los reclamados se hará efectiva una vez extinguidas sus responsabilidades penales" de este lado del río.

LA REPÚBLICA PÁG. 2

Piden no innovar en unidad militar. Croquis anónimo. Identificó presuntos enterramientos clandestinos.

Sitios de interés en la Brigada de Artillería Antiaérea N° 1.

La Justicia recibió ayer una solicitud de "no innovar" en el predio de la Brigada de Artillería Antiaérea N° 1, ante la eventualidad de la existencia de lugares de enterramiento clandestino en esa unidad militar "revelados" por un croquis de procedencia anónima.

El abogado Oscar López Goldaracena presentó ayer una denuncia solicitando se disponga una "orden cautelar de no innovar" en la Brigada Antiaérea N°1, con vistas a "la realización de las excavaciones arqueológicas" ante la eventualidad de la existencia de enterramientos clandestinos en ese predio militar.

La denuncia se sustenta en un croquis anónimo "donde se revelan posibles lugares de enterramientos clandestinos".

Los restos podrían "corresponder a víctimas de desaparición forzada durante la pasada dictadura cívico-militar", entre ellos "desaparecidos en Argentina trasladados clandestinamente hacia Uruguay", indica el escrito presentado por el abogado.

La Brigada de Artillería Antiaérea N° 1 se encuentra en Empalme Olmos, ruta 34, kilómetro 42,5.

El croquis o plano "marca con cruces o asteriscos" los posibles lugares de enterramiento "ubicados a los fondos del predio militar, junto a un 'alambrado', 'calzada' y 'arroyo', no pudiendo precisar si dichos lugares se encuentran dentro o fuera del predio mencionado", dice.

El croquis contiene además "una anotación en recuadro en el margen derecho inferior que reza: 'AÑO 73 M.3 GORDO QUEMADO POLÍGONO TIRO JUNTO A CABALLO MUERTO LA PALOMA'.

Dicha anotación probablemente refiera a un enterramiento situado en otro lugar, ya que el actual emplazamiento de la Brigada de Artillería Antiaérea N° 1 lo es desde 1975", señala el abogado.

El anterior "asiento" de la Brigada sería "en la zona de La Paloma, Cerro de Montevideo, calle Santín Carlos Rossi y La Boyada, donde luego funcionó el Grupo de Artillería los mm N° 1", dice la denuncia.

"En dicho lugar, entre 1973 y 1975 habrían desaparecido Eduardo Pérez Silveira y Roberto

Gomensoro Josman", según indica el libro "A Todos Ellos".

La denuncia presentada ayer se tramitará dentro del mismo expediente, "como pieza por separado no acordonada", al que se tramita contra Gregorio "Goyo" Alvarez y el marino Juan Carlos Larcebeau por el traslado clandestino de presos políticos en 1978.

La Brigada de Artillería "se encuentra próxima al Aeropuerto Internacional de Carrasco", por lo cual "no es descabellado pensar que allí podrían haber sido trasladados desaparecidos traídos por avión desde Buenos Aires, sin que ningún detenido-sobreviviente los hubiera visto".

La presunción se desprende al no tenerse la "certeza de que dicho predio militar hubiese servido como centro de detención para presos políticos".

LA REPÚBLICA PÁG. 2

SITIO YA FUE RELEVADO.

El abogado presentó el croquis con posibles lugares de enterramiento ante la Comisión de Seguimiento de la Comisión Para la Paz. El sitio indicado ya fue objeto de estudio por el equipo de Antropología Forense, pero se estima que el plano puede aportar mayor certeza en la búsqueda.

La integrante de la Comisión, Soledad Cibils, tomó contacto con el juez Penal de 19° Turno, Luis Charles, para coordinar una actuación conjunta en la causa. Esto podría implicar una actitud común del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en la búsqueda de detenidos desaparecidos.

La Brigada de Artillería Antiaérea N° 1 ya fue planteada como posible lugar de enterramiento, en la denuncia que devino en el procesamiento de Gregorio Alvarez y Juan Carlos Larcebeau y se reiteró en el libro "Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos", de Presidencia de la República.

LA REPÚBLICA PÁG. 6 (Parte de Nota)

El Senado aprobó la Convención contra la Desaparición Forzada. Sin votos. Quedó trunca designación del presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Julio Guillot

Desde el Senado

A continuación, el mismo Michelini informó sobre la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 61ª Reunión, y firmada por nuestro gobierno el 6 de febrero de 2007 (ver recuadro).

Mariano Arana destacó lo exhaustivo del informe de su correligionario, pero resaltó la enorme importancia de que el país haya suscrito y ratificado una Convención de esa naturaleza.

En el mismo sentido se pronunció Margarita Percovich, haciendo hincapié en que también se reconoce en el texto de la Convención la sustracción y cambio de identidad de bebés, así como el derecho de todos de conocer la verdad. Luis A. Heber también se sumó entusiasta a lo expresado por sus pares.

Por fin, tomó la palabra Sanguinetti para saludar la ratificación de la Convención, aunque no dejó pasar la bolada para aludir a Hitler y a Stalin y a guerrillas como las FARC, responsables todos ellos de la desaparición de personas.

Todos los senadores presentes votaron afirmativamente. No ocurrió lo mismo cuando el Cuerpo abordó la solicitud de venia remitida por el Ejecutivo para designar como presidente del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo al contador Martín Dibarboure Rossini. Sin aducir motivo alguno, ni blancos ni colorados votaron la venia, por lo que la misma resultó desechada. Habrá que esperar 60 días para que pueda aprobarse por mayoría simple.

Pero sí se lograron los votos para designar como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República ante el gobierno de la República de la India al señor César Ferrer Burlé, de vasta trayectoria en la Cancillería.

LA REPÚBLICA PÁG. 6

Se excluye el principio de obediencia debida. Michelini fue el miembro informante.

La Convención es la respuesta de la comunidad internacional a los hechos por todos conocidos, ocurridos bajo las dictaduras cívico-militares durante los años setenta y ochenta en Latino América, pero se reconoce que la práctica de la desaparición forzada de personas es, por desgracia, una costumbre añeja de la humanidad. "Es cierto que las leyes no impiden que los delitos sigan cometiéndose, pero son un freno moral de incuestionable valor", sostuvo el miembro informante Rafael Michelini, quien dedicó su extensa exposición a enumerar el contenido de cada artículo de la Convención, mostrando que allí están contempladas todas las modalidades y variantes de la desaparición forzada. Está expresamente excluido el principio de obediencia debida, del mismo modo que los Estados no podrán argüir justificación alguna para la desaparición o detención arbitraria; también está previsto que en los traslados de prisioneros no se lleven a cabo simulacros de fuga.




04.09.2008 12:39 / RECORTES DE PRENSA

Tribunal ratificó extradición de 6 represores por Plan Cóndor. Por unanimidad. El fallo establece que 'la

entrega se hará efectiva una vez extinguidas sus responsabilidades penales' en Uruguay.

La Justicia ratificó, en segunda instancia, la extradición de seis represores uruguayos a la República

Argentina, con vistas a ser juzgados por los crímenes del "Plan Cóndor". El Tribunal, sin embargo, no

privó a la Justicia argentina de imputar "asociación para delinquir".

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno ratificó la extradición de los militares José Arab,

Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas, Jorge Silveira y José Nino Gavazzo y del ex jerarca policial

Ricardo Medina a Argentina, con vistas a ser juzgados por los crímenes ocurridos durante la

concertación represiva de la "Operación Cóndor".

Los ministros del Tribunal José Balcaldi, Alfredo Gómez Tedeschi y William Corujo confirmaron, de

forma unánime, la sentencia en primera instancia del juez penal de 1º Turno, Juan Carlos Fernández

Lecchini, concediendo la extradición de los seis represores, "con una salvedad que lleva ínsita su

parcial revocación".

En este sentido, el Tribunal hizo suyo el agravio emitido por la fiscal Ana María Tellechea y concedió

la extradición de los seis represores con la posibilidad de que sean juzgados en Argentina por el delito

de "asociación para delinquir", lo cual había sido rechazado en primera instancia.

Los ministros entendieron "que todo aquello que sea motivo de debate sobre el fondo de la cuestión

litigiosa" no puede resolverse de forma anticipada "en el proceso de extradición", por lo cual a la

Justicia uruguaya no le compete ingresar en "el fondo del asunto".

La responsabilidad de la Justicia uruguaya ante un pedido de extradición es examinar si el Estado

requiriente tiene jurisdicción, si la demanda es conforme al tratado de extradición entre ambos países y

si la misma se acompaña de los documentos exigidos, estimó el ministro William Corujo en su fallo.

"Los tribunales argentinos, en tanto exhortantes, son los competentes para sustanciar y resolver el

juicio penal, debiendo los nacionales intervenir al solo efecto de concederlas o denegarlas. No se

valora el fondo del asunto sino la verificación de la regularidad", señaló Corujo.

El ministro Gómez Tedeschi expresa una "idéntica" opinión en este punto. "El juez requerido debe

analizar el pedido desde el punto de vista formal, sin ingresar al análisis del mérito de la causa", dice la

sentencia.

La Sala entendió que "se cumplen en autos las formalidades exigidas por el Tratado de Extradición

suscrito entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina", vigente desde el 12 de

octubre de 2000, ya que "el Tribunal requiriente tiene jurisdicción para enteder en la causa por los

delitos que se le imputan a los requeridos".

Además, los ministros del Tribunal rechazaron el agravio de los militares para evitar la extradición

ante la existencia de "presumarios" en Uruguay, por los cuales se investiga el destino final de personas

desaparecidas durante la última dictadura.

"Una cosa es que se investigue determinado hecho de apariencia delictiva (en el caso, la desaparición

de determinadas personas ocurrida en Argentina en el marco del Plan Cóndor), y otra muy diversa, que

una o varias personas estén siendo juzgadas por ello", señala la sentencia.

"La única situación donde efectivamente le asiste razón a los agraviados es en el caso de la

desaparición de Adalberto Soba, donde los ahora requeridos están siendo sometidos a proceso

criminal". Los seis requeridos ya fueron procesados por "privación de libertad" en el caso de Adalberto

Soba, "con lo cual el asunto está laudado", indica la sentencia.

Por esta razón, el Tribunal falló que "la entrega de los reclamados se hará efectiva una vez extinguidas

sus responsabilidades penales" en Uruguay y se otorga "un plazo de sesenta días" para que el Estado

requiriente exprese "si acepta las condiciones en que se admite la entrega de los requeridos", culmina

la sentencia. Los militares tienen la potestad de recurrir el fallo en "casación", ante la Suprema Corte

de Justicia.

LA REPÚBLICA PÁG. 5

CASO MARIA CLAUDIA.

El pedido de extradición contra los seis represores uruguayos fue librado por el juez federal Guillermo

Montenegro, con vistas a juzgarlos por la coordinación represiva entre las dictaduras de América del

Sur (Plan Cóndor) y el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman. Las defensas de

los militares apelaron la decisión utilizando el argumento de que la causa a juzgar estaba comprendida

por la Ley de Caducidad, lo cual fue rechazado en primera y segunda instancia. La deteminación sobre

si un hecho ingresa o no "en la caducidad establecida por la ley" es privativa del Poder Ejecutivo, "y si

este franqueó el pedido (...) obra, sin hesitación, un pronunciamiento expreso de dicho Poder acerca de

tal cuestión". La Sala no puede agregar "nada" en este tema, ya que "carece de potestades para analizar

la licitud o no de determinada ley, cuestión que solamente y, dentro del limitado ámbito de la

constitucionalidad, le es atribuida a la SCJ", dice la sentencia.




04.09.2008 12:37 / RECORTES DE PRENSA

LA REPÚBLICA PÁG. 7 30/08

Ex agente Bardesio rechazó ser extraditado y comienza el juicio. Traslado. La semana pasada compareció ante el juez y declinó traslado voluntario al Uruguay.

El ex fotógrafo policial e integrante de los "Escuadrones de la Muerte", Nelson Bardesio, se negó a ser extraditado de forma voluntaria a Uruguay. Ahora, se iniciará el juicio en Argentina para definir su extradición por su participación en la organización paramilitar.

El pedido de extradición contra Bardesio fue derivado a la Secretaría Nº7 del Juzgado de Morón, cuyo titular es el doctor Claudio Galdi, tras recibir la requisitoria internacional cursada por la jueza Penal de 8º Turno, Graciela Eustacchio. El caso Bardesio está contenido en el Expediente Nº 4324 del Juzgado Federal de Morón de 2º Turno. El trámite en Argentina consta básicamente de dos etapas. En primer lugar, cuando el pedido formal llega al juzgado correspondiente, se le hace saber al imputado cuáles son los delitos por los cuales se pide su extradición. Esa es la única oportunidad que el imputado tiene durante todo el proceso para realizar lo que jurídicamente se denomina allanarse al pedido de extradición, es decir, aceptarlo voluntariamente. Si accede, el paso inmediato es el traslado automático al país solicitante. En caso de negarse, se ingresa a la etapa siguiente que es el inicio de un juicio para definir si se concede o no la extradición. La requisitoria está en poder del juez Jorge Rodríguez desde el pasado 15 de agosto.

Bardesio compareció la semana pasada ante el juez Rodríguez y no se allanó a la extradición, por lo tanto ahora el magistrado deberá determinar en un juicio si hay mérito para proceder al traslado, confirmaron fuentes judiciales argentinas a LA REPUBLICA.

Las mismas fuentes señalaron que es muy difícil poder determinar cuánto tiempo podría extenderse el proceso. Muchas veces el trámite "es rápido", pero también puede dilatarse si los abogados defensores solicitan ampliación de información. En el caso de Bardesio, el juzgado de Morón tiene que pedir la mayoría de los datos a nuestro país, ya que los hechos ocurrieron en Uruguay.

De todos modos, en la sede existe voluntad para no extender demasiado el juicio y procurarán culminar las actuaciones en forma "medianamente ágil", dijeron los informantes.

Ante esta eventualidad, el fiscal Ricardo Perciballe analiza solicitar autorización para trasladarse junto a la jueza Eustachio hacia Argentina para interrogar "directamente" al ex agente de la CIA. La intención de la Fiscalía es procurar adelantar los plazos de declaración ante la posible demora del proceso extraditorio, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA. La otra posibilidad manejada por el fiscal Perciballe sería remitir un exhorto internacional para procurar la declaración de Bardesio sobre los crímenes imputados al "Escuadrón de la Muerte", sobre los albores de la década del 70 en Uruguay, precisaron las fuentes.

El pedido de extradición expedido por la jueza Eustacchio tiene como objetivo interrogar a Bardesio por los cuatro crímenes imputados a la organización paramilitar, es decir, las desapariciones de Héctor Castagnetto y Abel Ayala y los homicidios de Ibero Gutiérrez y Manuel Ramos Filippini.

El ex miembro del "Escuadrón de la Muerte" y ex fotógrafo policial Nelson Bardesio se encuentra bajo arresto administrativo desde el jueves 24 de julio, cumpliendo con la orden de la justicia uruguaya.

LA REPÚBLICA PÁG. 7 30/08

Evalúan solicitar procesamiento del dictador Bordaberry por 'atentado a la Constitución'. Había sido rechazado en primera instancia por la jueza Gatti.

La fiscal Ana María Tellechea analiza solicitar el procesamiento del dictador Juan María Bordaberry por el delito de "atentado a la Constitución", el cual fuera rechazado en una primera instancia por la jueza Penal de 7º Turno, Graciela Gatti. La imputación será presentada una vez que la jueza Gatti le remita a la fiscal "en vista" el expediente judicial para que, tanto la Fiscalía como la defensa del ex dictador, soliciten el diligenciamiento de nueva prueba en la causa.

Tellecha pretende imputar a Bordaberry el delito de "atentado a la Constitución" por liderar el Golpe de Estado del 27 de junio de 1973, ya que a su entender el mismo es un delito de "lesa humanidad", según publicó ayer Ultimas Noticias. La consideración de la Fiscalía torna imprescriptible el delito. Al entender de la representante del Ministerio Público, la ruptura democrática en Uruguay fue la causa que permitió la posterior violación sistemática de los derechos humanos contra los opositores a la Dictadura cívico-militar. El 20 de diciembre de 2006, la jueza Graciela Gatti procesó con prisión a Bordaberry como "coautor" en 10 "delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real", pero desestimó el pedido de la fiscal Tellechea de imputar el delito de "atentado a la Constitución" por estar "prescripto". El Tribunal de Apelaciones de 3er. Turno confirmó el

procesamiento dispuesto por la magistrada contra Bordaberry, avalando el proceso como "coautor" de "diez homicidios muy especialmente agravados en reiteración real" y desestimando el delito de atentar contra la Carta Magna. Bordaberry fue procesado además en 2006, junto a su canciller Juan Carlos Blanco, por el juez Penal de 11º Turno, Roberto Timbal, como "coautor" de "cuatro delitos de homicidio especialmente agravado". El fallo se baso en su responsabilidad en los asesinatos, en 1976, de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw.

LA REPÚBLICA PÁG. 7 30/08

Piden 20 años para Blanco. Caso Quinteros.

La fiscal penal Mirtha Guianze pidió una condena de 20 años de prisión para el ex canciller Juan Carlos Blanco por su responsabilidad jerárquica en el secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros en 1976.

Guianze presentó el pasado miércoles 27 la petición de condena de Blanco, ex ministro de Relaciones Exteriores durante la Presidencia de Juan María Bordaberry, ante el Juzgado Penal de 1er. Turno, a cargo del juez Juan Carlos Fernández Lecchini.

La solicitud de la Fiscalía implica un cambio de carátula en la causa contra el ex canciller de la Dictadura, ya que el escrito solicita la tipificación del delito de "desaparición forzada". Blanco fue procesado en el año 2002 como "coautor" de un delito de "privación de libertad.

El escrito de la Fiscalía será derivado a su defensa, a cargo del abogado Carlos Curbelo Tammaro, quien dispondrá de 30 días para responder las imputaciones realizadas contra su patrocinado. Tras la respuesta, el juez Fernández Lecchini deberá resolver si condena definitivamente al ex canciller de la Dictadura.

La maestra Elena Quinteros fue secuestrada del interior de la Embajada de Venezuela el 28 de junio de 1976, cuando se disponía a pedir "asilo político". Militante anarquista había sido detenida unos días antes y aprovechó una distracción de sus captores para saltar el muro de la Embajada desde donde fue "arrebatada".

La Comisión para la Paz concluyó que sus restos fueron enterrados en el Batallón Nº 14 de Toledo y luego incinerados tras ser exhumados en el marco de la "Operación Zanahoria". Sin embargo, otras versiones indican que su cuerpo fue sepultado en Batallón Nº 13, ubicado en la avenida de Las Instrucciones.

El secuestro de Elena Quinteros desde las entrañas de la Embajada provocó una crisis diplomática entre Venezuela y Uruguay por la cual ambas naciones rompieron relaciones. La ruptura diplomática se extendió hasta 1985.




01.09.2008 08:13 / RECORTES DE PRENSA



EL OBSERVADOR PÁG. 10

Fiscal Guianze pidió 20 años de cárcel para Juan Carlos Blanco. POR EL CASO DE LA MAESTRA ELENA QUINTEROS.

Además solicitó que se le impute el delito de desaparición forzada.

La fiscal Mirtha Guianze pidió 20 años de condena para el ex canciller Juan Carlos Blanco, procesado por la desaparición de la maestra Elena Quinteros, ocurrida en 1976. Además, solicitó al juez Juan Fernández Lecchini que se le impute el delito de desaparición forzada, dijeron a El Observador fuentes judiciales. Blanco está procesado desde 2002 pero por el delito de homicidio muy especialmente agravado. Sin embargo, la fiscal Guianze entiende que la desaparición forzada,vigente desde 2006, se aplica mejor al caso.

Según la magistrada, la información aportada por la Comisión para la Paz, no ha sido probada y las posteriores versiones que se han dado al juzgado sobre la situación de la maestra, "son falsas".

Actualmente, el ex canciller cumple prisión en Cárcel Central por el homicidio de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Por el caso Quinteros estuvo en prisión entre octubre de 2002 y mayo de 2003, en que obtuvo la libertad provisional.

Volvió a la cárcel en noviembre de 2006, por el caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Si bien su defensor, el abogado Carlos Curbelo Tammaro, presentó informes médicos y pidió la prisión domiciliaria esa solicitud fue rechazada por el juez Roberto Timbal y la fiscal Guianze.

Nuevo delito. El delito de desaparición forzada tiene una pena que va de 2 a 25 años de cárcel. Es un crimen de lesa humanidad y castiga a la persona que hayan tenido participación en la vinculación con la privación de libertad o desaparición de otra.

Por primera vez se le aplicó al ex dictador Gregorio Alvarez en diciembre, cuando el juez Luis Charles lo procesó por responsabilizarlo de los traslados clandestinos de 1978 de detenidos desde Argentina a Uruguay. La defensora pública Estela Tonar apeló ese procesamiento y planteó que el delito no puede ser aplicado retroactivamente.

El tribunal de apelaciones penal de segundo turno estudia actualmente el caso y existen dudas sobre esa figura, según pudo saber El Observador.

LA REPÚBLICA PÁG. 2

Militar a un paso de ser liberado tras rechazo a pedido de extradición. Goldaracena. Pidió cierre de fronteras. Juez Tapié rechazó pedido desde Argentina.

Uruguay Araújo Umpiérrez. El ex oficial de la Fuerza Aérea podría ser excarcelado. La Justicia rechazó en las últimas horas el pedido de extradición contra seis militares y policías uruguayos solicitado por el juez federal argentino Norberto Oyarbide, en el marco de la causa que se sustancia en el vecino país por el secuestro y detención ilegal de María Claudia García de Gelman.

A raíz de esta medida, el abogado Oscar López Goldaracena solicitó anoche a la fiscal Mirtha Guianze quien actúa en la mega causa por el denominado "Segundo Vuelo" el cierre de fronteras para los ex represores, medida que evaluaría en esta jornada. La resolución del juez penal de 5º Turno, Daniel Tapié señala la imposibilidad de acceder al pedido de extradición contra los militares y policías al haberse dispuesto en Uruguay la reapertura de la causa judicial por la cual se investiga el paradero de la joven argentina desaparecida sobre fines de 1976. El magistrado entendió "la preeminencia del proceso reabierto recientemente en Uruguay por sobre el pedido argentino", en base a lo que señala el acuerdo de extradición entre los países del Mercosur, explicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA. Antes, el fiscal Eduardo Fernández Dovat había "condicionado" la extradición de los militares a la posible reapertura del "caso Gelman" en Uruguay.

La resolución judicial dispone además "el cese del arresto administrativo" de los militares Ricardo Arab, Jorge "Pajarito" Silveira, Gilberto Vázquez, José Nino Gavazzo, el aviador José Araújo Umpiérrez y el policía Ricardo Medina, por lo cual deberán ser puestos en libertad, precisaron las fuentes.

Sin embargo, el único de los militares liberado será el capitán Uruguay Araújo Umpiérrez, ya que no enfrenta ningún otro proceso de extradición desde el extranjero ni ha sido procesado en Uruguay por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Los demás militares fueron procesados por su implicancia en la desaparición de Adalberto Soba Fernández. En esta causa la fiscal Mirtha Guianze solicitó recientemente el procesamiento de Araújo Umpiérrez por su implicancia como coordinador del "Segundo Vuelo" de Automotores Orletti, por el cual se trasladó de forma ilegal hacia Uruguay, a 22 personas el 5 de octubre de 1976, entre ellas posiblemente María Claudia.

El juez penal de 2º Turno, Pedro Salazar, y el fiscal Eduardo Fernández Dovat, en tanto, tomaron ayer declaración al periodista de LA REPUBLICA Roger Rodríguez, al jefe del equipo de antropólogos, José Luis López Mazz, y al ex soldado uruguayo y ex agente del SID en 1976, Julio Cesár Barboza, en el marco de la causa Gelman.

Los testigos brindaron relevante información para la causa, sobre todo en el caso de Rodríguez, quien narró ante el magistrado toda la investigación de LA REPUBLICA sobre la desaparición de María Claudia, entre ellas, la revelación de la existencia de Base Valparaíso y del "Segundo Vuelo" y las "reglas" de la coordinación represiva internacional. "Los que saben son los ex soldados del SID, porque así como los altos oficiales no hacían pozos, tampoco se los ve dando mamaderas", dijo Rodríguez.

El periodista entregó un CD con 32 artículos de LA REPUBLICA, donde se detalla cronológicamente la causa de María Claudia y adelantó la posibilidad de que próximamente "salgan a la luz" nuevas investigaciones sobre la causa, una vez que las mismas se culminen.

LA REPÚBLICA PÁG. 3

DIVERGENCIAS POR FIRMAS.

El futuro de la Ley de Caducidad genera dentro del gobierno posiciones dispares. Mientras que algunos dirigentes y representantes del Ejecutivo apoyan su derogación a través de la recolección de firmas, otros que no apoyan la norma, tampoco propician su derogación y manifiestan dudas sobre su validez jurídica.

El presidente en ejercicio, Nin Novoa, puso en duda la validez de una eventual derogación. Sobre "la juntada de firmas tengo muchas dudas sobre el efecto jurídico", expresó a la prensa.

Por su parte. José Mujica fue determinante al señalar que "el congreso (del Frente Amplio FA), habilita a juntar firmas, pero parece que es etéreo, sería bueno para ponerlo en el libro de Guinness", ironizó el líder del MPP, quien días pasados firmó al recurso. El senador se preguntó que si "los militantes están habilitados para juntar firmas y los dirigentes no quieren, que lo explique Mandrake, porque yo no lo puedo explicar".

Mujica subrayó que "me muevo con mi conciencia y con mi cabeza". Y se preguntó: "Si era así, ¿por qué no lo dijeron en el Congreso?, ¿por qué se callaron la boca? Mucho peor; tienen una bruta responsabilidad".

En la víspera, el ministro de Defensa José Bayardi expresó la posición del Poder Ejecutivo en torno al tema, "no creo que haya mecanismos que permitan anular la ley en nuestro sistema jurídico institucional".

CRÓNICAS PÁG. 4

Batlle se consideró restituido en su honor luego que Marenales ensayó una disculpa. Con el tema del Escuadrón de la Muerte en el medio.

El ex presidente Jorge Batlle consideró restituido su honor en el juicio por difamación e injurias que impulsó contra el dirigente tupamaro Julio Marenales que lo había acusado de defender la creación de los escuadrones de la muerte a principios de los años 1970. Batlle le dio la mano a Marenales al concluir el juicio oral y después de que éste indicara ante el tribunal que "no tenía problemas para disculparse" si era falsa la información sobre la

presunta relación del ex presidente con los paramilitares.

Marenales había acusado a los ex presidentes Batlle (2000-2005) y ex presidente Julio María Sanguinetti (1985-

1990 y 1995-2000) de haber sido los "cerebros políticos" de los escuadrones de la muerte organizados en los años previos a la dictadura (1973-1985).

Batlle había subrayado que esas acusaciones eran "algo que no se puede pasar por alto", además de "una injuria una falsedad", que "atacan valores trascendentales de la democracia". Sin embargo, según afirmó el abogado del que fuera miembro de la cúpula dirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, la información

que manejó Marenales era "de público conocimiento" y basada en "documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos".

El abogado, Homero Guerrero, explicó que en 2003 la prensa recogió una carta del ex embajador de Estados Unidos en Uruguay Charles Adlair que en febrero de 1972 involucraba a Batlle en la idea de crear un comando para luchar contra los guerrilleros del MLN-Tupamaros. Marenales hizo una vinculación entre el ex presidente y los escuadrones de la muerte en base a esa carta, agregó el abogado. Por su parte, el abogado de Batlle, el ex

diputado colorado Jorge Barrera, afirmó que la única intención de este juicio era ver restituido el honor del ex presidente y no obtener una condena para Marenales.

LA DIARIA PÁG. 4

Expediente en marcha. Un ex soldado fue el primer testigo en declarar en caso Gelman. La causa por la desaparición de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman empezó ayer a caminar en el juzgado de Pedro Salazar. Se tomó indagatoria a un soldado que integraba el Servicio de Información y Defensa (SID), Julio César Barboza, quien fue testigo del traslado de María Claudia desde la base de Operaciones del SID, en Bulevar Artigas y Palmar, a la llamada Base Valparaíso, donde habría sido asesinada la joven argentina, de 19 años.

También declaró el periodista Roger Rodríguez, que hace años investiga los crímenes cometidos durante la dictadura. Rodríguez afirmó que algunos de los que "trabajaban" en la Base Valparaíso eran el policía retirado Ricardo Medina y los militares retirados Ernesto Ramas, Eduardo Ferro, Gilberto Vázquez, Washington García, Lawrie Rodríguez y Ricardo Arab. También declaró ayer en la sede penal el antropólogo José López Mazz, referente del equipo encargado de la búsqueda de restos de desaparecidos. La Justicia uruguaya, además, pidió copia del expediente que se tramita en el Poder Judicial argentino.

No es casual que el primer testimonio sea el de Julio César Barboza. Este ex soldado había sido destinado con tan sólo 18 años al SID, donde estuvo entre 1976 y 1977. Participó del secuestro del maestro Julio Castro, hoy desaparecido.

Además, declaró en la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre Personas Desaparecidas de 1985. En el año 2000 prestó su testimonio al juez español Baltasar Garzón, quien buscó la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet. Uno de los casos que citó el soldado retirado fue el de María Claudia.

Entre los recuerdos de Barboza en las actas de la Justicia española quedó estampada una frase de Ricardo Turco Arab, que pudo escuchar Barboza: "A veces hay que hacer cosas embromadas". La macabra frase fue dicha en el marco del traslado de María Claudia, que, según Barboza, estuvo a cargo de los militares retirados Lawrie Rodríguez y el Turco Arab.

EL POPULAR PÁG. 5

La OEA fija plazo al Estado uruguayo.

Faltan 52 días para que el Estado uruguayo dé cumplimiento a una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la vigencia en nuestro país de la Ley de Caducidad. La norma -entre muchos casos-

no ha permitido que hasta el momento se investigue el destino de María Claudia García de Gelman, desaparecida en Uruguay en 1976.

Juan y Macarena Gelman presentaron una denuncia el 8 de mayo de 2006, estableciendo que el Estado uruguayo viola sus derechos humanos al no haber permitido el Poder Judicial que se conozca lo ocurrido con María Claudia y su eventual enterramiento clandestino. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA acaba de pronunciarse a favor del poeta argentino y de su nieta y la resolución fue comunicada a nuestra Cancillería el viernes pasado.

El referido organismo -según su artículo 50- establece que cuando un Estado parte no da cumplimiento a una resolución es pasible de sanciones. La OEA puede incluso expulsar de su seno a Uruguay. Aunque es una hipótesis muy difícil. Conviene recordar que en 1992 la CIDH -durante el gobierno de Lacallese había pronunciado contra la Ley de Caducidad y sin embargo la norma siguió vigente hasta hoy.

El Dr. Tabaré Vázquez, no bien asumió la Presidencia de la República, dictaminó que el "caso Gelman" estaba excluido de la Ley de Caducidad. El fiscal Enrique Moller pidió archivar el caso porque consideró que era una amnistía y un tribunal de apelaciones lo hizo. En febrero de este año Macarena Gelman García se presentó nuevamente ante la Justicia. Ahora con más suerte: el juez Pedro Salazar dio vista al fiscal Eduardo Fernández Dovat, quien resolvió reabrir el caso. Para ayer jueves estaban citados los primeros testigos al Juzgado de la calle Misiones. De cualquier manera la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sigue pendiente sobre el Estado uruguayo.

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 6

Fiscal pedirá condena a Bordaberry por golpe del 73. TELLECHEA SOLICITARÁ QUE SE LE TIPIFIQUE ATENTADO A LA CONSTITUCIÓN.

LA FISCAL penal Ana María Tellechea buscará que antes de fin de año el ex dictador Juan María Bordaberry, que a pedido suyo fue enjuiciado por su responsabilidad en diez homicidios y desapariciones registradas durante su mandato, sea procesado también por el delito "atentado a la Constitución" por el golpe de Estado de 1973.

Cuando a mediados de octubre de 2006 la fiscal pidió el procesamiento de Bordaberry como coautor de "diez homicidios especialmente agravados", también solicitó el enjuiciamiento por la disolución del Parlamento, pero la jueza Graciela Gatti consideró que ese delito había prescripto y no lo incluyó en su resolución.

El expediente pasará próximamente a la Fiscalía y a la defensa para que ambas partes soliciten el diligenciamiento de prueba. Luego el caso será remitido nuevamente al Ministerio Público para que formule la acusación contra el ex dictador, dijeron fuentes del caso a Ultimas Noticias.

En ese momento, la fiscal Tellechea pedirá que se amplíe la indagatoria imputando a Bordaberry por "atentado a la Constitución" por el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 que, a su juicio, es un delito de lesa humanidad que permitió las posteriores violaciones a los derechos humanos registradas durante el período de facto.

Además, la fiscal entiende que al el caso de un procesado peligroso que enfrenta juicios por la muerte de 14 personas, ya que también fue enjuiciado por las muertes de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, a los plazos de prescripción previstos en 20 años se le debe computar un tercio más.

En la causa que tramitan la jueza Gatti y la fiscal Tellechea, Bordaberry es inculpado por los casos de: José Arpiño Vega; Eduardo Perez Silveira; Luis Eduardo González; Juan Manuel Brieba; Fernando Miranda; Carlos Arévalo; Julio Correa Rodríguez; Otermín Monlesde Oca; Horacio Gelós Bonilla y Hiagesner Chaves Sosa.

Desde fines de enero de 2007, el ex dictador cumple con prisión domiciliaria en la casa de uno de sus hijos en Carrasco, ya que las complicaciones respiratorias que padece no le permiten estar recluido en un centro penitenciario.

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LA REPÚBLICA PÁG. 7

Universindo Rodríguez. A treinta años de su secuestro junto a Lilián Celiberti.

Plan Cóndor. Las dictaduras del Cono Sur operaron en forma coordinada. El próximo mes de diciembre se cumplirán 30 años del secuestro en Brasil de Universindo Rodríguez y su entonces compañera Lilián Celiberti.

El secuestro tomó estado público y tuvo gran resonancia internacional por cuanto fue una acción típica del Plan Cóndor en la que intevinieron los servicios de Inteligencia militar uruguayos contando con la colaboración del célebre Dops brasileño.

Exiliados en Suecia, decidieron acercarse al país y eligieron Brasil en razón de la apertura política que se avizoraba, pero la represión implacable logró ubicarlos en San Pablo. Ambos eran militantes de la ROE y luego del PVP.

Fueron trasladados a Uruguay donde sufrieron prisión y tortura en el "300 Carlos" y luego en Punta de Rieles y en el Penal de Libertad.

Actualmente, Universindo se considera un frenteamplista no sectorizado, y libra una lucha sin cuartel contra el olvido; de ahí el empeño que ha puesto en la concreción del proyecto a que alude la nota principal. Ha publicado varios libros de carácter testimonial y ha realizado varias películas documentales.

Una asamblea diferente. Las críticas de un histórico.

Una nota singular del domingo frenteamplista tuvo lugar en la asamblea de los fusionados comités Chucarro y 26 de Marzo. Hasta allí concurrió el general (r) Víctor Licandro, uno de los fundadores del comité y figura histórica de la izquierda uruguaya. En la reunión se le ofreció la presidencia honoraria del organismo de base, lo que después de algunas declaraciones Licandro aceptó. El general señaló al comienzo de su intervención que últimamente era reacio a asumir compromisos que por razones de salud no podría cumplir.

Pero lo singular no fue el homenaje, sino el contenido de su breve discurso. Licandro dijo* que le "duele cuando los programas del fa y sus principios empiezan a ser dejados de lado o empiezan a ser tergiversados, o más grave aun, cambiados con propuestas contrarias a las que están en el programa. Y no me voy a extender en esto porque el día de hoy es de reafirmación del comité, es más que nada para designar las nuevas autoridades y no es para hacer una discusión política derivada de mis palabras".

Agregó que siempre tuvo "la precaución" de no hacer públicos sus "analisis y críticas a la acción del gobierno", sino que las volcó "en el seno de la fuerza política". Señaló "discrepancias con algunas realizaciones del gobierno que contradicen lo que está escrito en nuestros documentos", concretamente en "lo que tiene que ver con defensa nacional, con el empleo de las Fuerzas Armadas, con el concepto de antimperialismo y de unidad latinoamericana", que en su opinión "son elementos básicos del programa que viene del fondo de la historia del fa. Lamentablemente no lo veo en la acción del gobierno, tanto en el antimperialismo como en la unidad latinoamericana y tienen que ver con la independencia".

Las palabras de Licandro fueron pronunciadas en presencia del presidente del fa, Jorge Brovetto, quien en su recorrida por los comités del Cerro manifestó que le habían sorprendido los dichos del general. En cambio, el senador del Espacio 609 Alberto Couriel -también presente en la asamblea mencionada- se acercó a Licandro y en medio de los aplausos le dijo "somos dos", en clara referencia a que compartía sus dichos.

El video está disponible en www.brecha.com.uy

ALGUNAS DE LAS LEYENDAS EN LAS MARCAS

"En la noche del 27 de junio de 1973 se reunió en este local sindical el secretariado de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) presidido por José "Pepe" D'Elía y decidió enfrentar con la huelga general y la ocupación de los lugares de trabajo la disolución del Parlamento, el golpe de Estado y la instauración de una dictadura cívico-militar". A ubicarse en el local de la Ex Federación del Vidrio.

"Este local de los obreros de la construcción fue allanado por las Fuerzas Armadas y utilizado por la Policía durante la dictadura instaurada en 1973 como comisaría y cárcel".

A ubicarse frente al local del Sunca Frente a la Iglesia Tierra Santa: "En esta Iglesia durante los años de la dictadura se reunían obreros, estudiantes y vecinos, con el apoyo de los párrocos, para coordinar actividades de resistencia y de preparación de la conmemoración del Primero de Mayo, como Día Internacional de los Trabajadores".

"En los alrededores de este ombú era frecuente el encuentro de obreros, estudiantes y vecinos opositores a la dictadura para el desarrollo de 'manifestaciones relámpago' y colocación de 'cajitas lanza volantes'". Junto al ombú de Ramón Anador.

EL PAÍS PÁG. 8

Fiscal: 20 años de prisión a Blanco . Por desaparición de Elena Quinteros, ocurrida en 1976.

EDUARDO DELGADO

La fiscal Mirtha Guianze pidió que el ex canciller Juan Carlos Blanco sea condenado a 20 años de prisión por la desaparición forzada de Elena Quinteros, ocurrida en Montevideo en 1976.

El 18 de octubre de 2002, Blanco fue procesado con prisión por coautoría de la privación de libertad de Quinteros, luego el delito cambió a homicidio y el ex jerarca obtuvo la libertad provisional el 9 de mayo de 2003. El expediente siguió su trámite y ayer Guianze entregó al Juzgado penal de 1er Turno, a cargo del magistrado Juan Carlos Fernández Lecchini, su vista con el pedido de condena a Blanco, quien fue canciller durante la presidencia de Juan María Bordaberry tanto en democrática como en dictadura.

El 17 de noviembre de 2006, Blanco fue procesado junto a Bordaberry por los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurridos en mayo de 1976 en Buenos Aires, y permanece en prisión por ese caso.

EL PAÍS PÁG. 8

Retomaron el caso Gelman; citarán a militares Ayer declararon López Mazz y Roger Rodríguez.

La Justicia comenzó a actuar ayer en la causa por la desaparición de María Claudia García, nuera del poeta y ex montonero argentino Juan Gelman, secuestrada en Buenos Aires y trasladada ilegalmente a Uruguay donde fue ejecutada en 1976.

El juez Pedro Salazar recibió a José López Mazz, jefe del equipo de antropólogos que dirigió las excavaciones en busca de restos de detenidos desaparecidos en predios del Batallón 14 del Ejército, donde se presumía

podrían estar los de María Claudia. También estuvo ante el juez el periodista Roger Rodríguez, que trabaja en la investigación desde hace ocho años.

En esta nueva etapa de la causa, archivada en dos oportunidades por la Justicia, serán llamados a declarar en los próximos días militares retirados y en actividad, entre ellos el actual jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli.

La reapertura de la causa, ante un pedido de Macarena Gelman, la hija de María Claudia, se decidió después de la entrega de pruebas que documentaron el traslado de militantes de izquierda en vuelos clandestinos realizados en 1976 desde Buenos Aires a Montevideo. La búsqueda cumplida por los antropólogos de la Facultad de Humanidades arrojó como resultado la aparición de restos de los desaparecidos uruguayos Fernando Miranda y Ubagesner Chávez.

María Claudia García fue detenida en agosto de 1976 en Argentina con 19 años y, tras permanecer cautiva con su esposo en el centro clandestino de tortura "Orletti", en Buenos Aires, fue trasladada a Uruguay. García fue ejecutada tras dar a luz en cautiverio a Macarena que fue entregada en adopción a una familia de un oficial policial uruguayo.

15. BRECHA PÁG. 8

El ¨pituco¨ del Escuadrón. Pruebas contra Miguel Sofía en la justicia.

La investigación de los crímenes del Escuadrón de la Muerte avanza sobre el brazo civil de la organización parapolicial y paramilitar. El indagado más comprometido es Miguel Sofía, un millonario empresario de la comunicación, otrora integrante de la jup y del Comando Caza Tupamaros.

Walter Pernas

Las pruebas contra "José" -ese era el alias de Miguel Sofía en el Escuadrón de la Muerte- son variadas: abundan los testimonios que lo involucran en acciones ilegales de la Juventud Uruguaya de Pie (jup), y otros cualitativamente muy importantes -por tratarse de sus ex cómplices- lo señalan como uno de los civiles operativos en casos de atentado y desaparición forzada de personas. A la vez, declaraciones de un ex legislador lo vinculan a actividades delictivas en la época represiva predictadura, en tanto que el acopio de información de prensa de los años sesenta y setenta ayuda a armar el rompecabezas del Escuadrón, en el cual Sofía encastra como pieza importante.

La declaración brindada a los tupamaros por el ex fotógrafo policial Nelson Bardesio -mientras estuvo secuestrado en 1972 en la denominada "Cárcel del Pueblo"- es particularmente reveladora. Bardesio, un integrante del Escuadrón de la Muerte que ahora se encuentra detenido en Argentina bajo proceso de extradición hacia Uruguay, describió con lujo de detalles cómo se realizó en agosto de 1971 el secuestro y la desaparición forzada del estudiante Héctor Castagnetto.

En ese testimonio sostuvo que Sofía participó del secuestro, tortura y desaparición del joven. "A primera hora de la mañana llegaron los dos funcionarios en compañía de Miguel Sofía, a quien llamaban José y que había sido presentado por (Pedro) Crosas en el ministerio como su principal ayudante. Por comentarios en el ministerio, sé que José pertenecía a la jup;; al igual que Crosas, parecía tener gran confianza con el subsecretario

Acosta y Lara, concurriendo asiduamente al despacho de éste. Al llegar José y los dos funcionarios, Delega y yo nos fuimos, quedando Freitas* en la casa de la calle Araucana", declaró Bardesio. En esa casa fue torturado Castagnetto, y luego su cuerpo entregado al capitán Nader para que lo tirara al mar. El ex fotógrafo policial dijo también:

"Por lo que sé, el Comando Caza Tupamaros está integrado por Crosas, Sofía, el oficial inspector Freitas como enlace, Delega y los dos funcionarios entrenados en Brasil. De éstos, cuyos nombres no recuerdo, sé que pasaron al Departamento 5. Crosas y José (apodo de Sofía) desaparecieron pocos días después de lo de Castagnetto, y tras cobrar una gruesa suma de dinero en el ministerio dijeron que viajaban a Brasil, pero a José lo vi en Montevideo al día siguiente de las elecciones festejando el triunfo" (véase Brecha, 24-VIII-08).

A pesar de que Bardesio intentó luego desmentir su versión señalando que había declarado bajo "apremios psicológicos", unos días antes había señalado a legisladores y representantes del gobierno que era verdad lo que había contado a los tupamaros. Uno de los que estuvo en esa reunión, en representación de Wilson Ferreira Aldunate, fue su hijo Juan Raúl. El ex legislador confirmó la semana pasada a la justicia que Bardesio admitió en esa reunión que era real lo que había declarado a los tupamaros y que por eso si lo entregaban a la Policía era hombre muerto.

Parte del relato de Bardesio fue reafirmado, con matices, por el oficial retirado Pedro Walter Freitas en entrevista con Brecha. Freitas no involucra a Sofía en el caso Castagnetto -dice que no ve las caras de los individuos que participan además de Bardesio-, pero lo describe como un "pituco" que entraba y salía del despacho del subsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara -en momentos en que en esas oficinas funcionaba la organización parapolicial-, y que iba acompañado por un paraguayo (véase Brecha 8-VIII-08).

Además, el ex comisario jefe del Departamento de Inteligencia y Enlace, Alejandro Otero, declaró que de acuerdo a lo que supo mientras estuvo en el edificio de la Jefatura de Policía, Sofía era uno de los que tenía "licencia" para entrar y salir de las oficinas de la misión estadounidense y del Ministerio del Interior, tanto como Bardesio.

PRENSA REVELADORA.

Todos señalan la vinculación de Sofía con la jup, aunque el propio indagado lo negó ante la justicia. Brecha ubicó un ejemplar de la revista Cuestión, fechada el 10 de junio de 1971, en la que se revelan decenas de nombres de integrantes de la jup y las relaciones de esta organización con el Ministerio del Interior y el Escuadrón de la Muerte. En un artículo, el periodista E L Mokossian señala: "La jup comenzó a cobrar vuelo y sentirse materialmente apoyada en fecha que coincide, muy sintomáticamente, con la asunción al Ministerio del Interior del doctor (Santiago) De Brum Carbajal. Suspicaces observadores políticos coincidieron en señalar por entonces (enero del 71) que desde la propia secretaría de Estado se alentaba la creación de una fuerza parapolicial, financiada, armada y entrenada por la propia Policía.

No pasó más que de versión oficiosa pero parecía tener algunos fundamentos. En efecto, las relaciones jup-De Brum debieron ser sumamente estrechas cuando el ministro, durante uno de sus múltiples anuncios del finalmente implantado Registro de Vecindad, indicó que serían los jóvenes de pie, junto a la Policía, los encargados de llevar a la práctica el censo que (vaya coincidencia) tiene como patrón el implantado por las huestes del nazismo en la Alemania de Hitler. Y recientemente, en su discurso del 4 de mayo por cadena de radio y televisión, fue el propio ministro del pachequismo quien se encargó de dar aliento a los grupos fascistas de la jup que pocos días antes habían sido responsables de balear a estudiantes del liceo Bauzá, ocupar ese y otros centros de estudios y promover la situación caótica que da pie a la Interventora de Secundaria para clausurar más de una decena de liceos, suspender alumnos y profesores y promover la detención de varios centenares de éstos".

El periodista señala que "los jóvenes de pie apenas son un puñado en los distintos centros de estudios secundarios, y por lo tanto fácilmente identificables". Así, sostiene que "en el liceo Varela fue individualizado y expulsado por actitudes antigremiales Miguel Sofía".

SOFÍA HOY.

Luego del golpe de Estado, Sofía cumplió funciones como diplomático. Fue jefe de la sección de pasaportes de Relaciones Exteriores y funcionario de confianza en la Embajada de Uruguay en Estados Unidos, cuando el embajador era Jorge Pacheco. Terminó expulsado de ese país -según consta oficialmente- por robar en un supermercado. No obstante, el ex legislador Juan Raúl Ferreira hace otra lectura de este personaje involucrado

en un atentado contra Wilson (véase nota aparte).

La dictadura le regaló a Sofía una radio, a la que llamó Emisora del Plata;; cuando sus cuentas crecieron fundó el Grupo del Plata, y adquirió otras varias radios, las que acaba de vender a un grupo mexicano en un negocio millonario. Actualmente es el dueño de Sistemas de Comunicaciones, "la única empresa designada como representante y distribuidora autorizada de Motorola Inc en el sector Soluciones para el Comercio, Industria y Gobierno" para Uruguay. De hecho, es un proveedor habitual del Estado en equipamiento de radios para comunicación interna. Los tiempos de la jup y del Escuadrón han pasado, y Sofía pretende ocultarlos, pero próximamente deberá enfrentar a la justicia, con alto riesgo de terminar en la cárcel. Se refiere a Pedro Walter Freitas (véase Brecha 8-VIII-08).

Sofía involucrado en atentado contra Wilson. Dudosa expulsión de Estados Unidos.

El ex senador Juan Raúl Ferreira declaró ante la justicia que en 1972 el integrante del Escuadrón de la Muerte

Miguel Sofía estuvo involucrado en un atentado contra su padre, el líder blanco Wilson Ferreira Aldunate. El ex legislador sostuvo también que él fue amenazado de muerte en 1978, en Washington, y que unos diez días después sospechosamente Sofía fue expulsado de Estados Unidos.

Consultado por Brecha, Juan Raúl Ferreira relató los hechos: "Nosotros vivíamos en el séptimo piso de avenida Brasil 3136. El 28 de enero de 1972, en pleno período de escrutinio inconcluso,* Wilson habla desde el balcón del primer piso, donde vivían los Amorín Zorrilla, una familia muy amiga de la nuestra.

La manifestación fue reprimida con gases lacrimógenos y con agua, el propio Wilson fue volteado por los que llamábamos los 'guanacos' de aquella época. Pocos días después -pudo ser el 31- se reciben amenazas de muerte en nuestro apartamento del séptimo piso. Yo bajo al primer piso a contarle a mi amiga Inés Amorín. Ella estaba estudiando de espaldas al balcón, que aún tenía las balconeras de Wilson. Le conté de los hechos, y en determinado momento ella se recuesta hacia adelante, sobre la mesa donde estaban sus libros, y el respaldo de su silla queda agujereado por un balazo: se salvó por casualidad.

En ese episodio, donde intervino la justicia civil, todos los involucrados eran de la jup, y entre ellos el señor Miguel Sofía. Los indagados declararon que se trataba de problemas de noviazgos, y cosas personales, pero los hechos objetivos son los que narré. Una de estas personas terminó procesada -no recuerdo cuál- pero por un delito menor, quizá tenencia ilícita de armas".

Además Ferreira relató que unos años después, viviendo exiliado en Estados Unidos, comenzó a recibir amenazas de muerte. A pedido de Wilson realizó la denuncia ante la Policía Metropolitana de Washington, y ese organismo la trasladó al fbi.

"El 30 de junio de 1978 sale en el Washington Post y en 200 periódicos de Estados Unidos una columna del periodista Jack Anderson, conocido por su buena información de fuentes investigativas. El título del artículo fue: 'Exiliado latino teme por su vida', y cuenta, basado en fuentes investigativas, que la Policía Metropolitana

interceptó los llamados telefónicos del señor Ferreira. Según está publicado, uno de los investigadores le dijo al periodista: 'Tenemos la esperanza de identificar exactamente el número desde donde se están enviando estas amenazas (.) creemos que deben estar viniendo de la misión militar de Uruguay en Washington'.

Al terminar la nota, el periodista señala que 'la policía dijo con ironía: definitivamente no queremos otro caso Letelier en Washington'. Al pie de la página, el periodista señaló: 'El portavoz del Departamento de Estado nos dijo que han tomado nota de estas amenazas y han hecho todo lo posible para notificar por las vías diplomáticas apropiadas a las autoridades de seguridad los pasos a tomar'.

Y luego el funcionario señala, según la nota, que además de esa acción 'no hay otra cosa que el secretario de Estado pueda hacer más allá de rezar'. Yo era muy gurí, y no le di la trascendencia a esas palabras, pero muchos años después fui embajadar, y me di cuenta de que esa declaración del Departamento de Estado, que involucra a un gobierno con el que tiene relaciones diplomáticas, y que dice que el secretario de Estado va a rezar, es un lenguaje diplomático muy fuerte.

Unos días después, quizás algunas semanas después, el señor Sofía, que era secretario de prensa de la Embajada de Uruguay en Washington, fue declarado persona non grata, y él declaró que había sido por robar quesos en un supermercado. Yo, sin juzgarlo, digo que ese hecho de la expulsión de Sofía de Estados Unidos se da pocos días después de las declaraciones de la Policía Metropolitana de Washington y del Departamento de Estado

estadounidense".

Ferreira se enteró luego de una nueva situación que involucra a Sofía, y que aumenta sus suspicacias: "Posteriormente a su expulsión, Sofía fue designado por el régimen dictatorial como funcionario de confianza de la embajada uruguaya en Taiwán. En viaje a Taiwán -en la época en que no existía la 'visa de tránsito', y si uno quería ir a Estados Unidos viajaba sin tener que declarar qué iba a hacer-, Sofía tenía previsto hacer escala en San Francisco, pero el Departamento de Estado de Estados Unidos no lo dejó embarcar. Sofía tuvo que viajar a Taiwán por Europa".

W P

Las elecciones de noviembre de 1971 aún no tenían ganador. Luego, en febrero de 1972, la Corte Electoral proclamaría a Juan María Bordaberry como presidente. Los blancos denunciaron fraude.

CARAS Y CARETAS PÁG. 9

Sofía fue expulsado de EEUU tras amenazar a Ferrara. JUAN RAÚL FERREIRA EVOCA SUCESOS DE WASHINGTON DE 1978.

El ex senador Juan Raúl Ferrjeira recordó para CARASyCARETAS los hechos ocurridos en Washington DC -donde estaba exiliado- tres décadas atrás, cuando recibió amenazas de muerte, y poco después su gobierno

expulsó a Miguel A. Sofía -acusado por Nelson Bardesio de integrar el Escuadrón de la muerte- quien era agregado de prensa de la embajada uruguaya en EEUU.

Luis CASAL BECK FOTOS ANTONIO SCURO

Ferreira repasó aquellas circunstancias de 1978, y manifestó su confianza en las investigaciones que hoy desarrolla la magistratura para esclarecer las acciones de la ultraderecha terrorista asociadas con Bardesio, hoy detenido en Buenos Aires a la espera de una extradición.

Votante de la ley de caducidad en 1986, el ex legislador sostuvo que la bancada blanca, por entonces acaudillada por su padre Wilson Ferreira Aldunate, nunca pensó que aquella ley se convertiría en una amnistía que consagrara la "impunidad" de los actores estatales en los casos de crímenes de lesa humanidad ocurridos en los años de plomo.

Ferreira, de 55 años, quien es actualmente consultor independiente, reveló que respalda con entusiasmo la precandidatura presidencial de Jorge Larrañaga. En 2004 apoyó a Luis Alberto Lacalle. Esta es una síntesis del diálogo mantenido.

¿Cómo fueron los sucesos de Washington de 1978?




01.09.2008 08:08 / RECORTES DE PRENSA

28.08.08.

Resumen elaborado por la Secretaria de Derechos Humanos

del Partido por la Victoria del Pueblo

LA REPÚBLICA PÁG. 7

Un ex soldado del SID declara hoy al reabrirse caso de María Claudia. Testigos. También lo harán el periodista de LA REPUBLICA Roger Rodríguez y López Mazz.

La Justicia reiniciará hoy la indagatoria en relación al secuestro, traslado ilegal, desaparición y presunta muerte de Maria Claudia García de Gelman, con la comparecencia de tres "testigos importantes" para desentrañar la historia de la joven argentina en tierras uruguayas.

El juez Penal de 2º Turno, Pedro Salazar, y el fiscal Eduardo Fernández Dovat, tomarán, desde las 13.30 horas de hoy, declaración al periodista de LA REPUBLICA Roger Rodríguez, al jefe del equipo de antropólogos, José Luis López Mazz, y al ex soldado uruguayo y ex agente del SID en 1976, Julio César Barboza en torno a la causa María Claudia García de Gelman.

Los tres testigos "son muy importantes" porque "desde su óptica, profesión o situación, pueden ilustrar al juez de forma específica sobre lo que ocurrió con María Claudia desde su llegada a Uruguay", expresó el abogado querellante en la causa, José Luis González, a LA REPUBLICA.

El periodista "lleva investigando causas sobre derechos humanos desde hace 20 años, entre ellas, el caso María Claudia", y su investigación reveló, entre otras cosas, la existencia de la Base Valparaíso, uno de los presuntos lugares donde estuvo María Claudia sus últimos días", dijo González.

El ex agente del SID, en tanto, es "un testigo presencial" de los sucesos, ya que está dispuesto a declarar su recuerdo "sobre la noche en que trasladaban a una joven con un canasto donde iba un bebé", explicó el abogado.

Barboza recuerda la conversación entre el coronel (r) Juan Antonio Rodríguez Buratti (hoy fallecido) y un subalterno "sobre qué hacer en estos casos", indicó. El testimonio del militar retirado "reforzará" la idea de que María Claudia estuvo en Uruguay, mientras que José Luis López Mazz brindará información sobre el trabajo llevado adelante por el Equipo de Antropología Forense de la Facultad de la República en torno a la búsqueda de María Claudia, e incluso podría aportar nuevos lugares de enterramiento, estimó González.

Base Valpaaíso

LA REPUBLICA publicó el 29 de mayo de 2005, un informe realizado por Roger Rodríguez, donde por primera vez se mencionó la existencia de la Base Valparaíso, como el presunto lugar donde habría sido asesinada la joven María Claudia.

La investigación reveló entonces el presunto traslado de María Claudia a esta base de operaciones del SID, y su posterior desaparición. María Claudia habría sido trasladada clandestinamente hacia Uruguay como pasajera del "Segundo Vuelo", el 5 de octubre de 1976.

La investigación reveló además la identidad de algunos efectivos asignados a la "Base Valparaíso", entre ellos el ex policía Ricardo Medina y los militares retirados Washington García, Ernesto Ramas, Eduardo Ferro, Gilberto Vázquez, Lawrie Rodríguez y Ricardo Arab.

Desarchivo

El juez Pedro Salazar accedió a la reapertura de la causa por el secuestro y desaparición de María Claudia al no considerar el instituto de "cosa juzgada", utilizado por el fiscal Enrique Möller para solicitar el archivo de la causa en 2005.

El magistrado consideró el asunto "extremadamente discutible y opinable" ante jurisprudencia avalada por "prestigiosas opiniones en distintos sentidos", entre ellas, las posturas divergentes de los fiscales actuantes, el titular Enrique Möller y el subrogante Eduardo Fernández Dovat. El aporte de nuevos "hechos supervinientes", sin embargo, permite "reabrir la instrucción", dice.

Asimismo, el magistrado consideró la preeminencia del "acto de gobierno" del presidente Tabaré Vázquez, excluyendo el caso María Claudia del amparo de la Ley de Caducidad (junio de 2005), por sobre el emitido por el ex presidente Jorge Batlle, el 2 de febrero de 2005, en posición contraria.

EL OBSERVADOR PÁG. 9

Juez investiga desde hoy desaparición de la nuera de Juan Gelman.

El juez Pedro Salazar comenzará hoy a investigar la desaparición de María Claudia ßGarcía de Gelman.

Declararán el antropólogo José López Mazz, el periodista Roger Rodríguez y el ex soldado Julio Barboza. El magistrado solicitó copia del expediente a Argentina. Volver al índice.

7. EL ESPECTADOR PÁG. 1

Justicia retoma indagatoria sobre caso Gelman 28.08.2008 | 8.37

La Justicia retomará hoy la indagatoria sobre el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman.

Según consigna hoy La República, un ex soldado del SID ( Servicio de Información y Defensa) Julio César Barboza, el periodista Roger Rodríguez y el jefe del equipo de antropólogos José López Mazz serán interrogados esta tarde como testigos en esta causa, por parte del juez en lo Penal Pedro Salazar.

El magistrado accedió a la reapertura del expediente, luego de haber desestimado que ya existía "cosa juzgada" en la causa, como había argumentado el fiscal Enrique Moller.

BÚSQUEDA PÁG. 2

Son todos brasileños.

Por Danilo Arbilla

Allá por la década de los 70, los militares brasileños desde el poder realizaban una intensa propaganda de signo nacionalista. La identidad y el compromiso con Brasil como objetivo máximo y final estaba por sobre cualquier otra cosa, aun por encima de la libertad y de la democracia, ausentes en aquellos tiempos.

La televisión repetía un spot que mostraba a decenas de niños que bajaban de un ómnibus. Eran rubios, morenos y de distintos rasgos que los hacían muy diferentes. Conformaban un crisol de razas. Mientras se sucedían las imágenes, una voz, en off advertía: "Parecen diferentes, pero todos son brasileños".

Esto no ha cambiado casi nada. Los brasileños sólo miran por Brasil y "rascan para adentro". Tienen dos columnas inamovibles que enmarcan y sellan "el sistema" al que se ajustan y en el que funcionan sus gobiernos, cualquiera sea su signo. Pueden ser de derecha, centro o izquierda, tanto da: Itamaraty (Relaciones Exteriores) y las Fuerzas Armadas -más San Pablo, habría que agregar- siempre están allí para guiarlos y contenerlos, llegado el caso.

Quien pretendió ignorar esa realidad hace unos días fue el ministro de Justicia, Tarso Genro: se le ocurrió plantear la revisión de la ley de amnistía a los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1964-1985).

La idea, como era previsible, no prosperó. Militares retirados y en actividad repudiaron públicamente la iniciativa, a la que calificaron de "extemporánea, inmoral y fuera de propósito".

El propio presidente Lula regañó al ministro y anunció que el Ejecutivo no discutirá la interpretación o la revisión de la ley de amnistía. Pateó la pelota para el costado, dijo que era un tema judicial y que había que "aprender a considerar a nuestros muertos, estudiantes y obreros, como héroes y no más como víctimas de la dictadura".

En el 2004, durante la reunión de presidentes sudamericanos realizada en Cuzco, un colega le preguntó a Lula si iba a revisar lo hecho por la dictadura militar. Su respuesta, palabras más, palabras menos, fue que no estaba en el programa, y resaltó que gracias a la industrialización del país concretada por el régimen militar pudo ser creado y existe el Partido de los Trabajadores (PT), que él fundó y con el que llegó al poder. Esa fue su explicación: más que sobre eventuales investigaciones de los crímenes cometidos, esbozó una especie de agradecimiento a los regímenes militares.

Hace dos años, en una reunión de una Comisión de Derechos Humanos del Mercosur, se preguntó a los delegados brasileños sobre la participación de las Fuerzas Armadas brasileñas en el "Plan Cóndor", llevado a la práctica por las dictaduras militares de la región. La respuesta fue que los militares brasileños no fueron parte de

ese plan. Cuando uno de los presentes les citó el caso de los militantes izquierdistas uruguayos Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez, detenidos en Porto Alegre por el Ejército brasileño a pedido del Ejército uruguayo, reiteraron la respuesta: los militares brasileños no tuvieron nada que ver con el "Plan Cóndor".

Mientras, en la región, y en Argentina y Uruguay muy especialmente, el tema revisionista sigue vigente y retoma fuerza día a día. Trasciende incluso los legítimos reclamos y derechos de familiares de desaparecidos y las necesarias investigaciones de muertes y torturas.

Es usado con fines políticos, electorales, como vía de expresión de resentimientos y envidias, así como para revanchismos y repudiables "vendettas" de todo tipo. En definitiva, ha pasado a ser fundamento de un esquema maniqueísta y una forma de intolerancia macartista, donde por un lado se trata de justificar errores e incapacidades y varias cosas más feas, con acusaciones o desautorizaciones remitiéndose a esas épocas pasadas, y hasta ha servido para que se autoerijan en "jueces" y "fiscales" figuras que estuvieron bastante integradas a aquel paisaje de las dictaduras, que la pasaron bien, que nada hicieron y que hoy son los mayores defensores de los derechos humanos.

El matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner es un caso emblemático - ellos se enriquecieron en Santa Cruz durante la dictadura militar y sin ningún problema ni roces con los jefes militares de su región- pero, por supuesto, no es el único ejemplo. Los brasileños lo hacen de otra manera y aparentemente les da más resultados.

Por lo menos el presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Gilmar Méndes, no tiene dudas de ello.

Sobré el tema planteado por el ministro Genro, Méndes, máxima autoridad judicial del Brasil, dijo que una derogación de la amnistía "traería inestabilidad institucional".

Fue aún más explícito en sus declaraciones: "La inspiración de nuestros hermanos de América Latina no es la mejor. Tan es así que no produjeron estabilidad institucional. Por el contrario, se produjo bastante inestabilidad a lo largo de los tiempos". Con pocas palabras, Méndes marcó la diferencia.

BÚSQUEDA PÁG. 11

Batlle y Marenales tuvieron más gestos de acercamiento que de disputa al enfrentarse en un juzgado penal y concluyeron el litigio.

"Esta no es la primera vez que nos vemos", le dijo el veterano dirigente tupamaro al ex presidente colorado Jorge Batlle mientras se estrecharon las manos el martes 26 a las dos de la tarde en el quinto piso de los juzgados penales de la calle Bartolomé Mitre, lejos de la presencia de las cámaras de televisión y de los micrófonos.

Cinco minutos más tarde, la jueza penal de 209 turno, Aída Vera Barreto, habilitó el ingreso de decenas de periodistas, dirigentes políticos y curiosos que desde temprano hacían cola en la puerta del juzgado para presenciar la audiencia pública por una denuncia de "difamación e injurias" que Batlle le entabló a Marenales, por haberlo acusado de ser el "cerebro" del "escuadrón de la muerte" y "comando caza tupamaros" que actuó en

Uruguay a comienzos de la década de 1970.

Incluso una señora que asistió al juzgado se llevó un bolso con refuerzos y jugolín en espera de una larga jornada pero sorpresivamente el litigio que enfrentó a dos importantes figuras de la historia reciente del Uruguay duró apenas 45 minutos.

Marenales afirmó que no tuvo "intención de ofender" a Batlle con sus dichos y el ex presidente se dio por satisfecho con esas explicaciones. Frente a ese panorama, el fiscal Luis Bajac estuvo de acuerdo con que concluyera el juicio y la causa penal se archivó. A pesar del acuerdo al que llegaron en el juzgado, tanto Batlle como Marenales habían ido provistos de material para una dura batalla jurídica y política.

Archivos desclasificados. Al ser consultado por la magistrada sobre sus dichos, Marenales sostuvo que basó su acusación a Batlle en dos notas periodísticas publicadas por Búsqueda en 2003 que reprodujeron parte de un documento desclasificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que el embajador de ese país en Uruguay en 1972 afirmaba que Batlle le había comentado que era partidario de crear un grupo paramilitar para combatir a la guerrilla.

"Leí esas notas, las razoné y las integré", comentó Marenales, rodeado de los abogados Homero Guerrero y Laura Robato. Frente a Marenales, Batlle seguía con su mirada atentamente al tupamaro, mientras conversaba con el abogado Jorge Barrera y comía pastillas de menta.

En la sala, decenas de personas también seguían la argumentación y con gestos con la cabeza demostraban aprobación o rechazo por las palabras de Marenales.

En primera fila se encontraban, entre otros políticos, los legisladores colorados Daniel García Pintos y Juan Justo Amaro, el ex secretario de la presidencia de Batlle Carlos Ramela, el ex prosecretario Leonardo Costa y el ex ministro de Transporte Jorge Sanguinetti.

La defensa del ex guerrillero afirmó que no se ampararía en la "excepción de la verdad" porque no es su rol demostrar la veracidad de la información contenida en los archivos desclasificados. Marenales agregó que el

contenido de los archivos desclasificados son un "hecho objetivo" pero que si se demuestra que la información

que contienen es falsa no tiene "ningún problema en pedir disculpas".

Pero no sólo Marenales tenía elementos de prueba. Sobre el escritorio de Batlle, dentro de un sobre de manila, se encontraba el libro "Cero a la izquierda" del periodista Federico Leicht.

En esa obra, construida en base a entrevistas con el ex tupamaro Jorge Zabalza y otras fuentes, se afirma que los integrantes del Movimiento de Liberación Nacional buscaron contactos con políticos que consideraban "limpios". Entre ellos, se encontraban el líder histórico del Frente Amplio, Liber Seregni y los políticos Zelmar Michelini, Wilson Ferreira Aldunate y Batlle.

"Cuestiones políticas". Sin embargo, no fue necesario que el ex presidente usara esa carta bajo la manga porque en ese instante Barrera intentó una conciliación que dio sus frutos.

El abogado de Batlle preguntó si Marenales se había expresado sobre el ex presidente colorado con "intención de ofenderlo".

"Aun cuando no es el momento de las preguntas, pero para allanar una conclusión, nos preguntamos si hubo o no hubo intención por parte de Marenales de ofender el honor que entendemos mancillado", preguntó Barrera.

"Porque si no es así, nosotros no tenemos interés en utilizar la Justicia penal para dirimir cuestiones políticas, no es el ámbito", agregó el abogado.

"No era mi intención ofender. Lo afirmo porque es un hecho objetivo, no fue mi intención agraviar porque no es mi estilo. En función de la información que tenía me formé una posición sobre el tema", respondió Marenales.

Con esas palabras ambas partes se dieron por satisfechas y acordaron que se cerrara el proceso.

"Hombre de paz". En ese instante Batlle pidió la palabra. El ex presidente, visiblemente emocionado, sostuvo que lleva más de 60 años en la vida política del Uruguay y se definió a sí mismo como un "hombre de paz".

"Entonces no puedo permitir que se lesione mi honor. Siempre respeté la legalidad, que es la única y la mejor manera de buscar la libertad", subrayó.

Una vez que el acuerdo se alcanzó, la jueza preguntó a las partes si era necesario publicar el acta judicial en algún medio de comunicación.

"No, ya hay suficientes medios acá", comentó Barrera. "No vamos a andar gastando pólvora en chimangos", agregó Batlle. Con la audiencia ya concluida, Marenales -que vestía campera marrón y llevaba colgado un bolso de cuero- se abrió paso entre los periodistas y recorrió los escasos metros que lo separaban del escritorio de la jueza para firmar el acta.

Allí lo esperaba Batlle que le estrechó la mano y con una sonrisa en su boca le dijo: "Cuídate. ¡No te calientes tanto!". A la salida del juzgado, un grupo de personas que habían quedado afuera por la capacidad del local preguntaron a los periodistas "¿cómo salió?", como si se hubiese tratado de un partido de fútbol.

BÚSQUEDA PÁG. 48

Mujica.

Señor Director:

No hay dudas qué gracias al ex guerrillero, ex ministro y hoy senador todas las semanas tenemos un motivo para regocijarnos. Si bien la mayoría de las veces nos avergonzamos con su léxico, igual siempre nos hace reír y da que hablar.

Es evidente que reúne todas las condiciones para ser presidente de la República ya que es "todólogo", pregúntenle lo que quieran que él sabe todo y si no sabe igual les va a responder, aunque al otro día se desdiga, "ta".

Su última marcha atrás ha sido casi de película, aquella donde se manifestó a favor de firmar para anular la "ley de caducidad", cómo cambia el hombre, ¿no? Quién sabe, si llega a ser presidente hasta quizás nos firma un indulto, no creo.

Tan superado que lo tenía el tema y tanto que abogaba por dar vuelta la página y al final mostró la hilacha, el odio sigue vigente y da réditos políticos.

Se reunió con Larrañaga pero no con Lacalle, ¿será que este último no lo convidó con asado del Pepe? O quizás rememorando sus reuniones con Erro prefirió evitar al ex presidente.

O será que se viene al galope y ya sienten al caudillo blanco arremeter, los embates de la derecha como dicen algunos.

Junto con el anuncio del cambiante senador que firmaría por derogar la ley mencionada apareció otro ilustre personaje, Eduardo Galeano alias "Joaquín Reyes", diciendo que firmaba contra el olvido interesado, pero "se olvida también que la ciudadanía refrendó dicha ley?, ¿estaremos ante un caso de recuerdo interesado?

Durante la guerra actué de forma honesta, de frente y a cara descubierta y respeté a los que se quedaron y dieron pelea.

Para los otros, esos personajes hoy televisivos, encendidos oradores y "manijeros", esos que no estaban cuando las papas quemaban y sus camaradas se encontraban perseguidos o encarcelados, para esos me queda la indiferencia, no merecen ni el respeto de sus pares.

Yo sé bien dónde estaban todos y cada uno de ellos y sé dónde estaba yo, así como sé dónde estoy ahora, con "ley de caducidad" o sin ella seguiré manteniendo mis convicciones de Soldado como el primer día que recibí el sable y realicé el juramento de honor.

Finalmente al cronista de "Búsqueda" que escribió el 24 de julio un artículo llamado "Repetición y arte", no se preocupe no es reiterativo es que ellos se repiten, son monotemáticos y hace 30 años vienen con el mismo cuento. Siga así, ellos se lo merecen, están muy sobrevalorados y además una puteada a Galeano, dos burlas a Benedetti y una bronca al gobierno me ponen de muy buen humor.

Coronel (r) Ernesto A. Ramas

C.I. 707.695-5




01.09.2008 08:06 / RECORTES DE PRENSA


Resumen elaborado por la Secretaria de Derechos Humanos

del Partido por la Victoria del Pueblo

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 4

La sangre no llegó al río entre Batlle y Marenales. EL LÍDER DEL MLN NO SE RETRACTÓ, PERO DIJO QUE NO QUISO DIFAMAR AL EX PRESIDENTE.

El ex presidente Jorge Batlle dio por terminado el enfrentamiento con el dirigente del MLN Julio Marenales, luego de que el ex guerrillero dijera ayer ante la Justicia que no quiso difamarlo cuando lo acusó de ser uno de los "cerebros políticos" de los escuadrones de la muerte junto con Julio María Sanguinetti.

"NO SE CALIENTE MUCHO"

Así se despidió Batlle de Marenales tras la audiencia pública por el delito de "difamación e injurias".

"Yo estoy tranquilo, aunque no parezca", le respondió el dirigente tupamaro luego de que la justicia archivara ayer la denuncia presentada por el ex presidente de la República.

Ayer, Marenales, si bien no se retractó, dijo que no tuvo intención de injuriar a Batlle, lo que para el ex mandatario fueron argumentos suficientes, y por eso su abogado, Jorge Barrera, pidió el cese del proceso. Y en virtud de lo que prevé la Ley de Prensa, se dio por terminada la actuación judicial.

"80 y pico", respondió Batlle cuando el funcionario judicial le solicitó sus datos filiatorios antes de que la jueza penal Aída Vera Barreto y el fiscal Luis Bajac iniciaran la audiencia que se realizó ante más de 70 personas, entre ellos varios dirigentes colorados como Juan Justo Amaro, Daniel García Pintos, José Villar y Carlos Ramela.

Ante la jueza, Marenales dijo que llegó a la conclusión de que Batlle tuvo vinculación con los escuadrones de la muerte en base a información de prensa difundidas en 2003, cuando Batlle ocupaba la Presidencia, aunque dijo no tener problemas en "disculparse" si se demuestra que la información periodística "era errónea". "Si alguien dice que integré una organización que realizó delitos graves no me ofendo; es un hecho objetivo", comparó Marenales. "Si él (Batlle) se sintió ofendido o no, es un tema personal de él", agregó el dirigente tupamaro, quien de todos modos insistió en que no pretendió difamar al ex presidente, porque ese no es su "estilo".

Los abogados Laura Robatto y Homero Guerrero, defensores de Marenales, presentaron como prueba un documento desclasificado del departamento de Estado de los Estados Unidos donde, según el embajador de ese país de la época, Charles Adlair se informaba que Batlle pretendía organizar un grupo parapolicial para combatir al MLN. El ex presidente, por su parte, solicitó hacer uso de la palabra y dijo que su intención con la denuncia no fue buscar una acción penal contra el dirigente del MLN, sino aclarar sus dichos. "Durante toda mi vida mi vocación no ha sido la violencia, sino la ley", aseguró.

Tras la audiencia, Batlle y Marenales firmaron el acta de conformidad con lo actuado en la instancia judicial y se despidieron con un apretón de manos. El ex presidente se retiró sin realizar declaraciones a la prensa, mientras que el dirigente tupamaro llamó a "seguir adelante", aunque destacó que "hay daños que no se pueden reparar".

LA REPÚBLICA PÁG. 2

Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos.

Bajo la consigna "Latinoamérica exige: Nunca Más Desaparición Forzada", se recordará el sábado un nuevo Día Internacional del Detenido Desaparecido. Actuarán Carlos Benavides, Rubén Olivera, Diego Kuropatwa, Viviana Ruíz y Grupo de Danza Menades. Habrá una muestra fotográfica.

Convoca: Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, PIT-CNT, Amnistía, FEUU.

El evento tendrá lugar a las 17.30 horas en la Facultad de Psicología (Tristán Narvaja y Uruguay).

LA REPÚBLICA PÁG. 4

Ex presidente Batlle retiró la denuncia contra Marenales Dirigente tupamaro. Dijo que su intención no había sido difamar al ex presidente.

El ex presidente de la República, Jorge Batlle, consideró satisfactorias las expresiones del dirigente tupamaro Julio Marenales, donde asegura que no tuvo intenciones difamatorias al catalogarlo como uno de los "cerebros políticos" del "Escuadrón de la Muerte", lo que puso fin al proceso judicial.

El dirigente del MLN-T Julio Marenales aseguró ayer ante la Justicia que sus dichos en relación a la implicancia de Jorge Batlle como "cerebro político" del "Escuadrón de la Muerte" no tuvieron intención difamatoria, sino que obedecen a un "hecho objetivo".

Marenales se manifestó "autor" de las expresiones vertidas a la prensa el 11 de agosto de 2008, pero aclaró estar dispuesto a "pedir perdón" en caso de que el documento en el cual se fundamentan fuera falso.

Las declaraciones de Marenales se fundamentan en la "transcripción" de un documento desclasificado del Departamento de Estado norteamericano donde se señala que Batlle manifestó en reiteradas oportunidades la necesidad de "formar un grupo por fuera de las instituciones" para combatir al MLNT, según indicó ante la Justicia.

El documento publicado por el semanario "Búsqueda" en 2003 expresa que el embajador

norteamericano en Uruguay, Charles Adair, reveló en 1972 la idea de Batlle de crear un grupo por fuera de la legalidad para combatir al MLN "con sus propias reglas", dijo Marenales. El abogado Jorge Barrera puntualizó entonces ante la jueza penal de 20º Turno, Aída Vera Barreto, y el fiscal Luis Bajac, que la principal interrogante es saber "si hubo o no intención de difamar", ya que "no venimos a solicitar una condena si no a defender el honor mancillado de mi patrocinado". La publicación del documento "la leí, la razoné y me la integré. Partiendo de la base de que no sea errónea, es un hecho objetivo (y lo es) mientras no se demuestre lo contrario. Si alguien dice que pertenecí a una organización que cometió varios delitos no me ofendo, es un hecho objetivo", indicó Marenales.

La afirmación sobre la implicancia de Batlle en los Escuadrones de la Muerte "es un hecho objetivo", pero "no tuve intención de difamar porque el agravio no es mi estilo", recalcó Marenales. La información publicada por la prensa "es grave" y con ella "me formé opinión" sobre esos sucesos, indicó el dirigente tupamaro. Ahora "si se demuestra que esa información es errónea no tengo ningún inconveniente en pedir disculpas", expresó. La información "puede ser un invento de la prensa (por lo que) me llama la atención que no haya reaccionado antes", indicó Marenales al recordar los cinco años transcurridos desde la publicación del documento y la investidura de Jorge Batlle en el año 2003, nada menos que como presidente de la República. La parte denunciante resolvió entonces darse por "satisfecha" ya que su interés era "defender el honor mancillado" de Jorge Batlle ante las declaraciones y "no solicitar la condena" del dirigente tupamaro, por lo cual Jorge Barrera solicitó concluir la indagatoria. El "objetivo" del proceso "se ha cumplido, no es nuestra intención utilizar el sistema judicial para dirimir contiendas político-partidarias o ideológicas". Las declaraciones corresponden "sólo a una convicción personal de Marenales", expresó Barrera. Las dos partes del caso rechazaron ante la jueza Vera Barreto impulsar la "exceptio veritatis" del documento, aduciendo que no era parte de la causa llevada adelante en la oportunidad. El ex mandatario solicitó entonces hacer uso de la

palabra. "No he venido a buscar sanción", ya que la denuncia "no fue una reacción contra Marenales", solamente "tenía que preservar el honor". "Mi vocación no es la guerra, es la paz", señaló Batlle. La audiencia fue seguida por un importante marco de público, entre ellos varios dirigentes de la Lista 15.

LA REPÚBLICA PÁG. 4

El documento que incrimina a Jorge Batlle La guerra al MLN-T.

Un documento confidencial del embajador estadounidense Charles Adair enviado al Departamento de Estado norteamericano en febrero de 1972, adjudica al ex presidente Jorge Batlle la idea de crear un grupo pequeño, secreto e ilegal, que combatiera a los Tupamaros "en sus propios términos". El contenido del documento, divulgado años atrás por el periodista Gerardo Lissardy en el semanario Búsqueda, fue expuesto ayer en el juicio público de difamación que Batlle le inició al dirigente tupamaro Julio Marenales, quien había acusado al líder de la Lista 15 como uno de los promotores de los escuadrones de la muerte en Uruguay. El documento, obtenido ahora por el investigador Carlos Osorio en el Archivo Nacional de Estados Unidos, es una síntesis del embajador Adair de una serie de

conversaciones que funcionarios de la embajada tuvieron con Batlle, el senador Eduardo Paz Aguirre, el administrador del diario Acción, Enrique Piqué, y el politólogo Ulyses Graceras. El informe, rotulado como "confidencial" (la más baja categoría del Departamento de Estado norteamericano) se titula "Visión de la Lista 15 en su futura relación con la administración Colorada" y hace referencia a distintos tópicos del análisis que los voceros de la Lista 15 realizaron ante funcionarios de la embajada.

Luego de señalar cómo eran las relaciones entre el grupo de Batlle y el presidente electo Juan María Bordaberry ("El es un vasco", habría sintetizado Batlle), quien asumiría sólo semanas después, el 1º de marzo de 1972, el informe de Adair analiza las consecuencias del reciente resultado electoral antes de referirse al "terrorismo". "Tal como en previas conversaciones con nosotros, Batlle repitió que está a favor de atacar el problema terrorista con un grupo nuevo, pequeño, y secreto que lucharía contra los Tupamaros en sus propios términos. Dijo que un grupo tal tendría que ser formado fuera de las autoridades constituidas legalmente", concluye el embajador en su informe.

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 5

Lanzarán spots con hijos de desaparecidos. CAMPAÑA CONTRA LA CADUCIDAD.

LA COMISIÓN de Publicidad del Pit-Cnt terminó de producir los spots publicitarios para la campaña de recolección de firmas para anular la ley de Caducidad. La campaña será presentada la semana que viene en conferencia de prensa y a partir del 1º de setiembre, las piezas publicitarias se difundirán en televisión y radio.

Los spots fueron annados con testimonios de hijos de desaparecidos, según la coordinadora de Publicidad y Propaganda del Pit-Cnt; la idea es concienciar de la importancia de firmar para mudar la ley de Caducidad. Entre los testimonios se encuentra Sandro Soba, hijo de Adalberto Soba desaparecido en Buenos Aires en 1976. Estará presente el testimonio de Alberto Mechoso hijo; por la desaparición de Mechoso y de Soba fueron procesados los 8 militares que hoy se encuentran presos.

También participaran Valentina Chávez, hija de Ubagesner Chávez Sosa cuyos restos fueron encontrados afines de 2005 en una chacra de Pando; y Soledad Dossetti. hija del matrimonio que integraban Edmundo Dossetti e lliana García, ambos desaparecidos en Buenos Aires 1978.

El proyecto será financiado por la Coordinadora por la nulidad de la ley de Caducidad y por privados.

El coordinador del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo a Ultimas Noticias que las piezas publicitarias son muy conmovedoras y fuertes. "Estamos convencidos que se debe dar un empujón publicitario, los testimonios me llegaron en lo más profundo, no solo por lo emocional sino por lo tuerte de las historias", comentó Pereira. Los realizadores esperan grabar más testimonios para poder rotar las piezas. Macarena Gelman fue invitada a participar de la campaña y grabar su testimonio pero aún no ha participado por problemas de tiempos y de otras actividades.

EL PAÍS PÁG. 8

Bardesio y 'la línea bestia'.

La jueza Graciela Eustachio, que tiene el expediente sobre el escuadrón de la muerte, podría ir a Argentina a interrogar al ex fotógrafo policía Nelson Bardesio. Marenales dijo ayer que es difícil que Bardesio "diga todo lo que podría decir" porque sería riesgoso para él: "Si habla demasiado, se la pueden cobrar. Hay gente que no juega. Nosotros teníamos compañeros que llamábamos línea bestia.

Del otro lado también hay líneas bestias".




01.09.2008 08:04 / RECORTES DE PRENSA

RESUMEN DE PRENSA.


Resumen elaborado por la Secretaria de Derechos Humanos

del Partido por la Victoria del Pueblo

EL ECO (Colonia) 23/08

Más de 600 firmas en Carmelo contra la impunidad.

Más de seiscientas firmas se juntaron el pasado fin de semana para apoyar la anulación de la Ley de Caducidad, votada en el parlamento en 1986 bajo presión militar y que perdura en nuestros días como un resabio que deja la puerta abierta para que el Estado vuelva a asesinar uruguayos con impunidad.

La comisión local apoyada por una delegación de la Comisión Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad estuvo en la entrada de San Roque el pasado fin de semana y dialogó con los ciudadanos que concurrieron al evento, les explicaron a cada uno la importancia de anular la ley "por el pasado sin cerrar pero también por el futuro de nuestros hijos. Para que el Estado no vuelva a detener y

desaparecer uruguayos", señalaron.

La respuesta de la población de Carmelo y sus alrededores fue masiva. Fueron más de 600 las firmas que se recogieron. Aquí algunas fotos de quienes apoyaron con su firma.

EL ECO (Colonia) 23/08

Frases que calaron hondo.

"Hasta que no se sepa la verdad no estoy dispuesta a dar vuelta la página"

"¿Por qué si a alguien le matan al padre, el asesino va preso y en mi caso no?"

La primera frase es de Macarena Gelman (31 años) que reclama saber dónde está el cuerpo de su madre asesinada y enterrada en Uruguay. Y la pregunta corresponde a Valery (24), el hijo de Vladimir Roslik. Orgullo y dolor causa ver a ambos pelear por Justicia. ¿Cómo? Impulsando la anulación de la ley de caducidad.

Son víctimas directas y con el dolor a cuestas, salen, suben a estrados y se presentan en medios de prensa, repitiendo una y otra vez sus historias del horror, porque están dispuestos, por encima del dolor, a encontrar junto con los uruguayos que rechazan la injusticia, la verdad sobre sus padres, la de los demás desaparecidos y la de todos los niños de ayer, jóvenes de hoy que fueron arrebatados por los militares y entregados a familias en adopción. Luchan con intensidad para que se sepa dónde están los cuerpos de los llamados "desaparecidos por la dictadura", quiénes los mataron, y para que los culpables sean juzgados por la Justicia como pasa con cualquier ciudadano que comete un crimen, viola los derechos humanos. ¿Piden demasiado? ¿Es subversivo lo que reclaman? ¿Es hacer políticapartidaria pedir Justicia?

No es raro escuchar decir: "si le hicieran algo a mi hijo, soy capaz de matarlos". Valery y Macarena no quieren que maten a nadie, piden que sea la Justicia la que decida si los asesinos deben seguir libres o ir a la cárcel. No hablan de matar, no se vislumbra odio en sus miradas, sí tristeza. Piden ser entendidos, y por ende que la ciudadanía firme para anular la ley de caducidad, eso permitirá a los jueces investigar. Estos hechos deberían hacer firmar a todos los uruguayos contra la impunidad

¿Cómo? Hay repartidas papeletas en todo el país para que la ciudadanía firme para pedir la nulidad de la Ley de Caducidad. Si se logran reunir 300 mil firmas, junto con las elecciones nacionales se votará que permanezca la impunidad (Ley de Caducidad) o que brille la justicia (anular esa ley).

El día que ambos jóvenes (10 de agosto) estuvieron en Nueva Palmira, en el estrado ubicado sobre la vereda de la sede de la intersindical (Chile entre Jacinto Laguna y Gral. Artigas), no bien terminaron de hablar quedaron sentados en el escenario como si acabaran de ser apaleados. Erizaba el esfuerzo y

la valentía de verlos de pie ante gente desconocida y contar lo que padecieron y padecen, con palabras sencillas, sobreponiéndose a la timidez que a ambos caracteriza. Imposible no comprenderlos.

34 años de injusticia.

Valery Roslik, vive con su mamá en Paysandú. Estudia ingeniería de sistemas en Concepción del Uruguay, porque es más barato que trasladarse a Montevideo a hacer la carrera. Le encanta la música y con su guitarra participa en un grupo de rock sanducero. Su mamá "está chocha con lo que hago por mi padre, porque ella está medio agotada psíquicamente, hace 34 años que está luchando por justicia"

Ninguno de los gobiernos democráticos, desde 1985 a la fecha, citó a la esposa o al hijo de Vladimir

Roslik asesinado en el cuartel de Fray Bentos en 1984, fue retirado de su casa del pueblo San Javier por militares. "Los cabecillas que dieron la orden de torturar a mi padre, hoy estarán tomando mate, tranquilos en sus casas. No sé qué les debe pasar por la cabeza a esos tipos, no sé cómo pueden estar bien con su conciencia. Queremos saber quiénes fueron los autores intelectuales de la muerte de mi padre", dijo Valery a EL ECO.

San Javier tendrá unos "1.500 habitantes" y desde que asesinaron al doctor Roslik "hay gente que hasta el día de hoy no quiere hablar del tema, incluso algunos que estuvieron presos. Tienen miedo hasta el día de hoy; psicológicamente lo que pasó afectó a la gente del pueblo".

Valery tenía cuatro meses cuando mataron a Vladimir. Aquel bebé con el paso de los años se fue enterando de lo ocurrido. "Tendría 15 años cuando le rindieron homenaje a mi padre en el salón de los Pasos Perdidos y ahí fue como que tomé conciencia de lo grande que fue mi padre. Creo que a partir de ahí empecé a participar y desde los 18 años me fui interiorizando más y comencé a movilizarme. Mi padre fue una víctima de la dictadura. ¿Por qué si a alguien le matan al padre, el asesino va preso y en mi caso no?", esa misma frase que dijo a EL ECO minutos antes la había dicho en el escenario.

La gente tiene que "abrir un poco la cabeza, la información está, sólo hay que querer buscarla. Hay muchos prejuicios. Se han perdido valores, valores de identidad. Hay una parte de la historia reciente del Uruguay que parece no existir, no se trata en los centros de educación uruguaya. Me gustaría que a los jóvenes que les interesa el tema, agarren un libro, pregunten, se informen. Es importante que firmen para anular la ley de caducidad", expresó.

La dictadura afectó a todos.

Macarena Gelman, estudia bioquímica en la Universidad de la República y trabaja. Vive en Uruguay con su madre adoptiva y está frecuentemente en contacto con su familia biológica argentina. Se siente de los dos lados del Río de la Plata, producto de su pasado, del que comenzó a conocer lentamente a partir del año 2000. La particularidad que la hace no pasar desapercibida es ser la nieta del poeta internacionalmente famoso Juan Gelman. "Más allá de la figura pública, de su trayectoria como escritor, como periodista, como poeta, yo siempre lo vi desde la posición de abuelo. Por ser la nieta de una figura pública me expuso un poco más; sin embargo tengo que agradecer que la prensa ha sido muy respetuosa conmigo. Yo hablé cuando decidí hacerlo, sin presiones, por voluntad y en el momento que consideré necesario, oportuno", dijo a EL ECO.

Participa en la campaña por anular la ley de caducidad porque "lo siento, lo necesito, el país también necesita la verdad. Generalmente el tema de los desaparecidos se asocia a un grupo de gente, yo creo que de una forma u otra afectó a todas las familias aquí en Uruguay. No todos tienen un familiar desaparecido, no todos sufrieron la violencia directa; la violencia fue contra el sistema político uruguayo y en esa medida nos afectó a todos".

Desde que se enteró que no era hija biológica de quienes figuraban como sus padres comenzó a buscar su verdad, la otra historia. "Mucha gente colaboró, porque en las búsquedas que por lo general son un poco áridas, el apoyo juega un papel muy importante. Desde un principio hubo dos personas que estuvieron conmigo: Monseñor Galimberti que jugó un papel de intermediario de una forma excelente, reservada, cálida, de mucha contención, para mí y para mi mamá, porque ambas estábamos solas. Y la otra persona fue el doctor Gonzalo Fernández que me asistió desde lo jurídico. Hay que ubicarse en aquel momento en el que yo había perdido toda referencia y no tenía prácticamente nadie en quien confiar. Galimberti y Fernández, cada uno en su rol, me apoyaron muchísimo", contó a EL ECO.

Contrariamente a lo que pasa en muchos otros casos la madre adoptiva de Macarena la ha apoyado desde un principio. "Fue ella la que comenzó a trasmitirme la parte de la historia que ella sabía, por ella me enteré de mi pasado". Con el paso del tiempo las asperezas que pudieran haber aparecido entre la familia biológica y la adoptiva "se fueron superando. Sigo viviendo con mi mamá. No tuve que elegir, no estoy dispuesta a elegir, la familia que me crió y me dio su afecto es mi familia y después se sumó "mi familia biológica. Nadie me ha obligado a nada. En lo personal estoy muy satisfecha de seguir adelante sin presión familiar".

Si no tuviera la comprensión familiar dijo que no hubiera tenido fuerzas para seguir, "me hubiera enloquecido en un primer momento". Y remarcó que la gente no confunda comprensión "con conformidad, porque no estoy conforme con esta situación y estoy apostando a que cambie. Hasta que no se sepa la verdad, no estoy dispuesta a dar vuelta la página. Mi mamá me apoya en esta búsqueda.

Hay que anular la ley de caducidad".

LA REPÚBLICA PÁG. 3 23/08

La CIDH se pronunció a favor de Gelman en su denuncia contra el Estado uruguayo. Plazo. Uruguay tiene dos meses para habilitar derecho a la verdad de Juan y Macarena Gelman.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó resolución a favor de Juan y Macarena Gelman en su denuncia contra el Estado uruguayo que con la vigencia de la Ley de Caducidad no le permite saber la verdad sobre lo ocurrido con María Claudia García de Gelman, desaparecida en Uruguay en 1976

La decisión de la CIDH fue notificada formalmente ayer en la mañana a la Cancillería uruguaya. El contenido de la resolución entregada a la Cancillería establece un plazo de dos meses para que el Estado de Uruguay cumpla las recomendaciones del organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Aunque la resolución de la CIDH es reservada para la parte denunciante, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) que representa a los Gelman ante la OEA informó al abogado José Luis González que el pronunciamiento es favorable ya que impone el artículo 50 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

La Convención establece en su artículo 50 que cuando el Estado parte no da una solución satisfactoria a las recomendaciones de la CIDH, el organismo trasmitirá sus conclusiones e impondrá un plazo de dos meses para su cumplimiento, antes de que el caso sea derivado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La CIDH ya había realizado un pronunciamiento en contra de la Ley de Caducidad en el año 1992, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, pero la norma se mantuvo vigente. La Corte Interamericana, de actuar, puede imponer una condena al Estado uruguayo que, incluso, correría riesgo de ser expulsado de la OEA.

María Claudia, nuera del poeta argentino y madre de la joven nacida en cautiverio en el Hospital Militar, fue secuestrada el 28 de agosto de 1976 en Buenos Aires, recluida junto a su esposo Marcelo Gelman en el centro de torturas Automotores Orletti y luego trasladada ilegalmente a Montevideo donde dio a luz a su hija antes de ser desaparecida.

Macarena Gelman había recuperado su identidad en el año 2000 poco después de la asunción del presidente Jorge Batlle, quien decidió la creación de la Comisión para la Paz, sin embargo, meses más tarde el propio mandatario decidió cerrar la causa judicial al incluirla en la polémica Ley Nº 15.848.

La denuncia Gelman.

El reclamo ante la CIDH fue presentado el 8 de mayo de 2006 por Juan Gelman y Macarena Gelman, quienes denunciaron que sus derechos eran violados por Uruguay donde el Poder Judicial había clausurado definitivamente la indagación sobre lo ocurrido con María Claudia y su eventual lugar de enterramiento clandestino.

Un año después, la CIDH aprobó un informe de admisibilidad sobre el Caso Gelman y pidió respuesta al Estado uruguayo por el mantenimiento de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que ya había sido considerada violatoria de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el año 1992.

El expediente del Caso Gelman fue reabierto en dos ocasiones por el juez Gustavo Mirabal, ante quien se presentaron pruebas supervinientes aportadas por sendas investigaciones de LA REPUBLICA, en las que se ubicó la Base Valparaíso (último paradero de María Claudia) y se denunció la existencia del

"segundo vuelo" de Orletti.

La investigación periodística estableció que María Claudia fue trasladada a Uruguay en el mismo "paquete" de ese "segundo vuelo" por el que en 1976 se trajo a una veintena de uruguayos, secuestrados en Argentina y torturados en Orletti, quienes fueron recluidos en el "300 Carlos", ejecutados en forma masiva y sus cuerpos desaparecidos.

El presidente Tabaré Vázquez, al asumir declaró que el caso Gelman estaba excluido de la Caducidad, sin embargo, el fiscal actuante, doctor Enrique Moller, pidió entonces archivar el caso porque consideró que la Ley de Caducidad era una amnistía, y un tribunal de apelaciones confirmó la clausura del expediente.

A principios de 2008, Macarena Gelman volvió a presentarse ante la Justicia y pidió la reapertura de la causa. El pedido fue recibido por el juez Pedro Salazar, quien dio vista al fiscal Eduardo Fernández Dovat, que admitió reabrir la indagatoria. El Juzgado citó para el próximo 28 de agosto a los primeros testigos.

LA REPÚBLICA PÁG. 3 23/08

'Un paso, sin duda'.

Macarena Gelman sostuvo anoche a LA REPUBLICA que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituía "un paso, sin duda", pero advirtió que desconocía el contenido de la resolución y las recomendaciones que el organismo de la OEA había realizado al Estado uruguayo. La nieta del poeta argentino Juan Gelman explicó que su abuelo ya había sido informado de la decisión de la CIDH, pero que aún no se habían puesto en contacto en forma directa, sino que ambos fueron informados de la resolución a través de su abogado José Luis González. La decisión de la CIDH "era algo que estábamos esperando, porque ya había pasado un tiempo desde que presentamos la denuncia", dijo. Agregó su deseo que el pronunciamiento "pueda ayudar al esclarecimiento de los hechos ".

EL PAÍS PÁG.7 23/08

Bardesio muy implicado. Ex legisladores Pereyra y Ferreira declararon ayer.

Los ex legisladores nacionalistas Carlos Julio Pereyra y Juan Raúl Ferreira declararon ayer en el expediente sobre el asesinatos de Héctor Castagneto, Manuel Ramos, Abel Ayala e Ibero Gutiérrez, ocurridos en los primero años de la década de 1970 y que se adjudican a un "escuadrón de la muerte".

En este expediente es que la jueza penal Graciela Eustachio pidió a Argentina la extradición de Miguel Bardesio, quien fue secuestrado por el MLN-Tupamaros y confesó pertenecer a un grupo paramilitar, que operó previo al golpe de Estado de 1973.

Juan Raúl Ferreira ratificó en la sede judicial sus declaraciones a medios de prensa, de que en una reunión en el colegio Seminario a la que acompañó a su padre Wilson Ferreira Aldunate, Bardesio reiteró la autoría del escuadrón de la muerte de varios crímenes tras ser liberado por el MLN.

Carlos Julio Pereyra también participó de esa reunión, dijo que Bardesio confirmó la existencia del escuadrón de la muerte. El ex senador agregó que Bardesio temía ser juzgado por la Justicia uruguaya, puesto que había manifestado y declarado las actividades ilegales de ese escuadrón.

Un ex policía señalado como integrante del escuadrón declaró ayer ante Eustachio y el fiscal Ricardo Perciballe.

En su testimonio afirmó que no estuvo en acciones de ese grupo y aportó datos y nombres de personas que sí lo habrían estado, indicaron fuentes del caso.

LA REPÚBLICA PÁG. 8 23/08

Ex agente confirmó ante el juez los crímenes del Escuadrón de la Muerte. Locuaz. Dio 'nombres importantes' de sus integrantes y los crímenes cometidos.

El ex agente de policía Nelson Benítez ratificó ayer ante la Justicia todas sus declaraciones emitidas ante el senador democratacristiano Juan Pablo Terra sobre los crímenes del "Escuadrón de la Muerte" y reveló nombres importantes del organigrama de la organización paramilitar.

Sentado en una de las sillas de la antesala del Juzgado Penal de 8º Turno, Nelson Benítez aguardaba ser llamado para declarar como "testigo" en una de las causas más emblemáticas vinculadas con la represión pre-dictadura en Uruguay.

Campera de cuero marrón clara, pantalón de vestir y zapatos, un gorro con visera tapaba su rostro.

Permanecía impávido, como dormido, o haciéndose el dormido, mientras esperaba y esperaba.

Escuchó su nombre y se levantó. Ingresó a la sala donde lo aguardaban la jueza Penal de 8º Turno, Graciela Eustachio, y el fiscal Ricardo Perciballe con muchas interrogantes. Se sentó y comenzó a hablar. "Parece que había que pararlo", indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

El ex agente de policía Nelson Benítez ratificó ante la Justicia todas y cada una de sus expresiones emitidas ante el senador democratacristiano Juan Pablo Terra, sobre atentados, asesinatos y desapariciones, responsabilidad del "Escuadrón de la Muerte y Comando Caza Tupamaros", expresaron las fuentes.

Benítez aceptó ante la jueza "su participación en un grupo tangencial de los Escuadrones de la Muerte, vinculado a tareas de inteligencia y seguimiento", pero no en el núcleo central de la organización "responsable de asesinatos y desapariciones", precisaron las fuentes.

El testigo "dio nombres importantes" del organigrama central del "Escuadrón". Además reveló que, por sus dichos en 1972, "debió exiliarse" y repasó ante la magistrada todas sus vivencias posteriores a esos hechos, señalaron las fuentes.

Tras casi dos horas la audiencia llegó a su fin. Benítez debía salir del Juzgado, donde la prensa lo aguardaba desde hacia varias horas, pese al frío y la noche que llegaba. Salió por la entrada de 25 de Mayo. LA REPUBLICA lo reconoce y el ex agente de policía emprende una desenfrenada carrera en dirección contraria. El ex integrante del "Escuadrón de la Muerte" corrió y corrió hasta alcanzar un taxímetro, el cual partió raudo, como su pasajero, perdiéndose en la ciudad.

La reunión del Seminario.

Los dirigentes nacionalistas Carlos Julio Pereyra y Juan Raúl Ferreira, en tanto, declararon en torno a la reunión mantenida por un grupo de legisladores en el Colegio Seminario, donde se resolvió entregar al ex fotógrafo policial al Ministerio de Defensa Nacional.

El encuentro se realizó a solicitud del propio Bardesio, quien pidió "garantías" para no ser entregado al Ministerio del Interior, ya que temía por "su seguridad" tras las revelaciones realizadas durante su detención en la "Cárcel del Pueblo", indicaron los dos ex legisladores. El ex agente de la CIA "reconoció haber integrado el 'Escuadrón de la Muerte'", reveló el nombre de varios de sus integrantes y "los atentados cometidos contra estudiantes y militantes políticos", entre ellos el de Héctor Castagnetto, expresó Carlos Julio Pereyra. Bardesio reiteró durante ese encuentro las mismas denuncias sobre crímenes y atentados expresados ante el MLN-T y sus referencias se centraron sobre "algunos jerarcas policiales, como (Hugo) Campos Hermida", señaló Pereyra tras comparecer ante la Justicia.

El ex fotógrafo policial "pedía que lo lleváramos a una embajada extranjera, pero nosotros éramos legisladores y no podíamos ir a pedir la protección de un Estado extranjero, (por lo que) resolvimos, para protegerle la vida, entregarlo al ministro de Defensa Nacional (general Magnani)", recordó Pereyra.

Bardesio pidió protección al diputado Héctor Gutiérrez Ruiz porque "temía ser ajusticiado por la policía uruguaya", y tras ese requerimiento y para constatar su declaraciones es que se concreta la reunión con legisladores nacionalistas y del Partido Colorado.

Juan Raúl Ferreira, con sólo 18 años, era estudiante del Seminario, cuando el padre José Aguerre lo mandó buscar porque Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra se encontraban "en la rectoría".

Al llegar al lugar se encontró con varios legisladores reunidos con Bardesio.

"En un momento Wilson dijo que se parecía al protagonista del libro 'El americano impasible', de Ernest Hemingway", recordó Ferreira. "¿Cómo alguien que no se atreve ni a mirar a los ojos es capaz de disponer de la vida ajena con tanta facilidad?", se preguntó entonces Wilson, reveló su hijo.

Bardesio pidió "ser protegido de la policía, (por lo que) se lo entrega a las FFAA con un compromiso que no se cumple". El senador y ex presidente Julio María Sanguinetti, entonces ministro de Educación y Cultura, "fue el nexo (entre los legisladores) con el Poder Ejecutivo", recordó. El general Magnani "rompió el acuerdo y lo entregó al Ministerio del Interior". Bardesio cambió su declaración y nunca declaró ante la Justicia, para luego exiliarse en varios países como Canadá, México y Argentina "siempre con su nombre", señaló.

LA REPÚBLICA PÁG. 8 23/08

Las actas no aparecen. Lo denunció el ex senador Carlos Julio Pereyra.

Los crímenes del "Escuadrón de la Muerte" y las posteriores declaraciones de Nelson Bardesio ante el MLN-T confirmando su existencia y revelando a varios de sus integrantes, fue el disparador de una Comisión Investigadora creada a nivel parlamentario para indagar sobre estos temas. El ex senador Carlos Julio Pereyra fue uno de los integrantes de esa Comisión en la cual se reclamó, insistentemente, la presencia de Bardesio, con vistas a ratificar la denuncia emitida ante todos los legisladores que concurrieron ese mediodía de mayo de 1972 al Colegio Seminario.

El ex agente de la CIA fue entregado por los legisladores al ministro Magnani y al entonces

comandante en jefe del Ejército, Florencio Gravina, pero luego de ser trasladado al Ministerio del Interior, negó todos sus dichos y aseveró que fueron emitidos bajo "apremios psicológicos".

La Comisión Investigadora citó a Bardesio, y fue allí cuando los legisladores se enteraron de que había sido entregado al Ministerio del Interior, "cuando concurrió negó todo, pero dicho sea de paso, todos los antecedentes de la Comisión Investigadora han desaparecido", expresó Carlos Julio Pereyra.

EL PAÍS PÁG. 12 24/08

Vale Saber.

Gelman. Comisión de OEA falla a favor.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió a favor del poeta argentino Juan Gelman en su denuncia contra el Estado uruguayo que impidió la investigación del asesinato de su nuera, María Claudia García, desaparecida en Montevideo en 1976. La decisión, notificada el viernes a la Cancillería, establece un plazo de dos meses para que el Estado cumpla las recomendaciones del organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

LA DIARIA PÁG. 2 26/08

ELISA DELLEPIANE DE MICHELINI.

Ayer falleció Elisa Dellepiane, cuyo sepelio se realizará hoy a las 11.00 en el Cementerio Central.

Viuda del senador Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires en 1976, fue una de las tres presidentas de la comisión que impulsó el referendo contra la Ley de Caducidad, junto con María Esther Gatti de Islas y Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz. En ese proceso, que la llevó a duros debates y decisiones difíciles, puso su entereza y su calidez humana al servicio de los valores democráticos, y le aportó al país, durante menos de treinta meses de intensa actividad pública, más que muchos profesionales de la política con largas trayectorias.

LA REPÚBLICA PÁG. 2 26/08

Caducidad: Brovetto no firma.

"Yo no voy a firmar" para derogar la ley de Caducidad, anunció el presidente del Frente Amplio (FA) Jorge Brovetto. El representante político explicó que "este gobierno anunció que no derogaría la ley de Caducidad. A pesar de que estamos totalmente en contra. Lo que defendió el congreso fue exclusivamente habilitar que la estructura del FA recogiera firmas para que la ciudadanía sea la que se expida, no el FA".

Consultado sobre su accionar personal sobre el tema, Brovetto dijo que "cada uno tiene en su conciencia lo que debe hacer. En mi caso particular lo he hecho público: yo no voy a firmar porque me comprometí a que en este período de gobierno, no íbamos a derogar la ley de Caducidad, a pesar de estar en contra por una sencilla razón, cuando ganamos un plebiscito queremos que se respete, cuando perdemos, lo respetamos", concluyó.

19. EL OBSERVADRO PÁG. 5 26/08

En el Frente no hay entusiasmo para derogar Ley de Caducidad. BROVETTO RECONOCE UNA REACCIÓN "TIBIA" DE LA FUERZA POLÍTICA EN LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS; HAY MOLESTIA EN LAS BASES.

Hubo elecciones en los comités con muy buena convocatoria, dicen los frenteamplistas.

Las bases del Frente Amplio y algunos sectores de la fuerza política parecen estar enfrentadas en un tema importante: la recolección de firmas para anular la ley de Caducidad. Desde el propio oficialismo se admite que se está incumpliendo con una orden del Congreso del FA al participar "tibiamente" en la campaña y no poner todo el peso de la estructura para juntar firmas.

Ayer el tema estuvo arriba de la mesa en casi todas las asambleas de militantes, mientras se

conmemoraba el día del comité de base, en el que los frenteamplistas se reunieron para elegir las autoridades internas y hacer un análisis político.

Algunos militantes están molestos por el tratamiento que el FA le ha dado al tema, según pudo constatar El Observador en una recorrida por los comité.

Los afiches invitando a firmar por el plebiscito en cada uno de los comité, muestra a las claras cuál es la posición de las bases: "Anular la ley de la impunidad", tal como le llaman en la izquierda.

El propio presidente del FA, Jorge Brovetto, reconoció la falta de movilización para la campaña y anunció que el Secretariado analizará el tema en las próximas semanas. El líder del MPP, José Mujica, dijo que firmó para la anulación, no por estar de acuerdo con la anulación de la ley, sino porque veía que la fuerza política no cumplía con un mandato del Congreso.

Las elecciones de ayer fueron importantes de cara al próximo Congreso, que se realizará en diciembre

próximo y en el que se resolverá el programa y posiblemente la fórmula a la presidencia por el Frente.

Es que se eligieron las autoridades de los comité que luego definirán los delegados a ese Congreso.

El presidente del Frente Amplio se mostró ayer muy satisfecho con la jornada de votación tras recorrer varias asambleas de militantes.

En diálogo con El Observador destacó el alto nivel de participación de los militantes.

Bases. El FA está compuesto desde su nacimiento en 1971 por bases y sectores. "Movimiento y coalición", repiten los frenteamplistas. Las bases se reúnen en los comité y allí discuten políticamente los distintos temas que hacen al accionar político. Las bases la formar los militantes que, más allá de su filiación sectorial, se reúnen en distintos comité en función de su lugar de residencia.

Caducidad. Con el presidente Tabaré Vázquez a la cabeza, la mayoría de los sectores se ha mostrado contrario a realizar un plebiscito para la anulación de la ley de Caducidad por considerar que el tema ya fue saldado antes de las elecciones y que en el programa para los comicios de 2004 había quedado claro que el camino era respetar la ley y seguir avanzando en el tema derechos humanos a través del artículo cuarto de la norma.

Sin embargo, el FA cambió de postura en el último Congreso de las bases y un posterior Plenario mandató a los comité a la recolección de firmas.

En las reuniónes de los comité el tema estuvo arriba de la mesa, al menos de forma informal. En líneas generales, la mayoría de los militantes de base está de acuerdo con la anulación de la ley.

Los militantes de base ven que más allá de las acciones concretas que puedan realizar ellos, el Frente Amplio como organización no está poniendo lo suyo para la recolección de firmas.

Tibieza. Brovetto admitió ayer la situación. "Debo reconocer que por ahora la reacción ha sido muy tibia de muchos compañeros que no lo deben sentir y no han tomado como tarea propia la recolección de firmas", dijo Brovetto en Poder Ciudadano Radio, que se emite en Azul FM. Según el presidente del FA, "ninguna decisión ni de los Congresos ni de los Plenarios obliga físicamente a ningún compañero a hacer lo que no siente. Se sale a buscar firmas si considera que eso es lo que siente que debe hacer", agregó Brovetto.

Por ello el Secretariado Ejecutivo analizará el tema en los próximos días, para verificar que la falta de movimiento no sea por una ausencia de propaganda de la fuerza política. El FA como organización no ha realizado ningún tipo de publicidad en favor de la recolección de firmas.

Mujica también habló del tema. En entrevista con el matutino la diaria, hablando sobre lo

programático, dijo que los frenteamplistas deben preguntarse cuál es el peso del Congreso. "La señal que tengo no es buena, porque el último Congreso decidió algo a lo que no le dieron pelota", dijo Mujica en relación a la convocatoria para anular ley de Caducidad.

Señaló que él no está de acuerdo con la recolección de firmas y que piensa que "la decisión del congreso fue errada". Sin embargo, firmó y dijo que lo hizo "para llamar la atención".

"El Congreso decidió una cosa y cuando salió esa moción nadie dijo 'esta boca es mía´ en contra", afirmó Mujica. Ahora, el FA analizará nuevamente el tema en el Secretariado Ejecutivo, pero nada hace pensar que cambie la situación y se empiece a trabajar en pos de la anulación de la ley, ya que la mayoría de los dirigentes de peso está en contra de esa estrategia.

EL OBSERVADOR PÁG. 4 26/08

Voces con peso.

Hugo Sosa.

Comité José Araújo. Barrio Casavalle. Coordinadora.

"El plebiscito para anular la ley de Caducidad le da a la gente la posibilidad de decidir qué quiere hacer con la ley. Si bien este gobierno ha hecho muchas cosas por los Derechos Humanos aún falta y hay muchas cosas por hacer. Nosotros ya llevamos recolectadas 60 firmas en el barrio".

Amelia Masse.

Comité de Base de Pocitos Prudencio Vázquez y Vega.

"A la larga todos van a firmar por más que voces de peso no estén a favor. A pesar de lo que se dijo en la campaña electoral, la militancia resolvió plegarse a la recolección. Se está luchando contra un cerco de silencio, contra una omertá de los militares. Hay posibilidades de cambiar la forma de pensar".




21.08.2008 08:14 / RECORTES DE PRENSA


Retomarían excavaciones por desaparecidos. ESPECIALISTAS TRABAJAN SOBRE INFORMACIÓN RECABADA Y VOLVERÁN A LOS CUARTELES ANTES DE FIN DE AÑO.

EL EQUIPO de especialistas de la Facultad de Humanidades que a pedido de la Presidencia desarrolla tareas de búsqueda de detenidos-desaparecidos, podría volver realizar excavaciones en predios militares antes de fin de año si es que culminan el proceso de análisis de diversa información recopilada en el último tiempo.

El jefe del grupo de técnicos, el arqueólogo José López Mazz, dijo a Ultimas Noticias que en función de los elementos que están siendo procesados, es "probable" que en el corto plazo se puedan retomar las tareas de búsqueda en al menos "tres o cuatro" establecimientos castrenses López Mazz dijo que el equipo mantendrá la semana próxima una reunión con el canciller Gonzalo Fernández para evaluar la situación, El actual secretario de listado es quien desde el inicio del gobierno

del Frente Amplio, desde su cargo de secretario de la Presidencia, coordinó la tarea de los técnicos con el Ejecutivo.

A principios de 2007, el grupo de técnicos renovó su contrato con la Presidencia sobre la base del cual las tareas de excavaciones se reanudarán siempre que exista información confiable. El año pasado, los especialistas ampliaron datos sobre los lugares en los que ya se había trabajado previamente. En los

últimos meses, las tareas se desarrollaron principalmente en la Cárcel de la Tablada y en el Grupo de Artillería Antiaérea Nº 1, ubicado próximo al balneario Salinas. A pesar de los diversos trabajos, no se ubicaron restos, aunque sí se recopiló información que podría ser utilizada en el futuro. Además, por

orden del juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini, los especialistas realizaron peritajes en un predio lindero al ex Batallón Florida en el marco de la causa que indaga la desaparición de Elena Quinteros.

Desde la asunción del presidente Tabaré Vázquez fueron encontrados los restos de dos desaparecidos: a fines de ese año en el Batallón Nº 13 de Infantería se ubicó el cuerpo de Fernando Miranda, y en noviembre de 2006, en una chacra de Pando fueron hallados los restos de Ubagesner Chaves Sosa.

 

LA REPÚBLICA PÁG. 4

Mujica firma y explica por qué. Ley de Caducidad. Recordó que el último Congreso del FA resolvió

apoyar la campaña.

Tras anunciar su cambio de rumbo, el senador José Mujica firmará hoy para anular la Ley de Caducidad. El líder del MPP dijo ayer a este diario que con su decisión pretende "que sea la gente la que decida" por la trascendencia del tema y no que la decisión quede en manos de los legisladores.

El legislador firmará hoy su papeleta para anular la ley de caducidad en el marco de un acto que tendrá lugar en la sede del PITCNT a las 11.00 hrs. En el mismo, el jerarca entregará un "volante" en el que justifica su decisión, según dijo ayer a la prensa.

Si bien el senador dijo días atrás que su decisión surgió a raíz de que "se lo estaban pidiendo" y de que estaba "podrido de ir a los juzgados", ayer Mujica aclaró que estos hechos oficiaron de disparadores para que se sentara a reflexionar sobre el tema y concluyera que firmar era la decisión acertada.

"Acá hay súper crítica para todo lo que es personal, súper análisis para todo lo que es personal, pero no hay valoración de los hechos. El último congreso del FA sacó la decisión de que había que apoyar (la campaña de anulación de la Ley de Caducidad), pero después llegó un plenario donde mandató prácticamente lo contrario. Yo interpreto que el próximo congreso del FA va a mandatar a los futuros diputados que levanten la mano para derogar esa ley y ante eso, que para mí es inevitable, me parece más racional que la gente tome la decisión por la trascendencia que tiene", dijo ayer Mujica a este diario, adelantando parte de lo que serán las argumentaciones que expondrá esta mañana.

Tras ser consultado sobre la posición del presidente de la República, Tabaré Vazquez, el senador obvió contestar, limitándose a expresar "no sé lo que dice el Presidente pero sé lo que dice el FA".

Hasta el momento, el líder del MPP había optado por acompañar al presidente Tabaré Vázquez en el compromiso que hizo con la ciudadanía y no sumarse a la campaña de recolección de firmas de la Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad. No obstante, la semana pasada el jerarca anunció que firmaría, lo que dejó perplejos a muchos dirigentes del FA.

Las declaraciones del senador no cayeron bien en ciertos sectores de la izquierda, e incluso generaron malestares varios en la propia interna del Espacio 609. El senador Eleuterio Fernández Huidobro y el diputado Luis Rosadilla (ambos de CAP-L) manifestaron públicamente sus discrepancias con el jerarca. Huidobro dijo días atrás a 1410 AM LIBRE que no le parece que "poner ese tema (de la anulación de la ley) como eje central" de la estrategia del Frente Amplio "contribuya a gestar el triunfo de las fuerzas populares en el Uruguay".

El senador José Mujica anunció su cambio de postura la semana pasada, indicando a los medios que su decisión de "mantenerse por fuera del tema", le generó críticas de diverso tipo. "A veces me la han pegado hasta de centro izquierda por mi forma de pensar con respecto a la Justicia y por no querer dar manija para nada, pero voy a acompañar, a partir de hoy, a la gente que está haciendo un esfuerzo por el plebiscito, a mis compañeros del Frente", dijo.

El senador señaló que estuvo acompañando a Vázquez en "todo este proceso", pero que ahora "está podrido" de que lo cite la Justicia por "desaparecidos que nos son desaparecidos", en referencia al juicio contra la cúpula del MLN por la desaparición de Roque Arteche, por el que debió ir a declarar en repetidas ocasiones.

Más allá de su decisión, Mujica no dudó en elogiar al presidente Tabaré Vázquez por lo que ha sido su accionar en la defensa de los derechos humanos. "Yo lo vi firme (a Vázquez) en la cuestión derechos humanos, en no querer contribuir a que se levante nada, por el contrario. Es un presidente severo, firme y con un apego constitucional paradigmático. Pero me definí por esto", indicó Mujica, precisando que aún no le comunicó al mandatario su decisión.

Por otra parte, el líder del MPP remarcó que si bien tiene el convencimiento de que lo mejor es firmar, a su criterio "la anulación de la ley no va a solucionar nada". "No hay ninguna soluciona definitiva con ley o sin ley porque el que tiene la verdad y no la dice va a seguir en la misma y como no lo podés poner en un cuarto de tortura...", expresó días atrás a 1410 AM LIBRE, agregando que lo importante a su criterio no es la justicia sino la verdad.

"Si yo te pido la verdad pero al mismo tiempo te amenazo con que te voy a meter pa' adentro, no me vas a decir la verdad. La ley o no, no sirve de mucho, ese es el drama que tenemos", dijo, remarcando: "yo preferiría que me dijeran la verdad", aún teniendo que renunciar a que los culpables vayan presos.

"Porque con una manga de viejos pelotudos presos, a esta altura del partido qué vamos a reponer, pero la verdad serviría para mucho", argumentó.

En el marco de la conferencia de prensa de hoy, la Coordinadora por la Anulación de la Ley deCaducidad informará sobre lo que ha sido la campaña de recolección de firmas en el pasado fin de semana en Maldonado y Colonia. El dirigente Luis Puig dijo ayer que la misma fue "un éxito", destancando que "la campaña está en su punto más alto".

 

LA REPÚBLICA PÁG. 5

SIDE infiltró y aniquiló a familias de opositores. Jueza Gatti. Tomó declaración a familiares de los cinco uruguayos ejecutados en Soca en 1974.

Amaral García, el niño desaparecido en 1974 y recuperado en 1985 por las Abuelas de Plaza de Mayo, declaró ayer por primera vez ante la Justicia que sus padres adoptivos eran del SIDE, cuya misión era infiltrarse en familias consideradas subversivas para entregarlas a la represión.

El testimonio de Amaral García, cuyos verdaderos padres, Floreal García y Mirtha Hernández, fueron dos de los cinco uruguayos secuestrados, trasladados ilegalmente y fusilados en la localidad de Soca en 1974, fue escuchado atentamente por la jueza Graciela Gatti, ya que su relato deja entrever los vínculos entre los organismos de inteligencia argentinos y la represión uruguaya.

La jueza penal de 7º Turno, Graciela Gatti, recibió ayer la ratificación de la denuncia penal de parte de los familiares denunciantes, Alicia Estefanel, Carlos Brum, Héctor Corbo y el re-aparecido Amaral García, y tras ello comenzó el interrogatorio a estos últimos.

El joven Amaral García relató ante la Justicia sus recuerdos, sus memorias, en relación al secuestro de sus padres biológicos, y describió la "última cena" junto a sus padres a modo de despedida. El joven, de sólo tres años cuando los hechos, recordó a sus padres "muy tristes" y acostados en el piso, explicaron fuentes de la investigación a LA REPUBLICA.

El dato más revelador, sin embargo, fue el testimonio de Amaral con respecto a los "vínculos" de sus padres "apropiadores" con el Servicio de Información del Estado (SIDE) argentino. Los padres adoptivos de Amaral eran agentes del SIDE cuya misión era infiltrarse en grupos considerados subversivos para entregarlos a los órganos represivos argentinos, según su relato.

El testimonio de Amaral estaría confirmando, por tanto, la coexistencia de la coordinación represiva entre el SIDE y los organismos de inteligencia uruguayos destinados a la represión desde 1974 (ver nota adjunta).

Breve historia.

La causa "Fusilados de Soca" fue presentada dos veces ante la Justicia y dos veces rechazada. La primera denuncia se radicó en 1976 en el Juzgado de 1º Turno de Pando, donde no se desarrolló ninguna investigación. En 1987, cuando el retorno de la democracia hacía prever la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura, la causa se volvió a presentar.

Sin embargo, la investigación se encontró con el escollo del ex presidente de la República y hoy senador, Julio María Sanguinetti, quien consideró la causa amparada en la Ley de Caducidad, por lo que se dispuso su archivo, según indicaron las fuentes.

La historia señala que el 21 de diciembre de 1974 los cuerpos de Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Brum, María de los Angeles Corbo y Graciela Estefanel, fueron encontrados acribillados en la localidad de Soca. El "fusilamiento" de los cinco militantes tupamaros fue considerado una represalia por la muerte del coronel Ramón Trabal en París. La aparición del niño Amaral García en 1985, sin embargo, puso al descubierto el traslado clandestino de sus padres hacia Uruguay por efectivos de los organismos represivos y su fusilamiento.

El traslado de los cinco uruguayos en el denominado "Vuelo Cero" fue confirmado por Julio Abreu, "sobreviviente" de Soca, a LA REPUBLICA y será ratificada próximamente ante la Justicia.

 

13. LA REPÚBLICA PÁG. 5

La Armada ya coordinaba con la ESMA. Tróccoli y Larcebeau.

El ex oficial de marina Héctor Corbo, cuya hermana María de los Angeles fue una de las víctimas en 1974 de la ejecución conocida como los "fusilados de Soca", declaró ayer a la Justicia penal que la Armada uruguaya comenzó a coordinar su represión con su similar de Argentina a mediados de aquel año, cuando los oficiales Jorge Tróccoli y Juan Carlos Larcebeau realizaron cursos de instrucción en el vecino país.

Corbo explicó a LA REPUBLICA, que un año después del golpe de Estado en Uruguay, a mediados de 1974, viajó a Uruguay una delegación de la ESMA que dio una serie de cursos de contrainsurgencia en los que se enseñó a torturar a prisioneros.

Agregó que oficiales de la Armada uruguaya viajaron a Argentina para realizar cursos al respecto y que entre ellos se encontraban el hoy prófugo Tróccoli y Larcebeau, quien fue procesado por el traslado y desaparición de decenas de uruguayos secuestrados en Argentina a fines de 1977.

La disculpa del comandante.

De 59 años de edad, casado y con tres hijos, Corbo está radicado en Artigas, desde donde viajó ayer a Montevideo para declarar ante la jueza Graciela Gatti, ante quien confirmó el testimonio que diera a LA REPUBLICA en diciembre de 2005, cuando dijo que tras el fusilamiento de su hermana y los otros cuatro uruguayos en la localidad de Soca, el comandante de la Armada le pidió disculpas por el crimen cometido.

Corbo, fue citado junto a su padre, por el comandante de la Armada, vicealmirante Víctor González Ibargoyen: "Hizo pasar primero a mi padre, le pidió disculpas por lo sucedido en su nombre y en el del presidente Bordaberry, porque no había podido controlar a un sector del Ejército. Conmigo tuvo una charla aparte.

 

LA DIARIA PÁG. 4

Más testigos para Nuble. Familiares cuestionan estancamiento de la investigación.

Hoy desde el mediodía Marys Yic, hija de Nuble, presentará en el juzgado de Luis Charles 13 testigos que se sumarán a los 20 que ya habían dado sus testimonios, con el objetivo de dar cuenta de los problemas cardíacos que padecía Yic, teniendo en cuenta que la fiscal del caso pidió su historia

clínica, que nunca llegará. La representante del Ministerio Público es cuestionada por su inacción.

Yic era militante del Partido Comunista del Uruguay, obrero frigorífico del Cerro y participante activo en la resistencia pacífica contra la dictadura desde la ocupación del Frigorífico Nacional, donde también trabajó. El 22 de octubre de 1975 “a las dos de la madrugada se presentaron en mi domicilio,

en tres Volkswagen, seis personas de particular.

Sin orden de registro allanaron la casa haciendo destrozos, robando cosas. Nos dijeron que se llevaban mi padre, que pasó a estar desde ese momento desaparecido, en averiguaciones.

A los meses volvieron a buscar un colchón y nos dijeron que podíamos verlo. Cuando pudimos hacerlo, mi padre nos contó que estuvo 15 días desnudo, sentado en el suelo, encapuchado y atado; y quince días colgado. Casi no veía ni podía caminar”, manifestó Marys Yic en la denuncia que presentó

ante el juez Luis Charles en octubre del año pasado.

“La fiscal del caso [Elsa Machado] tiene todo parado y lo único que ha pedido es la historia clínica de mi padre y un oficio a la empresa fúnebre que prestó el servicio”, manifestó Marys a la diaria. Las historias clínicas en Uruguay se empezaron a guardar desde la década de los 90, cuando un decreto del

Poder Ejecutivo así lo estipuló.

La importancia de la historia clínica en esta investigación judicial en particular surge porque Yic en 1975 fue operado en dos oportunidades del corazón. De hecho, el día que lo secuestraron de su casa estaba en reposo después de una de esas intervenciones cardíacas.

Los primeros testigos a los que se tomó declaración habían estado cerca de Yic durante las torturas, la detención o su muerte, mientras que los que empezarán a declarar ni bien lo decida la justicia recordarán las afecciones al corazón que padeció Yic en aquel 1975. De alguna manera se pretende reconstruir la historia clínica, lo cual permitirá cumplir con los pedidos fiscales y entonces sí avanzar con la pesquisa en sí. “Lo que van a testificar es que lo conocían y que mi padre tuvo estos infartos.

Muchos de ellos estuvieron en el velorio y presos con Nuble”, adelantó Marys a la diaria.

 




19.08.2008 09:51 / RECORTES DE PRENSA

RESUMEN DE PRENSA.

SOBRE DERECHOS HUMANOS

TRES PUNTOS (Paysandú) 16/08

Por tu barrio. Campaña para anular la Ley de Caducidad.

La Coordinadora Departamental por la Anulación de la Ley de Impunidad continúa con su campaña de

recolección de firmas recorriendo distintos barrios de la ciudad. Este sabado estará, desde las 16 hs. en

los Barrios I 7, IC 18, I 32 y alrededores, ubicados en Instrucciones del Año XIII, Vizconde de Mauá,

Purificación y Zorrilla).

Integrantes de Cordinadora consultados por trespuntos.com manifestaron que se viene trabajando a

buen rítmo en la recolección firmas, a la vez que se mostraron confiados en que se habrá de lograr el

objetivo.

La Coordinadora departamental se reúne todos los viernes desde las 19 hs. en el local Sindical de

AUTE (Sarandí 930). La invitación se extiende a todas las organizaciones y personas que quieran

trabajar por esa causa.

 EL ECO (Colonia) 16/08

Se funda Coordinadora en Carmelo. Para anular ley de caducidad.

Con la presencia de dirigentes de varios gremios carmelitanos comenzó a organizarse en Carmelo la

comisión local para Anular la Ley de Caducidad. La primera reunión se realizó el pasado martes en la

sede de AFUC y contó con la participación de Ana Banegas como Integrante de la Coordinadora de

Derechos Humanos que se reúne periódicamente en Montevideo.

Anular la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado ya no es sólo un tema del pasado,

necesario para reconstruir nuestra memoria histórica, sino un tema del presente: no podemos dejar

como herencia y no puede quedar pendiendo sobre la cabeza de nuestros hijos una ley que abra la

puerta al terrorismo de Estado. La ley de caducidad fue aprobada bajo amenaza militar contra los más

elementales principios éticos y jurídicos de la República, desconoce la separación de poderes, viola

derechos humanos fundamentales y transgrede, flagrantemente, normas del Derecho Internacional de

los Derechos Humanos que obligan al Estado a juzgar los crímenes de lesa humanidad.

Oriunda de Nueva Palmira, Banegas fue una de las organizadoras que el domingo pasado logró traer a

la ciudad vecina a Macarena Gelman y Valery Roslik, juntando más de 100 firmas durante el acto.

Macarena es una joven nacida en cautiverio, apresada por militares uruguayos que luego asesinaron a

su madre durante la dictadura. Su padre también fue asesinado por los dictadores luego de secuestrar a

la pareja en la casa que vivían en Buenos Aires. Macarena es nieta del gran poeta argentino Juan

Gelman y recobró su identidad luego de una larga lucha de su abuelo. Valery Roslik es hijo del médico

de San Javier Vladimir Roslik, asesinado por militares uruguayos luego de torturarlo salvajemente en

1984.

Por eso, desde Carmelo también se necesita un esfuerzo de la sociedad para lograr la cantidad de

firmas necesarias para derogar esta ley, que trasciende partidos políticos y sectarismos. En este sentido

se va a realizar hoy sábado en las inmediaciones de San Roque una convocatoria para firmar para

anular esta ley. Entre las 11 y las 16 horas un grupo de carmelitanos estará allí en San Roque

ofreciendo papeletas para firmar, entregando material informativo y contestando preguntas.

Eso será hoy sábado. Mañana domingo se hará presente una delegación de la Coordinadora Nacional

con un equipo de colaboradores, ofreciendo la posibilidad de firmar para anular esta ley.

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 2 16/08

Denuncia por primera muerte de la dictadura. INDAGARÁN A BORDABERRY.

LA FAMILIA de Ramón Peré, un joven estudiante y profesor de la Facultad de Veterinaria asesinado

el 6 de julio de 1973, presentará en los próximos días una denuncia penal para que se investigue el

homicidio del joven de 29 años de edad, que constituyó la primera muerte por la represión instaurada

por la dictadura.

La acción judicial propondrá como indagados al presidente de la época. Juan María Bordaberry; al jefe

del Estado Mayor Conjunto (Esmaco), Gregorio Álvarez; y a los integrantes del Organismo

Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa) y del Servicio de Información de Defensa (SID).

Además, la denuncia, que será patrocinada por los abogados Pilar Elhordoy, Juan Errandonea y Ruben

Wasrum, solicitará que sean indagados otros diez ex comandantes en jefe del Ejército, quienes en una

caria abierta dada a conocer en mayo de 2006 se hicieron responsables de lodos los hechos ocurridos

durante la dictadura.

"Para nosotros, el asesinato de Peré es un caso de lesa humanidad, y por eso no está prescripto. Está

comprobado que era seguido por policías, por lo que evidentemente fue un homicidio político", dijo

Elhordoy a Ultimas Noticias. Incluso, ya estaría identificado el autor material del hecho, indicó la

abogada.

Ramón Peré era estudiante y docente de la Facultad de Veterinaria. Fue asesinado en un operativo de

las fuerzas de seguridad mientras participaba de una manifestación estudiantil en apoyo a la huelga

general que, impulsada por la CNT y la Feuu, se opuso durante 1S días a la instauración del régimen

de facto

Peré recibió varios disparos y murió mientras era trasladado al Hospital Militar. Dos días más tarde, es

decir el 8 de julio, fue asesinado Walter Medina, otro estudiante de apenas 16 años de edad, mientras

realizaba una pintada también en apoyo a la huelga general.

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 4 16/08

Batlle presentó denuncia penal contra Marañales. POR ACUSACIONES SOBRE ESCUADRONES DE

LA MUERTE.

El ex presidente Jorge Batlle presentó una denuncia penal contra el dirigente histórico del Movimiento

de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T), Julio Marenales quien el lunes pasado lo acusó, junto a

Julio María Sanguinetti, de haber sido los "cerebros políticos" de los "escuadrones de la muerte" en la

década del 70.

EL EX TUPAMARO realizó la afirmación luego de comparecer ante la Justicia en el marco de la

causa que indaga la muerte de Roque Arteche. "Generalmente, los jefes no tienen directamente a cargo

las cosas", dijo Marenales con relación a la responsabilidad que, a su juicio, tuvieron los ex presidentes

en la organización parapolicial.

En una conferencia que tuvo lugar en la Casa del Partido Colorado, y rodeado de más una decena de

dirigentes de la Lista 15, Batlle anunció la presentación de la denuncia por "difamación e injurias"

contra el dirigente del MLN, acción judicial que es patrocinada por el abogado penalista Jorge Barrera.

En la convocatoria a los medios de comunicación, en la cual no aceptó preguntas de los periodistas, el

ex presidente dijo que las afirmaciones de Marenales "no se pueden pasar por alto" porque constituyen

una "injuria y una falsedad" donde "se ataca los valores fundamentales de la democracia".

Batlle señaló que siempre estuvo "en el campo de la democracia", y recordó que fue el "primer preso

político del gobierno de (Juan María) Bordaberry". "Las cosas que hace Marenales le hacen mal a la

democracia y afectan las condiciones para vivir en paz", consideró el ex mandatario.

El abogado Jorge Barrera, que además es diputado por la Lista 15, dijo a Ultimas Noticias que las

expresiones de Marenales "afectan el decoro y la reputación" de su patrocinado, motivo por el que

"claramente se encuentran dentro de lo que tipifica el Código Penal", explicó.

La denuncia, que recayó en la jueza penal Aída Vera Bárrelo, se sustenta en la ley de prensa que regula

los delitos que se comenten a través dé los medios de comunicación, y por eso el proceso se

desarrollará a través de audiencias orales y públicas, la primera de las cuales se debería desarrollar la

semana próxima.

EL OBSERVADOR PÁG. 19 16/08

Marenales: No a los escarches.

-Supongamos que vamos a un plebiscito (sobre la Ley de Caducidad), ¿tu posición cuál es?

Julio Marenales: No tengo ningún problema en que se elimine esa ley, porque no va a cambiar nada,

salvo que torturemos a los militares para que nos den información. Si no nos informan no vamos a

poder hacer nada. Entonces, ¿qué va a cambiar la ley? ¿Qué elemento nuevo nos va a dar para poder

hacer justicia? Nadie te lo sabe decir, porque no va a haber información. La gente opera

emocionalmente, no racionalmente. Sáquenla, en el fondo me es indiferente, porque desde el punto de

vista práctico no va a agregar nada. Yo discrepé con los escraches y se los dije: ¿Ustedes qué quieren,

la bandera política de los muertos? Entonces métanle para adelante y hagan pancartas con esqueletos.

Pero si quieren saber… a un tipo que habla van y le hacen un escrache… no habla más. Si quieren

saber no hagan eso. Yo discrepo con los escraches. Al tipo que habla, estimulalo y ayudalo, no lo

persigas. Al tipo que habla vas y le hacés un escrache… ¡Sos tarado! Bueno, capaz que el tarado soy

yo.

ÚLTIMAS NOTICIAS (Espacio Abierto)PÁG. 24 16/08

La ley de Caducidad.

Señor director:

En momentos en que parecen arreciar los embates para la derogación o anulación de la ley de

Caducidad (finalmente, no sé qué acción se busca, pero los ciudadanos saben que se trata de cosas

distintas), no estaría de más intentar una reflexión allí donde la soberbia de la izquierda reclama ir más

allá de lo que dictan la razón y hasta el mero sentido común.

Estoy de acuerdo en que se trata de una norma que nació como hija de los temores y tempestades que

soplaban en diciembre de 1986, la fecha en que fue necesario sacarla para evitar que el teniente

general Hugo Medina siguiera dando golpes tle listado técnicos con el archivo, en su caja del

comando, de todos los expedientes en que se citaba a oficiales a declarar. (A lo mejor, esto de la caja

nunca fue verdad, pero ya pervive como símbolo de desobediencia). También estoy de acuerdo, como

dijo Eduardo Gaicano en el momento en que estampaba su firma, en que los mismos miedos de los

legisladores al votarla estaban vigentes en el pueblo cuando la ratificó en aquel lluvioso 16 de abril de

1989- Pero en esla oportunidad ya no se trataba solo de los miedos a que los militares desandarán el

camino, sino también de los miedos a que se formaran tribunales populares al estilo de la república

jacobina y, así, en medio de la furia vindicante, quedaran por el camino las cabezas de muchos

ciudadanos que no habían tenido nada que ver con "aquello". Comparto igualmente el aserto de que la

ley de Caducidad es una aberración jurídica. Lo es en cuanto remite al Poder Ejecutivo la potestad de

erigirse en Suprema Corte de Justicia. Porque no otra es la situación cuando es el administrador, no el

juez, quien decide cuáles expedientes pasan a los tribunales para que sus titulares reciban el justo

castigo por sus excesos y cuáles quedan en la red del |x,\scadorde obediencias debidas. Pero ahora

resulta que el Poder Ejecutivo cambió, y ahí está el quid. No creo que sea necesaria la derogación de la

ley de Caducidad porque alcanza, como ahora, que el presidente de la República mande a los

tribunales los expedientes de los involucrados: fruto de ello es que los militares acusados de los peores

tlelitos están presos y hasta dos ex presidentes están pasando por idéntica siluación. La verdad parece

estar, entre otros pliegues de la tela, en el hecho de que muchos izquierdistas consideran, aunque no lo

dicen, que este presidente de la República no está haciendo lo suficiente por la causa de los agraviados

y que es necesario profundizar con las acciones judiciales. Bien: ese es el punto en que empezamos a

discreliar con los "derogadores": no creo necesario ir más allá. Otra instancia -la que algunos

ciudadanos están esperando para hacer su agosto-nos haría caer en estilos de justicia muy similares a la

de la venganza.

Bien o mal, la ley de Caducidad reguló, durante veinte años, el impetu justiciero de los uruguayos. Lo

liberó ahora, con este gobierno, para que se ejerza una justicia serena, reflexiva y madura, la de los

países que han sabido crecer. No es necesario dar una lección a los violadores, pues ya saben, por lo

que está pasando, que no saldrán impunes de la próxima, liso sí: debemos velar, todos juntos, para que

esa "próxima" nunca tenga lugar. Y por último: la historia de los países es cambiante y nos simpre

permite respetar la linealidad de la propuestas jurídicas que con su mejor espíritu, pidió hace poco, en

un reportaje, el Dr. Oscar López Goldaracena. Ya se sabe que lo mejor es que los transgresores paguen

por su culpa, pero por algo, a veces, los pueblos, que no se equivocan muy a menudo, prefieren

esperar. Ahora el senador José Mujica, que dijo que no quería firmar porque sabe lo que es estar

"dentro de la pesada", lo hará para alinear tras de sí algunos votos de cara a las internas. Eso tampoco

es cuidar demasiado la preciada linealidad.

Asdrúbal F. Guerrero.

LA REPÚBLICA PÁG. 2 16/08

Cancillería argentina:satisfacción por reapertura del caso María Claudia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina mostró "gran satisfacción" ante "la decisión de la

Justicia de la República Oriental del Uruguay" de reabrir la causa por el secuestro y desaparición de

María Claudia García de Gelman, "anteriormente archivada".

La Cancillería argentina expresa su confianza en que "esta reapertura permitirá el esclarecimiento

definitivo de este crimen aberrante y la identificación y castigo de sus responsables, según detalla un

comunicado de prensa emitido por el organismo.

"La decisión adoptada por la Justicia del hermano país (Uruguay) contribuye a hacer posible el

compromiso que, en marzo de 2005, asumieron los jefes de ambos estados con el fin de esclarecer la

suerte corrida por María Claudia en Uruguay", culmina la misiva.

El juez penal de 2º Turno, Pedro Salazar, resolvió el pasado martes 12 de junio reabrir la causa en

relación a la nuera del poeta argentino Juan Gelman, archivada en dos oportunidades por el fiscal

Enrique Möller, tras la constatación de "nuevos hechos supervinientes". El pedido de reapertura lo

interpuso la hija de la joven desaparecida, Macarena Gelman, en febrero de este año.

EL PAÍS PÁG. 1 17/08

'Fui un regalo robado'. Macarena Gelman. A veces extraña a sus parientes y los visita en Argentina; en

otras quiere irse corriendo. Vivió 23 años en Uruguay, pero hoy su corazón lo siente dividido.

Su madre no paraba de llorar hasta que se lo dijo. Macarena se enteró a los 23 años que sus padres no

eran sus padres, sino que era hija de Marcelo y María Claudia, secuestrados y asesinados durante la

dictadura. "Cuando supe de sus existencias, yo ya había vivido más que ellos", cuenta la nieta del

poeta Gelman.

EL PAÍS DE MADRID GABRIELA CAÑAS

Macarena nació por segunda vez cuando tenía 23 años. La plácida y apolítica vida que llevaba en

Montevideo se trastocó por completo cuando su madre le confesó que no era hija suya y ella descubrió

que era una niña robada; arrancada de los brazos de unos padres secuestrados, torturados y asesinados

por la dictadura argentina y entregada a quien ella creía que era su padre: un policía uruguayo. A

Macarena aquella noticia le cambió la conciencia y la vida. A partir de entonces, supo de tormentos y

de desapariciones, de horrores y complots represores y también que ella era un producto de todo eso.

Descubrió que su abuelo llevaba años buscándola y que se llamaba Juan Gelman. Corrió a Internet y

así fue como aprendió que era un poeta muy importante, argentino también, como sus verdaderos

padres, que vivía y sigue viviendo autoexiliado en México y que desde allí reclamaba el derecho a

recuperar a esa nieta de cuya infancia nunca pudo disfrutar.

Macarena pleiteó para cambiarse el apellido. Ahora lleva los apellidos Gelman García, como su

auténtico padre, como su auténtica madre, aunque mantuvo su nombre de pila, el que le impuso su

madre adoptiva.

Busca los restos de su madre y apoya la derogación de la Ley de Caducidad por considerar que da

cobertura legal a la impunidad. Incluso ha asistido al intento fallido de desenterrar el cadáver de su

madre en un lugar que resultó equivocado. Contar su historia se convirtió para ella en una herramienta

para abrirse paso en la espesura de los silencios cómplices. De los jovencísimos padres que nunca

conoció habla con ternura y, a veces, en presente.

-¿Cómo le dieron la noticia de que usted era hija de otros?

-Me lo dijo mi mamá. Mi papá había muerto cuatro meses atrás y mi madre me dijo que mi abuelo

estaba buscándome. En realidad, toda mi familia biológica me estaba buscando. Mis papás biológicos

tenían 19 y 20 años. Eran argentinos. Vivían en Buenos Aires. Los secuestran el 24 de agosto de 1976.

-Su madre tendría 51 años.

-No sé si llegó a cumplir los 20. La última vez que la ven con vida es el 22 de diciembre y a mí me

dejan en la casa de los papás que me criaron el 14 de enero de 1977. Ella cumplía los 20 el 6 de enero.

Los secuestran, los llevan al centro clandestino Automotores Orletti. A mi papá lo matan en 1976

mismo, a finales de septiembre u octubre. A mi mamá la trasladan a Uruguay dentro del Plan Cóndor.

Estaba embarazada de 7 meses y medio cuando la secuestran.

-¿Sabía en qué consistía el Plan Cóndor?

-No, pero fue de lo primero que me enteré. Porque cuando mi mamá me cuenta que no soy su hija

biológica, me dice que si quiero saber más tengo que hablar con el obispo Pablo Galimberti, que era la

persona que mi abuelo había contactado para hablar con nosotros. Según supe después, mi abuelo

sabía que mis padres eran muy devotos y que era la mejor manera de acercarse a mi familia adoptiva.

Mi mamá le había dicho a Galimberti que yo no sabía nada y que, de hecho, ella y mi papá planeaban

contarme la verdad ese año, en 2000. Pero nunca llegaron a hacerlo. Mi padre murió de cáncer cuatro

meses antes del encuentro con el obispo.

-¿Nunca sospechó nada, ningún indicio de que sus padres no fueran realmente sus padres?

-No, absolutamente nada.

-¿Le molestó la noticia? ¿Se enfadó con su madre?

-Tanto en ese momento como después, siempre pensé que la verdad era mejor que cualquier otra

cosa… Como le decía, a mi mamá la trasladan acá a Montevideo. Era noviembre de 1976, según he

podido saber. Nos tienen un tiempo juntas, al menos hasta el 22 de diciembre. El parto fue acá. Se

presume que en el hospital militar, aunque nadie lo confirmó. Me dijeron que el parto fue el 1º de

noviembre. Es la fecha más probable. Además, cuando me dejan en la puerta de mis papás lo hacen

con un cartelito dando esa fecha de nacimiento. Presumo que no es mentira, aunque no tengo certeza.

Después del 22 de diciembre, última fecha en la que nos ven juntas y viva a mi mamá, no se sabe nada

hasta el 14 de enero, día en que me dejan en la puerta de la casa de mis papás. Según ellos, una noche

tocaron el timbre, abrieron y había una canasta con un bebé y un cartelito. Era yo.

-Un regalito, vaya.

-Sí, un regalito (se ríe). Un regalito que habían robado de algún lado. De mi mamá no se supo nunca

más nada. Se confirmó que sí, que la trajeron a Uruguay y parece que la asesinaron también, pero no

hay ni datos de dónde pueda estar enterrada. Se manejó que la habían enterrado en el Batallón 14, pero

la búsqueda no dio ningún resultado.

DESAPARICIÓN. Aquel 24 de agosto de 1976 que Macarena menciona con precisión, los militares

argentinos irrumpieron en el domicilio del periodista y escritor Juan Gelman, muy buscado por la

extrema derecha. Pero resultó que Gelman se había marchado al exilio. En su lugar, se llevaron a su

hijo Marcelo y a su esposa, María Claudia García, embarazada. Eso salvó la vida al que sería un poeta

galardonado en múltiples ocasiones, pero le acarreó todo el dolor que ha destilado en su poesía. Su

vida ha sido desde entonces una búsqueda incesante de los suyos; de su hijo, de su esposa y de ese

bebé. Trece años más tarde de aquel fatídico secuestro se recuperó el cadáver de Marcelo, dentro de un

barril de cemento y arena. Aún no se han encontrado los restos de María Claudia.

-¿Se resistió en algún momento a conocer la verdad?

-No, nunca. Enseguida llamé a monseñor Galimberti y, cuando me senté a hablar con él, lo primero

que me contó es la historia de la Operación Cóndor, que había consistido en la coordinación de las

fuerzas represivas de América Latina. Me contó todo lo que mi abuelo había podido averiguar. Lo que

él sabía. Para confirmar mi identidad había que hacer una prueba de ADN, cosa que yo manejaba (es

estudiante de Bioquímica y trabaja en la administración de un hospital). Sabía que era necesario.

Bueno, me dijo que lo mejor era ir aproximándome a mi abuelo, con cierta prudencia. Siempre a través

del obispo. Me consiguió una carpeta con fotos de mi abuelo. Me enteré de que hubo una campaña

internacional para buscarme que contó con el apoyo de mucha gente, pero yo no me había enterado de

nada.

-¿Cómo es posible?

-No sé, porque la campaña era tremenda. Claro, fue la época en la que falleció papá y yo estaba

totalmente en otra cosa, pero aparecían incluso cartas públicas de mi abuelo con el entonces presidente

Julio María Sanguinetti. Afiches. Se le había dado mucha publicidad al tema.

-¿Y nunca se había fijado?

-Nunca. Debí de ser la única que no se enteró. Porque todos mis amigos habían oído algo menos yo (se

ríe). ¡Cómo se dan las cosas! Es que era casi como ridículo que no me hubiera enterado. Además, no

sabía quién era mi abuelo. Era la primera vez que oía su nombre. Tuve la inquietud de entrar en

contacto con él, así que mi abuelo y su mujer viajan a Montevideo y nos conocemos. Fue en febrero de

2000, que se supo oficialmente mi paradero.

Miedos. En verdad que resulta paradójico que Macarena ignorase hasta ese momento su propia

búsqueda. Hasta llegar a ese nieto cuya existencia sólo se adivinaba, Juan Gelman y su segunda esposa

acometieron una minuciosa búsqueda de cuyos detalles Gelman prefiere no hablar. "Mi mujer, Mara,

fue quien llevó a cabo la investigación", cuenta, "y cada noche evaluábamos los pedacitos de

información reunidos. Yo me encargué de la campaña de prensa. Se reunieron más de 100.000 firmas

de escritores, artistas, ciudadanos de a pie y una docena de premios Nobel de 102 países de los cinco

continentes".

Gelman instigó a las autoridades para que buscaran la verdad, cuando supo que María Claudia había

sido llevada a Uruguay.

-¿Tenía miedo de toda esta nueva situación en su vida?

-Sí, bastante. Mucho. Conocí a mi abuelo y quedamos en hacer la prueba del ADN. No tenía sentido

quedarme con las dudas. Los análisis las despejaron: 99,99%. Durante el tiempo de espera me

relacioné mucho con él.

-Conoció nuevos familiares.

-Sí. Tengo también una abuela paterna que vive en Buenos Aires, así como un primo y una tía. Y un

abuelo y un tío en España, en Barcelona, por parte de mi mamá. También hay primos de mis padres,

amigos... He tratado de conocer a toda la gente. La verdad es que ha sido muy rico como experiencia y

en aporte de datos para reconstruir la historia. A la edad que tenían mis padres la pasás más tiempo con

los amigos que con la familia. Así que la mejor fuente eran los amigos. Fue muy lindo en ese sentido.

Me han apoyado mucho.

-Se relacionó mucho con su abuelo. ¿Le gustó?

- Sí. Lo iba con un miedo terrible y él me imagino que tendría sus dudas. Pero a partir de ahí fue una

avalancha. Había decisiones que tomar en un momento histórico y político en el que todavía se negaba

la existencia de niños robados. Aquí se negaban la mayoría de las cosas.

-¿Hasta entonces nunca se había preocupado por estos asuntos?

-No. Tampoco tenía afiliación política alguna. No me interesaba la política partidaria, aunque militaba

en un sindicato estudiantil. La Ley de Caducidad no permite que los responsables de crímenes de la

dictadura sean investigados. No permite ni la investigación, si bien este gobierno ha hecho mucho por

permitir todas las investigaciones abiertas. El gobierno consideró que el caso de mi mamá no debía

estar incluido. A pesar de eso, la causa, archivada, que presentó mi abuelo en 2002 y que yo pedí

reabrir en febrero, fue de nuevo archivada en base a esa ley. (El miércoles fue reabrierto el caso):

-¿Se ha contactado con gente con historias similares?

-Sí, por supuesto. Llega un momento en que tu entorno no te satisface. Es muy difícil hablar de

algunas cosas. Mis amigos me han dicho que les cuesta tratar esta parte de mi historia. Que no saben si

hablarme, si no hablarme…

-¿Es más fácil hablar con otros niños robados?

-Sí, hay una empatía. Es especial. Una comunicación más allá del conocimiento personal. Al menos a

mí me ha pasado. Espontáneamente surge el tema, las experiencias. Y uno se siente entendido.

-¿Hay asociaciones de niños robados en las que se involucró?

-Sí, organizan actividades para reconstruir sus historias. En Argentina es más común. Allí me siento

cómoda; menos rara.

-¿Quiere saber más de su mamá?

-Quiero saber qué pasó con ella y dónde está. Todo es difícil. Te dicen, mira, tus papás son éstos.

Tienes que conocerlos a través de otra gente. Cuando me enteré de su existencia yo ya había vivido

más de lo que ellos vivieron. Las circunstancias tan trágicas y tan injustas…

-¿Qué idea se ha hecho de ellos?

-Que eran muy buenas personas. Mi papá era introvertido, maduro, pensativo, preocupado por lo que

pasaba. Dulce. No muy deportista. Y mi mamá… Me la describen como alegre e inquieta, graciosa.

Los amigos los querían mucho.

-¿Avanza la investigación?

-Está estancada. Y la angustia crece. Los militares tienen un pacto de silencio y no hablan. Yo siempre

tengo la expectativa de que se rompa ese pacto. Pero por lo que he visto es muy difícil. Se han

manejado lugares de enterramiento que no resultaron. No ha habido avances. El caso ha sido archivado

dos veces. El expediente es enorme. Hay algo que los militares siempre invocan y que es la Operación

Zanahoria, la operación de remoción de los cuerpos enterrados. No fue completa. Se espera que

aparezcan más. El problema es que la búsqueda, con la escasez de datos, es complicada. Pero el

gobierno de Vázquez tiene gran disposición.

-¿Se siente amparada?

-Sí. El gobierno anterior también colaboró. Nunca me han puesto dificultades. Se hizo una Comisión

para la Paz, que investigó con potestades muy limitadas, pero fue un primer paso importantísimo que

dio el presidente Batlle. No se logró mucho respecto a mi mamá, pero fue valiosa. Con el gobierno de

Vázquez, tomó otra fuerza.

-Su abuelo mantuvo un duro encontronazo con Sanguinetti.

-Sí. Y también se habló de la vinculación que pudo haber tenido mi papá (adoptivo) con la gente que

me robó. Incluso se manejó que era amigo de Sanguinetti o de alguno de los asesinos de mi mamá. No

hay nada probado. Amistad personal con Sanguinetti no la hubo, porque viví con mi papá 23 años. La

realidad es que mi papá era jefe de Policía del gobierno de Sanguinetti en San José. Tuvieron una

relación política. Militaba en el Partido Colorado. Mi papá era inspector de policía. Pero para mí es

una incógnita.

-¿Y qué dice su madre?

-Mi madre desconocía… No estoy segura, obviamente. No sé lo que pudo saber mi papá. Sé que supo

antes de morir que mi abuelo me buscaba. La primera vez que mi abuelo vino a Uruguay fue en 1998.

No me lo dijo. No es una cosa fácil de decir.

-No parece que haya anidado rencor hacia su familia adoptiva.

-Mis sentimientos respecto a mi familia adoptiva no han cambiado. Me dieron una muy buena

educación e infancia. No tengo nada negativo. Todo lo que vino después es una conjunción de

historias de tanta gente.... Sé que mi papá no tuvo nada que ver con la muerte de mi mamá.

Sin referentes: "no sos de acá, no sos de allá"

-Contó con un abuelo que no se rindió.

-Sí. La verdad es que estoy super agradecida porque colaboró mucha gente, tanto en la búsqueda como

después en las distintas etapas, si bien naturalmente uno se llega a sentir muy solo porque resulta que

la que es mi familia no lo es, y la que es, no lo fue. Y no está acá. La distancia es algo positivo y

negativo. Ahora viajo a Argentina a ver a mis nuevos parientes. Voy cuando los extraño y a veces

quiero irme corriendo.

-¿Se siente más argentina que uruguaya?

- El corazón está dividido.

-¿Ha leído a Gelman?

-Lo que he podido. La poesía siempre me gustó. Mi papá también escribía. Me hicieron llegar unos

cuadernos. Era una poesía fuerte para su edad. Dura. Negro, muerte, sangre. Algo premonitorio. Había

un poema incluso en el que se despedía de los amigos ¡a los 15 años! Supongo que eso tiene que ver

con una generación. Quizá eso no estaba tan fuera de lugar en ese momento. Para mí fue fuerte. Que

mi papá tuviera esa visión…

-Tiene ya 31 años y no ha terminado la carrera.

-Estoy en una especie de crisis, en un momento en el que no sé qué va a ser de mi vida el mes que

viene. Estoy confundida y, aunque suene c


19.08.2008 09:51 / RECORTES DE PRENSA

RESUMEN DE PRENSA.

SOBRE DERECHOS HUMANOS

TRES PUNTOS (Paysandú) 16/08

Por tu barrio. Campaña para anular la Ley de Caducidad.

La Coordinadora Departamental por la Anulación de la Ley de Impunidad continúa con su campaña de

recolección de firmas recorriendo distintos barrios de la ciudad. Este sabado estará, desde las 16 hs. en

los Barrios I 7, IC 18, I 32 y alrededores, ubicados en Instrucciones del Año XIII, Vizconde de Mauá,

Purificación y Zorrilla).

Integrantes de Cordinadora consultados por trespuntos.com manifestaron que se viene trabajando a

buen rítmo en la recolección firmas, a la vez que se mostraron confiados en que se habrá de lograr el

objetivo.

La Coordinadora departamental se reúne todos los viernes desde las 19 hs. en el local Sindical de

AUTE (Sarandí 930). La invitación se extiende a todas las organizaciones y personas que quieran

trabajar por esa causa.

 EL ECO (Colonia) 16/08

Se funda Coordinadora en Carmelo. Para anular ley de caducidad.

Con la presencia de dirigentes de varios gremios carmelitanos comenzó a organizarse en Carmelo la

comisión local para Anular la Ley de Caducidad. La primera reunión se realizó el pasado martes en la

sede de AFUC y contó con la participación de Ana Banegas como Integrante de la Coordinadora de

Derechos Humanos que se reúne periódicamente en Montevideo.

Anular la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado ya no es sólo un tema del pasado,

necesario para reconstruir nuestra memoria histórica, sino un tema del presente: no podemos dejar

como herencia y no puede quedar pendiendo sobre la cabeza de nuestros hijos una ley que abra la

puerta al terrorismo de Estado. La ley de caducidad fue aprobada bajo amenaza militar contra los más

elementales principios éticos y jurídicos de la República, desconoce la separación de poderes, viola

derechos humanos fundamentales y transgrede, flagrantemente, normas del Derecho Internacional de

los Derechos Humanos que obligan al Estado a juzgar los crímenes de lesa humanidad.

Oriunda de Nueva Palmira, Banegas fue una de las organizadoras que el domingo pasado logró traer a

la ciudad vecina a Macarena Gelman y Valery Roslik, juntando más de 100 firmas durante el acto.

Macarena es una joven nacida en cautiverio, apresada por militares uruguayos que luego asesinaron a

su madre durante la dictadura. Su padre también fue asesinado por los dictadores luego de secuestrar a

la pareja en la casa que vivían en Buenos Aires. Macarena es nieta del gran poeta argentino Juan

Gelman y recobró su identidad luego de una larga lucha de su abuelo. Valery Roslik es hijo del médico

de San Javier Vladimir Roslik, asesinado por militares uruguayos luego de torturarlo salvajemente en

1984.

Por eso, desde Carmelo también se necesita un esfuerzo de la sociedad para lograr la cantidad de

firmas necesarias para derogar esta ley, que trasciende partidos políticos y sectarismos. En este sentido

se va a realizar hoy sábado en las inmediaciones de San Roque una convocatoria para firmar para

anular esta ley. Entre las 11 y las 16 horas un grupo de carmelitanos estará allí en San Roque

ofreciendo papeletas para firmar, entregando material informativo y contestando preguntas.

Eso será hoy sábado. Mañana domingo se hará presente una delegación de la Coordinadora Nacional

con un equipo de colaboradores, ofreciendo la posibilidad de firmar para anular esta ley.

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 2 16/08

Denuncia por primera muerte de la dictadura. INDAGARÁN A BORDABERRY.

LA FAMILIA de Ramón Peré, un joven estudiante y profesor de la Facultad de Veterinaria asesinado

el 6 de julio de 1973, presentará en los próximos días una denuncia penal para que se investigue el

homicidio del joven de 29 años de edad, que constituyó la primera muerte por la represión instaurada

por la dictadura.

La acción judicial propondrá como indagados al presidente de la época. Juan María Bordaberry; al jefe

del Estado Mayor Conjunto (Esmaco), Gregorio Álvarez; y a los integrantes del Organismo

Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa) y del Servicio de Información de Defensa (SID).

Además, la denuncia, que será patrocinada por los abogados Pilar Elhordoy, Juan Errandonea y Ruben

Wasrum, solicitará que sean indagados otros diez ex comandantes en jefe del Ejército, quienes en una

caria abierta dada a conocer en mayo de 2006 se hicieron responsables de lodos los hechos ocurridos

durante la dictadura.

"Para nosotros, el asesinato de Peré es un caso de lesa humanidad, y por eso no está prescripto. Está

comprobado que era seguido por policías, por lo que evidentemente fue un homicidio político", dijo

Elhordoy a Ultimas Noticias. Incluso, ya estaría identificado el autor material del hecho, indicó la

abogada.

Ramón Peré era estudiante y docente de la Facultad de Veterinaria. Fue asesinado en un operativo de

las fuerzas de seguridad mientras participaba de una manifestación estudiantil en apoyo a la huelga

general que, impulsada por la CNT y la Feuu, se opuso durante 1S días a la instauración del régimen

de facto

Peré recibió varios disparos y murió mientras era trasladado al Hospital Militar. Dos días más tarde, es

decir el 8 de julio, fue asesinado Walter Medina, otro estudiante de apenas 16 años de edad, mientras

realizaba una pintada también en apoyo a la huelga general.

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 4 16/08

Batlle presentó denuncia penal contra Marañales. POR ACUSACIONES SOBRE ESCUADRONES DE

LA MUERTE.

El ex presidente Jorge Batlle presentó una denuncia penal contra el dirigente histórico del Movimiento

de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T), Julio Marenales quien el lunes pasado lo acusó, junto a

Julio María Sanguinetti, de haber sido los "cerebros políticos" de los "escuadrones de la muerte" en la

década del 70.

EL EX TUPAMARO realizó la afirmación luego de comparecer ante la Justicia en el marco de la

causa que indaga la muerte de Roque Arteche. "Generalmente, los jefes no tienen directamente a cargo

las cosas", dijo Marenales con relación a la responsabilidad que, a su juicio, tuvieron los ex presidentes

en la organización parapolicial.

En una conferencia que tuvo lugar en la Casa del Partido Colorado, y rodeado de más una decena de

dirigentes de la Lista 15, Batlle anunció la presentación de la denuncia por "difamación e injurias"

contra el dirigente del MLN, acción judicial que es patrocinada por el abogado penalista Jorge Barrera.

En la convocatoria a los medios de comunicación, en la cual no aceptó preguntas de los periodistas, el

ex presidente dijo que las afirmaciones de Marenales "no se pueden pasar por alto" porque constituyen

una "injuria y una falsedad" donde "se ataca los valores fundamentales de la democracia".

Batlle señaló que siempre estuvo "en el campo de la democracia", y recordó que fue el "primer preso

político del gobierno de (Juan María) Bordaberry". "Las cosas que hace Marenales le hacen mal a la

democracia y afectan las condiciones para vivir en paz", consideró el ex mandatario.

El abogado Jorge Barrera, que además es diputado por la Lista 15, dijo a Ultimas Noticias que las

expresiones de Marenales "afectan el decoro y la reputación" de su patrocinado, motivo por el que

"claramente se encuentran dentro de lo que tipifica el Código Penal", explicó.

La denuncia, que recayó en la jueza penal Aída Vera Bárrelo, se sustenta en la ley de prensa que regula

los delitos que se comenten a través dé los medios de comunicación, y por eso el proceso se

desarrollará a través de audiencias orales y públicas, la primera de las cuales se debería desarrollar la

semana próxima.

EL OBSERVADOR PÁG. 19 16/08

Marenales: No a los escarches.

-Supongamos que vamos a un plebiscito (sobre la Ley de Caducidad), ¿tu posición cuál es?

Julio Marenales: No tengo ningún problema en que se elimine esa ley, porque no va a cambiar nada,

salvo que torturemos a los militares para que nos den información. Si no nos informan no vamos a

poder hacer nada. Entonces, ¿qué va a cambiar la ley? ¿Qué elemento nuevo nos va a dar para poder

hacer justicia? Nadie te lo sabe decir, porque no va a haber información. La gente opera

emocionalmente, no racionalmente. Sáquenla, en el fondo me es indiferente, porque desde el punto de

vista práctico no va a agregar nada. Yo discrepé con los escraches y se los dije: ¿Ustedes qué quieren,

la bandera política de los muertos? Entonces métanle para adelante y hagan pancartas con esqueletos.

Pero si quieren saber… a un tipo que habla van y le hacen un escrache… no habla más. Si quieren

saber no hagan eso. Yo discrepo con los escraches. Al tipo que habla, estimulalo y ayudalo, no lo

persigas. Al tipo que habla vas y le hacés un escrache… ¡Sos tarado! Bueno, capaz que el tarado soy

yo.

ÚLTIMAS NOTICIAS (Espacio Abierto)PÁG. 24 16/08

La ley de Caducidad.

Señor director:

En momentos en que parecen arreciar los embates para la derogación o anulación de la ley de

Caducidad (finalmente, no sé qué acción se busca, pero los ciudadanos saben que se trata de cosas

distintas), no estaría de más intentar una reflexión allí donde la soberbia de la izquierda reclama ir más

allá de lo que dictan la razón y hasta el mero sentido común.

Estoy de acuerdo en que se trata de una norma que nació como hija de los temores y tempestades que

soplaban en diciembre de 1986, la fecha en que fue necesario sacarla para evitar que el teniente

general Hugo Medina siguiera dando golpes tle listado técnicos con el archivo, en su caja del

comando, de todos los expedientes en que se citaba a oficiales a declarar. (A lo mejor, esto de la caja

nunca fue verdad, pero ya pervive como símbolo de desobediencia). También estoy de acuerdo, como

dijo Eduardo Gaicano en el momento en que estampaba su firma, en que los mismos miedos de los

legisladores al votarla estaban vigentes en el pueblo cuando la ratificó en aquel lluvioso 16 de abril de

1989- Pero en esla oportunidad ya no se trataba solo de los miedos a que los militares desandarán el

camino, sino también de los miedos a que se formaran tribunales populares al estilo de la república

jacobina y, así, en medio de la furia vindicante, quedaran por el camino las cabezas de muchos

ciudadanos que no habían tenido nada que ver con "aquello". Comparto igualmente el aserto de que la

ley de Caducidad es una aberración jurídica. Lo es en cuanto remite al Poder Ejecutivo la potestad de

erigirse en Suprema Corte de Justicia. Porque no otra es la situación cuando es el administrador, no el

juez, quien decide cuáles expedientes pasan a los tribunales para que sus titulares reciban el justo

castigo por sus excesos y cuáles quedan en la red del |x,\scadorde obediencias debidas. Pero ahora

resulta que el Poder Ejecutivo cambió, y ahí está el quid. No creo que sea necesaria la derogación de la

ley de Caducidad porque alcanza, como ahora, que el presidente de la República mande a los

tribunales los expedientes de los involucrados: fruto de ello es que los militares acusados de los peores

tlelitos están presos y hasta dos ex presidentes están pasando por idéntica siluación. La verdad parece

estar, entre otros pliegues de la tela, en el hecho de que muchos izquierdistas consideran, aunque no lo

dicen, que este presidente de la República no está haciendo lo suficiente por la causa de los agraviados

y que es necesario profundizar con las acciones judiciales. Bien: ese es el punto en que empezamos a

discreliar con los "derogadores": no creo necesario ir más allá. Otra instancia -la que algunos

ciudadanos están esperando para hacer su agosto-nos haría caer en estilos de justicia muy similares a la

de la venganza.

Bien o mal, la ley de Caducidad reguló, durante veinte años, el impetu justiciero de los uruguayos. Lo

liberó ahora, con este gobierno, para que se ejerza una justicia serena, reflexiva y madura, la de los

países que han sabido crecer. No es necesario dar una lección a los violadores, pues ya saben, por lo

que está pasando, que no saldrán impunes de la próxima, liso sí: debemos velar, todos juntos, para que

esa "próxima" nunca tenga lugar. Y por último: la historia de los países es cambiante y nos simpre

permite respetar la linealidad de la propuestas jurídicas que con su mejor espíritu, pidió hace poco, en

un reportaje, el Dr. Oscar López Goldaracena. Ya se sabe que lo mejor es que los transgresores paguen

por su culpa, pero por algo, a veces, los pueblos, que no se equivocan muy a menudo, prefieren

esperar. Ahora el senador José Mujica, que dijo que no quería firmar porque sabe lo que es estar

"dentro de la pesada", lo hará para alinear tras de sí algunos votos de cara a las internas. Eso tampoco

es cuidar demasiado la preciada linealidad.

Asdrúbal F. Guerrero.

LA REPÚBLICA PÁG. 2 16/08

Cancillería argentina:satisfacción por reapertura del caso María Claudia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina mostró "gran satisfacción" ante "la decisión de la

Justicia de la República Oriental del Uruguay" de reabrir la causa por el secuestro y desaparición de

María Claudia García de Gelman, "anteriormente archivada".

La Cancillería argentina expresa su confianza en que "esta reapertura permitirá el esclarecimiento

definitivo de este crimen aberrante y la identificación y castigo de sus responsables, según detalla un

comunicado de prensa emitido por el organismo.

"La decisión adoptada por la Justicia del hermano país (Uruguay) contribuye a hacer posible el

compromiso que, en marzo de 2005, asumieron los jefes de ambos estados con el fin de esclarecer la

suerte corrida por María Claudia en Uruguay", culmina la misiva.

El juez penal de 2º Turno, Pedro Salazar, resolvió el pasado martes 12 de junio reabrir la causa en

relación a la nuera del poeta argentino Juan Gelman, archivada en dos oportunidades por el fiscal

Enrique Möller, tras la constatación de "nuevos hechos supervinientes". El pedido de reapertura lo

interpuso la hija de la joven desaparecida, Macarena Gelman, en febrero de este año.

EL PAÍS PÁG. 1 17/08

'Fui un regalo robado'. Macarena Gelman. A veces extraña a sus parientes y los visita en Argentina; en

otras quiere irse corriendo. Vivió 23 años en Uruguay, pero hoy su corazón lo siente dividido.

Su madre no paraba de llorar hasta que se lo dijo. Macarena se enteró a los 23 años que sus padres no

eran sus padres, sino que era hija de Marcelo y María Claudia, secuestrados y asesinados durante la

dictadura. "Cuando supe de sus existencias, yo ya había vivido más que ellos", cuenta la nieta del

poeta Gelman.

EL PAÍS DE MADRID GABRIELA CAÑAS

Macarena nació por segunda vez cuando tenía 23 años. La plácida y apolítica vida que llevaba en

Montevideo se trastocó por completo cuando su madre le confesó que no era hija suya y ella descubrió

que era una niña robada; arrancada de los brazos de unos padres secuestrados, torturados y asesinados

por la dictadura argentina y entregada a quien ella creía que era su padre: un policía uruguayo. A

Macarena aquella noticia le cambió la conciencia y la vida. A partir de entonces, supo de tormentos y

de desapariciones, de horrores y complots represores y también que ella era un producto de todo eso.

Descubrió que su abuelo llevaba años buscándola y que se llamaba Juan Gelman. Corrió a Internet y

así fue como aprendió que era un poeta muy importante, argentino también, como sus verdaderos

padres, que vivía y sigue viviendo autoexiliado en México y que desde allí reclamaba el derecho a

recuperar a esa nieta de cuya infancia nunca pudo disfrutar.

Macarena pleiteó para cambiarse el apellido. Ahora lleva los apellidos Gelman García, como su

auténtico padre, como su auténtica madre, aunque mantuvo su nombre de pila, el que le impuso su

madre adoptiva.

Busca los restos de su madre y apoya la derogación de la Ley de Caducidad por considerar que da

cobertura legal a la impunidad. Incluso ha asistido al intento fallido de desenterrar el cadáver de su

madre en un lugar que resultó equivocado. Contar su historia se convirtió para ella en una herramienta

para abrirse paso en la espesura de los silencios cómplices. De los jovencísimos padres que nunca

conoció habla con ternura y, a veces, en presente.

-¿Cómo le dieron la noticia de que usted era hija de otros?

-Me lo dijo mi mamá. Mi papá había muerto cuatro meses atrás y mi madre me dijo que mi abuelo

estaba buscándome. En realidad, toda mi familia biológica me estaba buscando. Mis papás biológicos

tenían 19 y 20 años. Eran argentinos. Vivían en Buenos Aires. Los secuestran el 24 de agosto de 1976.

-Su madre tendría 51 años.

-No sé si llegó a cumplir los 20. La última vez que la ven con vida es el 22 de diciembre y a mí me

dejan en la casa de los papás que me criaron el 14 de enero de 1977. Ella cumplía los 20 el 6 de enero.

Los secuestran, los llevan al centro clandestino Automotores Orletti. A mi papá lo matan en 1976

mismo, a finales de septiembre u octubre. A mi mamá la trasladan a Uruguay dentro del Plan Cóndor.

Estaba embarazada de 7 meses y medio cuando la secuestran.

-¿Sabía en qué consistía el Plan Cóndor?

-No, pero fue de lo primero que me enteré. Porque cuando mi mamá me cuenta que no soy su hija

biológica, me dice que si quiero saber más tengo que hablar con el obispo Pablo Galimberti, que era la

persona que mi abuelo había contactado para hablar con nosotros. Según supe después, mi abuelo

sabía que mis padres eran muy devotos y que era la mejor manera de acercarse a mi familia adoptiva.

Mi mamá le había dicho a Galimberti que yo no sabía nada y que, de hecho, ella y mi papá planeaban

contarme la verdad ese año, en 2000. Pero nunca llegaron a hacerlo. Mi padre murió de cáncer cuatro

meses antes del encuentro con el obispo.

-¿Nunca sospechó nada, ningún indicio de que sus padres no fueran realmente sus padres?

-No, absolutamente nada.

-¿Le molestó la noticia? ¿Se enfadó con su madre?

-Tanto en ese momento como después, siempre pensé que la verdad era mejor que cualquier otra

cosa… Como le decía, a mi mamá la trasladan acá a Montevideo. Era noviembre de 1976, según he

podido saber. Nos tienen un tiempo juntas, al menos hasta el 22 de diciembre. El parto fue acá. Se

presume que en el hospital militar, aunque nadie lo confirmó. Me dijeron que el parto fue el 1º de

noviembre. Es la fecha más probable. Además, cuando me dejan en la puerta de mis papás lo hacen

con un cartelito dando esa fecha de nacimiento. Presumo que no es mentira, aunque no tengo certeza.

Después del 22 de diciembre, última fecha en la que nos ven juntas y viva a mi mamá, no se sabe nada

hasta el 14 de enero, día en que me dejan en la puerta de la casa de mis papás. Según ellos, una noche

tocaron el timbre, abrieron y había una canasta con un bebé y un cartelito. Era yo.

-Un regalito, vaya.

-Sí, un regalito (se ríe). Un regalito que habían robado de algún lado. De mi mamá no se supo nunca

más nada. Se confirmó que sí, que la trajeron a Uruguay y parece que la asesinaron también, pero no

hay ni datos de dónde pueda estar enterrada. Se manejó que la habían enterrado en el Batallón 14, pero

la búsqueda no dio ningún resultado.

DESAPARICIÓN. Aquel 24 de agosto de 1976 que Macarena menciona con precisión, los militares

argentinos irrumpieron en el domicilio del periodista y escritor Juan Gelman, muy buscado por la

extrema derecha. Pero resultó que Gelman se había marchado al exilio. En su lugar, se llevaron a su

hijo Marcelo y a su esposa, María Claudia García, embarazada. Eso salvó la vida al que sería un poeta

galardonado en múltiples ocasiones, pero le acarreó todo el dolor que ha destilado en su poesía. Su

vida ha sido desde entonces una búsqueda incesante de los suyos; de su hijo, de su esposa y de ese

bebé. Trece años más tarde de aquel fatídico secuestro se recuperó el cadáver de Marcelo, dentro de un

barril de cemento y arena. Aún no se han encontrado los restos de María Claudia.

-¿Se resistió en algún momento a conocer la verdad?

-No, nunca. Enseguida llamé a monseñor Galimberti y, cuando me senté a hablar con él, lo primero

que me contó es la historia de la Operación Cóndor, que había consistido en la coordinación de las

fuerzas represivas de América Latina. Me contó todo lo que mi abuelo había podido averiguar. Lo que

él sabía. Para confirmar mi identidad había que hacer una prueba de ADN, cosa que yo manejaba (es

estudiante de Bioquímica y trabaja en la administración de un hospital). Sabía que era necesario.

Bueno, me dijo que lo mejor era ir aproximándome a mi abuelo, con cierta prudencia. Siempre a través

del obispo. Me consiguió una carpeta con fotos de mi abuelo. Me enteré de que hubo una campaña

internacional para buscarme que contó con el apoyo de mucha gente, pero yo no me había enterado de

nada.

-¿Cómo es posible?

-No sé, porque la campaña era tremenda. Claro, fue la época en la que falleció papá y yo estaba

totalmente en otra cosa, pero aparecían incluso cartas públicas de mi abuelo con el entonces presidente

Julio María Sanguinetti. Afiches. Se le había dado mucha publicidad al tema.

-¿Y nunca se había fijado?

-Nunca. Debí de ser la única que no se enteró. Porque todos mis amigos habían oído algo menos yo (se

ríe). ¡Cómo se dan las cosas! Es que era casi como ridículo que no me hubiera enterado. Además, no

sabía quién era mi abuelo. Era la primera vez que oía su nombre. Tuve la inquietud de entrar en

contacto con él, así que mi abuelo y su mujer viajan a Montevideo y nos conocemos. Fue en febrero de

2000, que se supo oficialmente mi paradero.

Miedos. En verdad que resulta paradójico que Macarena ignorase hasta ese momento su propia

búsqueda. Hasta llegar a ese nieto cuya existencia sólo se adivinaba, Juan Gelman y su segunda esposa

acometieron una minuciosa búsqueda de cuyos detalles Gelman prefiere no hablar. "Mi mujer, Mara,

fue quien llevó a cabo la investigación", cuenta, "y cada noche evaluábamos los pedacitos de

información reunidos. Yo me encargué de la campaña de prensa. Se reunieron más de 100.000 firmas

de escritores, artistas, ciudadanos de a pie y una docena de premios Nobel de 102 países de los cinco

continentes".

Gelman instigó a las autoridades para que buscaran la verdad, cuando supo que María Claudia había

sido llevada a Uruguay.

-¿Tenía miedo de toda esta nueva situación en su vida?

-Sí, bastante. Mucho. Conocí a mi abuelo y quedamos en hacer la prueba del ADN. No tenía sentido

quedarme con las dudas. Los análisis las despejaron: 99,99%. Durante el tiempo de espera me

relacioné mucho con él.

-Conoció nuevos familiares.

-Sí. Tengo también una abuela paterna que vive en Buenos Aires, así como un primo y una tía. Y un

abuelo y un tío en España, en Barcelona, por parte de mi mamá. También hay primos de mis padres,

amigos... He tratado de conocer a toda la gente. La verdad es que ha sido muy rico como experiencia y

en aporte de datos para reconstruir la historia. A la edad que tenían mis padres la pasás más tiempo con

los amigos que con la familia. Así que la mejor fuente eran los amigos. Fue muy lindo en ese sentido.

Me han apoyado mucho.

-Se relacionó mucho con su abuelo. ¿Le gustó?

- Sí. Lo iba con un miedo terrible y él me imagino que tendría sus dudas. Pero a partir de ahí fue una

avalancha. Había decisiones que tomar en un momento histórico y político en el que todavía se negaba

la existencia de niños robados. Aquí se negaban la mayoría de las cosas.

-¿Hasta entonces nunca se había preocupado por estos asuntos?

-No. Tampoco tenía afiliación política alguna. No me interesaba la política partidaria, aunque militaba

en un sindicato estudiantil. La Ley de Caducidad no permite que los responsables de crímenes de la

dictadura sean investigados. No permite ni la investigación, si bien este gobierno ha hecho mucho por

permitir todas las investigaciones abiertas. El gobierno consideró que el caso de mi mamá no debía

estar incluido. A pesar de eso, la causa, archivada, que presentó mi abuelo en 2002 y que yo pedí

reabrir en febrero, fue de nuevo archivada en base a esa ley. (El miércoles fue reabrierto el caso):

-¿Se ha contactado con gente con historias similares?

-Sí, por supuesto. Llega un momento en que tu entorno no te satisface. Es muy difícil hablar de

algunas cosas. Mis amigos me han dicho que les cuesta tratar esta parte de mi historia. Que no saben si

hablarme, si no hablarme…

-¿Es más fácil hablar con otros niños robados?

-Sí, hay una empatía. Es especial. Una comunicación más allá del conocimiento personal. Al menos a

mí me ha pasado. Espontáneamente surge el tema, las experiencias. Y uno se siente entendido.

-¿Hay asociaciones de niños robados en las que se involucró?

-Sí, organizan actividades para reconstruir sus historias. En Argentina es más común. Allí me siento

cómoda; menos rara.

-¿Quiere saber más de su mamá?

-Quiero saber qué pasó con ella y dónde está. Todo es difícil. Te dicen, mira, tus papás son éstos.

Tienes que conocerlos a través de otra gente. Cuando me enteré de su existencia yo ya había vivido

más de lo que ellos vivieron. Las circunstancias tan trágicas y tan injustas…

-¿Qué idea se ha hecho de ellos?

-Que eran muy buenas personas. Mi papá era introvertido, maduro, pensativo, preocupado por lo que

pasaba. Dulce. No muy deportista. Y mi mamá… Me la describen como alegre e inquieta, graciosa.

Los amigos los querían mucho.

-¿Avanza la investigación?

-Está estancada. Y la angustia crece. Los militares tienen un pacto de silencio y no hablan. Yo siempre

tengo la expectativa de que se rompa ese pacto. Pero por lo que he visto es muy difícil. Se han

manejado lugares de enterramiento que no resultaron. No ha habido avances. El caso ha sido archivado

dos veces. El expediente es enorme. Hay algo que los militares siempre invocan y que es la Operación

Zanahoria, la operación de remoción de los cuerpos enterrados. No fue completa. Se espera que

aparezcan más. El problema es que la búsqueda, con la escasez de datos, es complicada. Pero el

gobierno de Vázquez tiene gran disposición.

-¿Se siente amparada?

-Sí. El gobierno anterior también colaboró. Nunca me han puesto dificultades. Se hizo una Comisión

para la Paz, que investigó con potestades muy limitadas, pero fue un primer paso importantísimo que

dio el presidente Batlle. No se logró mucho respecto a mi mamá, pero fue valiosa. Con el gobierno de

Vázquez, tomó otra fuerza.

-Su abuelo mantuvo un duro encontronazo con Sanguinetti.

-Sí. Y también se habló de la vinculación que pudo haber tenido mi papá (adoptivo) con la gente que

me robó. Incluso se manejó que era amigo de Sanguinetti o de alguno de los asesinos de mi mamá. No

hay nada probado. Amistad personal con Sanguinetti no la hubo, porque viví con mi papá 23 años. La

realidad es que mi papá era jefe de Policía del gobierno de Sanguinetti en San José. Tuvieron una

relación política. Militaba en el Partido Colorado. Mi papá era inspector de policía. Pero para mí es

una incógnita.

-¿Y qué dice su madre?

-Mi madre desconocía… No estoy segura, obviamente. No sé lo que pudo saber mi papá. Sé que supo

antes de morir que mi abuelo me buscaba. La primera vez que mi abuelo vino a Uruguay fue en 1998.

No me lo dijo. No es una cosa fácil de decir.

-No parece que haya anidado rencor hacia su familia adoptiva.

-Mis sentimientos respecto a mi familia adoptiva no han cambiado. Me dieron una muy buena

educación e infancia. No tengo nada negativo. Todo lo que vino después es una conjunción de

historias de tanta gente.... Sé que mi papá no tuvo nada que ver con la muerte de mi mamá.

Sin referentes: "no sos de acá, no sos de allá"

-Contó con un abuelo que no se rindió.

-Sí. La verdad es que estoy super agradecida porque colaboró mucha gente, tanto en la búsqueda como

después en las distintas etapas, si bien naturalmente uno se llega a sentir muy solo porque resulta que

la que es mi familia no lo es, y la que es, no lo fue. Y no está acá. La distancia es algo positivo y

negativo. Ahora viajo a Argentina a ver a mis nuevos parientes. Voy cuando los extraño y a veces

quiero irme corriendo.

-¿Se siente más argentina que uruguaya?

- El corazón está dividido.

-¿Ha leído a Gelman?

-Lo que he podido. La poesía siempre me gustó. Mi papá también escribía. Me hicieron llegar unos

cuadernos. Era una poesía fuerte para su edad. Dura. Negro, muerte, sangre. Algo premonitorio. Había

un poema incluso en el que se despedía de los amigos ¡a los 15 años! Supongo que eso tiene que ver

con una generación. Quizá eso no estaba tan fuera de lugar en ese momento. Para mí fue fuerte. Que

mi papá tuviera esa visión…

-Tiene ya 31 años y no ha terminado la carrera.

-Estoy en una especie de crisis, en un momento en el que no sé qué va a ser de mi vida el mes que

viene. Estoy confundida y, aunque suene c


18.08.2008 08:53 / RECORTES DE PRENSA

15.08.08.

Resumen elaborado por la Secretaria de Derechos Humanos

del Partido por la Victoria del Pueblo

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 6

Caso Gelman: en una semana declararán militares. Entre otros, será citado Enrique Bonelli.

En un plazo máximo de una semana o diez días, el juez penal Pedro Salazar, que el martes accedió a reabrir la investigación por la desaparición de María Claudia García de Gelman en 1976, comenzará a tomar declaraciones a varios militares en actividad y retirados, dijo el abogado denunciante, José Luis González, a Ultimas Noticias.

Ayer, el jurista fue notificado sobre la resolución del magistrado, que el miércoles fue informada al fiscal Eduardo Fernández Dovat, que abril hizo lugar al pedido de desarchivo formulado a fines de febrero por Macarena Gelman, en virtud de varios elementos supervinientes surgidos en otras causas judiciales.

Además de presentar diversa documentación, al momento de solicitar la reapertura del caso, González pidió las citaciones que del ex comandante en jefe del Ejército Ángel Bertolotti, el general Raúl Gloodofsky, el comandante de la Fuerza Aérea Enrique Bonelli, su antecesor José Pedro Malaquín y el ex aviador José Araujo Umpiérrez.

El juez Salazar, en su resolución para disponer el desarchivo del expediente, cuestionó si es posible consultar más de una vez al Poder Ejecutivo sobre la inclusión o no de un caso en la ley de Caducidad.

Señaló que como la norma no lo establece, se considera que se trata de un acto de gobierno, que es suprimido por el siguiente.

El magistrado indicó además que la ley de Caducidad no es una ley de amnistía, tal como lo había expresado en 2005 el entonces fiscal Enrique Möller para archivar el caso. Para argumentar esa posición, el juez citó jurisprudencia de la ex presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Jacinta Balbela, que refuta la visión de Möller.

En tanto, la cancillería argentina expresó ayer su "gran satisfacción" por el desarchivo de la causa que indaga la desaparición de María Claudia García. "Confiamos en que esta reapertura permitirá el esclarecimiento definitivo de este crimen aberrante y la identificación y castigo de sus responsables", se indicó en un comunicado de prensa.

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 6

Justicia cita a testigos por el caso Castagnetto. Ayer Uruguay pidió extradición de Bardesio.

La jueza penal Graciela Eustacchio y el fiscal Ricardo Perciballe retomarán la semana próxima, con una serie de interrogatorios a varios testigos que fueron solicitados por el representante del Ministerio Público, la investigación por el secuestro y desaparición del estudiante de Agronomía Héctor Castagnetto, registrado en 1971.

Está previsto que las instancias tengan lugar el 21, 22 y 27 de agosto. En esas fechas comparecerán la hermana de la víctima, Ana Castagnetto, la historiadora Clara Aldrighi, los ex senadores nacionalistas Carlos Julio Pereyra y Juan Raúl Ferreira y el ex jefe de Inteligencia Policial Alejandro Otero.

Pereyra y Ferreira se reunieron con Nelson Bardesio en el Colegio Seminario, una vez que el ex fotógrafo fue liberado por el MLN, luego haber estado detenido en la Cárcel del Pueblo en 1972, ocasión en la que el ex agente, que participó en el operativo donde fue detenido Castagnetto, reveló el funcionamiento de los Escuadrones de la Muerte.

Aldrighi ha realizado diversas investigaciones sobre el funcionamiento de los Escuadrones de la Muerte. Otero, quien fue destituido por las autoridades del Ministerio del Interior a principios de la década del '70 al no aceptar la aplicación de torturas, trabajó durante varios meses con Bardesio.

En tanto, el embajador uruguayo en Argentina, Francisco Bustillo, presentó ayer ante la Cancillería de ese país el exhorto con el pedido de extradición de Bardesio librado el martes por la jueza Eustacchio.

"Ahora todo depende de la sustanciación que le brinde el Poder Judicial a la solicitud", dijo el diplomático a Ultimas Noticias.

Bustillo señaló que en virtud de la demora en la presentación del pedido de extradición de Jorge Tróccoli en Italia, lo que motivó la liberación del marino retirado, dispuso especial cuidado en el trámite en relación a Bardesio, y por ese motivo la documentación se presentó diez días antes de vencer el plazo.

"Si un pedido habitualmente se tramita en unas cuatro horas, este exhorto se tenía que tramitar en dos, como verdaderamente ocurrió", dijo el embajador. El fiscal Perciballe pretende juzgar a Bardesio por la desaparición de Castagnetto y otros tres casos vinculados con los Escuadrones de la Muerte.

LA REPÚBLICA PÁG. 4

'El Pelado tenía el cráneo destrozado, sablazos, machucones, quemaduras...' Gabriel Uribe. Testigo de la tortura que mató a Hugo Leonardo De los Santos en 1973.

La jueza penal de 7º Turno, Graciela Gatti, recibirá hoy a las 17 horas a un testigo clave para evidenciar la causa de la muerte del estudiante de Agronomía Hugo Leonardo De los Santos, el primer asesinado por torturas de la dictadura.

Recuerdos. "Era un tipo maravilloso... Tocaba la guitarra, embromaba, era solidario..." Gabriel Hugo Uribe de Barros, tiene 57 años y hoy reside en el departamento de Colonia, donde es productor agropecuario. En 1973 era compañero de estudios de De los Santos y fue testigo del estado en que fue entregado su cuerpo, en un cajón cerrado, con prohibición de abrirlo a los familiares en la ciudad de Rocha.

Hugo De los Santos fue detenido el 1º de setiembre de aquel año y trasladado al Regimiento de Caballería Nº 6 donde se le dio muerte bajo torturas. Uribe denunció el homicidio en los años ochenta y declaró ante la Justicia en 1987, antes que el presidente Julio María Sanguinetti amparara el caso en la Ley de Caducidad.

Uribe había estado en la autopsia casi clandestina que pudo hacer la familia de De los Santos, en la que se tomaron fotografías que constituyeron la prueba que desmiente el dictamen forense oficial que dio el médico militar José Mautone, para quien el estudiante de agronomía había muerto por un "efisema pulmonar".

Las fotografías confirman la segunda autopsia, realizada por el médico policial Méndez Benia, quien al negarse a falsificar los datos fue destituido. El propio intendente de la época, general Alfonso Feola, llegó a admitir: "Los muchachos se pasaron". El de De los Santos es uno de los diez homicidios que condenan a Bordaberry.

A Uribe se le quebró la voz y se le inundaron los ojos cuando recordó al "Pelado" De los Santos, anoche al ser entrevistado por LA REPUBLICA en su casa, donde estaba acompañado de su esposa y su hijo.

"Era un tipo maravilloso... Tocaba la guitarra, embromaba, era solidario.

Es difícil hablar de esto... (acomoda la garganta). Fuimos compañeros, estudiamos juntos, hicimos camping, militamos juntos. Siempre tenía un motivo de alegría. Era callado, pero tenía cierta picardía.

Era irónico, con esa cosa campera, y el hablar con ese tono delicado muy lindo de expresarse de la gente del este".

"Tenía la edad de mi hijo"

"La agrupación de estudiantes me designó para ir al velorio en Rocha. Fui con Ricardo Améndola y otro compañero que no recuerdo. Cuando llegamos vimos que el cajón estaba tapiado. No lo dejaban abrir. Con los compañeros conseguimos un fotógrafo para que sacara imágenes de una segunda autopsia que la familia pudo hacer. Nos decían que había muerto por un efisema pulmonar. Nosotros no lo creíamos y después vi lo que habían hecho". (Uribe intenta no soltar las lágrimas que hace 35 años aguanta y ahora le brotan desde el alma).

"La autopsia la gestionó el decano de la Facultad de Agronomía, el "Chino" Santos Arbiza. Llevamos el cajón hasta el hospital. Había una sala y destaparon el cajón. Ahí lo pude ver. Estaba destrozado.

Tenía el cráneo hundido, como sablazos en el pecho y en todo el cuerpo, la rodilla deshecha, moretones en la cara, el cuerpo mutilado, como quemado, quemaduras redondas, grandes...", dice Uribe con las lágrimas de su angustia y la fuerza de su bronca.

Las fotografías se las dieron a un médico conocido de Rocha, porque temían que no los dejaran volver a Montevideo. Luego supieron que las entregó al Juzgado. Uribe creyó que nunca más las iban a poder  encontrar. Sin embargo, aquellas fotos siguen estando hoy en el expediente judicial de la causa sobre Hugo De los Santos. Uribe testificará nuevamente hoy su autenticidad y nombrará a otros testigos.

"En la Justicia yo, la verdad, ya no creo demasiado. Esto pasó hace 35 años y hace 26 que lo denuncié.

Sabemos por compañeros que estuvo en Florida. Se menciona a los militares Lawrie Rodríguez y Victoriano Vázquez como los responsables. Y hasta ahora no ha pasado nada. Yo sólo quiero que se sepa la verdad y se haga justicia..." (Se le vuelve a quebrar la voz, mira a su hijo, pita su cigarrillo y explica). "Fijate que el Pelado tenía la edad de mi hijo..."

LA REPÚBLICA PÁG. 4

Bardesio. Extradición llegó a la Argentina.

La Embajada uruguaya en Argentina entregó ayer en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería argentina el pedido de extradición contra el ex agente de la CIA y ex fotógrafo policial, Nelson Bardesio, por su implicancia en los crímenes del "Escuadrón de la Muerte".

La entrega del exhorto internacional con fines extraditorios se produjo sobre las 11:30 horas de ayer, por parte del funcionario encargado por la Embajada para realizar estas gestiones ante la Cancillería argentina, expresó el embajador Francisco Bustillo a LA REPUBLICA.

El pedido de extradición arribó "vía valija especial por DHL sobre las 9:00 de la mañana", tras ser remitido a últimas horas del miércoles por el Ministerio de Relaciones Exteriores hacia Argentina, y se entregó de "forma inmediata" ante el organismo estatal argentino, dijo Bustillo.

La presentación del exhorto ante la Cancillería argentina "completó el trámite judicial, por lo que automáticamente quedó interrumpido el plazo legal", indicó Bustillo. El Estado uruguayo tenía plazo para entregar el pedido de la Justicia hasta el próximo 24 de agosto.

El pedido de extradición contra el ex agente de la CIA incluye cuatro crímenes atribuídos al

"Escuadrón de la Muerte y Comando Caza Tupamaros" recogidos en el libro "Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos", editado por Presidencia de la República.

El libro señala como "causas conexas" la desaparición de Héctor Castagnetto y de Abel Ayala y los asesinatos de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez. El "Escuadrón de la Muerte" era una organización paramilitar que accionó en Uruguay previo al golpe de Estado de 1973. Ahora el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, deberá estudiar si da curso al pedido uruguayo.

LA DIARIA PÁG. 2

Ni una cosa ni la otra.

No fue la urgencia porque las madres de los desaparecidos recuperen los restos de sus hijos e hijas ni porque las abuelas puedan abrazar a sus nietos. Ni porque los criminales de la pasada dictadura reciban el castigo que merecen. Ni por la legítima pretensión de conocer la verdad sobre lo sucedido en aquellos años. No: la razón por la cual el senador José Mujica estampará su firma en el recurso para anular la Ley de Caducidad es que está “podrido” de acudir a los tribunales como testigo en juicios penales.

En 1989, la Justicia pareció quedar sepultada bajo una avalancha de votos amarillos. Desde entonces, familiares de víctimas, sindicalistas, algunos partidos políticos y un puñado de abogados, periodistas y activistas exprimieron su ingenio y trabajaron sin pausa. Recién en los últimos años comenzó a descorrerse el velo sobre la represión ilegal de la dictadura, como consecuencia del enorme esfuerzo de muy poca gente a la que este país le debe mucho. En contraste, apenas dos juicios en un lapso de un par de meses “pudrieron” a Mujica, uno de los líderes más populares del Frente Amplio y posible candidato presidencial del oficialismo.

Los ex guerrilleros tupamaros hoy afiliados al Movimiento de Participación Popular (MPP) fueron convocados en contadas ocasiones a prestar testimonio para determinar las responsabilidades de la dictadura que sometió a todo el país de 1973 a 1985. Este sector político, además, se marginó de la campaña por la anulación de la ley que consagró la impunidad de civiles, militares y policías que violaron los derechos humanos en ese período, incluso cuando el Frente Amplio resolvió por mayoría apoyar el recurso. Y eso a pesar de que sus integrantes figuran entre los que más sufrieron la desaparición y la tortura.

Hasta ahora, el líder del MPP pronosticaba que la verdad brillaría cuando él y los demás agonistas de los tumultuosos años sesenta y setenta estuvieran muertos. Mientras, trataba de echar paños fríos sobre cualquier motivo de conflicto con sus antiguos adversarios. Los viejos tupamaros que hoy revistan en el MPP trataban a unos cuantos militares represores con sumo respeto, casi con camaradería. Hasta hace muy poco era notoria su ausencia en las marchas del silencio y otras actividades realizadas bajo la consigna de verdad y justicia.

¿Qué cambió? Que Mujica y algunos de sus correligionarios debieron presentarse como testigos en dos juicios penales en los que estuvo en cuestión su propia posición ante la historia reciente. Los querellantes son antiguos adversarios suyos, los mejores amigos de los peores represores, ubicados en la extrema derecha del espectro político. El primer caso se refiere a un supuesto plan tupamaro de respuesta violenta, nunca implementado, a la extradición de separatistas vascos en 1994, y el segundo a la muerte, en 1972, de Roque Arteche, ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), quizás “ejecutado” por sus propios compañeros.

Así explicó Mujica su repentino viraje en torno de la Ley de Caducidad: “Me mantuve totalmente afuera (…) por mi forma de pensar con respecto a la Justicia y por no querer dar manija para nada.

Pero a partir de hoy voy a acompañar a la gente que está haciendo la fuerza por el plebiscito, y a mis compañeros del Frente”. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? “Porque estoy podrido de ir al juzgado al pedo, porque esto no tiene gollete. (…) Me parece un recurso de mala fe del punto de vista politiquero”.

Podría leerse que, según el viejo líder tupamaro, la justicia y los derechos humanos son cartas que se guardan en la mano o en la manga para jugar cuando las circunstancias lo indican. Esa visión queda de manifiesto en ciertos usos del lenguaje, aún vigentes en el círculo de los viejos guerrilleros para referirse a sus acciones del pasado. No cometieron secuestros: tenían “presos” en una “cárcel”, la “del Pueblo”. No hubo robos o asaltos, sino “expropiaciones”. No consumaron asesinatos, sino “ejecuciones” o “ajusticiamientos”. Poco hay de autocrítica en este discurso, que se asemeja demasiado al del Escuadrón de la Muerte.

De todos modos, la adhesión de Mujica a la campaña por la anulación de la impunidad les hace un daño bastante limitado a los “politiqueros de mala fe” que lo fastidiaron con su convocatoria a los juzgados. En cambio, sí podría afectar a los líderes frenteamplistas que, hoy unidos contra la candidatura del caudillo del MPP, le disputan popularidad: el presidente Tabaré Vázquez y el ministro Danilo Astori. En este juego, a nadie le sorprende que aparezca en el mantel la manoseada carta de la reelección. O que Jorge Larrañaga toque mesa en busca de pareja. ¦ Marcelo Jelen

CRÓNICAS PÁG. 4

Justicia decidió reabrir el caso de la nuera de Juan Gelman.

La Justicia uruguaya decidió reabrir el caso de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, detenida desaparecida hace más de tres décadas, informó el abogado de la familia José Luis González. El juez penal Pedro Salazar dio lugar al pedido presentado por el defensor para que se investigue la desaparición de la argentina María Claudia García de Gelman, detenida en Buenos Aires en 1976, cuando tenía 19 años y un avanzado embarazo.

María Claudia fue trasladada de manera clandestina a Montevideo poco después, dio a luz una niña en la Hospital Militar y luego desapareció.

La hija de María Claudia, Macarena Gelman, a través de González, solicitó hace seis meses a la Justicia la reapertura del caso de su madre que previamente fue archivado en dos ocasiones en 2002 y 2005, por disposición del entonces fiscal Raúl Moller.

"En los últimos tiempos surgieron nuevos elementos que respaldan nuestro pedido de reapertura", afirmó el abogado.

El poeta Juan Gelman, que reside en México, "ya fue enterado de la novedad y la recibió con mucha alegría y expectación", agregó González.

El pedido de reapertura fue acompañado de una solicitud "de prueba documental y de citación de nuevos testigos", destacó.

El abogado señaló que la localización a finales de 2005 de restos de dos uruguayos detenidos desaparecidos durante la dictadura (1973-1985) sepultados en unidades militares, y el reconocimiento que realizó la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) de la existencia de vuelos clandestinos que trasladaron de manera ilegal presos políticos desde Buenos Aires a Montevideo, "crean un nuevo escenario" para la investigación.

El abogado solicitó a la Justicia que se cite a declarar al actual comandante en jefe de la FAU, Enrique Bonelli, al ex jefe de la fuerza, José Pedro Malaquín y al ex comandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti.

DIARIO EL BUSCADOR (Florida) Pág. 5

«Los tupamaros no tiraron ni un tiro en dictadura pero sí en democracia». Durísima declaración

colorada y del dirigente Juan Amaro Cedrés.

Los colorados sentimos que estamos recibien do de este gobierno, los peores ataques de toda la historia hacia nuestra colectividad», dijo Juan Amaro Cedrés, Secretario General del Partido Colorado.

Al respecto Amaro propuso en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, un proyecto de declaración ante lo que considera «agravios de que han sido víctimas los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle, por parte del grupo sedicioso Tupamaros».

Olvidaron fácil.

En su parte medular, el comunicado dice: «ante los agravios públicos hechos por quienes en el pasado reciente violentaron las instituciones democráticas el Comité Ejecutivo del Partido Colorado resuelve: declarar su más firme rechazo a las declaraciones de los ex guerrilleros Julio Marenales y Eleuterio Fernández Huidobro, dado nuestro irrevocable compromiso republicano y democrático.

Nuestros presidentes Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle han honrado siempre estos valores, siendo los verdaderos artífices de una transición pacífica y posibilitando en definitiva, la inmediata liberación de estos ciudadanos presos en democracia, que manifiestamente arremetieron contra el estado de derecho y los deberes ciudadanos».

En el comunicado también resolvieron advertir «que el estilo que caracteriza a estos dirigentes políticos, agrede a un partido político histórico que únicamente para lograr sus objetivos, ha empuñado la bandera de la libertad y la democracia a diferencia de quienes hoy nos acusan».

Además dicen los colorados que «pretender interferir en los asuntos de la justicia es insistir en un pasado que dañó profundamente la República ».

Agravios a todos.

Con respecto al tema, Amaro Cedrés agregó que estos ciudadanos, ex guerrilleros «no tiraron ni un solo tiro contra la dictadura. Los tiros los tiraron en plena democracia, con gobiernos auténticamente democráticos».

Agregó que «estos agravios son para toda nuestra colectividad y recordando ese pasado, de como se salió de la dictadura militar, tenemos el orgullo de poder defender, sostener y afirmar, que el Partido Colorado fue el que llevó la vanguardia en la transición hacia la democracia que vivió el Uruguay».

EL PAÍS PÁG. 5 (Opinión )

Y son senadores...

Que un individuo cualquiera como Julio Marenales, carente de investidura alguna, que no está amparado por fueros, se despache con afirmaciones tales como que los últimos presidentes del Partido Colorado fueron los cerebros políticos del llamado "escuadrón de la muerte" que se dice existió en tiempos de la dictadura, en cualquier país del mundo daría para sancionarlo penalmente por difamación.

Aquí y hoy no vale la pena intentarlo porque es más lo que se puede perder que ganar, denunciando a una persona que hace dudar sobre su imputabilidad. Por eso es correcta la respuesta del Dr. Julio María Sanguinetti, quien se limitó a señalar que el insulto fue a quienes reconstruyeron la democracia que le permitió salir de la cárcel y volver a disfrutar de las libertades democráticas en las que nunca creyó.

No da para más.

Pero que el senador Fernández Huidobro diga públicamente que a Amodio Pérez se le buscó para ejecutarlo por traidor, con el aditamento que era lo que correspondía, es grave. Porque quien así se expresa, ocupa una banca del Senado y está diciendo que un asesinato era la respuesta adecuada a una actitud que no le gustó a quienes se alzaron con las armas contra las Instituciones. Esto es una de las tantas barbaridades que caracterizan los dichos del senador de los exabruptos.

Que no es el único, porque ahora José Mujica Cordano, anuncia su disposición a adherir a la "anulación de la ley" -una figura antijurídica y grotesca, que puede sentar precedentes funestos en un país que defiende como puede el derecho a la seguridad jurídica- que no sin cierta ingenuidad, pero con elevación de miras, quiso pacificar al país.

Ésta, conjuntamente con la puntualización del inefable Galeano cuando también concretó en solemnidad la agresión a la lógica de la Justicia y a la incolumnidad del derecho, con el juego de palabras de que se considera "olvidadizo pero no olvidador", son demostraciones demasiado duras del grado de deterioro que sufre el país en las bases que han sustentado su legítimo prestigio democrático y su condición de Estado de Derecho.

Y hay que recuperarlo.

 LA DEMOCRACIA PÁG. 5

¿Anulamos la ley de caducidad?

Fuerzas sociales y políticas vienen llevando adelante una campaña de recolección de firmas con el objetivo de anular la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, votada en diciembre de 1986 por el parlamento, y ratificada por el pueblo en abril de 1989. Decenas de miles de uruguayos ya firmaron; algunos de ellos, blancos. La iniciativa tiene posibilidades ciertas de ser un tema de campaña electoral para los próximos meses y, de alcanzarse las firmas necesarias, para las elecciones generales de octubre de 2009. Por eso vale la pena reflexionar aquí sobre el tema.

El debate sobre el voto verde y amarillo de 1989 dividió al Partido Nacional. Sin embargo, la sensación que a todos los blancos nos dejó esta dimensión de la salida de dictadura es que colorados y frenteamplistas pusieron sobre los hombros del partido, y en particular de Wilson Ferreira, la responsabilidad de la salvaguarda institucional del futuro del país. Y la sensación es que la ley de caducidad, con sus defectos, sumada a las leyes de amnistía y de reparación para los funcionarios públicos, cumplió con esa responsabilidad.

Veinte años después, el debate es otro. La ciudadanía tiene más y mejor información sobre los horrores de la dictadura que a finales de los años ochenta cuando decidió ratificar en plebiscito la ley de caducidad. La Justicia puso presos a los principales represores del tiempo de la dictadura. Se demostró así que el instrumento legal ideado por los blancos en aquel difícil diciembre de 1986 podía ser interpretado en un sentido distinto del de la amnistía sin que temblara el edificio institucional. Más de veinte años después, el debate es también parecido.

El Frente Amplio podría haber derogado en el parlamento la ley de caducidad. Prefirió jugar en dos escenarios contradictorios. Apoyándose en la ley para poner presos a los asesinos, desde el poder ejecutivo. Dejando libre juego a sus simpatizantes y compañeros de ruta para anularla ley, desde el partido político. En 1984-1986, los frenteamplistas pactaron de hecho la impunidad en el Club Naval, para luego dejar que Wilson arreglara el lío. En 2006-2008, los frenteamplistas primero se apoyan en la ley de caducidad, para habilitar luego la campaña por su anulación. Lo hacen además, con el trasfondo de una deliberada campaña de revisión de la Historia reciente que muchas veces escatima la verdad (cuando no miente deliberadamente), con el objetivo fundacional de generar una historia oficial proclive a la izquierda.

Como en tiempos del voto verde y amarillo, muchos blancos estamos sopesando nuestra decisión.

Algunos creemos que firmar para anular la ley y hacer campaña contra ella es no respetar el sacrificio que hizo Wilson Ferreira en su momento, que le costó la vida. Es volver veinte años atrás. Es revanchismo, cuando en realidad la plana mayor de los asesinos y torturadores están presos. Es participar de una iniciativa con algunos compatriotas que no creen en la democracia, en las virtudes de la República; con algunos militantes políticos de izquierda que hicieron todo para liquidar nuestras libertades en los años sesenta y setenta. Es de alguna forma legitimar esa visión de la Historia, falsa, que nos quieren imponer: la izquierda era buena y tiene sus mártires y el resto, incluido los blancos, eran todos malos. Algunos también creemos que el Uruguay cambió y que la ley de caducidad cumplió su ciclo histórico. No es renegar de Wilson Ferreira asumir que en el nuevo Uruguay son prácticamente mayoría quienes no vivieron los años previos al golpe de Estado. Son uruguayos que conocen el terror de la dictadura desde otra perspectiva y no entienden por qué permanece estoica una ley que cobijó durante tantos años a los asesinos más execrables.

No participar de la anulación de la ley de caducidad sería entonces y de alguna forma, reivindicarla. Y con la democracia consolidada institucionalmente, conociendo mejor lo que hicieron los Gavazzo y los Cordero, los blancos no podemos quedar del lado de los que defienden una ley que aseguró la impunidad por tanto tiempo. -Tenemos argumentos para defenderla si miramos al pasado, explicando y entendiendo al Partido Nacional de los años ochenta, que tanto orgullo nos da por su sentido cívico y responsabilidad institucional. Pero no tenemos argumentos mirando al futuro, buscando el apoyo y el entendimiento de las nuevas generaciones desde una perspectiva de calidad democrática. Y cuando Wilson hizo votar la ley miró al futuro, y no al pasado...

En ese sopesar de la decisión estará quien diga que no hay que anular la ley, sino que corresponde en todo caso su derogación. Y ese puede ser un compromiso para la próxima legislatura. Lo que sí está claro, es que no podremos eludir la pregunta del título ni dejar de reflexionar sobre ella.

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Otra tanda de gobernantes civiles en dictadura.

la edición pasada EL POPULAR afirmaba que seguramente se iba a quedar corto en el listado de civiles que ejercieron altos cargos en la dictadura. Y se quedó.

Todos los que apoyaron el terrorismo de Estado en aquellos tiempos pertenecieron al Partido Nacional y al Partido Colorado y aquí les entregamos otra tanda. Pero obviamente no son los únicos.

Los 4 Consejos de Estado que suplantaron al Parlamento Nacional La dictadura disolvió ambas cámaras, ilegalizó los partidos políticos e inventó el Consejo de Estado. 113 civiles integraron los cuatro Consejos en distintos periodos: Martín Recaredo Etchegoyen, Aurora Alvarez De Silva Ledesma, Gladys Freire de Addiego, María Luisa Cooghan Sanguinetti, Alberto Demicheli, Aparicio Méndez, Hamlet Reyes, Emilio Siemens Amaro, Julio César Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez López, Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, Alfredo Lamaison, Mario Gaggero, Raúl Clerc, José Francisco Franca, Osvaldo Soriano, Enrique Viana Reyes, Alfredo Cardoso Arrarte, Eduardo Praderi, Mario Jorge Coppetti y Jorge Spangerberg “legislaron” en el primero.

Luego en 1976 se produjeron algunos cambios con la siguiente nómina: Hamlet Reyes, Aurora Alvarez de Silva Ledesma, Mario Arcos Pérez, Mario Jorge Copetti, Julio Cesar Espínola, José Francisco Franca, Mario Gaggero, Eduardo Pradera, Daniel Rodríguez Larreta, Osvaldo Soriano, Enrique Viana Reyes, Jorge Laborde Bercianos, Martín C. Martínez, Willy Patocchi, Blanca Amorós de León de Dutra, José Carlos Brun Cardoso, Marcial Bugallo, Eduardo Crispo Ayala, José Enrique Etcheverry Stirling, Bertrand Gruss, Rafael Ravera Guiria, Pedro P.Rivero, Alberto Rodríguez Marghieri, Jorge Seré del Campo.

Asume Gregorio Alvarez en 1981 y se produce otra renovación del Consejo de Estado, que integran estos civiles: Hamlet Reyes, Marcial Bugallo, Federico García Capurro, Eduardo Praderi, Walter Belvisi, Norberto Bernachín, Gervasio González, Adolfo Gutiérrez, Néstor Bolentini, Pedro W.

Cersónimo, Wilson Cravioto, Alberto Aguiar, Hugo Amondarain, Fernando Assunçao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño Miguel, Juan J. Burgos, Eduardo Carrera Hugues, Rodolfo Ciganda, Luis A. Crisci, Waldemar Cuadri, Alfredo De Castro, Milton de los Santos, Eduardo Esteva, Juan Santana Echeverrito, Antonio Gabito Barrios, Manuel Gastelumendi, Carlos A. Gelpi, Alfonso Greissing, Irma Lamanna, Ricardo Milessi, Genero Perinetti y Rubén Riani.

Por ultimo la lista es completada por: Jorge Amondarain Mendoza, Maria Ruth Andrade Ochoa, Enrique Arocena Olivera, Dardo Casas del Río, Alberto del Pino Borillo, Luis O. Dini, Juan P.Ferreira, Werther Martínez, Miguel Pereira Serra, Cesalino Silveira, Armando Bahaburu. Bagalciague, Jorge Borlandelli, Gilver Cagnone, Francisco Cantou, Eduardo Galagorri Bruche, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Julio César Michelle, Pablo Millar, Daniel Ordóñez, Víctor Ortiz, Miguel Peirano, Ricardo Reilly Salaverry, Emilio Sader, Nelson Simonnetti, Atanasildo Viera y Ariel Villar.

Embajadores y representantes Entre otros cargos de embajadores en la dictadura: Jorge Pacheco Areco, Adolfo Folle Martínez, Carlos Manini Ríos, José Enrique Echeverry Stirling, Edgardo Abella, Raúl Soriano Mesia, Fernando Gómez Fyn, Osvaldo Soriano, Francisco Mario Ubillos, Raquel Lombardo De Bertolaza, Francisco Bustillo del Campo, Buenaventura Caviglia, Álvaro Alvarez, Gastón Sciara Rebollo, Carlos Duarte, Raúl Benavides y Adolfo Silva.

Ocuparon los cargos de representantes permanentes de nuestro país ante las Naciones Unidas, Carlos Alberto Roca y Carlos Giambruno; en la UNESCO estuvo Martín C. Martínez y en la OEA Mateo Márquez Seré, Carlos Alberto Roca y Francisco Bustillo del Campo.

En una misión muy difícil en aquellas épocas, les tocó representar a Uruguay en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a Carlos Giambruno, Juan José Real, Zulma Guelman, Luis A. Carrere, Carlos Nadal, Carlos Barroes Oreiro, Álvaro Moerzinger, José Calatayud Bosch, Ruben Díaz Porto y Graziella Dubra.

EL POPULAR PÁG. 7

Vladimir Roslik, por la verdad y en contra de la desmemoria.

Por Marys Yic

San Javier es una colonia formada en 1913 por inmigrantes rusos que en época de los zares se afincaron en Río Negro. Se caracteriza por ser un peque ño pueblo ubicado en la costa del Río Uruguay, donde sus vecinos coinciden en la tranquilidad y la rutina con que transcurren sus días, donde es un pasatiempo pescar en el muelle o tirar sus redes al agua.

Vladimir Roslik era el médico del pueblo, el que atendía por vocación sin importarle el dinero. Tenía 42 años, era casado y padre de un niño de apenas cinco meses.

En 1980 Vladimir había sido detenido, torturado y procesado por la justicia militar, enviándolo al Penal de Libertad donde estuvo 1 año.

En la madrugada del 15 de abril de 1984, San Javier despertó en medio de un gran operativo militar ordenado por la Brigada de Infantería Nº 3 de Salto, se hace una redada y lo detienen nuevamente junto a otros 10 pobladores.

La DINARP da la versión oficial de los hechos: “en San Javier se estaba reorganizando un grupo armado del Partido Comunista” A la mañana siguiente los familiares de Roslik reciben una llamada de la comisar ía para que pasaran por el Hospital de Fray Bentos a hacerse cargo del cuerpo. El Dr. Eduardo Saiz Pedrini, médico militar, buscó minimizar la causa de la muerte firmando un certificado de defunción que atribuye la muerte a un paro cardíaco respiratorio. La esposa de Roslik pidió una nueva autopsia y la pericia comprobó una muerte violenta multicausal, se comprobaron múltiples traumatismos profundos, asfixia por ingreso a los bronquios de un fluido similar al del estómago y desgarro de hígado provocando una a nemia aguda.

Vladimir Roslik fue el último muerto en torturas durante la dictadura. El 29 de mayo de 1984 la justicia militar proces ó por homicidio intencional e irregularidades en el servicio, al teniente coronel Mario Olivera, jefe del Batallón de Infantería 3 y al mayor Sergio Caubarrere, subjefe del cuartel y conocido torturador desde el año 1972.

El Supremo Tribunal Militar convocó a la prensa para informar del procesamiento de los responsables y repetir la fábula de la reorganización del aparato armado comunista. A comienzos de 1985 ambos fueron reintegrados al Ejército. En octubre de 1984 el Dr. Saiz fue expulsado del gremio médico po


18.08.2008 08:50 / RECORTES DE PRENSA

BÚSQUEDA PÁG. 3

Mujica cambió su posición; anuncia que firmará para anular la ley de caducidad, algo a lo que se opone el presidente Vázquez.

El cambio de posición que adoptó el senador oficialista José Mujica, quien el martes 12 anunció que firmará para anular la "ley de caducidad", alentó a los promotores de la campaña quienes manifiestan seguridad de que alcanzarán las adhesiones que necesitan para habilitar un plebiscito, algo a lo que el presidente Tabaré Vázquez se opone.

Con el argumento de que está "podrido" de concurrir a juzgados a declarar en causas por presuntos delitos cometidos por el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) durante la década de 1970, Mujica señaló que firmará, lo que difiere de las opiniones que emitió de forma pública durante los últimos meses.

Varios integrantes del gobierno y personas allegadas al presidente consultadas por Búsqueda interpretaron que la decisión de Mujica es una suerte de "declaración de guerra" a Vázquez, y que "cayó mal". Por el contrario, para quienes procuran anular la ley el anuncio del senador tupamaro cayó del cielo.

"Lo de Mujica es importantísimo", expresó a Búsqueda el integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Juan Castillo; la central sindical es promotora de la campaña de recolección de firmas para anular la ley.

La adhesión de Mujica se sumó a la firma del escritor Eduardo Galeano, un referente de la izquierda,

quien el lunes 11 puso su rúbrica en la sede del PIT-CNT, donde afirmó que quienes no hagan lo mismo incurren en un "olvido interesado".

Al igual que otros varios integrantes del gobierno, el presidente Vázquez anunció que no firmará para anular la ley de caducidad. "Yo no puedo cambiar en la mitad de gobierno lo que le estuve diciendo y comprometiendo en nombre de una fuerza política a la población uruguaya", argumentó el jefe de Estado en setiembre del 2007, en declaraciones a Búsqueda.

"Yo vengo hoy aquí a firmar contra el olvido interesado, contra el olvido que nace de los intereses interesados en que repitamos la historia en lugar de hacerla. (...) Esa va a ser la gran diferencia entre los que resuelvan firmar y los que no", dijo Galeano el lunes 11, según consignó el diario "La República" el día siguiente.

En momentos en que los dirigentes sindicales afirman que alcanzaron entre 110.000 y 120.000 firmas -necesitan 250.000 para habilitar un plebiscito- la adhesión de Mujica y de Galeano los alentó.

"Sin duda que la firma de Galeano será un propulsor y se van a sumar figuras políticas de mucho peso, como Mujica. (...) No tenemos ninguna duda: vamos a llegar a las firmas requeridas y vamos a anular la ley", indicó el dirigente del PIT-CNT Luis Puig.

En una línea similar, Castillo consideró "importantísimo" el anuncio de Mujica, aunque evaluó que "lo de Galeano tiene más peso, por el tema cultural".

La central de sindicatos tiene en la actualidad 12 puestos fijos para recolectar firmas, y prevé una serie de actos en el interior.

Cambio. En varias entrevistas y ruedas de prensa, Mujica había considerado que la anulación de la ley de caducidad no se traducirá en mayores posibilidades del gobierno para conocer el destino de los desaparecidos durante la dictadura. Su colega Lucía Topolansky remarcó en abril pasado que no estaba de acuerdo con la anulación de la ley.

"No nos parece bien cambiar en la mitad del período. Yendo hasta las últimas consecuencias con el artículo cuarto (de la ley) es que hay militares procesados, causas abiertas. No creo que los militares hablen más porque la ley exista o no exista", comentó, poco después de que el Plenario del Frente Amplio aprobara la adhesión del partido gobernante a la campaña de firmas.

El también senador tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro afirmó durante un congreso del FrenteAmplio en diciembre del 2003: "La ley de caducidad fue avalada por la ciudadanía y la izquierda siempre sostuvo que respetaba los pronunciamientos populares".

Sin embargo, Mujica cambió su posición y anunció que va a firmar aunque cree que la anulación de la ley no contribuirá a conseguir mayor información.

"Ya me tiene podrido", fue el principal argumento del senador durante una rueda de prensa el martes, en alusión a que ya debió declarar ante la Justicia por dos causas diferentes durante los últimos días.

De manera formal, Mujica firmará el martes 19 en la sede del PIT-CNT.

La campaña para la anulación de la ley de caducidad comenzó el 4 de setiembre del 2007, durante un acto en el teatro El Galpón. Su objetivo es habilitar una reforma constitucional que incluya la anulación de esa norma, la cual sería resuelta por la ciudadanía de forma paralela a las elecciones nacionales de octubre del 2009.

La ley de caducidad fue aprobada por el Parlamento en 1986, un año después del final de la dictadura (1973-1985), y otorgó inmunidad a militares autores de violaciones de los derechos humanos en ese período. En 1989, luego de una campaña de firmas promovida por el Frente Amplio y algunos sectores del Partido Nacional, se realizó un referéndum en el cual la mayoría de la población ratificó la vigencia de la ley.

De todos modos, la propia norma le permite al Poder Ejecutivo, ante consultas del Poder Judicial, decidir si un caso está comprendido o no en el amparo de la ley. Por ese mecanismo, el gobierno del Frente Amplio dejó fuera del amparo a los autores de varios casos, tras lo cual la Justicia procesó con prisión a oficiales de las Fuerzas Armadas, entre ellos al ex dictador Gregorio Álvarez.

7. BÚSQUEDA PÁG. 3

La Justicia reabrió la investigación del caso de García de Gelman.

El juez penal de segundo turno, Pedro Salazar, resolvió ayer miércoles 13 la reapertura de la investigación por el presunto asesinato de María Claudia García de Gelman, ocurrido durante la dictadura (1973-1985).

El caso había sido archivado años antes por el fiscal Enrique Moller, quien entendió que estaba comprendido en la ley de caducidad.

Sin embargo, la familia Gelman solicitó en febrero la reapertura del caso en virtud de la aparición de las sepulturas de Ubagésner Chávez Sosa y de Fernando Miranda en unidades militares a fines del 2005, y del reconocimiento por parte de la Fuerza Aérea - en un informe que le entregó a la Presidencia- de que existieron dos traslados de prisioneros políticos desde Argentina hacia Uruguay.

Según el abogado de Gelman, José Luis González, esos hechos cambian el escenario, por lo que no puede aplicarse el principio de la "cosa juzgada".

La resolución de Salazar implica que se dé curso a un proceso en el que se ofrecerán una serie de pruebas testimoniales. González solicitó que se interrogue por ese tema al comandante de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, al ex comandante en jefe del Ejército Ángel Bertolotti y al general Raúl Gloodtdofsky, entre otros militares.

Consultado por Búsqueda el abogado dijo que la decisión implica "un respaldo institucional del Poder Judicial que hasta ahora le había dado la espalda a la familia Gelman", y que "demuestra la independencia de los jueces y fiscales uruguayos".

LA DIARIA PÁG. 4

La guerra por otros medios Cruce de acusaciones entre tupamaros y colorados.

Es claro que en algún momento personas vinculadas con los procesados por actos de terrorismo de Estado durante la dictadura y con sectores derechistas decidieron iniciar una especie de contraofensiva de denuncias penales contra actuales y antiguos dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN), en el entendido de que los juicios contra los represores violan el espíritu de “amnistía para ambos bandos” que algunos atribuyen a las decisiones gubernamentales tras la salida de la dictadura. Tales denuncias, presentadas por los hechos ocurridos cerca del Hospital Filtro en 1994 y por la presunta “desaparición forzada” en 1971 de Roque Arteche, no han tenido éxito ante la Justicia, pero es probable que su intención central no fuera lograr condenas, sino ante todo producir efectos propagandísticos, y cabe esperar que se presenten otras en el marco de la campaña electoral.

Sea como fuere, por acción y reacción esa “contraofensiva” recibe como dúplica nuevos hechos políticos, entre ellos duros cruces de declaraciones entre dirigentes tupamaros y colorados.

Arteche fue uno de los delincuentes comunes recluidos en el penal de Punta Carretas que establecieron vínculos con integrantes del MLN presos durante el gobierno de Pacheco Areco y se fugaron con ellos de esa cárcel, convirtiéndose transitoria o definitivamente en tupamaros. Según versiones que ningún dirigente actual de la organización ratifica, se apoderó de dinero y algún arma perteneciente a la guerrilla y fue ejecutado por ese motivo.

El caso es que apareció muerto de un tiro en un baldío en abril del 71, y en aquel momento se explicó el hecho en algunos diarios como un ajuste de cuentas entre criminales sin ninguna connotación política.

La presentación de aquellas informaciones periodísticas y del certificado de defunción correspondiente por parte de los acusados desvanece toda posibilidad de que haya un juicio por desaparición forzada, pero al comparecer por esa denuncia ante el juez Luis Charles, el dirigente tupamaro Jorge Marenales y el senador Eleuterio Fernández Huidobro (que dejó el MLN para formar la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad, dentro del MPP) expresaron su convicción de que los ex presidentes colorados Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle fueron, en el período previo al golpe de Estado, inspiradores del llamado Escuadrón de la Muerte, denominación genérica de grupos ultraderechistas en los que, con

apoyo de la CIA, militares y policías en actividad se dedicaron a hostigar, secuestrar y asesinar a militantes izquierdistas.

Como era previsible, las afirmaciones de Fernández Huidobro y Marenales fueron rechazadas con indignación por Batlle y Sanguinetti, y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado emitió ayer una declaración “ante los agravios propalados por quienes en el pasado reciente violentaron las instituciones” contra “los verdaderos artífices de una transición pacífica” en los años 80, y aseguraron que ese partido “ha empuñado siempre la bandera de la libertad y la democracia”.

Otra consecuencia de la “contraofensiva judicial” fue la decisión del senador José Mujica de apoyar la anulación de la Ley de Caducidad, fundamentada expresamente en que está “podrido de ir a los juzgados” por ese tipo de denuncias (ver nuestra edición de ayer). El CEN colorado también criticó ese anuncio del ex ministro de Ganadería, sosteniendo que “configura un claro incumplimiento de un compromiso público contraído ante la ciudadanía en vísperas de las pasadas elecciones” y que “el fundamento invocado para faltar a la palabra empeñada” es “una nueva y lamentable contribución del senador Mujica al descenso del nivel del debate político y a la pérdida de calidad de la democracia uruguaya”.

EL ESPECTADOR

Sanguinetti: el que mataba y secuestraba era Marenales. 13.08.2008 | 21.55

El ex presidente Julio María Sanguinetti rechazó tajantemente las declaraciones del dirigente tupamaro Julio Marenales, que acusa al actual senador colorado de haber sido uno de los cerebros del Escuadrón de la Muerte, durante la Dictadura en nuestro país.

Sanguinetti afirmó que en aquella época hubo episodios puntuales de presuntos comandos

parapoliciales, que cometieron atentados y actos delictivos. Dijo que esos fueron hechos públicos de personas que se habían desbordado.

El ex mandatario criticó duramente al dirigente tupamaro Julio Marenales por sus acusaciones sobre la presunta implicancia de Sanguinetti en los Escuadrones de la Muerte. El legislador colorado dijo que el que mataba y secuestraba era Marenales.

“Eran tan clandestinos como lo era el señor Marenales, que también mataba y secuestraba todo el tiempo, es la misma expresión de clandestinidad antidemocrática que compartieron. (...) El señor Marenales, clara y rotundamente dice que él no tiene fundamentos, que no tiene ningún documento ni puede tener o podrá tener jamás”.

LA REPÚBLICA PÁG. 2

Colorados rechazan expresiones de Marenales y Huidobro.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado expresó su "más firme rechazo a las declaraciones de los ex guerrilleros Julio Marenales y Eleuterio Fernández Huidobro, dado nuestro irrevocable compromiso republicano y democrático".

LA REPÚBLICA PÁG. 2

Tribunal de Apelaciones desestimó queja de Mangini. Roger Rodríguez. Periodista de LA REPUBLICA fue sobreseído.

Fallo unánime de los ministros Borges, Minvielle y Bonavota.

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno desestimó ayer el recurso de "queja" interpuesto por el mayor (r) Enrique Mangini Usera, contra la sentencia Nº 0271 del juez penal de 19º Turno, Luis Charles, donde se dispuso el "sobreseimiento" del periodista de LA REPUBLICA Roger Rodríguez.

El fallo unánime de los ministros Eduardo Borges, Bernadette Minvielle y José Bonavota indica que "los agravios del denunciante no son de recibo, por lo que serán desestimados", ya que el recurso de "subrogación de la Fiscalía" no fue interpuesto dentro del plazo legal.

El denunciante presentó "queja" por el "incumplimiento de la notificación de sobreseimiento solicitado por la fiscal" Diana Salvo y porque "no se respetó el plazo de 48 horas dispuesto por la ley para decretar el sobreseimiento y la clausura de las actuaciones".

Sin embargo, el denunciante "tuvo conocimiento cierto, indubitable, del sobreseimiento solicitado por el Ministerio Público" porque estuvo presente "debidamente asistido por su letrado patrocinante (Daniel Arocha)" durante la audiencia del 31 de marzo de 2008, en la cual la fiscal Diana Salvo presentó su dictamen, dice el Tribunal.

La Sala entiende, por tanto, "inadmisible" la posición del apelante "toda vez que es constatable el conocimiento del acto procesal, más allá de la existencia de la constancia o nota de ese conocimiento en el expediente", continúa.

La notificación del pedido de sobreseimiento "fluye de la propia naturaleza de las cosas, dada su presencia en la audiencia y los principios de lealtad y buena fe procesal", más allá de que el magistrado no lo dispuso en el acta "de manera expresa", señala el Tribunal.

"Es contrario a los más elementales principios del proceso pretender una notificación ulterior de un acto procesal tenido lugar en audiencia, que contó con la presencia de quien ello pretende", en este caso el mayor (r) Mangini, expresa la sentencia.

Por tanto, el Tribunal desestimó el recurso y confirmó la sentencia de Primera Instancia.

LA REPÚBLICA PÁG. 3

La Justicia resolvió reabrir caso Gelman por ¨2o vuelo¨. Investigación. Decisión se basó en nuevos elementos contenidos en investigación de LA REPUBLICA.

La Justicia resolvió acceder al pedido de reapertura de la causa que investiga el secuestro y

desaparición de María Claudia García de Gelman, ante nuevos hechos supervinientes. La resolución judicial es un hecho "profundamente emocionante", dijo el abogado José Luis González.

El juez Penal de 2º Turno, Pedro Salazar, accedió, el pasado martes, al pedido de reapertura de la causa sobre el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman, tras un intenso análisis de "nuevos hechos supervinientes" en relación a su traslado clandestino hacia Uruguay, el 5 de octubre de 1976.

El magistrado estudió durante cuatro meses el extenso expediente sobre la causa de María Claudia García, su secuestro, traslado clandestino, posterior desaparición y presunta muerte en Uruguay, tras lo cual resolvió acceder al pedido de reapertura, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

La resolución judicial se produce casi seis meses después que Macarena Gelman, hija de María Claudia y nieta del poeta argentino Juan Gelman, se presentara ante el Juzgado Letrado Penal de 2º Turno, solicitando reabrir la investigación en torno a la desaparición de su madre.

Macarena se presentó ante la Justicia junto a su abogado, José Luis González, solicitando la reapertura, en base al "reconocimiento oficial" de la Fuerza Aérea (FAU), de la existencia de traslados clandestinos de presos políticos detenidos, "hoy desaparecidos", desde Buenos Aires hacia Montevideo, en el año 1976.

El juez Salazar dispuso entregar la solicitud "en vista" a la Fiscalía, tras lo cual el representante del Ministerio Público, Eduardo Fernández Dovat, comenzó a estudiar el pedido. Sobre mediados de abril, el fiscal solicitó la reapertura, y ahora el magistrado accede al pedido.

La decisión del juez "es un respuesta muy positiva sobre todas las peticiones que desde hace mucho tiempo hemos realizado (sobre la investigación). Estoy profundamente emocionado, sinceramente", señaló José Luis González a LA REPUBLICA. La resolución posibilitará "profundizar la investigación sobre lo que ocurrió con María Claudia, y encontrar a los responsables de su secuestro y de su presunta muerte", agregó.

"Lo vivimos con mucha alegría, profundamente emocionados. Macarena se puso muy contenta" cuando se le comunicó la noticia de la reapertura de la causa, expresó González. LA REPUBLICA se comunicó entonces, brevemente, con Macarena lo cual alcanzó para que la joven expresara su alegría por una resolución "que esperaba todos los días".

La presencia de Macarena en los medios se acrecentó tras presentar el pedido de reapertura en la causa, con varias entrevistas y notas, en las cuales siempre manifestó su esperanza y la expectativa de una resolución favorable. El pasado martes, tras la resolución del juez Salazar, esas expectativas se volvieron realidad.

Breve historia.

María Claudia García y su esposo Marcelo Gelman, hijo del poeta argentino Juan Gelman, fueron detenidos el 24 de agosto de 1976, cuando ella tenía siete meses de embarazo, por personas fuertemente armadas y trasladados al centro clandestino de detención conocido como "Automotores Orletti". Tenía 19 años.

En "Orletti" fueron torturados, y en octubre de 1976 Marcelo fue asesinado de un tiro en la nuca, su cuerpo fue arrojado en un tonel al Delta del Tigre y luego enterrado como NN. Los restos de Marcelo Gelman fueron exhumados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 1989. María Claudia, en tanto, fue trasladada clandestinamente hacia Montevideo el 5 de octubre de 1976 en un vuelo piloteado por el ex Comandante en jefe de la FAU, brigadier José Pedro Malaquín, y recluida junto a otros uruguayos en la sede del Servicio de Información y Defensa (SID).

La joven fue derivada al Hospital Militar donde dio a luz a una niña, a la cual pudo amamantar por unos días, hasta que le fue sustraída de sus brazos. María Claudia fue trasladada al centro clandestino de detención "Base Valparaíso", según reveló una nota del periodista Roger Rodríguez en LA REPUBLICA. Tras dar a luz en diciembre de 1976, "desapareció".

La niña fue entregada en enero de 1977, en la casa del comisario Tauriño (hoy fallecido) que la anotó como hija propia y la crió junto a su esposa, con quien aún hoy Macarena Gelman convive, y quien, según la joven, fue un "soporte" en la reconstrucción de su historia personal.

LA REPUBLICA publicó en 1999 el resultado de una investigación periodística de largo aliento que permitió recuperar la identidad de la hija de María Claudia. El 30 de marzo de 2000, la entonces Macarena Tauriño se reencontró con su abuelo paterno Juan Gelman y años después recobró su nombre: Macarena Gelman.

LA REPÚBLICA PÁG. 3

Las claves de la reapertura.

El pedido de reapertura se basa en "el reconocimiento oficial" de la existencia de traslados

clandestinos de presos políticos en 1976 desde Buenos Aires a Montevideo, pero también en el hallazgo de los "restos óseos" de Ubagesner Chávez Sosa y Fernando Miranda.

El hallazgo de restos "en un predio militar y en un predio particular demuestran la existencia de cementerios clandestinos", elementos desconocidos cuando el fiscal Enrique Möller dispuso el archivo del expediente, en dos ocasiones, 2002 y 2005.

Las pruebas presentadas fueron "acompañadas" por "solicitudes y oficios" a distintos Ministerios, así como exhortos a la República Argentina solicitando interrogar a los ex agentes del SIDE Eduardo Caubanillas y Eduardo Ruffo, "privados de libertad" por su accionar represivo en Automotores Orletti.

El escrito solicitó además la comparecencia ante la Sede de militares en actividad y en retiro, como el comandante en jefe de la FAU, Enrique Bonelli, y el ex comandante en jefe de esa fuerza, José Pedro Malaquín; el ex comandante en jefe del Ejército, Angel Bertolotti; el general Raúl Gloodtdofsky y el aviador (r) Uruguay Araujo Umpiérrez.

Los testigos que presentó la defensa en la causa son: el jefe del equipo de Antropólogos, José Luis López Mazz, el periodista de LA REPUBLICA, Roger Rodríguez, y el ex soldado uruguayo Julio Cesár Barboza, es agente del SID en 1976.

LA REPÚBLICA PÁG. 3

LA CAUSA, LOS ESCOLLOS.

La causa por el secuestro y desaparición de María Claudia García ingresó a la órbita judicial en el año 2002, cuando el poeta Juan Gelman se presentó ante la Justicia solicitando se investigue el paradero de su nuera. La denuncia recayó en el Juzgado Letrado Penal de 2º Turno.

El titular de la Fiscalía Penal de 4º Turno, Enrique Möller, en tanto, resolvió, en 2003, el archivo del expediente, al considerar la causa bajo el amparo de la Ley de Caducidad, hecho que reafirmó dos años más tarde cuando el gobierno de Tabaré Vázquez excluyó, expresamente, este tema de la ley.

En 2005, el juez Penal Gustavo Mirabal se disponía a reabrir la indagatoria sobre el paradero de María Claudia, pero se encontró con un escollo judicial: el fiscal Enrique Möller apeló la decisión del magistrado y solicitó el archivo de la causa.

El Tribunal de Apelaciones, por tanto, se vio obligado a archivar el expediente tras la negativa del representante del Ministerio Público de continuar con la indagatoria judicial. La negativa del fiscal Möller a solicitar "el enjuiciamiento" de ninguna persona impidió, en 2005, la reapertura de la causa.

El Tribunal entendió entonces que el juez estaba irremediablemente ligado a esa decisión y archivó el expediente.

EL OBSERVADOR PÁG. 8

Juez investigará desaparición de la nuera de Juan Gelman. DESARCHIVÓ EL EXPEDIENTE CLAUSURADO EN 2005 POR EL FISCAL MOLLER.

El juez Pedro Salazar reabrió el expediente sobre María Claudia García de Gelman para investigar el secuestro y desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, una joven de 19 años detenida en agosto de 1976 en Buenos Aires. En virtud de los nuevos elementos aportados por la hija de García, Macarena Gelman, el magistrado decidió desarchivar el expediente cerrado en 2005 porque el fiscal Enrique Moller decidió considerarlo comprendido en la ley de Caducidad. El abogado José Luis González, pidió en representación de Macarena la reapertura del caso y presentaron cuatro nuevos elementos. Reclamaron que se investiguen los vuelos clandestinos en los que probablemente fue trasladada García a Uruguay. Menciona que el hallazgo de restos óseos en un batallón y en un predio particular demuestran que existieron cementerios clandestinos donde podría estar enterrada su madre.

Pidieron que sean citados a declarar los militares Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y José Gavazzo por declaraciones que han realizado sobre el caso. Macarena dijo a El Observador que es "una oportunidad única". "Estoy más que contenta con esta decisión", dijo.

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 8

Tribunal absolvió a periodista. ROGER RODRÍGUEZ.

EL TRIBUNAL de Apelaciones en lo Penal de 3er Turno absolvió al periodista Roger Rodríguez, en el marco de una denuncia por "difamación e injurias" que le había iniciado el mayor (r) Enrique Mangini por el contenido de una investigación periodística que lo involucra con el asesinato de un estudiante en 1972.

Ayer, los ministros José Bonavota, Eduardo Borges y Bernardette Minvielle desestimaron un recurso de queja del denunciante ante la decisión del juez penal Luis Charles, quien intervino en primera instancia en la denuncia, y por eso se dispuso la clausura del expediente contra el periodista.

Rodríguez publicó en el diario La República varios informes sobre la participación de Mangini en la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), grupo que en la década del 70 consumó el asesinato del estudiante Santiago Rodríguez Muela en el liceo Nº 8.-

El militar llegó a ser indagado por la Justicia de la época, e incluso, varios de sus compañeros de la JUP fueron procesados. Mangini admitió ante el juez Charles su participación en el operativo en que fue asesinado Rodríguez Muela. Ahora, los familiares de la víctima prevén presentar una denuncia penal contra los integrantes de la JUP por el delito de "homicidio muy especialmente agravado".

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 9

Justicia reabrirá el caso de la nuera de Gelman. VARIOS MILITARES SERÍAN CITADOS.

EL JUEZ penal Pedro Salazar hizo lugar al pediido de desarchivo de la causa que indaga la

desaparición de María Claudia García de Gelman registrada en 1976, solicitud que había sido tramitada por Macarena Gelman, hija de la joven secuestrada y trasladada en forma ilegal desde Buenos Aires a Montevideo, en lebrero pasado.

El abogado denunciante del caso. José Luis González, informó a Ultimas Noticias que el dictamen del juez Salazar donde acepté" retomar la investigación fue comunicado ayer al fiscal Eduardo Fernández Dovat, y señaló que hoy concurrirá a la sede judicial para recibir su notificación.

González, si bien dijo desconocer oficialmente el contenido de la resolución del magistrado, explicó que hace referencia a varios aspectos jurídicos "discutibles", como por ejemplo la incidencia de "la cosa juzgada". Hace dos meses, la Fiscalía se pronunció a favor de retomar la investigación porque quedaban varios aspectos inconclusos.

Al momento de solicitar el desarchivo del expediente, el abogado presentó como prueba varios elementos surgidos en otras investigaciones judiciales, como por ejemplo la del "segundo vuelo".

Además, pidió que sean citados los ex pilotos José Araújo Umpiérrez y José Pedro Malaquín y el actual comandante de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli.

En octubre del año 2005, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2C Turno, dispuso el archivo de la causa, luego de que el fiscal Enrique Móller considerara el caso incluido dentro de la ley de Caducidad, en ese momento, el juez Gustavo Mirabal se disponía a cursar citaciones a varios militares presuntamente involucrados.

BÚSQUEDA PÁG. 49 (Cartas al Director)

La 'ley de caducidad'.

Señor Director:

No es posible avanzar, mirar juntos en la misma dirección, sin la verdad. En las últimas dos décadas los uruguayos hemos comprobado que no es posible ocultar bajo el manto del olvido los hechos históricos, que conocer lo ocurrido es una demanda creciente de la sociedad civil y dé parte del sistema político. Hemos verificado que las heridas no cierran por más que el tiempo transcurra. Tarde o temprano el reclamo de justicia frente a las atrocidades cometidas emerge.

El gobierno del Dr. Jorge Batlle fue el primero en dar importantes pasos en este sentido, recordemos que con la Comisión para la Paz se comienza a investigar y se genera un hecho altamente relevante: el reconocimiento por parte del Estado de las violaciones a los Derechos Humanos. Y el gobierno actual, con quien tengo múltiples discrepancias, ha dado pasos importantes en materia de derechos humanos.

Reconocer esos avances no supone dejar de recordar que desde el poder se ha brindado una visión parcializada del pasado reciente, donde ahora el MLN -movimiento antisistema destructor de las instituciones democráticas- se autoproclama adalid en la lucha contra la dictadura.

El análisis cronológico de los hechos o de los propios documentos internos de esa organización permite desmentir tal barbaridad. Del mismo modo el análisis cronológico permite comprobar que la tesis de que la dictadura se instaló debido a la actuación de la guerrilla urbana cae por su propio peso (el MLN fue derrotado militarmente en 1972 y el golpe fue perpetrado en 1973).

El accionar de organizaciones de derechos humanos y la interpretación de la "ley de caducidad" dada por el Ejecutivo actual, ha llevado a los estrados judiciales a seres despreciables, autores de repudiables violaciones a los DDHH. Como ejemplos paradigmáticos, los dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez Armelino. Sin embargo -en el caso de este último y de otros militares- no ocultamos nuestro asombro: cárcel vip, con privilegios para tan siniestros personajes.

La responsabilidad es del presidente Vázquez y su ministra del Interior.

En la actualidad, diferentes actores sindicales y políticos -blancos y frenteamplistas- recolectan firmas para anular la "ley de caducidad" de la pretensión punitiva del Estado.

Me parece entonces importante, en este marco, retrotraernos en el tiempo hasta llegar a los orígenes de la impunidad.

Un análisis "grosso modo" de la dictadura y en particular de la transición hacia la democracia en el Uruguay nos permiten identificar un gran mojón: el 30 de noviembre de 1980. El triunfo del No a la propuesta dictatorial marca el comienzo del fin del régimen cívico-militar.

En noviembre de 1981 los militares establecen la Ley de Partidos, previendo hacia 1982 la elección de autoridades de los tres partidos habilitados. Los sectores opuestos al régimen dictatorial triunfaron a la interna de los partidos, destacándose en el Partido Nacional (que obtuvo como lema 100.000 votos más que el Partido Colorado) a los Movimientos de Rocha y Por la Patria, nucleados en ACF. El electorado se volcó hacia la opción más radicalmente opuesta a la dictadura.

Por su parte el Frente Amplio, a partir de la estrategia diseñada desde la cárcel por el general Seregni, logra mostrar su vigencia en el mapa político mediante el voto en blanco.

Los naipes estaban todos sobre la mesa para la dictadura. Así como estaban las cosas en los comicios de 1984 triunfaría Wilson Ferreira, su enemigo número uno, la propuesta más radical respecto del régimen ganaría. Era por tanto imprescindible la rehabilitación de parte del Frente Amplio del '71. El retiro de la mesa de negociaciones del Parque Hotel en 1983 por parte del wilsonismo les permitió a los militares observar con claridad que debían validar a la izquierda para legitimar una futura salida.

En noviembre de ese año fueron desproscriptos los dirigentes tradicionales, con la excepción del líder blanco. En 1983 se reclamaba, en la magnífica e inolvidable voz de Candeau, un Uruguay democrático sin exclusiones, que lamentablemente no fue tal. En diciembre los blancos en su convención proclaman la histórica fórmula Ferreira-Pereyra de 1971.

El 19 de marzo de 1984 fue liberado Seregni, quien optó por el camino del pacto con los militares ("es ineludible pues negociar" sentenció) y los colorados para lograr la habilitación de un lema para la izquierda uruguaya. El 16 de junio Wilson regresa al Uruguay, es detenido por la dictadura y puesto preso en el Cuartel de Trinidad. La negociación del Club Naval, de la que participaron el Frente Amplio, la dictadura y los colorados, determinó los hechos posteriores. A los militares les faltaba una pieza para el puzzle de la salida: esa pieza clave fue el Frente Amplio, a instancias del general Seregni.

Tal negociación se desarrolla entre el 6 de julio y el 3 de agosto de 1984 en la sede del Esmaco. El 30 de julio, ya sentados en torno a una mesa pero en el Club Naval se acuerda la convocatoria a elecciones. Los militares cristalizaron su firme deseo de evitar por todos los medios la candidatura "de su más acérrimo enemigo", permitiendo afirmar al general Medina que "el Ejército sale con honor" y que no se aceptarían "revisiones". Además en el acta de la primera reunión este mismo personaje manifestaba que "la meta es buscar un acuerdo entre orientales" y que "se trata de lograr una salida incruenta". El general Seregni se encargó de aclarar luego que en el Club Naval había estado "subyacente" el olvido frente a las responsabilidades del pasado.

Con posterioridad, frente a un eventual vaciamiento institucional, por la negativa de los militares a presentarse ante la Justicia uruguaya (recuérdese la caja fuerte de Medina), lo que suponía un desacato -y con el pacto de agosto ya perpetrado- Wilson Ferreira mostró, más que nunca, sus dotes de estadista y de hombre de mirada larga, superando los intereses partidarios.

La "ley de caducidad" de la pretensión punitiva del Estado (Ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986) termina por darle forma legal al pacto antedicho, y le correspondió, debido a la correlación de fuerzas en el Parlamento nacional, definir la cuestión al wilsonismo. Debemos entender el contexto en que se desarrollan los sucesos y emerge esa ley. Fue una ley aprobada en una circunstancia dada, con el riesgo inminente de un golpe de Estado. No podemos comprender la "ley de caducida


18.08.2008 08:48 / RECORTES DE PRENSA

EL PAÍS PÁG. 11

Viraje de Mujica: firma para anular la ley de Caducidad. MPP: Malestar con Astori por ir a la Mesa Política el lunes.

LORELEY NICROSI

Sorpresivamente, el senador José Mujica anunció ayer que firmará para la anulación de la ley de Caducidad. En tanto en el MPP generó malestar que Astori hablara el lunes en la Mesa Política en Maldonado.

A 24 horas de haber mantenido una reunión con el presidente Tabaré Vázquez, donde el mandatario observó el encuentro que el senador José Mujica tuvo el fin de semana con el líder blanco Jorge Larrañaga, el dirigente tupamaro provocó un duro golpe de impacto en la interna del gobierno, al anunciar su apoyo a la anulación de la ley de Caducidad. En filas de la izquierda la actitud del líder del

MPP fue interpretada como "un quiebre" con Vázquez, más allá de los gestos y las argumentaciones de Mujica.

"A partir de hoy (por ayer) voy a acompañar a mis compañeros del Frente que están haciendo un esfuerzo por el plebiscito. Voy a firmar. Estoy podrido ya de las convocatorias. Entonces vamo`arriba.

Voy a acompañar a la gente y aunque había prometido en la campaña electoral que no iba a tocar ese asunto, considero que el país va a entrar en otra etapa y sigue, sigue el tema", afirmó Mujica. Y subrayó que su cambio de postura obedece a que está "podrido" de pasar por los juzgados.

Precisamente ayer Mujica tuvo que declarar por la desaparición de Roque Arteche, un ex preso del penal de Punta Carretas que en 1972 fue "ajusticiado" por el MLN-Tupamaros.

"Ya me tienen podrido. La campaña electoral mía empezó por los juzgados. Entonces, estuve acompañando al presidente en todo este proceso, lo vi firme en la cuestión de los derechos humanos (...) En todos estos años me mantuve totalmente afuera, a veces me ha pegado gente de afuera, por mi forma de pensar con respecto a la Justicia y no querer dar manija", explicó.

Interrogado respecto a si en la reunión que mantuvo con Vázquez el lunes en Suárez hablo del tema, Mujica respondió: "No, no le comenté. Le estoy zafando hasta ahora. Estuve a rueda del presidente hasta ahora en todo. Y le tengo enorme respeto y cariño. Y es correcta la posición del presidente pensando como estadista".

Sin embargo, en el entorno del presidente y del ministro de Economía, Danilo Astori, la decisión de Mujica no solo sorprendió sino que no fue bien recibida. Tanto Vázquez como Astori son partidarios de cumplir con el compromiso asumido de no derogar la ley de Caducidad. Una eventual fórmula electoral entre Astori y Mujica pondría en un brete al líder de Asamblea Uruguay, el que no podría ir en contra de su compañero de fórmula.

malestar. El hecho de que Astori haya sido el orador principal del acto que realizó la Mesa Política del Frente Amplio en Maldonado, el pasado lunes, generó malestar en filas del MPP. Fuentes de este sector señalaron que la participación de Astori no había sido "discutida" ni aprobada por los órganos de dirección del Frente Amplio. Consideraron que se utilizó la estructura de la coalición para un "acto electoral" de Astori, en donde "quedó deslucida" la participación del intendente Óscar De los Santos.

Por otra parte, las fuentes del MPP defendieron la reunión que Mujica tuvo el sábado 9 con Larrañaga, por entender que forma parte de los ejes que se plantea el sector para el próximo gobierno. En ese sentido, recordaron que los contenidos del programa, la gobernabilidad y las candidaturas están atadas a la estrategia del MPP. Por ello, remarcaron que si bien el sector de Mujica aspira a que la izquierda

reitere el triunfo en 2009 y vuelva a tener mayoría parlamentaria, el Frente debe buscar "acuerdos que aseguren la gobernabilidad", por fuera de la propia coalición. En cambio en el círculo de allegados a Vázquez y Astori, la reunión de Mujica con Larrañaga fue cuestionada, por entender que el veterano dirigente tupamaro se "corta solo".

LA REPÚBLICA PÁG. 4

Mujica firma el martes para anular la Ley de Caducidad Reacciones en el FA. Legisladores opinan que la fuerza política incluirá la anulación en el programa.

El senador José Mujica anunció ayer que firmará por la anulación de la Ley de Caducidad. Lo hará el martes próximo en el marco de una conferencia de prensa que tendrá lugar en la sede del PIT-CNT. El senador dijo que no informó de esta decisión al presidente Tabaré Vázquez.

Firme. "Está podrido" de citaciones "por desaparecidos que no son desaparecidos". "Me mantuve totalmente afuera. A veces me la ha pegado hasta la centro izquierda por mi forma de pensar con respecto a la Justicia y por no querer dar manija para nada, pero voy a acompañar a partir de hoy a la gente que está haciendo un esfuerzo por el plebiscito, a mis compañeros del Frente", expresó ayer Mujica a la prensa.

El senador dijo que estuvo acompañando a Vázquez en "todo este proceso", pero que ahora "está podrido" de que lo cite la Justicia por "desaparecidos que no son desaparecidos", en referencia al juicio contra la cúpula del MLN por la desaparición de Roque Arteche.

"Yo lo vi firme (a Vázquez) en la cuestión derechos humanos en no querer contribuir a que se levante nada, por el contrario. Es un presidente severo, firme y con un apego constitucional paradigmático.

Pero me definí por esto", indicó Mujica, precisando que aún no le comunicó al mandatario su decisión.

El anuncio despertó reacciones diversas en la interna del Frente Amplio. Más allá de quienes respaldaron su decisión y de los que prefirieron no hacer declaraciones ni a favor ni en contra, evidentemente la postura de Mujica deja en evidencia la necesidad de varios dirigentes políticos de manifestarse públicamente a pesar de formar parte de un gobierno que no incluyó la derogación en su actual programa.

La presidenta de la Vertiente Artiguista, Eleonora Bianchi, dijo ayer que la actitud de Mujica primero que nada "señala la libertad" que la fuerza política le ha dado a sus dirigentes para expresarse, así como también demuestra que luego de "pasado el tiempo" desde que asumió este gobierno, "existe el interés de un conjunto de ciudadanos en expresarse para avanzar en el plano de los derechos humanos".

Bianchi recordó que la no inclusión de la derogación de la ley en el actual programa de gobierno obedeció a razones estratégicas, precisando que eso no quiere decir que se haya avalado la norma, lo cual quedó demostrado con la resolución del último Congreso del FA (diciembre de 2007), en el que la fuerza política adhirió a la campaña de recolección de firmas.

La legisladora remarcó los avances que este gobierno ha tenido en materia de derechos humanos y manifestó que en las actuales discusiones programáticas la anulación de la ley será central. Bianchi dijo que el FA tendrá que definirse y que las dos alternativas que se presentan son: dejar que el Congreso del FA tome la decisión de incluir o no la anulación de cara a un próximo programa de gobierno, o "en caso de que se evalúe que el apoyo de la ciudadanía en torno a la derogación de la ley es tan importante, se defina que sea el propio Parlamento el que la derogue".

Por su parte la diputada Daniela Paysee (Asamblea Uruguay) dijo que el tema está permanentemente en las discusiones "en vísperas de que está por terminar un programa de gobierno". Paysee dijo que la decisión de Mujica es "una señal" que está en la misma dirección de la fuerza política. "Cuando hagamos la elaboración programática sintetizaremos esa posición", dijo la diputada, dando por hecho que el FA decidirá anular la ley en un próximo período de gobierno.

LA REPUBLICA consultó a varios de dirigentes políticos y legisladores frentistas, quienes prefirieron no referirse a la decisión de Mujica.

LA REPÚBLICA PÁG. 4

Acto será el martes en sede del PIT-CNT. Campaña 'en su punto más alto'.

El senador hizo su anuncio ayer por la mañana, a la salida de una actividad que tuvo lugar en el Ministerio de Industria, y por la tarde se reunió con la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad para afinar los detalles de la firma.

El integrante de la misma Luis Puig dijo ayer a este diario que la actividad tendrá lugar el martes próximo a las 11.00 horas en la sede del PIT-CNT. El dirigente expresó que la ceremonia tendrá iguales características que las que protagonizaron el prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez, y más recientemente el escritor Eduardo Galeano.

Puig agregó que se trata de "una adhesión muy importante", que se da en momentos en que la campaña de recolección de firmas está en "su punto más alto". Asimismo, remarcó que la concreción de la anulación de la norma es una "contribución democrática fundamental para las nuevas generaciones que vendrán".

LA REPÚBLICA PÁG. 8

Huidobro pide citar a embajador de EEUU en 1972. Escuadrones de la Muerte.

Caso Arteche. El senador Fernández Huidobro volvió a declarar ante la Justicia. El ex presidente Jorge atlle y el senador Julio María Sanguinetti "obviamente van a ser citados por la Justicia" para declarar en el marco de la investigación por los crímenes del "Escuadrón de la Muerte y Comando Caza Tupamaros", vaticinó ayer el senador frenteamplista (CAP-L) Eleuterio Fernández Huidobro.

Los dos máximos referentes del Partido Colorado "saben que van a ser citados (porque) hay muchos testigos sobre el 'Escuadrón de la Muerte' y como estaba el Estado indirectamente involucrado durante el gobierno del Partido Colorado" en los crímenes de la organización paramilitar, señaló Huidobro.

Los archivos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, "donde aparece nada menos que el embajador Charles Adlair, diciendo en una carta de febrero del '72 que Jorge Batlle 'volvió a repetir' que estaban creando el 'Escuadrón de la Muerte'" es una prueba fundamental, dijo.

La Justicia "va a tener que llamar al ex embajador Charles Adlair, al jefe del Departamento de Estado, o por lo menos al embajador de EEUU en Uruguay (Frank Baxter). Los van a tener que citar. Esos documentos son oficiales del gobierno de EEUU", recalcó Fernández Huidobro.

Los crímenes del "Escuadrón de la Muerte" se perpetraron "bajo el gobierno del Partido Colorado. (El ex agente de policía) Mario Benítez lo denunció en el Parlamento, en los primeros meses del '72, y ahora lo va a denunciar ante el Juzgado", expresó Huidobro.

En tanto, el legislador señaló que la futura declaración del ex agente de la CIA, Nelson Bardesio, ante la Justicia le genera "cierta expectativa". "Él va a declarar según le ordenen. Fue agente de la CIA, no é si lo seguirá siendo o estará jubilado. Fue miembro del 'Escuadrón de la Muerte'. Cobraba sueldo por esas cosas. Es un hombre acostumbrado a hacer las cosas por un sueldo", indicó el legislador.

"Creo que va a abrir una licitación, y el que le pague más, declarará lo que le pida", concluyó.

LA REPÚBLICA PÁG. 10

Exhorto por restos de uruguayo. Desde Chile.

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile resolvió el pasado 31 de julio dar curso a un exhorto internacional" que libró el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Gajardo, solicitando una muestra de los restos del ciudadano uruguayo Azaratí Ramón López.

La resolución 20.892 de la Segunda Sala Penal dio curso al exhorto por el cual se pretende obtener una muestra de los restos de Azaratí López, identificado en 1993 tras el hallazgo de su cuerpo en una fosa común del Cementerio General de Santiago denominada "Patio 29".

Los restos del ex militante tupamaro, detenido por el Ejército chileno sólo cuatro días después del Golpe de Estado militar que derrocó al presidente Salvador Allende, fueron identificados por el Servicio Médico Legal (SML) en 1993 e inhumados en diciembre de 1994 en el Cementerio del Buceo.

Sin embargo, el SML reconoció públicamente en abril de 2006 que 48 de las 96 identidades entregadas a parientes de detenidos desaparecidos durante la dictadura chilena, cuyos restos fueron encontrados en el "Patio 29", podían ser incorrectas. El reconocimiento puso en duda la identificación de Azaratí López.

El pasado 24 de junio el SML envió, por valija diplomática, un centenar de muestras de restos óseos de víctimas de la dictadura chilena, entre ellas las correspondientes a "Patio 29", al laboratorio de la Universidad de North Texas para su análisis, para nuevos análisis de ADN.

El integrante del programa de Derecho Humanos del Ministerio del Interior de Chile, Joseph Bereaud, confirmó a LA REPUBLICA que el ministro Carlos Gajardo viajó hacia Uruguay, junto a técnicos del organismo forense, mantuvo contactos "con familiares de Azaratí López en Uruguay y ellos autorizaron que se realice el trámite" para obtener una muestra de sus restos.

El envió "de muestras y orsamentas" hacia la Universidad de Texas procura "despejar la incógnita o dudas con respecto a la identificación" de varios cuerpos, luego que en 2006 un análisis de ADN mitocondrial ordenado por la Justicia confirmara que varias identificaciones primarias fueron erróneas, expresó Bereaud.

La obtención de muestras, sin embargo, "no supone necesariamente la exhumación de sus restos", sino que puede materializarse por cualquier registro de ADN que posea el Estado uruguayo con relación a la persona de Azaratí López, señaló Bereaud. La Justicia uruguaya deberá ahora analizar el pedido judicial chileno.

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 9

Marenales 'indignó' a Sanguinetti y a Batlle. POR ACUSARLOS DE HABER SIDO LOS 'CEREBROS' DE LOS ESCUADRONES.

Los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle rechazaron las afirmaciones de Julio Marenales, quien aseguró que ambos ex mandatarios colorados fueron los "cerebros políticos" de los escuadrones de la muerte previo al inicio de la dictadura.

MARENALES, quien el lunes compareció ante el juez penal Luis Charles en el marco de la causa que  indaga la desaparición de Roque Arteche en 1971, aseguró antes de retirarse de la sede judicial que tanto Sanguinetti como Batlle tuvieron vinculación con bus actividades de la organización paramilitar, aunque prefirió no argumentar esa posición.

"Generalmente los jefes no tienen directamente a cargo las cosas, hay otros. Los únicos que nos jugamos la piel como responsables fuimos nosotros, que íbamos al frente de combate. Los de arriba no van al frente de combate", aseguró el dirigente del MLN-T en declaraciones reproducidas ayer por el diario La República.

Consultado por Ultimas Noticias, Sanguinetti expresó su "indignación" y "pena" ante los comentarios de Marenales, los cuales calificó como un "insulto". "Él integró una organización antidemocrática secuestrando y asesinado. Quiso tirar abajo las instituciones y alumbraron el camino a la dictadura", cuestionó.

Para Sanguinetti, que durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, donde comenzaron a gestarse los Escuadrones de la Muerte, se desempeñó como ministro de Industria, el ex tupamaro "insulta a quienes reconstruimos la democracia que le permitió a el salir de la cárcel y volver a disfrutar de las libertades democráticas en las que nunca creyó".

Por su parte, Batlle dijo quejas afirmaciones del dirigente del MLN-T son "ridículas", y aseguró que esa versión y la "senilidad mental del señor Marenales son la misma cosa". "Lo primero que pasó en este país es que el Ejército me llevó preso, así que hay que dejar a Marenales con su cuento", expresó a Ultimas Noticias.

Semanas atrás, Batlle mantuvo un entredicho similar con el senador Eleuterio Fernández Huidobro, quien también lo acusó haber sido jefe de los Escuadrones de la Muerte, a lo que el ex mandatario respondió que el actual legislador de la Corriente de Acción y Pensamiento "tiene demencia senil o no sabe lo que dice".

"Ya le dije a Fernández Huidobro lo que tenía que decirle y se le calló la boca; Marenales que diga y que haga lo que quiera, porque realmente me tiene sin cuidado porque es de las cosas más ridículas que he escuchado", señaló Batlle, quien a principios de la década del 70 era senador por la Lista 15.

17. ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 9

Huidobro: 'Los traidores fueron buscados para asesinarlos'. MUJICA ANUNCIÓ QUE FIRMARÁ CONTRA LA LEY DE CADUCIDAD, PESE A QUE LOS TUPAMAROS NO HAN ESTADO A FAVOR DE DEROGARLA.

EL EX dirigente tupamaro y senador del Espacio 609 Eleuterio Fernández Huidobro reconoció que el MLN intentó ejecutar a varios integrantes, como a Amodio Pérez.

"Ese traidor, como muchos otros, fueron buscados para ejecutarlos como correspondía, por supuesto", sentenció Fernández Huidobro en declaraciones a Telemundo 12.

El senador hizo estas declaraciones ayer tras comparecer ante la Justicia por la desaparición de Roberto Arteche.

En tanto, el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) José Mujica, anunció en la mañana de ayer que firmará para lograr la anulación de la Ley de Caducidad, si bien en la campaña electoral había asegurado junto con el presidente Tabaré Vázquez que no promovería una iniciativa en ese

sentido.

Mujica dijo que tomó la decisión por estar "podrido" de "desaparecidos que no son desaparecidos porque apareció hasta el certificado defunción", afirmó el legislador en alusión a la investigación por el caso de Roque Arteche, por el cual compareció ayer ante el juez penal Luis Charles junto con Eleuterio Fernández Huidobro.

"Me mantuve totalmente afuera. A veces me la ha pegado hasta centro izquierda por mi forma de pensar con respecto a la Justicia y por no querer dar manija para nada. Pero voy a acompañar a partir de hoy a la gente que está haciendo un esfuerzo por el plebiscito, a mis compañeros del Frente", expresó Mujica.

"Estuve acompañando a mi presidente en todo este proceso. Lo vi firme en la cuestión Derechos Humanos en no querer contribuir a que se levante nada; por el contrario. Es un presidente severo, firme y con un apego constitucional paradigmático", agregó en relación a la posición de Vázquez sobre el tema.

Por otra parte, Mujica, tras comparecer ante la Justicia en horas de la tarde, cuestionó que la denuncia por la desaparición de Arteche "es una campaña electoral que en vez de perder en la cancha quieren pelear en la liga; entonces, parece que es un recurso de mala fe".

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 9

Piden citar a Molaguero por un desaparecido. CASO DE CARLOS ALFREDO RODRÍGUEZ.

AMALIA MERCADER, madre de Carlos Alfredo Rodríguez, desaparecido en Buenos Aires en el año 1976, solicitó ayer al juez penal Luis Charles que cite a declarar al dirigente colorado Sergio Molaguero, quien afirmó recientemente que el hombre fue asesinado el 1° de octubre de ese año y no trasladado a Uruguay como se presume.

La solicitud de Mercader, patrocinada por el abogado Pablo Chargoñia, fue presentada ante el magistrado Charles, quien investiga el "segundo vuelo" de Orletti y la desaparición de Adalberto Soba, caso por el que la fiscal Mirtha Guianze pidió que los ex represores sean condenados por el delito de

"desaparición forzada".

Molaguero, que en 1972 fue secuestrado por un comando OPR33, reconoce a Rodríguez como uno de sus captores, según relata un libro de reciente publicación. Además, días atrás, aseguró en una entrevista con Canal 11 de Santa Lucía que Rodríguez fue asesinado en Buenos Aires, aunque , su cadáver no ha sido encontrado hasta el momento. "Ese tipo de informaciones públicas, a pesar de que es muy discutible que pueda saber algo, afecta a los familiares, y por eso la intención es que Charles interrogue a Molaguero para que especifique por qué sostiene que Rodríguez fue ejecutado en una fecha precisa y no desaparecido", dijo Chargoñia a Ultimas Noticias.

Si bien se asume que Rodríguez fue asesinado, el hecho de que no sea encontrado su cuerpo genera que jurídicamente se lo continúe considerando desaparecido. Por eso, "lo llamativo es que Molaguero dice que en 1976 fue asesinado, pero la familia dice que en ese año fue detenido y no se supo más nada de él", explicó el abogado.

Molaguero dirige junto con el ex diputado colorado Hugo Ferrari, el Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, organización que denunció a la cúpula del MLN del año 1971 por la desaparición de Roque Arteche en el año 1971 y que prevé iniciar nuevas acciones penales por otros casos similares.

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 9

Jueza pidió extradición de Nelson Bardesio. ESTÁ PRESO EN ARGENTINA.

LA JUEZA PENAL Graciela Eustacchio formalizó ayer el pedido de extradición del ex agente policial Nelson Bardesio, quien a principios de la década del 70 integró los escuadrones de la muerte.

El expediente fue remitido a Autoridad Central, una dependencia del Ministerio de Educación y Cultura que entre hoy y mañana enviará la documentación a la Cancillería para que se traslade la solicitud al embajador de Uruguay en Argentina, Francisco Bustillo, dijeron fuentes judiciales a Ultimas Noticias. A su vez, el representante diplomático deberá presentar la solicitud ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país, que presentará el pedido de la magistrada al juez federal Jorge Rodríguez, quien dispuso la detención administrativa de Bardesio el pasado 24 de julio.

A pedido del fiscal Ricardo Perciballe, la jueza Eustacchio pretende juzgar al ex agente por los delitos de "desaparición forzada" y "homicidio muy especialmente agravado" por los casos de las desapariciones de Héctor Castagnetto y de Abel Avala, y los asesinatos de Ibero Gutiérrez y de Manuel Ramos Filippini.

EL ESPECTADOR

García Pintos: Mujica siempre fue de buscar revancha. 12.08.2008 | 18.37

El anuncio del senador José Mujica de que firmará contra la Ley de Caducidad despertó la reacción de la clase política. El diputado Daniel García Pintos dijo que Mujica se “quitó la careta”, se mostró auténtico porque siempre estuvo de acuerdo en tirar la ley.

El anunció fue realizado por el propio José Mujica, que es consciente de la postura que el presidente Tabaré Vázquez tiene sobre el particular.

Mujica dijo que se había mantenido apartado de la discusión pero que ahora se va a involucrar y dar una mano a los que están recolectando rúbricas.

“Me mantuve totalmente afuera, a veces pegado al centro-izquierda, por mi forma de pensar con respecto a la Justicia y por no querer dar manija para nada. Pero a partir de hoy voy a acompañar a la gente que está haciendo la fuerza por el plebiscito, y a mis compañeros del Frente”.

El diputado Daniel García Pintos dijo a Índice 810 que Mujica mostró su pensamiento tal cual es, que siempre fue de buscar revancha en este tema. El respeto que se anunció en la campaña pasada por parte del Frente Amplio quedó en el olvido según el legislador.

“Él es una de las principales banderas en materia de revancha, en materia de odio, en materia de venganza, y si hasta ahora no lo había hecho es porque les había servido en su oportunidad, campaña electoral pasada mediante, tanto a él como a Vázquez decir que se iba a respetar la Ley de Caducidad, pero ahora, tan cerca de los próximos comicios, ve que el ambiente es favorable para volcar la mano hacia los que juntan las firmas. Fundamentalmente para que el Partido Comunista, entre otros, no le lleve demasiados votos al MPP, entonces saca a relucir las uñas porque este es su verdadero pensamiento”.

El senador y líder del MPP agregó que el hecho que tenga de estar concurriendo a los juzgados lo tiene podrido, y sentenció que la campaña electoral comenzó por los juzgados.

“Porque estoy podrido de ir al juzgado al pedo, porque esto no tiene gollete. Está hecho el certificado de defunción del presunto desaparecido. Es una campaña electoral en lugar de perder en la cancha la quieren pelear en la liga. Me parece un recurso de mala fe del punto de vista politiquero”.

Por su parte, García Pintos afirmó que Mujica debe estar molesto pero que alguna vez tenía que dar la cara por éstos hechos.

“Qué le vamos a hacer. Él debe estar molesto, por sobre todas las cosas, en el caso del Hospital Filtro, por ejemplo, con Zabalza, fundamentalmente, que es su ex compañero de grupo terrorista, no tiene porque estar molesto con los demás. Con quien está molesto sin dudas es con Zabalza, y nos damos cuenta que los que hasta ahora hicieron el trabajo sucio, llámense determinadas organizaciones, en el tema de los Derechos Humanos. Trabajo sucio en el sentido de hacer denuncias, de llevar militares y policías por los juzgados, lo que ahora le ha estado pasando a él. Ellos no se metían porque el trabajo sucio lo hacían otros, pero ahora por lo visto, creen que tienen que entrar a la cancha”.

LA DIARIA PÁG. 3

No esperó a la muerte Mujica adelantó que se suma a la movida anti caducidad.

El próximo martes el senador José Mujica (Espacio 609) firmará públicamente su adhesión a la campaña por la nulidad de la ley de caducidad en el PIT-CNT. Ayer, luego de la presentación de la publicación de las directivas de la estrategia industrial en nuestro país (ver página 5), Mujica dijo que

está “podrido de ir a los juzgados al pedo” y que de ahora en más “voy a acompañar a la gente que está haciendo un esfuerzo por el plebiscito y que está luchando por erradicar la ley de caducidad”.

“Todos estos años me mantuve por fuera, a veces me ha pegado hasta gente de izquierda por mi forma de pensar respecto a la justicia y por no querer dar manija para nada. Aunque había prometido que no íbamos a hablar de este asunto, considero que el país va a entrar en otra etapa. Sigue y sigue el tema.

Me decidí por este manoseo, en el sentido de que me están pidiendo cuentas de un desaparecido que no es desaparecido, porque apareció hasta el certificado de defunción”, alegó.

Mujica hacía referencia a la denuncia del Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay contra el Secretariado Ejecutivo del MLN-T entre 1970 y 1972 por la supuesta “desaparición forzada” del ex integrante de la organización Roque Arteche, caso por el que ayer fue a declarar junto al senador Eleuterio Fernández Huidobro.

Las indagaciones comenzaron el lunes con la citación de Julio Marenales, Jorge Zabalza y Henry Engler, aunque estos dos últimos no concurrieron por encontrarse en el exterior. El jueves pasado los legisladores presentaron ante el juzgado el acta de defunción de Arteche de la que habló Mujica.

“Ya me tienen podrido, me andan paseando [por los juzgados].

La campaña electoral empezó por los juzgados. Entonces, bueno, vamo’ arriba, voy a acompañar a la gente”, concluyó el legislador, que entre sus frases más repetidas en los últimos años tenía aquella que decía que los temas del pasado se solucionarían cuando todos los protagonistas murieran. El que también firmó la papeleta públicamente fue el escritor Eduardo Galeano. Lo hizo el lunes en la central obrera: “Soy olvidadizo, soy muy distraído, a veces hasta me olvido de quién soy, dónde vivo. Soy olvidadizo, pero no soy olvidador. El olvidadizo se olvida por distraído y el olvidador se olvida porque tiene interés en olvidarse”, expresó en la ocasión.

LA JUVENTUD PÁG. 7

OPORTUNISMO ELECTORAL. MUJICA FIRMARÁ POR ANULACIÓN DE LEY DE CADUCIDAD.

Al igual que viene haciendo con los temas del agro que no solucionó durante su ministerio Mujica cambia también en materia de ley de impunidad *Lejos quedaron las lágrimas de Agazzi en el Congreso del FA, fundamentando en nombre del MPP en contra de la derogación de la ley.

EL EX GUERRILLERO, ex Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca y actual senador de la República anunció en las últimas horas su decisión de firmar por la anulación de la Ley de Caducidad.

El líder del MPP, y virtual candidato a presidente o a vicepresidente, según le canten los dados a última hora, dijo que si bien en la campaña pasada se había dicho que no iban a realizar cambios en este sentido y más allá de la posición del presidente Vázquez, él resolvió firmar..

“Ya me tiene podrido.

Estuve acompañando a mi presidente en todo este proceso, lo vi firme en la cuestión Derechos Humanos en no querer contribuir a que se levante nada, por el contrario. Es un presidente severo, firme y con un apego constitucional paradigmático. Pero me definí por esto en el sentido de que me están pidiendo (...) desaparecidos que no es desaparecido porque apareció hasta el certificado de defunción”, afirmó el ex guerrillero hoy jugado a las urnas.

Mujica, haciendo gala del mejor oportunismo afirmo: “Me mantuve totalmente afuera. A veces me la ha pegado hasta centro izquierda por mi forma de pensar con respecto a la Justicia y por no querer dar manija para nada, pero voy a acompañar a partir de hoy a la gente que está haciendo un esfuerzo por el plebiscito, a mis compañeros del Frente”, expresó Mujica y dijo que su cambio de postura es “porque estoy podrido de ir al Juzgado, porque esto no tiene gollete. Está hasta el certificado de defunción del presunto desaparecido y es una campaña electoral que en lugar de perder en la cancha la quieren pelear en la liga.

Entonces, me parecía un recurso de mala fe desde el punto de vista politiquero”.

Durante el último Congreso del Frente Amplio, el MPP, a través del actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Ernesto Asgazzi, sucesor de Mujica en el cargo, casi llora fundamentando las razones por las cuales su sector no apoyaba la derogación de la ley. Postura que todos el mundo sabe suscribía in totum el propio Mujica, a quien parece que la incomodidad de ir a un juzgado lo motiva a cambiar de postura.

En el fondo todo el mundo sabe que el cambio no tiene otra causa que la campaña electoral que lleva adelante, la que lo ha hecho retomar el discurso a favor del peón rural o contra la extranjerización, cuando se pasó tres años en el Ministerio haciendo la plancha a favor de las multinacionales.

EL OBSERVADOR PÁG. 7

Vázquez y la Ley de Caducidad.

“Me están pidiendo cuentas por un desaparecido que no es un desaparecido, porque apareció hasta el certificado de defunción”, se quejó Mujica, enojado con quienes “como no les gusta perder en la cancha, quieren ganar el campeonato en la liga”.

“La campaña (en contra de su figura) empezó en los juzgados. Es un manoseo”, sostuvo el senador, quien ayer tuvo que volver a declarar por el caso de asesinato y desaparición de Roque Arteche. Por lo tanto, Mujica resolvió que firmará para la derogación de la Ley de Caducidad, “porque el tema sigue y sigue y ya estoy podrido”. Luego reconoció que la derogación no va a solucionar el problema. “Hay quienes dicen que esto (derogar la ley) es una enseñanza para el futuro. Yo soy viejo y escéptico. Creo que la gente solo aprende cuando vive las cosas”. Mujica también hizo explicita la aclaración de que será la primera vez que irá en contra del presidente Vázquez. “Quiero dejar claro que he seguido al presidente en todo, lo vi firme en el tema derechos humanos. Pero estoy podrido de ir al juez al pedo”, sentenció.

 




18.08.2008 08:46 / RECORTES DE PRENSA

RESUMEN DE PRENSA.

SOBRE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL

12.08.08.

Resumen elaborado por la Secretaria de Derechos Humanos

del Partido por la Victoria del Pueblo

FRENTE AMPLIO.

EL ESPECTADOR

Confianza para superar 254.000 firmas contra Ley de Caducidad. 11.08.2008 | 19.34

El dirigente del PIT-CNT Luis Puig dijo que el plazo para presentar las firmas para anular la Ley de Caducidad vence el 25 de abril de 2009 y afirmó que entregarán “una cantidad superior a las 254.000 firmas que requiere hoy la Constitución”.

Para entregar las firmas recabadas por la central obrera, el dirigente sindical Luis Puig explicó en entrevista con Índice 810 que “el plazo que se maneja es el que establece la Constitución”. Es decir que cuando se trata de reforma constitucional por iniciativa popular, como lo es la anulación de la Ley de Caducidad, se debe recabar el 10% de las firmas del padrón electoral –unas 254.000 firmas, según Puig- y entregarlas seis meses antes de las elecciones nacionales.

“El plazo vence el 25 de abril de 2009, para lo cual pensamos que para antes de esa fecha vamos a estar entregando una cantidad superior a las 254.000 firmas que requiere hoy la Constitución”, afirmó Puig y agregó que la campaña para recolectar firmas se intensificó y no sólo en Uruguay. Indicó que están haciendo “un excelente trabajo de difusión y recolección de firmas en España, Francia, Suiza y Canadá: diferentes países donde hay comunidades de uruguayos”.

“Los uruguayos también están instalando puestos y recolectando firmas en diferentes lugares de Argentina. En Plaza Francia, por ejemplo, que es una plaza de Buenos Aires muy concurrida por uruguayos”, contó el dirigente.

Puig sostuvo que se trata de una campaña fuertemente vinculada a una valoración ética y un compromiso democrático.

El dirigente sindical citó al escritor uruguayo Eduardo Galeano, que este lunes se adhirió a esta iniciativa, cuando dijo que “no hay que ser olvidador”.

“Para nosotros es una campaña democrática hacia el futuro fundamentalmente. (...) La sola existencia de esta ley pone al Uruguay en una situación en la cual la comunidad internacional le está exigiendo que todos sean iguales ante la ley”, señaló Puig.

Por otra parte, el integrante del PIT-CNT dijo “la gente quiere firmar” pero faltaban los mecanismos.

En este sentido, indicó que hace dos semanas la mesa representativa de la central obrera resolvió “la necesidad de poner puestos fijos en Montevideo”, y señaló están tramitando los del interior del país.

Puig agregó que “desde Plaza Matriz hasta el local el PIT-CNT hay nueve puestos instalados todos los días”

El sábado próximo hay una actividad importante en la ciudad de Colonia y también en la de Maldonado con el fin de lograr más adherentes.

LA REPÚBLICA PÁG. 8

'ME ENTERE AÑOS DESPUES'.

Julio Marenales negó ayer ante la Justicia tener conocimiento sobre la muerte de Roque Arteche, porque "me enteré años después de todo, siempre trabajé con la compartimentación, no preguntaba lo que no me correspondía. No sé quien lo ejecutó, (por eso) hay que preguntarle a Zabalza".

La ejecución sumaria "no era una práctica general del MLN-T, pero estábamos en una situación de combate, y como cualquier ejército, ante ciertas situaciones, tomábamos medidas", declaró Marenales en el Juzgado.

El dirigente, en tanto, consideró que tras la denuncia "hay un problema político, donde lo que se quiere es empañar la figura de (José) Mujica, quien como todos nosotros tiene una mochila en la espalda por los acontecimientos" del pasado. "Esto es una maniobra política", insistió el dirigente.

Jorge Zabalza y Henry Engler no concurrieron a declarar por encontrarse en Suecia. Hoy comparecen José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro.

LA REPÚBLICA PÁG. 9

'Contra el olvido obligatorio y contra la amnesia interesada'. Eduardo Galeano. Firmó en apoyo a la

anulación de la Ley de Caducidad.

El escritor Eduardo Galeano estampó ayer su firma en apoyo a la campaña por la anulación de la Ley de Caducidad. La adhesión se concretó en la sede del PIT-CNT, ante la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad y delegados de las organizaciones que apoyan la causa.

La bienvenida a la sede de la central obrera estuvo a cargo del dirigente Luis Puig, quien calificó a Galeano como "ciudadano ilustre de nuestro país, de América y del mundo".

"Disculpen que me demoré un poquito, es que me había olvidado del número de la credencial", fueron las primeras palabras del escritor. Pero la presunta falta de memoria fue solamente una excusa para darle pie a su siguiente frase, en clara alusión a su presencia en el acontecimiento: "Es que soy muy olvidadizo, aunque no soy olvidador", aseveró.

"Soy olvidadizo, soy muy distraído, a veces hasta me olvido de quién soy, dónde vivo. Soy olvidadizo, pero no soy olvidador. El olvidadizo se olvida por distraído y el olvidador se olvida porque tiene interés en olvidarse", reflexionó.

"Son dos situaciones muy diferentes y por eso yo vengo hoy aquí a firmar, contra el olvido interesado, contra el olvido que nace de los intereses interesados en que repitamos la historia en lugar de hacerla", indicó. "Esa va a ser la gran diferencia entre los que resuelvan firmar y los que no".

"Apostar por la esperanza" Galeano recordó que fue miembro de la comisión nacional por el voto verde, que estuvo en contra de la Ley de Caducidad, aunque no se lograron los votos necesarios para la derogación en el plebiscito del 16 de abril de 1989. "Aquél era otro país, todavía muy enfermo de miedo, que acababa de salir de la dictadura, pero ahora el país ha cambiado y está cambiando", sostuvo el escritor.

Calificó a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado como una "ley infame que tiene un

nombre insoportablemente largo y complicado, porque de eso se trata al fin y al cabo. Ya que no somos profundos seamos complicados, dicen los juristas que decoran este sistema nacido de la necesidad de ocultar", afirmó.

Dijo que en aquella oportunidad el plebiscito se perdió, "pero no me arrepiento, porque fue una causa justa".

"Creo que a lo largo de la historia humana las causas justas suelen perder y no por eso dejan de ser

justas. Por lo menos para los que no creemos que el mundo sea una fiesta olímpica, donde se juega para vencer y donde está prohibido perder".

"Nosotros creímos y seguimos creyendo que es justo luchar contra el olvido obligatorio, contra la amnesia interesada, porque la impunidad estimula la delincuencia", señaló.

"La impunidad estimula al delincuente en todos los niveles, individual, personal y colectivo también.

Y esta es una ley de impunidad, que además convirtió al Uruguay en el paraíso de la impunidad. Es una ley que contradice todas las normas internacionales de derecho que el Uruguay ha suscrito".

"En resumidas cuentas lo que esta ley dice es que vos podés matar a tu mamá, siempre que obedezcas las órdenes de tu papá. ¿Qué clase de hijo de esta tierra es uno, que está dispuesto a estrangular si le dan la orden de hacerlo?", cuestionó Galeano.

"Así que por eso estoy aquí, sumando una firmita nomás, a las muchas que esperamos que tenga esta campaña".

"Tengo la esperanza de que así como el pueblo votó en un sentido aquella vez, muy paralizado por el miedo, ahora, ya liberado de aquellos miedos, sea capaz de apostar por la esperanza", concluyó ante un cerrado aplauso.

 




12.08.2008 10:01 / RECORTES DE PRENSA

RESUMEN DE PRENSA.

SOBRE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL

09 al 11.08.08.

Resumen elaborado por la Secretaria de Derechos Humanos

del Partido por la Victoria del Pueblo

FRENTE AMPLIO.

Justicia solicitó extraditar a Bardesio. Acusado de haber formado escuadrón de la muerte.

EDUARDO DELGADO

La jueza penal de 8º Turno, Graciela Eustachio, solicitó a la Justicia argentina la extradición del ex fotógrafo policial Nelson Bardesio, acusado de ser parte de un "escuadrón de la muerte" que asesinó a dos personas y desapareció a otras dos entre julio de 1971 y febrero de 1972.

Bardesio fue detenido por agentes de Interpol en Argentina el 24 de julio y permanece en arresto administrativo.

Cuando sea notificado del pedido de extradición, deberá decidir si acepta voluntariamente retornar a Uruguay o se niega, en cuyo caso comenzará un juicio en que la Justicia argentina definirá si corresponde su extradición.

El pedido de extradición de Bardesio es por el expediente judicial en que se investiga la desaparición de Héctor Castagneto y Abel Ayala y los asesinatos de Ibero Gutiérrez y Manuel Ramos Filipini, todos ocurridos previo al golpe de Estado de 1973.

El apellido Bardesio se hizo conocido en 1972, ya que en febrero de ese año fue secuestrado por el MLNTupamaros y detenido ilegalmente en la denominada "cárcel del pueblo". Allí fue interrogado, afirmó que existía un escuadrón de la muerte, con parapoliciales y paramilitares que contaba con el visto bueno de los ministerios de Defensa e Interior y dio los nombres de los integrantes de ese grupo.

Dijo que como miembro de ese escuadrón participó de atentados con bombas a las casas de Arturo Dubra, Manuel Liberoff, Alejandro Artucio y María Esther Gilio, y que tenía vínculos con la Embajada de Estados Unidos y la CIA. Fue liberado en junio de ese año, negó la veracidad de lo que declaró en sus días de secuestro y se fue del país.

Entre los miembros de ese escuadrón, Bardesio mencionó a Carlos Pirán, Armando Acosta y Lara, Hugo Campos Hermida, Miguel Sofía, Jorge Nader y Víctor Castiglioni. Varios de los mencionados declararon meses atrás y negaron la existencia del escuadrón, aunque otros testimonios y documentos (incluidos algunos de organismos del gobierno de Estados Unidos) sostienen lo contrario.

Presuntos miembros del escuadrón fallecieron, otros fueron asesinados por el MLN en abril de 1972, como Acosta y Lara, Óscar Delega y Ernesto Motto Para el fiscal actuante, Ricardo Perciballe, en el expediente se investigan cuatro homicidios muy especialmente agravados, que aún no prescribieron.

Comentarios serán moderados por el equipo periodístico de EL PAÍS digital. Reglas y normas.

 LA REPÚBLICA PÁG. 2

La nieta de Gelman y el hijo de Roslik estarán hoy en Nueva Palmira.

Gabriel Monteagudo COLONIA

Macarena Gelman, nieta del célebre poeta argentino Juan Gelman, y Valery Roslik, hijo del médico Vladimir Roslik, el médico de San Javier asesinado por la dictadura en retirada, darán su testimonio en el acto público que se realizará en Nueva Palmira. Ciudadanos uruguayos, fuera de todo interés partidario, están levantando firmas para que se anule el artículo 4 de la Ley de Caducidad, por el cual no se puede juzgar a los militares que desaparecieron niños, jóvenes y adultos de este país.

Si fueran juzgados se encontrarían los niños, hoy adultos, que permanecen desaparecidos en Uruguay, una historia igual a la que vive Argentina con las Abuelas de Plaza de Mayo. Macarena (hoy 31 años) recuperó su identidad en 2000, y Valery (24 años) es uno de los tantos uruguayos a los que la dictadura le asesinó a su padre. Organizado por la Mesa Intersindical de Nueva Palmira y la Comisión local por la nulidad de la Ley de Caducidad, se realizará este acto, que tiene como particularidad que es la primera vez que Macarena y Valery realizan un acto público conjuntamente, de esta naturaleza.

En el evento se espera público del departamento todo y vecinos de Soriano que fueron invitados a escuchar a Macarena y Valery, hoy 10 a las 11 horas. La idea central es lograr que los adultos, niños de ayer, que permanecen desaparecidos recuperen su identidad, por eso se solicita, a quienes deseen, concurran con la credencial cívica para firmar las papeletas en reclamo de la anulación de la citada ley. Si se logran 300 mil firmas en el país, se podrá votar que se anule la ley o siga como está. Votación que -de lograrse el número de

firmas- se realizaría junto con las elecciones nacionales de 2009. Mañana está previsto que adhiera con su firma al recurso el escritor Eduardo Galeano.

9. LA REPÚBLICA PÁG. 2

Gobierno busca evitar otro 'caso Tróccoli'. Bardesio. Cancillería sigue paso a paso extradición.

Comunicación permanente con el juzgado

El Ministerio de Relaciones Exteriores mantuvo en "contactos permanentes" con el Juzgado Penal de 8º Turno para interiorizarse del trámite asignado en relación al pedido de extradición del ex agente de la CIA Nelson Bardesio, como forma de evitar demoras en la tramitación del exhorto hacia Argentina. Funcionarios de Cancillería se comunicaron en forma periódica con la Sede y estuvieron "al tanto" de todo el proceso judicial que culminó con el pedido de extradición del ex integrante del "Escuadrón de la Muerte" Nelson Bardesio, indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

La jueza penal de 8º Turno, Graciela Eustachio, ya resolvió dar curso al pedido de extradición contra Bardesio, para interrogarlo por los crímenes atribuidos al "Escuadrón de la Muerte y Comando Caza Tupamaros", sobre principios de la década de los 70, tras lo cual el mismo "viajará" hacia Argentina "vía diplomática". El pedido de extradición incluyó los cuatro crímenes atribuidos al "Escuadrón" recogidos en el libro "Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos", donde se señala la desaparición de Héctor Castagnetto y de Abel Ayala en 1971, el asesinato de Manuel Ramos Filippini en 1971 y el asesinato de Ibero Gutiérrez en 1972 como "causas conexas".

El pedido de extradición, sin embargo, aún no arribó a la Embajada uruguaya en Argentina, pese a lo cual el titular de la Sede diplomática, Francisco Bustillo, aseguró que una vez recibido se lo tramitará "de forma urgente", tal cual las directivas impartidas por Cancillería. La Embajada uruguaya en Argentina y el Ministerio "hemos estado en contacto permanente", porque existe "la orden" de tramitar el pedido de extradición contra el

ex agente de la CIA "de forma urgente", expresó Bustillo a LA REPUBLICA.

La Embajada aguarda el arribo del exhorto internacional para presentarlo ante la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería argentina, organismo encargado de presentar el pedido de extradición contra Bardesio ante la Justicia de ese país, explicó Bustillo.

Nelson Bardesio fue detenido el pasado 25 de julio tras una orden de captura internacional que libró la Justicia uruguaya. Su nombre se hizo público cuando en marzo de 1972 fue secuestrado por el MLN-T, para ser interrogado en la "Cárcel del Pueblo". El ex agente de la CIA reveló entonces el nombre de 26 integrantes del "Escuadrón de la Muerte", entre ellos, el subsecretario del Interior Armando Acosta y Lara (ajusticiado por el MLN el 14 de abril de 1972), el inspector Víctor Castiglioni, el comisario Hugo Campos Hermida, el integrante de la JUP y hoy empresario Miguel Sofía y el subcomisario Oscar Delega, entre otros.

El "Escuadrón de la Muerte y Comando Caza Tupamaros" fue un grupo paramilitar organizado, responsable del secuestro, tortura y asesinato de estudiantes vinculados al MLN-T antes del golpe de Estado de 1973.

 LA REPÚBLICA PÁG. 2

GALEANO FIRMA HOY

El reconocido escritor Eduardo Galeano firmará hoy a las 11.00 horas, en la sede del PIT-CNT, su adhesión a la campaña por la anulación de la Ley de Caducidad, en el marco de la incesante campaña a lo largo de todo el país en procura de alcanzar las 300.000 voluntades. Galeano se sumará así a reconocidos integrantes de la cultura y la política uruguaya, como los senadores Rafael Michelini y Víctor Vaillant, los intendentes Oscar de los Santos y Walter Zimmer, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez, y el general (r) Víctor Licandro, entre otros.

El evento organizado por la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad será un nuevo mojón para continuar la campaña de recolección de firmas a lo largo de todo el país con vistas a anular la controvertida ley, como ayer se realizó en Nueva Palmira. En este sentido, Macarena Gelman y Valery Roslik, hijo del médico comunista muerto por torturas Vladimir Roslik, brindaron su testimonio en un acto público, durante una actividad organizada por la Mesa Intersindical de Nueva Palmira y la Comisión local por la anulación de la Ley de Caducidad.

El diario El País de Madrid, en tanto, publicó el pasado sábado una extensa entrevista con Macarena Gelman en la cual la joven relata parte de su historia, sus sentimientos, sus expectativas por conocer "la verdad" sobre el paradero de su madre, María Claudia García, y la Ley de Caducidad.

"La Ley de Caducidad no permite que los responsables de crímenes de la dictadura sean investigados. En cierta manera no permite ni la investigación, si bien este gobierno ha hecho mucho por permitir todas las investigaciones", dijo Macarena. "Lo que me pasó a mí le pasó a muchísima gente. Fue muy cruel. Ocurrió durante la dictadura, y para mí esto del robo de niños no tiene explicación", y por eso "hay que luchar por la verdad y para que esto no vuelva a pasar. Es la causa de mucha gente", agregó.

EL PAÍS PÁG. 9

Florentín Meléndez. 'Gobierno debe compensar víctimas de la dictadura'

Para el relator de Uruguay en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, el gobierno está obligado a compensar a las víctimas del gobierno de facto y adoptar medidas para esclarecer los hechos ocurridos en ese período. Esas fueron las recomendaciones que hizo la CIDH sobre la ley de caducidad que "son jurídica, política y moralmente vinculantes y obligatorias", dijo.

Eduardo Delgado

-El informe 29/92 de la CIDH indicó a Uruguay que la Ley de Caducidad es incompatible con tratados internacionales pero su vigencia ha sido mantenida por todos los gobiernos. ¿Cuál es su posición? ¿El gobierno debe cumplir ese informe derogando o anulando la ley? ¿El país es pasible de sanciones por no hacerlo?

-Uruguay debe cumplir con el informe 29/92 y adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana decidió y recomendó al Estado una justa compensación a las víctimas y la adopción de medidas para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el período de facto. El cumplimiento de la resolución de la CIDH pasa necesariamente por la afectación de la ley.

El informe 29/92 y su estado de cumplimiento fue objeto de examen en el período de sesiones de la CIDH, ocasión en la cual expresé que las decisiones y recomendaciones de la Comisión son jurídica, política y moralmente vinculantes y obligatorias para los Estados miembros de la OEA y partes de la Convención Americana. Afirmé, además, que en este caso está en juego no sólo el interés particular de las víctimas y sus familias, sino también el interés de la sociedad uruguaya y de la comunidad interamericana de conocer la verdad

de las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, de recibir justicia y obtener reparación moral y material.

El gobierno debe tomar medidas para cumplir con las recomendaciones de la CIDH, tal como lo establece la Convención Americana. Respecto a las sanciones, en derecho internacional existen algunas sanciones de índole política y moral de los órganos políticos del sistema interamericano pero, independientemente de la eficacia de estos mecanismos, los Estados deben cumplir de buena fe y actuar como auténticos Estados democráticos sin esperar a que se acuda al mecanismo de la publicidad y la denuncia internacional para reclamar su cumplimiento.

-Uruguay es un país que recientemente comenzó a presentar casos ante la CIDH y no hay ninguna sentencia de la Corte Interamericana. ¿A qué cree que se debe esa escasa presencia?

-El número de casos depende de que las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas o sus familiares, presenten denuncias por violaciones a los derechos humanos, después de haber agotado los recursos de la jurisdicción interna. El número de casos contra Uruguay es de los más bajos en América Latina, a pesar de que el país ratificó con reservas la Convención Americana en 1985 y que en ese mismo año reconoció la competencia contenciosa de la CIDH. Habría que tomar en cuenta hasta dónde la sociedad uruguaya y la comunidad jurídica conocen el sistema interamericano y por qué no lo han utilizado como ha sucedido en otros países.

-Entre esos casos está el de un periodista condenado por la Justicia que fue estudiado por la CIDH, donde el gobierno y los demandantes llegaron a una solución que incluye la aprobación de un proyecto de ley que despenalice algunos delitos vinculados a la libertad de expresión. ¿Qué balance hace de la libertad de expresión en Uruguay y de las leyes vigentes sobre ese tema?

-En este caso no existe todavía un informe definitivo de solución amistosa entre las partes, pero sí se han realizado reuniones de trabajo para avanzar en este sentido.

En cuanto a la libertad de expresión, la CIDH ha examinado y valorado la situación a través del monitoreo que hace su relatoría especial sobre el tema y ha destacado que existen aspectos positivos y varios desafíos. Ha valorado positivamente que el Parlamento haya sancionado una ley que reconoce y obliga al Estado a promover y garantizar la existencia de medios comunitarios. Ha destacado que esta iniciativa incluye procedimientos no discrecionales para el otorgamiento de frecuencias, así como la realización de audiencias públicas para la concesión y renovación de permisos.

Esta normativa está en consonancia con los estándares del sistema interamericano. Sin embargo, tiene temas pendientes para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Uno de ellos es la necesidad de compatibilizar su derecho interno con la Convención Americana en materia de libertad de expresión a través de la derogación del delito de desacato contemplado en la legislación penal. También se ha considerado necesaria la reforma del Código Penal y de leyes conexas a fin de eliminar las sanciones penales relativas a las ofensas al honor o reputación derivadas de la difusión de información sobre asuntos de interés público. -Usted también es relator sobre el sistema carcelario. ¿Cómo ve el estado de las cárceles uruguayas, de los presos, la Policía y el Poder Judicial?

-Hasta la fecha no hemos podido realizar visitas a las cárceles uruguayas y constatar de manera directa las condiciones carcelarias, por lo que no podría hacer una evaluación objetiva sobre el estado de las cárceles. No obstante, por distintas fuentes estamos informados de la situación de sobrepoblación y de las condiciones en que se encuentran los privados de libertad, que son similares a las que se observan en países de la región; pero todo ello debe ser objeto de un examen y verificación directa en el terreno que nos permita constatar la veracidad de la información y hacer una evaluación objetiva. Nuestro interés es monitorear las condiciones de internación en las prisiones y en otros establecimientos como hospitales psiquiátricos y centros de menores de edad y ancianos.

Ello nos servirá para preparar un informe regional sobre condiciones carcelarias y buenas prácticas penitenciarias en la región.

 




08.08.2008 08:49 / RECORTES DE PRENSA

LA DIARIA PÁG. 4

Contra la desmemoria. Testigo prestó su declaración pública para el asesinato de Vladimir Roslik.

Ayer en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya, un testigo de las torturas y el asesinato de

Vladimir Roslik hizo público su testimonio. Antonio Pires da Silva Junior manifestó que escuchó los

últimos lamentos de Roslik, el último muerto de la dictadura.

Roslik fue uno de los doctores de San Javier, Río Negro, y miembro del Partido Comunista. El 15 de

abril de 1984 lo sacaron de su cama a las cuatro de la mañana para detenerlo en una redada, junto a

otros 10 pobladores de San Javier.

Roslik no soportó las torturas, que ya había aguantado en 1980 cuando también lo habían detenido y

trasladado al Regimiento de Caballería 9 de Fray Bentos.

El 16 de abril de 1984, Mary Zabalkin, esposa de Vladimir, atendió el teléfono a las seis de la mañana

desde la comisaría; le avisaron que pasara a buscar el cuerpo de su esposo. Las autopsias revelaron

“inequívocas señales de haber sido sometido a diversas formas de violencia de severísima magnitud”.

Un examen primario a cargo del médico militar Eduardo Sainz buscó minimizar los signos de las

torturas.

La Comisión Interamericana de DDHH en su resolución del 3 de octubre de 1984 indicó a dos

militares que fueron sancionados por el Supremo Tribunal Militar por la muerte de Roslik en una

unidad militar; ellos son el coronel Mario Olivera y el mayor Sergio Pocho Caubarrere.

Antonio Pires es un ciudadano brasileño que en 1958 vino con su familia a Uruguay. Vivió en distintas

localidades. En 1984 estaba en San Javier y conocía a Roslik porque había atendido a su madre y a él

mismo. Pires recordó que el médico atendía a todo el mundo sin importarle el dinero.

A Pires lo detuvieron en abril de 1984, el mismo día que a Roslik, y compartieron sala de

“interrogatorios”.

Después de aquellas primeras palizas Pires fue trasladado al Batallón 13, posteriormente al Hospital

Militar y luego al Supremo Tribunal Militar que lo condenó a prisión.

Una vez procesado lo llevaron al Penal de Libertad. Magdalena Piaza, su abogada, puso al corriente

del caso a la Asociación de Abogados Latinoamericanos por los Derechos Humanos y los brasileños

alertaron a la prensa de su país.

Hubo un pequeño escándalo internacional y los represores uruguayos liberaron a Pires. Lo

transportaron en un auto particular desde Libertad hasta la Plaza Internacional de Rivera, frontera entre

Uruguay y Brasil. Allí le dieron 80 pesos y le sugirieron que olvidara todo. Lejos de olvidar, desde

1986 Pires viene ayudando en las causas de derechos humanos.

Cuando se contactó con los abogados brasileños, entre los que estaba Jair Krischke, pudieron constatar

que todavía tenía cicatrices de las torturas, quemaduras de cigarrillos, le faltaba un diente y tenía un

labio partido.

El martes, ante escribano público se labró un acta donde Pires dijo todo lo que sabía sobre el asesinato

de Roslik. Pires, que padece un delicado estado de salud, bregó porque se haga justicia en el caso.

El abogado de derechos humanos Óscar López aseguró que está estudiando el caso Roslik.

Crysol, la asociación de ex presos políticos, manifestó que para que el caso avance se deberá anular la

ley de caducidad. Por lo pronto sería aventurado señalar que habrá denuncia, pero negarlo sería

descabellado.




08.08.2008 08:44 / RECORTES DE PRENSA

BÚSQUEDA PÁG. 12

Solicitarán extradición de Bardesio.

La jueza penal de octavo turno Graciela Eustachio se dispone a solicitar la extradición del ex fotógrafo

policial Nelson Bardesio, detenido en Argentina el jueves 24, dijeron a Búsqueda fuentes judiciales

vinculadas al caso.

Eustachio libró la orden de captura internacional en base a la que fue detenido Bardesio, quien habría

reconocido en 1972, mientras estaba secuestrado por los Tupamaros en "la cárcel del pueblo", su

participación en las actividades de los "Comandos Caza Tupamaros", más conocidos como

"escuadrones de la muerte". Previamente el fiscal de la causa, Ricardo Perciballe, había pedido la

extradición del ex policía.

Eustachio deberá elevarla resolución judicial a la Suprema Corte de Justicia, que la remitirá a la

Cancillería, para que esta remita el escrito al gobierno argentino.

El pedido será finalmente remitido a la Justicia del vecino país, que deberá resolver si jurídicamente

procede conceder la extradición.

La solicitud de extradición es el "paso lógico" que sigue a la solicitud de captura internacional.

Eustachio investiga la desaparición del tupamaro Héctor Castagnetto en agosto de 1971.

La denuncia por la desaparición de Castagnetto fue presentada hace tres años por una hermana del

desaparecido, bajo el patrocinio del Servicio Paz y Justicia (Serpaj).

El pronunciamiento de la Justicia argentina sobre el pedido de extradición de Bardesio puede insumir

"algunos años", indicaron las fuentes, que pusieron como ejemplo -el largo trámite que tuvo el pedido

chileno de extradición de tres militares uruguayos por su presunta participación en el asesinato del

bioquímico Eugenio Berríos.

Bardesio fue detenido en Ituzaingo, provincia de Buenos Aires, y desde entonces permanece bajo

prisión preventiva en Argentina.

El ex policía fue secuestrado en febrero de 1972 por miembros del Movimiento de Liberación

Nacional-Tupamaros (MLN-T), quienes luego difundieron declaraciones suyas en las que reconoció

integrar un grupo de civiles, policías y militares responsable del asesinato, desaparición y atentados

contra militantes izquierdistas entre 1970 y 1972. Tras su liberación dos meses después, la Policía

difundió una declaración suya en la que negó las manifestaciones que le atribuyó el MLN-T.

Bardesio fue denunciado asimismo por un ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) como

un colaborador local de ese servicio de espionaje estadounidense.

En base al testimonio del fotógrafo policial, los tupamaros asesinaron en la mañana del 14 de abril de

1972 al subsecretario del Ministerio del Interior Armando Acosta y Lara, a los policías Óscar Delega y

Carlos Leites y al capitán de la Armada Ernesto Motto.

Horas después, fuerzas combinadas de policías y militares contraatacaron y ultimaron a ocho

militantes tupamaros y detuvieron, entre otros, a los dirigentes Eleuterio Fernández Huidobro y David

Cámpora.

La reciente localización de Bardesio en Argentina fue fruto de una investigación periodística del

semanario "Brecha", que el jueves 31 publicó una foto de Bardesio en su casa de Buenos Aires bajo el

título "Pieza clave del escuadrón de la muerte al alcance de la mano".

El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) anunció que denunciará en la Justicia penal el presunto asesinato de

otros integrantes del MLN-T a manos del "escuadrón de la muerte".

 




08.08.2008 08:36 / RECORTES DE PRENSA

LA REPÚBLICA PÁG. 5

Ex radioperador ratificó versión sobre muerte de Sabalsagaray. Testigo. Ayer declaró ante el juez

Vomero y la fiscal Guianze.

El ex radioperador del Batallón de Ingenieros Nº 5 (hoy Brigada de Comunicaciones Nº 1) confirmó

ante la Justicia la versión que brindó en exclusiva para el diario LA REPUBLICA: la militante de la

Unión de Juventudes Comunistas (UJC) Nibia Sabalsagaray no se suicidó.

El ex radioperador de la Brigada de Comunicaciones Nº 1 ratificó ayer ante el juez Penal de 10º Turno,

Rolando Vomero, y la fiscal Mirtha Guianze, que la ex militante de la UJC Nibia Sabalsagaray no se

suicidó, como expresa la versión oficial de la dictadura sobre su muerte.

La declaración del radioperador, la primera de un ex militar sobre este caso, reafirmó la tesis "de

homicidio" por sobre la versión "oficial del suicidio", pero su testimonio "no imputa directamente a

ninguno de los oficiales que revistaba en el Batallón de Comunicaciones Nº 1 en esa época", señalaron

fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

El militar retirado señaló ante la Justicia que "en ese cuartel se torturaba habitualmente" y confirmó el

accionar del servicio de inteligencia militar, el S2, en el batallón, en especial de los capitanes Antranig

Ohannessian y José Pedro Araújo.

El testigo declaró, en entrevista exclusiva con LA REPUBLICA, que la noche del 29 de junio de 1974

estaba "de guardia" cuando vio ingresar una camioneta "que usaban el 'Turco' Ohannessian y el 'Topo'

Araujo".

Esa misma noche un joven soldado de guardia lo incita a dirigirse hacia los calabozos porque "hay una

mujer que está rarísima ahí". "Miré para adentro del calabozo Nº 2. Estaba una chica sentada,

recostada a la pared, con un pañuelo de seda en el cuello y enganchadito en un gancho (...) sentada

como semidormida", relató.

"Esa chica ahí no se suicidó. No tenía la más mínima posibilidad de colgarse. Estoy convencido de que

esa persona no se suicidó. Que a esa persona la mataron. De eso no tengo dudas, quién la mató no sé",

expresó el testigo.

La joven militante de la UJC, Nibia Sabalsagaray, fue detenida por dos militares y dos civiles, y

conducida al Batallón de Comunicaciones Nº 1, donde se constató su muerte "doce horas después" de

ser detenida, el 29 de junio de 1974.

El informe del Supremo Tribunal Militar catalogó la muerte de Sabalsagaray como "suicidio". La

versión "oficial" indica que el hoy jefe de la División IV del Ejército, general Miguel Dalmao,

encontró a Sabalsagaray "arrodillada en el piso y colgando de un pañuelo anudado al cuello y a un

hierro saliente de la pared que da a la cabecera de la tarima". La autopsia fue certificada por el médico

forense militar José Mautone.

Sin embargo, la presencia ante la Justicia de dos ex presos políticos y ahora de este testigo contradicen

esa versión. El ex preso político Raúl Pittaluga declaró que un guardia del batallón le dijo a un grupo

de detenidos a su cargo: "Ayer mataron a una compañera de ustedes. Parece que al 'Cabeza' (Miguel)

Dalmao se le fue la mano".

Los testigos expresaron ante la sede "que los calabozos no eran sólo un 'depósito' de prisioneros, como

decían los militares, sino que allí también se torturaba. Hacían el 'submarino seco'. Apretaban el cuello

del detenido con su propia capucha o colocándole una bolsa de nylon. Así lo ahogaban, no les

permitían respirar". Bajo esa metodología habría muerto Sabalsagaray.

La parte denunciante analiza solicitar próximamente la comparecencia de nuevos testigos en la causa.

 

 




08.08.2008 08:30 / RECORTES DE PRENSA

LA REPÚBLICA PÁG. 2

Más de mil firmas por día.

Con la recolección de alrededor de un millar de adhesiones por día, se viene desarrollando una nueva

etapa en la campaña por la anulación de la Ley de Caducidad. Desde el pasado lunes se instalaron

nueve mesas en forma permanente sobre la Avenida 18 de Julio, ubicadas en puntos estratégicos como

la sede del PIT-CNT y las distintas plazas, mientras que en otros casos los lugares son móviles y van

cambiando de acuerdo a las necesidades de cada día. En las dos primeras jornadas se recogieron más

de mil firmas cada día en el conjunto de mesas. Quedan nueve meses para el vencimiento del plazo

constitucional para presentar las firmas requeridas, por lo que la Coordinadora Nacional decidió

"acortar la distancia" entre la voluntad de los ciudadanos que quieren firmar y la posibilidad de

acceder a las papeletas, según dijo uno de sus integrantes, Carlos Coitiño. La Constitución de la

República exige la presentación de un 10% del padrón electoral para habilitar un referéndum,

alrededor de 254 mil firmas. La Coordinadora Nacional tiene como meta la obtención de 304 mil

adhesiones, como forma de cubrir los descartes que normalmente se producen durante la etapa de

verificación de firmas. El plazo vencerá el 25 de abril de 2009. Hasta esa fecha se pueden entregar las

papeletas con las firmas al presidente de la Asamblea General, quien a su vez las trasladará a la Corte

Electoral. Si las firmas alcanzan, se convoca a un referéndum por la anulación de la Ley de Caducidad,

que tendrá lugar junto con las elecciones nacionales del 25 de octubre del año próximo. La campaña

comenzó el 4 de setiembre del año pasado y hasta el momento se llevan recolectadas poco más de 100

mil firmas.

 




08.08.2008 08:21 / RECORTES DE PRENSA

 Gerardo en Orletti

LA REPÚBLICA PÁG. 5

La Justicia seguirá buscando a los pilotos del 'segundo vuelo'. FAU. No indicó quiénes manejaron el avión que trajo a los desaparecidos en 1976.

La fiscal Mirtha Guianze no incluyó en su acusación a oficiales de la aviación. Los denunciados Malaquín, Muñoz y Pintos no serán enjuiciados por ahora. Dieciocho pilotos de la época son los únicos que pudieron tripular aquel "Vuelo 511".

Roger Rodríguez.

La acusación del Ministerio Público, en la que solicita 25 años de cárcel para ocho militares y policías por la desaparición forzada de 38 personas en 1976, confirmó la existencia del llamado "segundo vuelo" de Orletti, pero no pudo identificar a los pilotos de aquel avión de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU).

La denuncia que sobre ese vuelo realizó LA REPUBLICA en 2002 fue corroborada tres años después por el informe sobre desaparecidos, firmado en 2005 por el aún hoy comandante en jefe de la FAU, brigadier general Enrique Bonelli, que no supo decir a la Justicia quiénes piloteaban aquella nave.

Durante la instrucción realizada por la fiscal Mirtha Guianze y el juez Luis Charles, se llegó a interrogar a todos los sospechados de haber piloteado aquel Vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU), pero no se pudo confirmar la identidad de la tripulación, que no surge de documentos oficiales. La fiscalía dio por plenamente probada la existencia de aquel vuelo ilegal del 5 de octubre de 1976 en que se trasladó a Montevideo a 22 personas que habían sido secuestradas en Buenos Aires en setiembre y octubre de aquel año y torturadas en el centro de represión clandestina llamado Automotores Orletti.

Ese segundo vuelo, realizado bajo la coordinación del Servicio de Información y Defensa (SID) y cuyos pasajeros fueron entregados al Ejército, según el informe de la Fuerza Aérea, todavía no ha sido formalmente reconocido por la fuerza militar de tierra, que tampoco tiene registro de los detenidos, según dice.

Ellos, no saben.

La identificación de los pilotos de aquel vuelo tiene particular trascendencia en la medida en que son sólo ellos los que pueden decir quién les entregó el grupo de pasajeros en el Aeropuerto Jorge Newbery y a quién se lo dieron al aterrizar en la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento del Aeropuerto de Carrasco. La responsabilidad de los pilotos del "Vuelo 511" no sería menor cuando parece evidente que la Fuera Aérea ha encubierto sus identidades y no aparecen los registros del avión (quemados en un incendio del Museo Aeronáutico) ni de los mecánicos de la base, donde constan todos los datos. El propio Bonelli terminó por reconocer que él mismo había sido uno de los pilotos del llamado "primer vuelo" de Orletti en el que, en julio de 1976, otros 23 uruguayos, secuestrados en Argentina, fueron traídos a Montevideo y, luego de tres meses, desaparecidos, "blanqueados" en un falso operativo de detención.

Sin embargo, el comandante de la Fuerza Aérea no pudo decir si su antecesor en el cargo, el brigadier (r) José Pedro Malaquín, no había sido uno de los tripulantes, junto a los oficiales Walter Pintos y Mario Muñoz, como aseguró a LA REPUBLICA un testigo del arribo del vuelo aquella madrugada de octubre. Malaquín no pudo recordar si había traído un vuelo con 22 personas encapuchadas desde Buenos Aires. Tampoco tuvieron memoria Pintos (que aparece con otro vuelo esa tarde) ni Muñoz, al igual que el jefe de operaciones Walter Crossa y el encargado de la brigada Walter Dopazzo. El pacto de hermandad en la Fuerza Aérea no llegó a alcanzar al coronel (av) José Uruguay Araújo Umpiérrez, quien entonces era director adjunto por la FAU en el SID, y ya había sido arrestado con prisión administrativa ante una solicitud de extradición de la Justicia argentina que indaga el mismo tema. El Ministerio Público decidió abrir una instrucción aparte en el caso de Araújo Umpiérrez (un reconocido represor apodado "paleta quemada"), quien sería finalmente acusado por el traslado del "segundo vuelo" y podría seguir posponiendo su extradición a la Justicia federal argentina. Araújo Umpiérrez no

pudo eludir la acusación en la medida en que el propio Bonelli había indicado que las tareas de

embarque, desembarque y posterior traslado de los prisioneros estaban a cargo del SID, en el que el

representante de la aviación actuaba, precisamente, sobre la infraestructura operativa.

LA REPÚBLICA PÁG. 5

'No parece creíble'. Malaquín era el jefe de la Sección Operaciones.

"Malaquín (fs.3669 y sigs) era en 1976 el jefe de la Sección Operaciones y, como tal, llevaba el

control de la actividad de vuelo del Grupo de Aviación Nº 3, verificaba el entrenamiento de las

tripulaciones, chequeaba la capacidad de los pilotos y organizaba la actividad de vuelo de la Unidad.

No le consta (porque no estaría enterado, dijo) que hayan existido vuelos por orden superior, de los

que no hubiera conocido el contenido de la misión. De esa declaración podría extraerse que no existía

un sistema de control de carga y pasajeros, ni una registración que permitiera a la Fuerza Aérea

determinar qué cosa se había transportado, o que personas. Malaquín tampoco sabe si algún pasajero

venía en condición de detenido porque, sostuvo, "no tengo contacto con los pasajeros". De la

declaración de Bonelli, sin embargo, resulta claro que la Fuerza Aérea transportaba prisioneros cuando

se le requería, (fs. 6901/6903) lo que por otra parte era lógico en aquella época, y no parece creíble que

el piloto tuviera ese grado de ignorancia sobre lo que su avión cargaba, como afirmó Malaquín.

(Fragmento de la acusación de la fiscal penal de 2º turno, Dra. Mirtha Guianze)

 LA REPÚBLICA PÁG. 5

Los grupos 3 y 4 de la Fuerza Aérea. Acá está el piloto.

La Fuerza Aérea Uruguaya tiene a sus pilotos divididos en cinco grupos de tareas. Los grupos 1 y 2

son los pilotos de guerra a cargo de los aviones de combate. El grupo 5 lo integran los pilotos de

helicópteros. Son los grupos 3 y 4 los encargados de transportes y, entre ellos, deben estar los

tripulantes del "segundo vuelo" de Orletti. En 1976, el Grupo 3 estaba integrado por los oficiales

Walter Pintos, José Pedro Malaquín, José Piñón, Daniel Muñoz, Hugo Espinotegui, Nelson Hughet,

Alfredo Sánchez, Renato Frotta y Enrique Rivero. El Grupo 4, lo componían Enrique Cros, Jorge

Núñez, Enrique Bonelli, Horacio Sasson, Eduardo Aguirre, Werner Malater, Adolfo Pereyra, Marcelo

Guach y José Mella. Tres de ellos pilotearon el Vuelo 511 que el 5 de octubre de 1976 trajo a

Montevideo a los 22 uruguayos secuestrados en Orletti, que fueron entregados al Ejército, y a quienes

luego de permanecer un mes vivos en el centro de torturas "300 Carlos" se los ejecutó y desapareció.

 LA REPÚBLICA PÁG. 2

EXTRAEN MUESTRAS DE ADN A DESAPARECIDA.

Expertos policiales chilenos tomaron ayer en Estados Unidos, muestras de ADN a la hermana de una

desparecida uruguaya detenida en 1973 y cuyos restos fueron encontrados hace dos semanas en el

interior de un recinto militar en la limítrofe ciudad de Arica, informó la AFP. Los agentes policiales

chilenos viajaron a Estados Unidos para tomarle muestras a Fernanda Benaroyo, única hermana

biológica de Mónica Benaroyo.

 ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 4

Evalúan denuncia contra tupamaros por Pascasio Báez. MAÑANA COMIENZAN AUDIENCIAS POR

EL CASO ARTECHE.

LA CÚPULA histórica del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) podría afrontar

tres nuevas denuncias penales, una de ellas por la muerte de Pascasio Báez, que se sumarían a un caso

que ya está en trámite, y por el que varios ex dirigentes de la organización comparecerán ante la

Justicia a partir de hoy.

La denuncia por la desaparición de Roque Arteche, un preso del Penal de Punta Carretas reclutado en

1971 por el MLN-T, y posteriormente desaparecido, fue presentada hace dos meses por el Centro de

Estudios de Derechos Humanos del Uruguay (CEDBIIHU) ante el juez penal Luis Charles.

En tal sentido, el magistrado comenzará mañana a tomar declaración a los denunciados, quienes

comparecerán en calidad de indagados. En primera instancia están citados Lucas Mansilla, Jorge

Manera y David Cámpora. El jueves deberán declarar Diego Piccardo, Ismael Bassini y Gabino Falero.

Para el viernes están citados Efraín Martínez Platero, Nelson Barrera y Mauricio Rosencof. El lunes

comparecerán Henry Engler, Julio Marañales y Jorge Zabalza. La primera etapa de audiencias

culminará el martes próximo, cuando comparezcan los senadores José Mujica y Eleuterio Fernández

Huidobro.

Sin embargo, según dijo a Últimas Noticias el presidente del CEDDHHU, el ex diputado colorado

Hugo Ferrari, la agrupación considera presentar denuncias penales contra el MLN-T en al menos otros

tres casos. Se trata, por ejemplo, del asesinato del peón rural Pascasio Báez ocurrido en diciembre de

1971. Además, existe la posibilidad de denunciar la desaparición de un hombre del que sólo se conoce

su sobrenombre, "Raúl", que habría sido arrojado en una cloaca, y además el caso de Carlos Várela,

que habría sido sepultado en una zona cercana a los montes del Queguay, según reveló Zabalza en el

libro "Cero a la Izquierda", dijo Ferrari.

"Estamos analizando estos tres casos, y es muy probable que presentemos nuevas denuncias", dijo

Ferrari. El ex legislador negó cualquier, vinculación de las acciones judiciales con aspectos electorales.

LA DIARIA PÁG. 3

La conexión que faltaba. Se forma una megacausa por el Escuadrón de la Muerte.

Ricardo Perciballe entregó ayer a la jueza penal Gabriela Eustacchio la solicitud de extradición del ex

agente de la CIA Nelson Bardesio, por dos homicidios especialmente agravados y dos desapariciones

forzadas.

El pedido a la justicia argentina, que tiene detenido administrativamente al integrante de los

Escuadrones de la Muerte, es por los asesinatos de Íbero Gutiérrez y Antonio Ramos Filipinni y por la

desaparición de Abel Ayala y de Héctor Castagnetto.

El fiscal hizo el pedido de extradición por los cuatro casos, ya que en la Investigación histórica sobre

detenidos desaparecidos, que editó Presidencia de la República, los cuatro crímenes son conectados

entre sí. De esta manera, bajo la premisa de que el fiscal representa al Estado y a la sociedad, es que

Perciballe pide la extradición, lo que hace presumir que los casos de Íbero Gutiérrez, Abel Ayala y

Antonio Ramos Filippini ya están siendo investigados.

De los oficios que pidió Perciballe todavía resta por recibir documentos de los ministerios de Defensa

Nacional e Interior y del Parlamento.

También se investigan los atentados que sufrieron abogados defensores de presos políticos en la época

predictatorial, para encuadrar los delitos de sangre que cometieron las bandas fascistas apoyadas por el

aparato estatal represivo en las vísperas del golpe de Estado.

Unos diez sospechosos de integrar los Escuadrones de la Muerte ya han declarado. Los nombres son

los que aportó Bardesio a los tupamaros durante su detención en 1972. Todos los indagados declararon

un domicilio y la justicia no tiene indicios de que se quieran fugar del país. Éste es uno de los motivos

por los que Perciballe no pedirá el cierre de fronteras.

El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), que promovió la denuncia junto a Ana Castagnetto -hermana de

Héctor-, había solicitado el cierre de fronteras para 12 implicados en el asesinato, según las

declaraciones de Bardesio al MLN y otros testimonios.

Eustacchio tiene hasta el 24 de agosto para solicitar la extradición del fotógrafo de la Dirección

Nacional de Información e Inteligencia (DNII).

El plazo lo estipula el tratado de extradición entre Uruguay y Argentina.

Fue el 24 de julio que detuvieron a Bardesio y lo condujeron a la Superintendencia de Investigaciones

Federales para que declarara en el Juzgado 2º del partido de Morón. De probarse los elementos que

investiga en el expediente, Perciballe pedirá penas por dos homicidios muy especialmente agravados y

por dos desaparciones forzadas.

¿Quiénes eran? Abel Ayala tenía 27 años al momento de su desaparición. Fue profesor de biología en

su natal Rivera. Desde 1969 trabajó en Sanidad Militar. El 17 de julio de 1971 lo detuvieron. Al

parecer habría sido conducido al Departamento 6 de la DNII. Habría fallecido un día después de su

captura.

Lo interrogaron sobre los ficheros de Sanidad Policial que le había pasado al MLN. La larga búsqueda

de su familia empezó por la subsecretaría del Ministerio del Interior, por entonces a cargo del profesor

Armando Acosta y Lara, integrante de los Escuadrones de la Muerte ajusticiado por el MLN, quien les

dijo que no conocía el caso.

Sigue desaparecido.

El 28 de febrero de 1972 la policía encontró el cuerpo sin vida de Íbero Gutiérrez, de 21 años,

estudiante de Derecho y de Humanidades. Antes de que lo asesinaran con 13 tiros ya lo habían

procesado en enero de 1970 en el marco de las Medidas Prontas de Seguridad, decretadas por el

recientemente homenajeado Jorge Pacheco Areco. Lo habían acusado de atentar contra la casa

presidencial, sin pruebas; lo liberaron a los 90 días. Dos días después del hallazgo del cadáver de

Íbero, el poeta, el Frente Amplio solicitó una Comisión Investigadora en el Parlamento. Cuando los

militares tomaron el Parlamento se robaron buena parte de las actas.

El primero de la saga de asesinatos fue Manuel Ramos Filippini, de 28 años. En julio de 1971 se lo

llevaron de su casa diciendo que eran policías. Su cuerpo apareció en Pocitos, con varios impactos de

bala y torturado. Bardesio les dijo a los tupas que el subcomisario del Departamento 5 de la DNII,

Óscar Delega, participó en el asesinato y que el policía del Departamento 6 de la DNII, Washington

Grinoli, también tomo parte. A Manuel lo dejaron tirado en Kibón, a cuadras del piso 8 del edificio

Panamericano donde funcionaba la célula ultraderechista.

Un año antes de su muerte había estado en prisión por asociación para delinquir o, mejor dicho, por ser

tupamaro.

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 4

Fiscal pidió extradición de Bardesio. NEGÓ CIERRE DE FRONTERA.

EL FISCAL penal Ricardo Perciballe solicitó ayer a la jueza Graciela Eustacchio la extradición del ex

fotógrafo policial Nelson Bardesio, detenido hace dos semanas en Buenos Aires, en el marco de la

causa que indaga la desaparición de Hector Castagnetto en 1971, dijeron fuentes del caso a Ultimas

Noticias.

La Fiscalía pidió la extradición imputando al ex agente por los delitos de "desaparición forzada" y

"homicidio muy especialmente agravado", ya que además del caso Castagnetto, incluyó en su solicitud

la desaparición de Abel Ayala y los asesinatos de íbero Gutiérrez y Manuel Ramos Filippini.

De asa forma, se conformará una "megacausa" que investigará el accionar de los Escuadrones de la

Muerte en una serie de hechos atribuidos a esa organización clandestina que funcionó antes del inicio

de la dictadura. La jueza Eustacchio remitirá a Argentina el ludido de extradición en el transcurso de

esta semana, dijeron las fuentes.

Bardesio fue detenido el pasado 24 de julio, luego de una orden de captura internacional librada por la

magistrada. El ex agente, que mientras se desempeñó en el Ministerio del Interior también fue

funcionario de la CÍA, residía en Buenos Aires desde 2006 junto con su esposa.

El ex fotógrafo policial fue quien, luego de haber sido secuestrado por el MLN e interrogado en la

Cárcel del Pueblo, reveló el funcionamiento de los Escuadrones de la Muerte y también informó la

identidad de varios de sus miembros, en lo que se conoce habitualmente como las "Actas Bardesio".

Por otra parte, el fiscal Perciballe, desestimó una solicitud de medida cautelar de cierre de fronteras

presentada la semana pasada por el Servicio de Paz y justicia (Serpaj), denunciante de la desaparición

de Castagnetto, para los integrantes de los Escuadrones de la Muerte, al considerar que no hay

elementos para ordenar esa disposición.




06.08.2008 08:26 / RECORTES DE PRENSA

Zelmar Michelini (hijo) exhortó a recoger 1.300 firmas por día para lograr la anulación de la Ley de Caducidad, cuya vigencia consideró como "el último vestigio de la dictadura militar". El periodista llamó a recoger las 200 mil firmas restantes y advirtió que faltan nueve meses para el vencimiento del plazo.

Campaña. "Esta ley es lo último que queda en pie de la simbología sanguinettista".

Faltan 9 meses. "Hoy tenemos 100 mil firmas recolectadas y verificadas".

El hijo del senador frenteamplista asesinado en Buenos Aires en mayo de 1976, dijo que nuestro país ha logrado avances en materia de derechos humanos, pero llegó la hora de "acabar con la impunidad".

Michelini apoya activamente a la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad, desde su lugar de residencia en París. Ahora se encuentra en Montevideo, colaborando con una nueva etapa de la recolección de firmas, en la que se procurará obtener en los próximos meses alrededor de 300 mil adhesiones.

Zelmar Michelini (hijo) vive desde agosto de 1976 en la capital francesa, adonde regresará a mediados de agosto. El siguiente es el resumen del diálogo que mantuvo con LA REPUBLICA, en un bar ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Misiones.

Considera que nuestro país ha registrado avances para aclarar las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura.

Creo que se ha avanzado muchísimo. Si se comparan los recortes de prensa de mediados de los años 90 con lo que pasa hoy, el camino recorrido es impresionante. Se ha logrado enjuiciar a militares y civiles responsables de la dictadura, se han encontrado cuerpos de desaparecidos y se han podido esclarecer muchos hechos de la represión. En otros ámbitos más institucionales, el Presidente de la República ha abierto los cuarteles, ha dado curso a la Justicia, la Intendencia Municipal de Montevideo abrió el Museo de la Memoria, es decir, se han logrado muchas cosas importantes.

El otro aspecto destacable es el eco que tiene nuestra lucha. En los años 90 las iniciativas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos eran hechos aislados, diría que eran recibidas casi con indiferencia, incluidos amplios sectores de la izquierda. Hoy existe voluntad mayoritaria en el país para seguir adelante y creo que existe un solo escollo que es la Ley de Caducidad.

¿Por qué es un escollo?

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado es el último vestigio de la dictadura militar.

Es lo último que queda en pie de la simbología sanguinettista. Por eso estamos abocados a la campaña por la anulación. Yo hubiera preferido que se hiciera por la vía parlamentaria, porque el Frente Amplio dispone de mayoría absoluta y hubiera correspondido. En primer lugar, porque es una ley inmoral, inconstitucional e impuesta por presión militar. En segundo lugar, porque sería para el Parlamento una forma de redimirse, ya que fue el propio Parlamento el que votó esta ley en 1986, bajo presión militar.

Esto lo expresó claramente Wilson Ferreira Aldunate tres días después de votada, cuando dijo en un acto público en el Interior que si no se aprobaba había golpe de Estado.

Como no se dio la anulación por la vía parlamentaria, ahora estamos abocados a la recolección de firmas para habilitar un referéndum que permita la anulación. Estamos en una situación en la cual hay que salir a juntar las firmas y, fundamentalmente, esperando que de una vez por todas el Frente Amplio se sume decididamente y asuma claramente la tarea de recolección. El Frente Amplio tiene que hacer suya la causa de la anulación de la Ley de Caducidad, de la justicia, de la verdad y de la defensa de los derechos humanos, que es una causa que está en sintonía con lo que es su propia tradición y por la que nació el FA, que se creó para luchar contra los atropellos de Pacheco y Bordaberry. Así que soy optimista de que se van a sumar y que los intendentes frenteamplistas van a hacer conocer su voluntad y de esta forma se pueda avanzar.

¿Cuál es el camino para avanzar en la recolección?

Hoy tenemos 100 mil firmas recolectadas y verificadas, con poco descarte. Hay un trabajo magnífico de la Coordinadora Nacional, llevado adelante con mucho esfuerzo y pocos recursos. Pero se necesitan 300 mil firmas y tenemos 9 meses para el vencimiento. Así que si empezamos ahora, hay que juntar unas 1.300 firmas por día, para dar lugar al referéndum. Pero lo importante es que el Frente Amplio se meta en la campaña y se comprometa definitivamente.

¿Por qué es tan importante el aporte del FA?

Es fundamental por dos razones. En primer lugar, porque se necesita su esfuerzo militante para conseguir las adhesiones. Y en segundo lugar, si las firmas no se consiguen va a ser responsabilidad del Frente Amplio y va a ser un fracaso político muy serio para la fuerza, incluso con consecuencias electorales muy negativas. Entonces, lo mejor es que todos sus dirigentes, parlamentarios e intendentes se pongan al hombro esta causa y hagan el esfuerzo necesario para conseguir las firmas.

Pero el presidente Vázquez no está de acuerdo con la anulación...

El Presidente es presidente, no es rey ni emperador. El dirige una fuerza política con distintas tendencias y ya ha habido otras circunstancias donde el presidente tenía una voluntad y la fuerza política y los parlamentarios tenían otra. Y él tuvo que dejar de lado iniciativas o tuvo que llegar a un punto de acuerdo. Tenemos como ejemplo el proyecto de ley de reproducción sexual, que tiene media sanción parlamentaria y en lo relativo a la despenalización del aborto tiene la opinión contraria del Presidente. También ha pasado con el TLC, el TIFA y otros asuntos.

En definitiva, yo pienso que anular la ley es muy importante para el país, para el Frente Amplio y para el presidente Tabaré Vázquez. Se me puede decir que con la ley se han logrado avances y están presos el "Goyo" Alvarez y Bordaberry, pero entiendo que a todos esos logros se le puede agregar que con este gobierno se acabó la impunidad. Sería un gran logro que durante su mandato se lave el nombre de Uruguay, que el país se saque esa mancha que se llama impunidad, que se llama Ley de Caducidad.

Sobran razones morales, jurídicas y políticas para la anulación. Si el FA no hace lo necesario para lograr este objetivo, estará en falta con su propia tradición y sus principios fundacionales. No puede

haber en el orden jurídico del país una ley que proteja a los militares que violaron presas políticas, que torturaron y ejecutaron a los detenidos, que secuestraron niños y que practicaron la desaparición forzada.

Recién mencionaba la prisión de Alvarez y Bordaberry. ¿Qué sentimiento le provoca que ellos estén encarcelados, así como otros militares?

Me alegro que el gobierno se atribuya esos encarcelamientos como resultado de su política de derechos humanos. Más allá de que todas esas causas fueron iniciadas por las organizaciones y por los familiares. A mí me han llegado ecos de la reacción popular y de los festejos que ha habido cuando se ha hecho justicia; eso es muy importante. Pero no hay que olvidar que con esa ley estamos protegiendo a los asesinos de María Claudia García de Gelman, un caso que en su momento fue archivado por el fiscal Möller invocando esta ley, aunque ahora se está investigando nuevamente por iniciativa de Macarena Gelman y la autorización del Poder Ejecutivo. Pero insisto con la anulación de la ley, porque desde el punto de vista moral y político le haría mucho bien al país. Además, la Organización

de Estados Americanos (OEA) está pidiendo la anulación, porque viola pactos internacionales firmados por el país.

¿Qué le diría a los ciudadanos para exhortarlos a firmar?

En primer lugar, que lo hagan por la memoria de las víctimas de la dictadura y por la dignidad del país.

En segundo lugar, que firmen para que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley y los autores de crímenes de lesa humanidad puedan ser juzgados.

 




05.08.2008 08:24 / RECORTES DE PRENSA

 

LA REPÚBLICA PÁG. 2 4/08

TESTIGO DEL CASO ROSLIK.

Krischke llegará a Montevideo hoy para acompañar al ciudadano brasileño Antonio Pires da Silva Junior, quien en abril de 1984 fue detenido en San Javier y torturado en Fray Bentos cuando el Ejército realizó un operativo represivo en el cual fue asesinado el médico Vladimir Roslik. Antonio Pires da Silva Junior, quien recibirá una reparación del gobierno uruguayo, fue entonces señalado por la Dirección Nacional de Relaciones Públicas (Dinarp) como un "subversivo" vinculado al Partido Comunista del Uruguay, a través del cual se logró "la detención de otros involucrados". La fantasía de aquel comunicado llegaba a decir: "pudiéndose establecer en el curso de las investigaciones el origen, modo de introducción y posterior transporte y ocultamiento de las armas, en operaciones que incluían la utilización de lanchones y una avioneta..." La Dinarp agregaba que el doctor Roslik era el supervisor

de ese supuesto ingreso de armas y agregaba que "en el curso de los careos realizados entre varios detenidos se produjo el fallecimiento de Vladimir Roslik a causa de un paro cardio-respiratorio sin muestra de violencia, según la autopsia".

 

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05.08.2008 08:20 / RECORTES DE PRENSA

La desaparición de Barrios. Podría formarse pieza separada.

Los expedientes sobre el "segundo vuelo" no incluyen acusación sobre la desaparición forzada del militante Washington Barrios "en razón que la información recibida de la República Argentina no contempló los requerimientos pretendidos".

Sin embargo, la fiscal penal MIrtha Guianze consideró que la investigación sobre la desaparición de Barrios "puede eventualmente continuar en pieza separada que se forme" cuando esa información arribe desde el vecino país, según se desprende del escrito.

LA REPÚBLICA PÁG. 3 2/08

INVESTIGACION PERIODÍSTICA.

"Las investigaciones periodísticas desarrolladas en torno a las desapariciones forzadas de uruguayos han sido serias y meticulosas y, en cierto sentido, desencadenantes de la promoción de los procesos, al punto de que no puede prescindirse de la información recibida de los medios de prensa", dice el escrito de la fiscal Mirtha Guianze.

"Los periodistas de El Observador, Gabriel Pereyra, Walter Pernas y Samuel Blixen, de Brecha, Roger Rodríguez de LA REPUBLICA, la Revista Posdata, hace años ya, manejaron datos similares, de fuentes militares en casi todos los casos", continua.

La fiscal destacó, "en esa dirección, la investigación del periodista Roger Rodríguez publicada primero en la revista Posdata y después en el diario LA REPUBLICA", cuyos datos fueron tomados "como fuente para producir" los informes y "encaminar" la investigación que llevaron adelante el actual canciller Gonzalo Fernández y el ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz.

"La comprobación de todos los otros resultados de su investigación periodística: hallazgo del hijo de Sara Méndez, averiguación de la identidad de la nieta de Gelman, partiendo del traslado de María Claudia García a Uruguay (...) identificación de la escribana que intervino en la venta de la casa de la calle Millán, existencia de una base clandestina del SID en la calle Francisco de Medina con taxis que trabajaban para el Servicio, entre otros, impone otorgarle credibilidad a su trabajo", continuó la Fiscalía.

Guianze incluso va más allá y expresa que la credibilidad de la investigación se acentuó porque "mucho tiempo después de publicadas sus notas, la Fuerza Aérea reconoció la existencia de los vuelos de julio y octubre de 1976 que transportaron prisioneros desde Buenos Aires, en informe suscrito por el comandante de la Fuerza, Enrique Bonelli", dice.

LA REPÚBLICA PÁG. 7 2/08

Fasano: 'Lebel fue un líder de la causa de la libertad'. Juicio. El fiscal interrogó al director del diario LA REPUBLICA sobre el caso Jaunsolo.

La denuncia por "difamación e injurias" del capitán de navío Jorge Alejandro Jaunsolo contra el director responsable del diario LA REPUBLICA, Federico Fasano Mertens, tuvo ayer una nueva instancia. El doctor Fasano concurrió a la Sede y respondió las interrogantes de la Fiscalía, confirmando todo lo publicado

El director del diario LA REPUBLICA, Federico Fasano Mertens, compareció ayer ante la Justicia a requerimiento del fiscal Eduardo Fernández Dovat en el causa por "difamación e injurias" en su contra, que presentó el hijo del teniente de navío Jorge Jaunsolo Soto.

Fasano ratificó ayer ante el juez Penal de 18º Turno, Alvaro Beyhaut, que la entrevista del contraalmirante Oscar Lebel, publicada en el suplemento "La Historia Reciente", es una "reproducción textual" del libro "Comunicados 4 y 7, Treinta y tres años después" del periodista Santiago Tricánico.

El suplemento de historia editado por el diario LA REPUBLICA rememora "los hechos del pasado" sobre la base de "documentación que extrajimos de la Biblioteca Nacional o de la literatura publicada sobre los hechos del pasado. No hay un solo artículo autoría del diario LA REPUBLICA en ese suplemento", expresó Fasano ante el magistrado.

La entrevista al contraalmirante Lebel fue extraída "en forma textual de un libro, publicado mucho antes de la aparición del suplemento, del periodista Santiago Tricánico", relató el director del diario LA REPUBLICA a las pregunta de la Fiscalía.

"Nosotros reprodujimos textualmente, por considerarlo de interés a la causa pública y de interés al conocimiento de la opinión pública de ese episodio, una entrevista que el periodista le realiza a un notorio líder de la causa de la libertad y de la lucha contra la dictadura que fue el contraalmirante Oscar Lebel", puntualizó Fasano.

El capitán de la Armada, Jorge Alejandro Jaunsolo, presentó una demanda penal contra el diario LA REPUBLICA y sus responsables, por la transcripción de una entrevista donde el contraalmirante Oscar Lebel señala como "traidores a la patria" a los 30 oficiales de la marina que se plegaron "al cuartelazo" en el fallido Golpe de Estado de febrero de 1973. Entre ellos se encontraba el padre del denunciante, Jorge Jaunsolo Soto.

El contraalmirante Lebel ratificó ante la Justicia sus dichos sobre que Jaunsolo Soto fue considerado "un traidor por toda la Armada" tras los sucesos de febrero del 73. "El Ejército tildó de traidores a toda la Marina, con la excepción de una treintena de oficiales que se plegaron al cuartelazo y Jaunsolo Soto era uno de esos treinta oficiales", relató Lebel al magistrado.

La denuncia contra Fasano se sustenta "en el título" del artículo, ya que "no es una cita textual" de los dichos del contraalmirante Oscar Lebel, según la parte denunciante, representada por el abogado Carlos Dubra.

"No hay ninguna duda que, se lea el artículo al derecho o al revés, el contraalmirante Lebel denunció que en la Armada habían treinta traidores. Los títulos a diferencia de los textos, de las crónicas, por la tiranía del diseño, exigen ser introducidos en un espacio exacto y por lo tanto exige el resumen del pensamiento que se pretende titular", respondió Fasano.

El abogado del director responsable del diario LA REPUBLICA, Hebert Gatto, preguntó entonces si la extracción del título sobre 30 traidores en la Armada se produjo de la afirmación "de los nombres de los 30 traidores sólo recuerdo algunos" que profirió Lebel en la entrevista. La respuesta de Fasano fue categórica: "Sí. El título refleja el contenido (de la entrevista),no lo inventamos nosotros".

El periodista Santiago Tricánico, autor material de la entrevista, no concurrió ante la Sede, por lo que se analizará si su comparecencia es fundamental para la causa.

Si la parte denunciante no desiste de su testimonio, entonces se aguardará su declaración para emitirse el dictamen fiscal.

LA REPÚBLICA PÁG. 6 3/08

VICTIMAS DE 'LA PATOTA'

El crimen de lesa humanidad en reiteración real es sobre Adalberto Soba, Gerardo Gatti, León Duarte y Alberto Mechoso, por cuya desaparición se inició proceso a los militares y policías, a quienes ahora también se sumó la tipificación del delito sobre los posibles pasajeros del segundo vuelo y otros. Al listado original se agregaron los casos de Ary Cabrera (desaparecido el 5 de abril) y de Julio Rodríguez Rodríguez (15 de junio), quienes como Gatti (9 de junio) y Duarte (13 de julio), fueron capturados por la represión en el marco de los operativos que finalizaron con el traslado del "primer vuelo". El ministerio público concluye que los 22 pasajeros del "segundo vuelo" habrían sido Mario Jorge Cruz Bonfiglio, Walter Ademar Bentancour Garin, Josefina Keim Lledó de Morales, Juan Miguel Morales Von Pieverling, Victoria Lucía Grisonas de Julien, Mario Roger Julien Cáceres, María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, Raúl Néstor Tejera Llovet, Juan Pablo Errandonea Salvia, Washington Cram González, Cecilia Susana Trías Hernández de Cram, Ruben Prieto González, Armando Bernardo Arnone Hernández, María del Rosario Carretero Cárdenas, Segundo Chegenian Rodríguez, Graciela Teresa Da Silveira de Chegenian, Rafael Laudelino Lezama González, Miguel Ángel Moreno Laugani, Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno Ibarburu y Washington Domingo Queiro Uzal, todos ellos secuestrados en setiembre y octubre.

LA REPÚBLICA PÁG. 6 3/08

La historia oficial se desmorona: secuestraron, mataron y robaron. Contundente. Acusación de la fiscal

Guianze desnuda a la banda de Gavazzo.

La acusación confirma el segundo vuelo y deduce quiénes iban a bordo. Las pruebas permiten avanzar en la reconstrucción de la historia represiva. Sostiene que existen archivos secretos. Demuestra que hubo extorsión y botín. Deja abiertas investigaciones.

Roger Rodríguez | rogerrodriguez@adinet.com.uy El histórico pedido de condena que contra ocho militares y policías realizó la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze, comprueba la coordinación del "Plan Cóndor", como los traslados ilegales y la desaparición en 1976 de las víctimas del "segundo vuelo", denunciado por LA REPUBLICA en 2002.

José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez (con 25 años de penitenciaría), y Luis Maurente, Ricardo Medina y José Sande (con 20 años de cárcel), son acusados como "coautores responsables de los delitos de desaparición forzada" sobre 28 uruguayos. La fiscal considera probado que ese grupo de militares viajó a Argentina y operó en coordinación con efectivos del vecino país en el centro clandestino "Automotores Orletti" donde se torturó, extorsionó y robó a

medio centenar de uruguayos vinculados al PVP, secuestrados en Buenos Aries en 1976. Los operativos se realizaron a partir de la detención en Colonia de tres militantes del PVP, continuaron en abril y junio, se profundizaron en julio, con una captura masiva de personas que fueron traídas en un "primer vuelo" a Montevideo ese mes, y cerraron con otra operación generalizada en setiembre y

octubre de ese año, de la que trajeron un "segundo vuelo". Guianze también decidió abrir nuevos procesos contra el canciller Juan Carlos Blanco, contra el coronel aviador José Uruguay Araújo Umpiérrez y el soldado Ernesto Soca (ambos detenidos para su extradición a Argentina), y aguardará definición sobre el coronel Manuel Cordero, detenido en Brasil.

La conclusión.

"Todos los funcionarios uruguayos que operaban en la República Argentina, y concretamente para este caso, tenían la condición de militares o policías. Su actuación era conocida por sus superiores, a los que estaban subordinados. El Servicio de Información de Defensa (SID) dependía de la Junta de Comandantes en Jefe y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) del Ministerio de Defensa Nacional, a través de la respectiva Región Militar. La Región Militar Nº 1, a la que pertenecían los efectivos que actuaron en la especie, comprendía los departamentos de Montevideo y Canelones.

Tácitamente, entonces, debe entenderse que las órdenes recibidas para el cumplimiento de los objetivos perseguidos, los habilitaban para practicar secuestros, (que no otra cosa suponía la detención irregular de civiles), la utilización de centros de detención clandestinos, la ocupación de dinero y bienes en provecho propio o de terceros, la aplicación sistemática de los más crueles tormentos, la privación de libertad en condiciones infrahumanas por término indefinido, la apropiación de niños, entregados a terceros, a los que se sustituyó la identidad y permanecieron en poder de argentinos, o de uruguayos en un caso, durante años, hasta que se pudo hallarlos.

Y que la estructura del gobierno de facto les brindaba la infraestructura y la cobertura necesarias para la ejecución de tales actos, dentro y fuera del país. Esto se pone de relieve analizando los legajos de los encausados: las operaciones que se cumplían en Argentina no se registran en ellos como Misiones Oficiales, no hay constancia de los viajes en ningún caso, más allá de anotaciones de mérito por acciones en la lucha contra la subversión", dice la acusación de Guianze.

Las pruebas.

Aunque los encausados ensayaron negativas a las acusaciones a lo largo del proceso iniciado el 11 de setiembre de 2006, el expediente instruido por el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, permitió acumular una abundante serie de pruebas en las que ahora se basa la fiscal Guianze para acusarlos.

Además de los testimonios de los sobrevivientes del primer vuelo de Orletti, se incluyeron las declaraciones de otras personas que colaboraron con la represión, así como documentación de archivos desclasificados en Estados Unidos que mencionan el robo de dinero.

A la fundamental confirmación del segundo vuelo por parte del informe oficial de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) y la investigación sobre desaparecidos de la Presidencia de la República, también se sumaron los legajos de los propios acusados, que se constituyeron en pruebas determinantes.

La instrucción judicial confirmó la extensa investigación realizada por LA REPUBLICA, que tras la aparición del niño Simón Riquelo, denunció el segundo vuelo, confirmó la existencia de la Base Valparaíso, señaló el reparto de un botín de guerra y señaló a los responsables del crimen. Las pruebas obtenidas, que confirman la extorsión, la entrega de niños y la adquisición de propiedades, demuestran que en el marco del "segundo vuelo" trajeron a Uruguay a María Claudia García de Gelman y los niños Anatole y Victoria Julien. Casos que estudia la Justicia.

En el pedido de condena para los violadores a los derechos humanos, la fiscal Guianze solicita la apertura de un expediente sobre la desaparición de Washington Barrios en 1974, lo que posibilitaría esclarecer los verdaderos orígenes de la coordinación represiva en la región.

LA REPÚBLICA PÁG. 7 3/08

Tu legajo te condena. Descargos de los procesados fueron revertidos por sus fichas funcionales.

GAVAZZO Su declaración "implica aceptación de sus viajes a la Argentina como "oficial de enlace", con destino a la base antes nombrada como OT 18, cuyo jefe era ANIBAL GORDON y además el haber operado "sobre uruguayos, personas uruguayas residentes en la Argentina. Integrantes de movimientos terroristas que se habían trasladado desde Uruguay a la Argentina y allí o se habían integrado a organizaciones terroristas argentinas o habían reorganizado sus actividades para retornar a Uruguay". Participó en la extorsión por Gatti y Duarte.

ARAB En su legajo funcional "se constata que estaba afectado a prestar servicios en el SID desde 1973 y que se destacaba en las operaciones antisediciosas". Consta que "interrogaba "a los elementos capturados, trabajando intensa y prolongadamente logrando determinar fehacientemente las responsabilidades de personas que con su accionar antinacional constituyen una constante amenaza

para la obtención de los objetivos nacionales". Trajo con Gavazzo el dinero robado a Mechoso.

RAMAS - Su legajo describe en 1976 que: "En base a informes obtenidos y a documentación incautada, este Señor Jefe pone en evidencia, luego de un metódico trabajo de evaluación, la existencia del germen de la infraestructura de una organización sediciosa; que con base en el extranjero concurría a actuar al país".

VAZQUEZ - Afirmó que iba a Argentina a hacer coordinaciones, al principio del 76 después del golpe era que "estábamos armando el Plan Cóndor, había una coordinación entre ANIBAL GORDON, el GENERAL PALADINO y CAMPOS HERMIDA, que era por fuera del esquema militar". El informaba a VADORA, a GAVAZZO no, "GAVAZZO hacía los mandados, el trabajo de calle, el trabajo táctico". Fue el que adquirió propiedades con lo robado.

SILVEIRA - "En setiembre de 1976, el coronel Julio González Arrondo consignó que "En la lucha emprendida contra la clandestina O.P.R.33 (Organización Popular Revolucionaria) este Señor Oficial ha tenido una destacada actuación participando activamente en todas las acciones.

MAURENTE - Afirmó que en el mes de julio de 1976 estaba destinado al Comando General del Ejército y pasó a prestar servicios en el SID a partir del 5 de agosto de 1976. (...) En su legajo aparece destinado a ese Servicio el 23 de julio y esa información fue ratificada por el Ministerio de Defensa Nacional en nota No. 187/AY.MTRO./08 de fecha 9 de junio de 2008.

MEDINA "Medina hizo un curso en Estados Unidos, en la Academia Internacional de Policía entre los años 1974 y 1975 (estando a su declaración) y el 14 de julio de 1976, con el grado de capitán, aparece en su legajo prestando servicios "en comisión" en el SID".

SANDE "Fue reconocido sin dudas como participando en el allanamiento de la casa de MARGARITA MICHELINI y RAUL ALTUNA en Buenos Aires, junto con ARAB, también señalado por NORES como el que lo recibió en el Aeropuerto. Además tuvo relevante intervención (igual que MEDINA) en la vigilancia de los detenidos y en todo el episodio del chalé "SUZY", donde se

colocaron documentos procedentes de los domicilios de los secuestrados desaparecidos.

LA REPÚBLICA PÁG. 7 3/08

ARCHIVOS 'ESTAN RESGUARDADOS'.

"No fue posible conseguir ningún documento proveniente del SID, salvo casos aislados, cuando se diseminaban por otras reparticiones por un motivo específico o cuando alguna información se enviaba, con copia (...) Sin embargo, llama la atención que el autor de los libros "Buscando a los desaparecidos" y "Encontrando a los desaparecidos", disponga de facsímil de documentos del SID y de otras reparticiones militares, que le fueron exhibidas por fuentes de ese orden, que publicó en parte y que entregó a la Sede en lo que le fue solicitado. Esto significa que esos documentos existen, en algún sitio están resguardados y no hay autoridad que haya podido rescatarlos para ser utilizados como prueba. Lo que implica admitir, en plena democracia, que hay cotos vedados para la Justicia y que el Estado no ha podido aún dotarla de los elementos indispensables para el esclarecimiento de los hechos. En suma, no hay efectiva igualdad de posibilidades", denuncia Guianze.

EL OBSERVADOR PÁG. 16 3/08

Fotografías mortíferas Hoy. Nelson Bardesio.

POR LINCOLN R. MAIZTEGUI CASAS

Cuando se escriben estas líneas, Nelson Bardesio se encuentra detenido en Buenos Aires, donde residía, pendiente de una extradición solicitada por la jueza uruguaya Graciela Eustacchio. Bardesio vivía en la capital argentina.

Mucha gente, y en especial los más jóvenes, no tienen idea de quién es este individuo, ni los crímenes y responsabilidades que se le atribuyen. El caso nos acerca, una vez más, a los terribles tiempos de los primeros años de la década de 1970, cuando la sociedad uruguaya se hallaba dividida y acosada por la violencia política.

Los “Escuadrones de la Muerte”. La guerrilla tupamara había implantado en el país la dialéctica de la violencia, que a partir de 1968 se retroalimentaba entre la política represiva del gobierno de Jorge Pacheco Areco, la movilización estudiantil y sindical y la respuesta del aparato militar guerrillero. En ese clima, y durante el año electoral de 1971, grupos de ultraderecha comenzaron a actuar desembozadamente.

La tarde del 16 de julio de 1971 Abel Adán Ayala Alvez, 28 años, estudiante de medicina y empleado de la Sanidad Policial, salió de su trabajo en dirección a la casa de una amiga, a quien debía entregar un libro. Nada volvió a saberse de él. Su madre y su padrastro viajaron desde Rivera, con una carta de recomendación del intendente departamental, y se entrevistaron con el subsecretario del Interior Armando Acosta y Lara. Éste les dio una esquela para el jefe de Policía de Montevideo, quien, sin embargo, los hizo recibir por un subalterno. La búsqueda fue infructuosa. Ayala no tenía militancia política conocida.

Manuel Antonio Ramos Filippini, estudiante y funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, sí la tenía; en octubre de 1969 había sido procesado por “asistencia a la asociación para delinquir” y había estado preso hasta junio de 1970. Era socio del Club de Tiro, y llamaba la atención de que retiraba todos los proyectiles que su condición le permitía, pero empleaba sólo una parte mínima; la policía tenía la sospecha que entregaba el resto al MLN.

La noche del 30 de julio de 1971 cuatro personas que dijeron ser policías se presentaron en su casa y le pidieron que los acompañara a Jefatura. Manuel le pidió un buzo a su madre y marchó con ellos. A las 10 de esa misma noche un matrimonio encontró su cadáver sobre unas rocas de la playa Pocitos, cerca de lo que entonces era el local de fiestas Kibón, hoy Sea Garden. Tenía 13 impactos de bala y le habían fracturado los dos brazos. Junto al cuerpo habían dejado unos volantes mimeografiados que

decían: “Comando Caza Tupamaros Oscar Burgueño” (nombre de un militar muerto por la guerrilla).

El estudiante de agronomía Héctor Castagneto vendía discos en la feria de Tristán Narvaja. Dos de sus hermanas, mayores que él, estaban en prisión como integrantes del MLN-Tupamaros. El domingo 15 de agosto del mismo año vendió unos discos cuyas unidades debía conseguir, y el martes 17 a eso de las 9.30 salió de su casa a entregarlos, prometiendo regresar a mediodía. Nunca más se le volvió a ver.

Según las “Actas de Bardesio”, a las que nos referiremos a continuación, Castagneto fue paseado toda la tarde del 17 en un automóvil y luego, por la noche y en una casa situada en un balneario, torturado y ejecutado. Su cadáver fue arrojado al Río de la Plata.

El 28 de febrero de 1972, dos días antes de la asunción de Juan María Bordaberry como presidente, fue hallado en un solitario paraje de Camino de las Tropas y Camino Melilla, el cadáver de Ibero Gutiérrez González, de 22 años, que faltaba de su casa desde el día anterior. Había sido torturado y ejecutado con 13 balazos, la mayoría de ellos dados en zonas no mortales del cuerpo. Junto al cuerpo había un volante que rezaba: “Vos también pediste perdón. Bala por bala. Muerte por muerte. CCT”. La

víctima, poeta, estudiante de Humanidades y dirigente estudiantil, gozaba de general aprecio, y pese a que había estado detenido en varias ocasiones, nunca se pudo probar que tuviera relación con el MLN.

El día clave. Un hecho histórico y decisivo se produjo el viernes 14 de abril de 1972, al otro día de un gigantesco paro general de la CNT. Por la mañana el movimiento tupamaro ejecutó a cuatro personas: a las 6.50 el subcomisario Oscar Delega, su chofer, el agente Carlos Leites y un acompañante, el gente Segundo Goñi, fueron ametrallados en el cruce de Rivera y Ponce después de que el coche en el que viajaban, un Ford Maverick, fuera interceptado por una camioneta Chevrolet verde. Delega y Leites

murieron en el acto; Goñi quedó gravemente herido y murió días después.

A eso de las 9.10, el capitán de corbeta Ernesto Motto salía de su casa en la ciudad de Las Piedras cuando al cruzar la calle Roosevelt recibió, desde una camioneta blanca que transportaba 4 personas en la caja, una descarga de metralleta que le costó la vida; su cuerpo recibió 12 impactos. Y a las 10.30 el profesor Armando Acosta y Lara, ex interventor de Enseñanza Secundaria y ex subsecretario del Ministerio del Interior, fue literalmente cosido a balazos en la puerta de su casa, en San José y Médanos (hoy Javier Barrios Amorín), cuando salía junto a su esposa y a un custodio, por dos francotiradores que dispararon desde la parte trasera de la iglesia metodista que da sobre la calleConstituyente. Acosta y Lara falleció cuando lo trasladaban al hospital; su esposa, uno de sus hijos y el custodio quedaron heridos.

Otro atentado, que tenía como objetivo la eliminación de Miguel Sofía, fracasó cuando la camioneta en que viajaba el comando fue detenida por la Policía, al parecer alertada por el propio Sofía, que sospechó algo; en el tiroteo subsiguiente murieron dos de sus ocupantes, Nicolás Groop y Norma Pagliano; el subcomisario Juan J. Reyes quedó seriamente herido.

La ejecución de Acosta y Lara aún provoca debates. El que fuera secretario general del Partido Comunista, Jaime Pérez, cuestionó, en su libro “El ocaso y la esperanza”, la culpabilidad de esta víctima: “Dicho sea de paso, siempre tuve dudas de que esto fuese así; creo que erraron en el método de lucha y, además, en el blanco”.

La respuesta de la Policía y las Fuerzas Armadas fue fulminante: a eso de las 2 de la tarde una unidad al mando del capitán Carlos Calcagno, acompañada por policías que comandaba el comisario Hugo Campos Hermida, penetró en la finca de Amazonas 1440, en Malvín, y mató al escribano y periodista Luis Martirena, corresponsal de la agencia de prensa cubana (Prensa Latina), así como a su esposa Ivette Jiménez, ambos miembros del MLN; se ha dicho que los esposos fueron ejecutados fríamente sin que opusieran resistencia alguna, pero cuando llegaron el juez y el forense Guaymirán Ríos, el cadáver de Martirena tenía una metralleta en las manos. Eleuterio Fernández Huidobro y David Cámpora, dos dirigentes del MLN que se hallaban también en la casa refugiados en una bohardilla, fueron descubiertos y capturados rato más tarde, junto a documentación y dinero, cuando ya estaba presente el juez Daniel Echeverría. Fernández Huidobro tenía una herida en el cuello y otra en un pie.

Echeverría recordaba más tarde: "los agentes parecían fuera de sí, gritaban como locos, gritaban cualquier cosa. El odio que se respiraba en esa casa podía palparse. Yo pensé que no salíamos vivos".

Al atardecer fuerzas de seguridad al mando del inspector Víctor Castiglioni tomaron por asalto la vivienda sita en Pérez Gomar 4392 y dieron muerte a los dirigentes tupamaros Alberto Jorge Candán Grajales, Horacio Rovira (que tenía 18 años y era hijo del dueño de casa, Carlos Rovira), Armando Blanco Katrás y Gabriel Schroeder.

Trece muertos en un lapso de pocas horas. Esa misma tarde, en Centenario y Propios, fue detenido el ingeniero Juan Almiratti, alto dirigente tupamaro, que había huido de un juzgado el año anterior.

Aquella jornada de terror marcó el principio del fin del aparato militar tupamaro.

Las “actas de Bardesio”. ¿Que había pasado? ¿Cómo explicar aquel baño de sangre? ¿Por qué habían sido asesinadas esas personas y no otras? Todas estas preguntas tuvieron respuesta cuando, en la sesión de la Asamblea General del día siguiente, 15 de abril de 1972, el senador Enrique Erro presentó un documento que los Tupamaros habían remitido el día anterior a diversos líderes políticos. Ese documento se conoce con el nombre de las “actas de Bardesio”.

El 24 de febrero de 1972 la guerrilla secuestró al fotógrafo policial Nelson Bardesio. Vinculado a la CIA y a los llamados “Escuadrones de la Muerte”, Bardesio fue interrogado y realizó una serie de denuncias sobre los responsables de la violencia de ultraderecha. Cambió su vida y su libertad por una confesión de lo que sabía sobre las actividades de los “escuadrones de la muerte”.

Según esas declaraciones, el “terror blanco” tenía raíces que llegaban hasta el corazón del sistema político. Los encargados de planificar y efectuar las acciones eran, según las cuatro “Actas”: profesor Armando Acosta y Lara, coronel Walter Machado, Miguel Sofía, el médico paraguayo Angel Pedro Crosas, comisario Hugo Campos Hermida, comisario José Pedro Macchi, inspector Víctor Castiglioni, subcomisario Raúl La Paz, inspector Pedro Fleitas, comisario Jorge Grau, subcomisario Oscar Delega, capitán Ernesto Motto, capitán Jorge Nader, capitán Mario Risso, capitán Pedro Mato y varios funcionarios de la Dirección de Información e Inteligencia. Aparentemente Bardesio presentó “pruebas” del compromiso de estas personas en los desmanes de los “escuadrones de la muerte”.

Héctor Castagneto habría sido torturado y ejecutado por Crosas Cuevas, Sofía, Delega, Fleitas, Nader y el propio Bardesio, más dos policías entrenados en Brasil cuyo nombre dijo no recordar. Sostuvo que todos ellos, menos el capitán Nader, formaban parte del Comando Caza Tupamaros, uno de los 5 grupos terroristas de ultraderecha que estaban activos y que contaban con complicidades en el Ministerio del Interior. Delega y un funcionario de la D.I.I. llamado Washington Grignoli habrían sido los ejecutores de Manuel Ramos Filippini. Sobre la desaparición de Abel Ayala no pudo dar información, así como tampoco sobre la muerte de Ibero Gutiérrez González.

En mayo de 1972 un policía llamado Nelson Mario Benítez Saldivia realizó declaraciones sobre el “escuadrón de la muerte” ante los legisladores Juan Pablo Terra, Hugo Batalla, Zelmar Michelini, Daniel Sosa Díaz, Héctor Gutiérrez Ruiz, Guillermo García Costa y Juan José Sotuyo; según las mismas, fue reclutado por Bardesio para integrar un comando destinado a realizar acciones terroristas y recibió instrucción al respecto en Buenos Aires. Asegura que se le había prometido no correr riesgo alguno, y que cuando vio de lo que se trataba, pidió la baja, tras lo cual fue amenazado y hasta brevemente detenido. Confirma algunos nombres que están en las “actas de Berdesio”, pero sólo se refiere a atentados menores, que no costaron víctimas. Cuando se conocieron estos testimonios, algunos de los que en ellos aparecían nombrados optaron por salir transitoriamente del país.

Una fecha 14/4/72

Como consecuencia de la confesión arrancada a Bardesio, ese día se desató un baño de sangre que significó el principio del fin del aparato militar tupamaro.

El protagonista Nelson Bardesio Marzoa.

Presunto fotógrafo, funcionario policial y presunto colaborador de los sanguinarios “escuadrones de la muerte”

El predicador

Bardesio fue puesto en libertad por los tupamaros el 15 de mayo de 1972. En su edición de la semana pasada, el semanario Brecha reconstruye lo que pasó con él remitiéndose al libro “La construcción de un sistema represivo”, de Clara Aldrighi, que aún no se ha publicado. Según esta versión, se dirigió hacia el Palacio Legislativo, pero no se atrevió a abordar a ninguno de los legisladores. A la mañana siguiente, su madre telefoneó a la casa de Héctor Gutiérrez Ruiz, y éste recomendó que Bardesio lo esperara en la puerta del colegio Sagrado Corazón; allí fue alojado en un cuarto, mientras Gutiérrez Ruiz convocaba a varios legisladores para determinar lo que debía hacerse.

Concurrieron Julio Ma. Sanguinetti, entonces ministro de Educación, Wilson Ferreira Aldunate, Carlos Julio Pereira y Eduardo Paz Aguirre. También estuvo presente Juan Raúl Ferreira, por entonces estudiante de ese colegio. Wilson manifestó la más completa repulsión por Bardesio y se negó a hablar con él. Sí lo hicieron Gutiérrez Ruiz y Juan Raúl Ferreira; el supuesto fotógrafo pidió que lo llevaran a una embajada donde pudiera pedir asilo, pero los legisladores se negaron. Finalmente se decidió convocar al ministro de Defensa, general Enrique Magnani, y al comandante en Jefe, general Alfredo Gravina, y entregarles a Bardesio. El general Magnani aseguró a éste que sería conducido a un cuartel y sometido a la Justicia Militar, y que en ningún caso sería entregado a la Policía. “Nunca he visto más miedo en los ojos de nadie –declararía más tarde Wilson en el Parlamento–. (…) Temía que la Policía lo matara”.

El Ejército no cumplió su promesa, y pocos días más tarde lo entregó al inspector Castiglioni, a quien Bardesio había denunciado como miembro del Escuadrón de la Muerte. El 6 de junio el detenido firmó un acta en la que se retractaba de todo lo que había declarado ante los Tupamaros, aduciendo que lo que había dicho allí era producto de una “espantosa presión psicológica”. Reveló, en aquella ocasión, “la visita de una persona a la que se me presentó como que era el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz,

quien me interrogó en base a un cuestionario evidentemente preparado”.

Bardesio abandonó el Uruguay en noviembre de 1972, vivió en Canadá y luego en México, país en el que se desempeñaba como pastor evangélico. Más tarde –siempre según Brecha– residió en Estados Unidos, contrajo matrimonio en Texas en 1976, obtuvo la nacionalidad estadounidense y en junio de 2006 regresó a Argentina con su esposa, sin hacer el menor intento por ocultar su identidad. Ahora, si se aprueba por fin su extradición, este ex policía de 68 años reconvertido en predicador religioso podrá aclarar ante la Justicia uruguaya cuál de las dos “actas” que firmara era la auténtica; si es que alguna lo fue.

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 4 2/08

Sanción a ex represor por $ 500. PROBLEMAS DE CONDUCTA.

EL CORONEL Gilberto Vázquez, que se encuentra preso en la cárcel de Domingo Arena tenía en su poder 500 pesos en momentos en que era llevado al Hospital Militar.

Según fuentes citadas por el portal Montevideo.com, el coronel retirado logró salir del centro penitenciario con 500 pesos lo cual molestó a la guardia de la cárcel. De acuerdo a las informaciones, el ex militar era trasladado al médico en el Hospital Militar cuando se descubrió la irregularidad.

Vázquez bromeó diciendo que el dinero era para comprar cigarrillos, indicó el portal. Según trascendió, el caso molestó a los guardias en el entendido que esta situación "complica a todos" y además "habían confiado en que el recluso no llevaba nada indebido". A partir de ahora, según se adelantó, se agudizarán los controles para evitar estos casos.

Según las informaciones, esta nueva maniobra de Vázquez "crea un maremoto en un


05.08.2008 08:15 / RECORTES DE PRENSA

'Segundo Vuelo': penas de 20 y 25 años por desaparición forzada. Fiscal Guianze. Pidió condena para

ocho represores recluidos en cárcel especial.

La fiscal penal Mirtha Guianze solicitó la condena a una pena máxima de 25 y 20 años de penitenciaría por el delito de "desaparición forzada" para ocho militares y policías por el "Segundo Vuelo", corolario de una investigación periodística del diario LA REPUBLICA.

La fiscal penal Mirtha Guianze solicitó la condena a una pena máxima de 25 y 20 años de penitenciaría por el delito de "desaparición forzada" para ocho militares y policías por el "Segundo Vuelo", corolario de una investigación periodística del diario LA REPUBLICA.

La Fiscalía solicitó una pena de 25 años de penitenciaria para los militares José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez, y de 20 años para el coronel (r) Luis Maurente y los ex jerarcas policiales José Sande Lima y Ricardo "Conejo" Medina, por su participación en el secuestro y desaparición de los 26 pasajeros del "Segundo Vuelo".

El procesamiento de los ocho represores se dictaminó por la "privación de libertad" del militante del PVP, Adalberto Soba, pero "conforme a la relación de hechos que se consideraron probados" la Fiscalía solicitó su condena por la desaparición de todos los integrantes del "Segundo Vuelo".

La fiscal incluyó ahora los hechos cometidos contra Alberto Mechoso, León Duarte y Gerardo Gatti, que no fueron admitidos en primera instancia por el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, y el Tribunal de Apelaciones por no existir pronunciamiento del Poder Ejecutivo de excluir estos casos del amparo de la Ley de Caducidad.

Ahora, la Fiscalía no sólo incluye como víctimas a Mechoso, Duarte y Gatti, sino también a los restantes 22 militantes del PVP trasladados clandestinamente el 5 de octubre de 1976 en el conocido "Segundo Vuelo" de Automotores Orletti.

Además, el análisis del expediente determinó que la fiscal Guianze solicitara el procesamiento del ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, y de los militares Ernesto "Drácula" Soca y José Uruguay Araújo Umpiérrez por su implicancia en la causa. El procesamiento del capitán aviador (r) Araújo Umpiérrez se solicita por ser el coordinador del vuelo y del capitán (r) Soca por su activa participación en "Automotores Orletti". La fiscal solicitó el procesamiento de Blanco por su responsabilidad cupular en la organización de este y otros traslados clandestinos.

La Fiscalía, sin embargo, desistió de pedir el procesamiento de los militares retirados Walter Pintos, José Pedro Malaquín y Daniel Muñoz, quienes habrían actuado como piloto, copiloto y tripulante en el "Segundo Vuelo", según surge de las investigaciones. La fiscal Mirtha Guianze utilizó para fundamentar su pedido de condena una amplia variedad de investigaciones periodísticas cuyas revelaciones fueron admitidas con posterioridad por las autoridades uruguayas, entre ellas las del periodista de LA REPUBLICA Roger Rodríguez. El expediente recoge a fojas 3.498 y siguientes, que el testimonio de un ex represor argentino fue la fuente primaria de la investigación periodística que permitió la aparición del niño Simón Riquelo, hijo de Sara Méndez. El examen de ADN confirmó la identidad del menor y le dio "credibilidad al informante", señala Guianze.

La investigación de Rodríguez reveló además que el militar argentino presenció "en la madrugada del 5 de octubre de 1976 el arribo a la Base Militar Nº 1 de Carrasco, del vuelo 511 de TAMU, en un operativo coordinado por el director aviador del SID, José Uruguay Araújo Umpiérrez". El informante militar le aseguró al periodista "que había visto un grupo de personas encapuchadas bajando de ese avión, una de ellas iba con una bufanda en lugar de capucha, serían unas dieciséis personas", señala el escrito de la fiscal Guianze. "Los datos de referencia se complementaron con la investigación realizada en busca de la nieta de (Juan) Gelman, que también tuvo éxito y avanzó en la indagación de los traslados clandestinos". Esa investigación determinó que Maria Claudia fue trasladada, embarazada a término, hacia Uruguay en octubre del '76, recordó Guianze.

"Podrá advertirse que los sucesivos informes militares toman como fuente investigaciones periodísticas (la más profunda es la que realizó Roger Rodríguez, no excluyente de otras) y el libro "A Todos Ellos", publicado por Madres y Familiares de uruguayos Detenidos Desaparecidos. Esta curiosa circunstancia sólo puede explicarse si, además, fuentes provenientes de sus propias filas avalaron la información", señala el escrito de la Fiscalía.

La Fiscalía solicitó una pena de 25 años de penitenciaria para los militares José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez, y de 20 años para el coronel (r) Luis Maurente y los ex jerarcas policiales José Sande Lima y Ricardo "Conejo" Medina, por su participación en el secuestro y desaparición de los 26 pasajeros del "Segundo Vuelo".

El procesamiento de los ocho represores se dictaminó por la "privación de libertad" del militante del PVP, Adalberto Soba, pero "conforme a la relación de hechos que se consideraron probados" la Fiscalía solicitó su condena por la desaparición de todos los integrantes del "Segundo Vuelo".

La fiscal incluyó ahora los hechos cometidos contra Alberto Mechoso, León Duarte y Gerardo Gatti, que no fueron admitidos en primera instancia por el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, y el Tribunal de Apelaciones por no existir pronunciamiento del Poder Ejecutivo de excluir estos casos del amparo de la Ley de Caducidad.

Ahora, la Fiscalía no sólo incluye como víctimas a Mechoso, Duarte y Gatti, sino también a los restantes 22 militantes del PVP trasladados clandestinamente el 5 de octubre de 1976 en el conocido "Segundo Vuelo" de Automotores Orletti.

Además, el análisis del expediente determinó que la fiscal Guianze solicitara el procesamiento del ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, y de los militares Ernesto "Drácula" Soca y José Uruguay Araújo Umpiérrez por su implicancia en la causa. El procesamiento del capitán aviador (r) Araújo Umpiérrez se solicita por ser el coordinador del vuelo y del capitán (r) Soca por su activa participación en "Automotores Orletti". La fiscal solicitó el procesamiento de Blanco por su responsabilidad cupular en la organización de este y otros traslados clandestinos.

La Fiscalía, sin embargo, desistió de pedir el procesamiento de los militares retirados Walter Pintos, José Pedro Malaquín y Daniel Muñoz, quienes habrían actuado como piloto, copiloto y tripulante en el "Segundo Vuelo", según surge de las investigaciones. La fiscal Mirtha Guianze utilizó para fundamentar su pedido de condena una amplia variedad de investigaciones periodísticas cuyas

revelaciones fueron admitidas con posterioridad por las autoridades uruguayas, entre ellas las del periodista de LA REPUBLICA Roger Rodríguez. El expediente recoge a fojas 3.498 y siguientes, que el testimonio de un ex represor argentino fue la fuente primaria de la investigación periodística que permitió la aparición del niño Simón Riquelo, hijo de Sara Méndez. El examen de ADN confirmó la identidad del menor y le dio "credibilidad al informante", señala Guianze.

La investigación de Rodríguez reveló además que el militar argentino presenció "en la madrugada del 5 de octubre de 1976 el arribo a la Base Militar Nº 1 de Carrasco, del vuelo 511 de TAMU, en un operativo coordinado por el director aviador del SID, José Uruguay Araújo Umpiérrez". El informante militar le aseguró al periodista "que había visto un grupo de personas encapuchadas bajando de ese avión, una de ellas iba con una bufanda en lugar de capucha, serían unas dieciséis personas", señala el escrito de la fiscal Guianze. "Los datos de referencia se complementaron con la investigación realizada en busca de la nieta de (Juan) Gelman, que también tuvo éxito y avanzó en la indagación de los traslados clandestinos". Esa investigación determinó que Maria Claudia fue trasladada, embarazada a término, hacia Uruguay en octubre del '76, recordó Guianze.

"Podrá advertirse que los sucesivos informes militares toman como fuente investigaciones periodísticas (la más profunda es la que realizó Roger Rodríguez, no excluyente de otras) y el libro "A Todos Ellos", publicado por Madres y Familiares de uruguayos Detenidos Desaparecidos. Esta curiosa circunstancia sólo puede explicarse si, además, fuentes provenientes de sus propias filas avalaron la información", señala el escrito de la Fiscalía.




21.07.2008 17:35 / RECORTES DE PRENSA

Resumen elaborado por la Secretaria de Derechos Humanos

del Partido por la Victoria del Pueblo

FRENTE AMPLIO.

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 6 18/07

Caso Arteche.

La semana próxima, el juez penal Luis Charles fijará las audiencias para interrogar a varios ex integrantes del MLN acusados por su responsabilidad en la desaparición de Roque Arteche, ocurrida en 1971. Por este caso serán indagados los senadores José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro, el dirigente del MLN, Julio Marenales y el director de Cultura de la IMM Mauricio Rosencof.

EL OBSERVADOR PÁG. 10

Acto oficial contó con Vázquez y poca gente. JURA DE LA CONSTITUCIÓN.

La concurrencia del presidente, Tabaré Vázquez, y de gran parte de su gabinete ministerial al acto por la celebración del 178º aniversario de la Jura de la Constitución, levantó el perfil de un festejo oficial venía devaluado de las últimas ediciones.

La imprevista llegada de Vázquez a la plaza Matriz despertó sorpresa en la escasa concurrencia reunida para la celebración –poco más de cien personas–, que no esperaba ver al mandatario de pie frente al Cabildo para escuchar las estrofas del himno nacional y la posterior oratoria de la ministra de Educación, María Simon.

El mandatario se había mantenido al margen en las últimas dos citas, y en la agenda protocolar de ayer no fue anunciada su presencia.

Vázquez estuvo acompañado por diez de sus ministros, el intendente de Montevideo, el director de OPP y el secretario y prosecretario de la Presidencia, entre otras autoridades.

El breve discurso repasó los acontecimientos que dieron origen a la primera carta magna, que consagró los derechos humanos fundamentales que si bien “fueron violados, ya no pueden ser teóricamente discutidos nunca más”.

Previamente, Simon refirió a las “revoluciones” que surgieron desde la ciudadanía en reclamo ante violaciones de preceptos constitucionales, entre ellos el reciente “período dictatorial” que maduró el “tenaz” rechazo al proceso por parte del pueblo.

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 24

En torno al servicio exterior.

Señor director:

En el servicio exterior tuvimos la herencia que dejó el anterior ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano. Afortunadamente, el Dr. Gonzalo Fernández -actual canciller de la República- procedió correctamente en el triste episodio del hoy ex embajador en Italia, Carlos Abín, cesándolo en su cargo.

Oportunamente, el diputado blanco por Alianza Nacional, Gonzalo Novales, en la comisión parlamentaria de Derechos Humanos, junto a oíros diputados de la oposición, dialogaron con el señor ministro Fernández. El canciller se comprometió a tomar todos los recaudos para determinar responsabilidades en el caso de la serie de irregularidades, omisiones y mentiras -aparte de tratar de deslindar responsabilidades y culpar a otros organismos- que ocasionaron que el acusado de genocidio y desaparición forzada de detenidos políticos, (capitán Jorge) Tróccoli, consiguiera ser liberado por la justicia italiana y, por lo tanto, fracasara el intento de extradición.

Y el ministro Dr. Fernández cumplió con su promesa: ahora es el ex embajador Abín, ya que fue destituido. El gobierno de nuestro país contratará abogados italianos para seguir adelante con el proceso de extradición. Pero como es fácil deducir, esto tendrá, como todo juicio, un alto costo para todos los uruguayos. Entonces, hay que aplicar el art. 25 de la Constitución. Nuestra carta magna, en dicho artículo, establece lo que se ha dado en llamar la "repetición".

El artículo 25 de nuestra Constitución establece que "cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos lo que hubiere pagado en reparación". Entonces, ahora, el señor Abín deberá hacerse cargo los gastos de contratación de un abogado italiano que está trabajando para subsanar la terrible omisión del ex embajador.

Secretaría de Prensa de Gonzalo Novales.

15. LA REPÚBLICA PÁG. 2

Presentan casos de NN en seminario de DDHH.

Luis A. Carro, COLONIA. El rol fundamental, que desde la reapertura democrática jugó la Junta Departamental de Colonia, tanto en la preservación como en la investigación de los restos sepultados en 8 tumbas NN del cementerio de Colonia del Sacramento, será presentado en un seminario-taller que realizarán, en esta ciudad, la Dirección Nacional de Derechos Humanos y la Intendencia Municipal de Colonia.

La actividad, enmarcada en la propuesta de "formar 1000 promotores en Derechos Humanos", se desarrollará los días 28 de julio y 4 de agosto en el Teatro Bastión del Carmen, y participarán en la ceremonia inaugural la doctora María Elena Martínez Salgueiro, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC); Matilde Rodríguez Larreta (directora de Acción Social y Derechos Humanos de la comuna coloniense) y el jefe comunal, doctor Walter Zimmer. La disertación sobre los cuerpos NN de Colonia formará parte de un bloque denominado "Derecho a la Verdad: la construcción de una memoria democrática", con intervención de los investigadores Oscar Destouet y López Mazz.

LA REPÚBLICA PÁG. 6

El secuestro de Glenda Rondán. Un incidente que hace hoy exactamente 25 años pudo haber cambiado la historia del Uruguay.

En medio de tensiones políticas y movilización popular, la secretaria de Julio María Sanguinetti fue detenida, encapuchada e interrogada en una dependencia militar. La denuncia fue negada por los mandos dictatoriales, que intentaron llevar el caso a la Justicia militar.

En 1983, Uruguay comenzaba a salir de la dictadura. Muchos protagonistas de aquel tiempo continúan en la actividad pública, otros han muerto y otros han salido del escenario mediático. Sus opiniones, anécdotas y recuerdos son parte de un pasado que, luego de 25 años, siguen marcando el presente.

En julio de 1983, ocurrió un incidente que pudo cambiar la historia uruguaya: Julio María Sanguinetti denunció en la tapa de Correo de los Viernes que su secretaria, Glenda Rondán, había sido detenida, encapuchada e interrogada en una unidad militar. La denuncia provocó la ira de los mandos de la dictadura, en particular del presidente de la Comisión de Asuntos Políticos (Comaspo), general Julio César Rapela, quien acusó de mentirosa y fantasiosa a la mujer, porque era profesora de Literatura.

El caso determinó el cierre de las negociaciones que políticos y militares sostenían en el Parque Hotel para acordar una salida a la dictadura, pero también derivó en una causa judicial que implicó una contienda entre la justicia civil y una justicia militar que pretendía condenar a Rondán y al propio Sanguinetti, quien pudo llegar a quedar proscripto para la elecciones que en 1984 terminarían consagrándolo como presidente.

Al cumplirse hoy 25 años de aquel secuestro, Rondán aceptó recordar aquel episodio. Su relato permite intuir las contradicciones de una dictadura cercada por la movilización popular, pero que podía dar terribles zarpazos para mantener el poder. "Yo, que conocía bien a Sanguinetti, lo veía más preocupado que de costumbre...

Teníamos dudas de si realmente después del "No" del 80 los militares iban a aflojar...", cuenta Glenda.

Eran tiempos de tensión política. Días antes, al cerrar la Convención del Partido Colorado, Bernardo Pozzolo había convocado a marchar hacia el obelisco y arrojar allí claveles rojos en homenaje a la Constitución. Los convencionales entonaron consignas contra la dictadura. Pozzolo fue detenido e interrogado. El general Rapela acusó de "criminal e irresponsable" la actitud de los colorados.

El secuestro.

"Fue el 20 de julio. Nunca me voy a olvidar de la fecha, porque era el cumpleaños de mi mamá, ya fallecida.

Salí de mi casa para tomar el 306. Vi venir una camioneta del Ejército, pero con vidrios oscuros. Paró junto a mí. Se bajó un oficial de uniforme. Me pregunta si soy Glenda Rondán y le digo que sí... Yo tenía la cartera y un bolso en el que cargaba carpetas, libros y cuadernos. Me ordenó 'Suba a la camioneta' y yo soy tan tarada que no hago nada y subo".

"Había uno que manejaba, el que me habló y otros dos más, que me dejaron en medio. La camioneta dio la vuelta, subió por Nelson, agarró Luis Alberto de Herrera y tomó Burgues hacia el cementerio. Hasta ahí vi, porque después me pusieron una capucha. Ahí sentí la sensación que había tenido cuando en 1973 me llevaron tres días a un cuartel. No me hicieron el submarino, pero me reventaron un riñón, perdí un embarazo y me metieron bajo agua fría. No era miedo, fue más una sensación de desencanto de que todo lo que habíamos hecho en años se cayera y se volviera a punto cero..."

"Yo trataba de serenarme, porque los tipos hablaban entre ellos en un lenguaje bastante soez... No sé cuánto demoramos. Cuando pararon, me hicieron bajar en un lugar que a mí me pareció que tenía pedregullo en el piso.

Uno con capucha pierde el dominio espacial. Atravesamos dos o tres puertas y entramos a un lugar donde me pusieron una silla y me dijeron que me sentara. Me sacaron la capucha y veo que estoy en un despacho y enfrente tengo a un coronel...".

"Ahí empieza a preguntarme cosas que a mí me parecieron estúpidas. Me preguntaba si en la casa del partido había un mimeógrafo. Me preguntaba si había ido al obelisco. Me preguntaba con quién se reunía Sanguinetti, que quién lo veía, que si yo le llevaba la agenda.

Había uno que escribía a máquina atrás mío..." "El interrogatorio fue larguísimo. No hubo agresión física, pero sí un trato muy seco, al que los docentes no estamos acostumbrados... Cuando termina el interrogatorio, me volvieron a poner la capucha, y dieron vueltas antes de soltarme en el Parque Batlle".

Apenas pudo conseguir un teléfono, Glenda Rondán se comunicó con Sanguinetti, quien la citó en su estudio.

Le dijo lo que había sufrido y él le pidió que no le contara nada a más nadie ("yo no lo dije ni en mi casa"). Al día siguiente volvió a clases, y otro profesor le mostró la tapa de Correo de los Viernes. Un recuadro titulado "A quien corresponda" denunciaba lo que le había ocurrido. Poco rato después la llamó Marta Canessa: "Me contó que a Julito se lo había llevado, no sé a qué cuartel y me dijo que me fuera de inmediato para su casa. Me tomé un taxi y fui. Me quedé ahí y cuando Julito volvió me dijo que de tarde íbamos a tener que ir juntos a declarar al 4º de Caballería. Allí nos trataron muy bien. Solo faltó el té y las masitas. Hasta nos llevaron a recorrer el cuartel y nos mostraron los caballos"...

Pero el episodio no había concluido. Las fuerzas armadas no aceptaban la denuncia que había trascendido internacionalmente. Días después, el director de la Escuela Técnica recibió un llamado de la Región Militar Nº 1, que anunciaba que irían a buscar otra vez a Glenda Rondán. Tuvo tiempo de llamar a Sanguinetti al interior, quien le envió a Edison Rijo para que le acompañara. Al abogado, socio de estudio de Sanguinetti, no le dejaron ingresar a la unidad militar. Rondán enfrentó a un grupo de oficiales que le interpelarían. "Había como cuatro coroneles, uno de ellos pelirrojo. Nos sentamos en una sala estilo morisco. Empezaron diciéndome que yo le tenía aversión al Ejército. Les contesté que a la institución de ninguna manera. Me decían que lo que denuncié era mentiras. Me decían que por qué inventaba eso y les dije que era verdad y que era un militar el que me interrogó, que sabía porque tengo un primo militar... eso le costó a mi primo un arresto de 30 días".

"Estábamos en eso, cuando entra el general Rapela. Todos se pararon y yo quedé sentada. Uno a mi lado me dijo que me parara y dije que no, que el que tenía que saludarme era él, porque yo era una señora y él había entrado. Quedaron congelados... Es que a mí los nervios me hacen hablar, y con vehemencia cuando me enojo.

Después de esa reunión Rapela salió a decir que yo era loca, imaginativa porque era profesora de literatura y que había hecho teatro... Insistieron en que dijera que había sido mentira porque si no me iban a llevar presa...

Cuando salí, habían pasado cinco horas. Rijo todavía estaba afuera y muerto de frío".Una semana después, a la sede del Ejecutivo Nacional colorado llegó una citación por la que Rondán debía presentarse al día siguiente a la Jefatura de Policía. "Ahí me tuvieron desde las siete de la mañana hasta la una y media de la mañana del día siguiente. Yo tenía una beba de meses y no dejaron ni que la entrara mi ginecólogo para que la pudiera amamantar..." "Empezaron a preguntarme cosas de mi vida personal.

Dijeron que eran mentiras lo que me pasó en 1973. Hasta preguntaron si yo había estado separada de mi marido y a mi propio marido lo llevaron para corroborar lo que yo les decía. Me llegaron a decir que en un sillón habían violado a "una mina de Serpaj". No me dieron de comer. Solo agua... Finalmente entró el coronel (Washington) Varela, el jefe de Policía, y me dijo: 'Buenas noches, señora, la saludo para que no se enoje...'. Por lo menos usted es más educado que el otro, le contesté". La última etapa del caso Rondán fue en la Justicia. "Ellos me quisieron pasar a la Justicia Militar, pero el juez (Dardo) Prezza, que era al que le tocaba mi caso, se afirmó en que correspondía a la Justicia Penal y se abrió la causa por "simulación de delito". Me iniciaron el proceso, fue una cantidad de gente a declarar. Prezza apretó el expediente durante un mes para que no fuera a la justicia militar". La causa recién se cerró en 1985. La conclusión fue que el hecho ocurrió, pero que no se pudo establecer quiénes lo perpetraron.

LA REPÚBLICA PAG. 2

Edil comunista denuncia a periodista por libro.

El secretario nacional de Organización del Partido Comunista del Uruguay (PCU) y edil de Montevideo, Carlos "Púa" Tutzó, presentará hoy una denuncia por "difamación e injurias" contra el periodista Alvaro Alfonso, por afirmaciones emitidas en el libro "Secretos del PCU", de reciente publicación.

El escrito, elaborado por el abogado Oscar López Goldaracena, pretende que el periodista demuestre ante la Justicia "la veracidad" de hechos referidos en el libro sobre la conducta del edil comunista, mientras estuvo detenido por su actividad política durante la última dictadura. "Carlos Tutzó, detenido en 1977, considerado como duro y tenaz, militó en la clandestinidad de la UJC y se convirtió en secretario de Organización del Regional 5.

Sin embargo, fuentes militares dijeron que colaboró, en el PCU hay dudas", escribió el periodista. "Lo escrito en el libro es falso, difamante e injuriante", señala el escrito. La mención contenida en el libro "es un claro ejemplo de cómo, con tres palabras, se puede 'ensuciar' toda una trayectoria política, sembrando dudas que mancillan la dignidad y honor de quien, precisamente, ha hecho de la dignidad y el honor los pilares de su ética personal y

política", dice el escrito.

Además, el edil considera "agraviante" que se lo vincule como colaborador de una dictadura que "aplicó el Terrorismo de Estado y violó sistemáticamente los derechos humanos de la población". El escrito pretende que se establezca la "exceptio veritatis", o sea, que el periodista demuestre que en el PCU "existen dudas" sobre la "colaboración" de Tutzó con la dictadura.




21.07.2008 17:35 / RECORTES DE PRENSA

Resumen elaborado por la Secretaria de Derechos Humanos

del Partido por la Victoria del Pueblo

FRENTE AMPLIO.

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 6 18/07

Caso Arteche.

La semana próxima, el juez penal Luis Charles fijará las audiencias para interrogar a varios ex integrantes del MLN acusados por su responsabilidad en la desaparición de Roque Arteche, ocurrida en 1971. Por este caso serán indagados los senadores José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro, el dirigente del MLN, Julio Marenales y el director de Cultura de la IMM Mauricio Rosencof.

EL OBSERVADOR PÁG. 10

Acto oficial contó con Vázquez y poca gente. JURA DE LA CONSTITUCIÓN.

La concurrencia del presidente, Tabaré Vázquez, y de gran parte de su gabinete ministerial al acto por la celebración del 178º aniversario de la Jura de la Constitución, levantó el perfil de un festejo oficial venía devaluado de las últimas ediciones.

La imprevista llegada de Vázquez a la plaza Matriz despertó sorpresa en la escasa concurrencia reunida para la celebración –poco más de cien personas–, que no esperaba ver al mandatario de pie frente al Cabildo para escuchar las estrofas del himno nacional y la posterior oratoria de la ministra de Educación, María Simon.

El mandatario se había mantenido al margen en las últimas dos citas, y en la agenda protocolar de ayer no fue anunciada su presencia.

Vázquez estuvo acompañado por diez de sus ministros, el intendente de Montevideo, el director de OPP y el secretario y prosecretario de la Presidencia, entre otras autoridades.

El breve discurso repasó los acontecimientos que dieron origen a la primera carta magna, que consagró los derechos humanos fundamentales que si bien “fueron violados, ya no pueden ser teóricamente discutidos nunca más”.

Previamente, Simon refirió a las “revoluciones” que surgieron desde la ciudadanía en reclamo ante violaciones de preceptos constitucionales, entre ellos el reciente “período dictatorial” que maduró el “tenaz” rechazo al proceso por parte del pueblo.

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 24

En torno al servicio exterior.

Señor director:

En el servicio exterior tuvimos la herencia que dejó el anterior ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano. Afortunadamente, el Dr. Gonzalo Fernández -actual canciller de la República- procedió correctamente en el triste episodio del hoy ex embajador en Italia, Carlos Abín, cesándolo en su cargo.

Oportunamente, el diputado blanco por Alianza Nacional, Gonzalo Novales, en la comisión parlamentaria de Derechos Humanos, junto a oíros diputados de la oposición, dialogaron con el señor ministro Fernández. El canciller se comprometió a tomar todos los recaudos para determinar responsabilidades en el caso de la serie de irregularidades, omisiones y mentiras -aparte de tratar de deslindar responsabilidades y culpar a otros organismos- que ocasionaron que el acusado de genocidio y desaparición forzada de detenidos políticos, (capitán Jorge) Tróccoli, consiguiera ser liberado por la justicia italiana y, por lo tanto, fracasara el intento de extradición.

Y el ministro Dr. Fernández cumplió con su promesa: ahora es el ex embajador Abín, ya que fue destituido. El gobierno de nuestro país contratará abogados italianos para seguir adelante con el proceso de extradición. Pero como es fácil deducir, esto tendrá, como todo juicio, un alto costo para todos los uruguayos. Entonces, hay que aplicar el art. 25 de la Constitución. Nuestra carta magna, en dicho artículo, establece lo que se ha dado en llamar la "repetición".

El artículo 25 de nuestra Constitución establece que "cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos lo que hubiere pagado en reparación". Entonces, ahora, el señor Abín deberá hacerse cargo los gastos de contratación de un abogado italiano que está trabajando para subsanar la terrible omisión del ex embajador.

Secretaría de Prensa de Gonzalo Novales.

15. LA REPÚBLICA PÁG. 2

Presentan casos de NN en seminario de DDHH.

Luis A. Carro, COLONIA. El rol fundamental, que desde la reapertura democrática jugó la Junta Departamental de Colonia, tanto en la preservación como en la investigación de los restos sepultados en 8 tumbas NN del cementerio de Colonia del Sacramento, será presentado en un seminario-taller que realizarán, en esta ciudad, la Dirección Nacional de Derechos Humanos y la Intendencia Municipal de Colonia.

La actividad, enmarcada en la propuesta de "formar 1000 promotores en Derechos Humanos", se desarrollará los días 28 de julio y 4 de agosto en el Teatro Bastión del Carmen, y participarán en la ceremonia inaugural la doctora María Elena Martínez Salgueiro, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC); Matilde Rodríguez Larreta (directora de Acción Social y Derechos Humanos de la comuna coloniense) y el jefe comunal, doctor Walter Zimmer. La disertación sobre los cuerpos NN de Colonia formará parte de un bloque denominado "Derecho a la Verdad: la construcción de una memoria democrática", con intervención de los investigadores Oscar Destouet y López Mazz.

LA REPÚBLICA PÁG. 6

El secuestro de Glenda Rondán. Un incidente que hace hoy exactamente 25 años pudo haber cambiado la historia del Uruguay.

En medio de tensiones políticas y movilización popular, la secretaria de Julio María Sanguinetti fue detenida, encapuchada e interrogada en una dependencia militar. La denuncia fue negada por los mandos dictatoriales, que intentaron llevar el caso a la Justicia militar.

En 1983, Uruguay comenzaba a salir de la dictadura. Muchos protagonistas de aquel tiempo continúan en la actividad pública, otros han muerto y otros han salido del escenario mediático. Sus opiniones, anécdotas y recuerdos son parte de un pasado que, luego de 25 años, siguen marcando el presente.

En julio de 1983, ocurrió un incidente que pudo cambiar la historia uruguaya: Julio María Sanguinetti denunció en la tapa de Correo de los Viernes que su secretaria, Glenda Rondán, había sido detenida, encapuchada e interrogada en una unidad militar. La denuncia provocó la ira de los mandos de la dictadura, en particular del presidente de la Comisión de Asuntos Políticos (Comaspo), general Julio César Rapela, quien acusó de mentirosa y fantasiosa a la mujer, porque era profesora de Literatura.

El caso determinó el cierre de las negociaciones que políticos y militares sostenían en el Parque Hotel para acordar una salida a la dictadura, pero también derivó en una causa judicial que implicó una contienda entre la justicia civil y una justicia militar que pretendía condenar a Rondán y al propio Sanguinetti, quien pudo llegar a quedar proscripto para la elecciones que en 1984 terminarían consagrándolo como presidente.

Al cumplirse hoy 25 años de aquel secuestro, Rondán aceptó recordar aquel episodio. Su relato permite intuir las contradicciones de una dictadura cercada por la movilización popular, pero que podía dar terribles zarpazos para mantener el poder. "Yo, que conocía bien a Sanguinetti, lo veía más preocupado que de costumbre...

Teníamos dudas de si realmente después del "No" del 80 los militares iban a aflojar...", cuenta Glenda.

Eran tiempos de tensión política. Días antes, al cerrar la Convención del Partido Colorado, Bernardo Pozzolo había convocado a marchar hacia el obelisco y arrojar allí claveles rojos en homenaje a la Constitución. Los convencionales entonaron consignas contra la dictadura. Pozzolo fue detenido e interrogado. El general Rapela acusó de "criminal e irresponsable" la actitud de los colorados.

El secuestro.

"Fue el 20 de julio. Nunca me voy a olvidar de la fecha, porque era el cumpleaños de mi mamá, ya fallecida.

Salí de mi casa para tomar el 306. Vi venir una camioneta del Ejército, pero con vidrios oscuros. Paró junto a mí. Se bajó un oficial de uniforme. Me pregunta si soy Glenda Rondán y le digo que sí... Yo tenía la cartera y un bolso en el que cargaba carpetas, libros y cuadernos. Me ordenó 'Suba a la camioneta' y yo soy tan tarada que no hago nada y subo".

"Había uno que manejaba, el que me habló y otros dos más, que me dejaron en medio. La camioneta dio la vuelta, subió por Nelson, agarró Luis Alberto de Herrera y tomó Burgues hacia el cementerio. Hasta ahí vi, porque después me pusieron una capucha. Ahí sentí la sensación que había tenido cuando en 1973 me llevaron tres días a un cuartel. No me hicieron el submarino, pero me reventaron un riñón, perdí un embarazo y me metieron bajo agua fría. No era miedo, fue más una sensación de desencanto de que todo lo que habíamos hecho en años se cayera y se volviera a punto cero..."

"Yo trataba de serenarme, porque los tipos hablaban entre ellos en un lenguaje bastante soez... No sé cuánto demoramos. Cuando pararon, me hicieron bajar en un lugar que a mí me pareció que tenía pedregullo en el piso.

Uno con capucha pierde el dominio espacial. Atravesamos dos o tres puertas y entramos a un lugar donde me pusieron una silla y me dijeron que me sentara. Me sacaron la capucha y veo que estoy en un despacho y enfrente tengo a un coronel...".

"Ahí empieza a preguntarme cosas que a mí me parecieron estúpidas. Me preguntaba si en la casa del partido había un mimeógrafo. Me preguntaba si había ido al obelisco. Me preguntaba con quién se reunía Sanguinetti, que quién lo veía, que si yo le llevaba la agenda.

Había uno que escribía a máquina atrás mío..." "El interrogatorio fue larguísimo. No hubo agresión física, pero sí un trato muy seco, al que los docentes no estamos acostumbrados... Cuando termina el interrogatorio, me volvieron a poner la capucha, y dieron vueltas antes de soltarme en el Parque Batlle".

Apenas pudo conseguir un teléfono, Glenda Rondán se comunicó con Sanguinetti, quien la citó en su estudio.

Le dijo lo que había sufrido y él le pidió que no le contara nada a más nadie ("yo no lo dije ni en mi casa"). Al día siguiente volvió a clases, y otro profesor le mostró la tapa de Correo de los Viernes. Un recuadro titulado "A quien corresponda" denunciaba lo que le había ocurrido. Poco rato después la llamó Marta Canessa: "Me contó que a Julito se lo había llevado, no sé a qué cuartel y me dijo que me fuera de inmediato para su casa. Me tomé un taxi y fui. Me quedé ahí y cuando Julito volvió me dijo que de tarde íbamos a tener que ir juntos a declarar al 4º de Caballería. Allí nos trataron muy bien. Solo faltó el té y las masitas. Hasta nos llevaron a recorrer el cuartel y nos mostraron los caballos"...

Pero el episodio no había concluido. Las fuerzas armadas no aceptaban la denuncia que había trascendido internacionalmente. Días después, el director de la Escuela Técnica recibió un llamado de la Región Militar Nº 1, que anunciaba que irían a buscar otra vez a Glenda Rondán. Tuvo tiempo de llamar a Sanguinetti al interior, quien le envió a Edison Rijo para que le acompañara. Al abogado, socio de estudio de Sanguinetti, no le dejaron ingresar a la unidad militar. Rondán enfrentó a un grupo de oficiales que le interpelarían. "Había como cuatro coroneles, uno de ellos pelirrojo. Nos sentamos en una sala estilo morisco. Empezaron diciéndome que yo le tenía aversión al Ejército. Les contesté que a la institución de ninguna manera. Me decían que lo que denuncié era mentiras. Me decían que por qué inventaba eso y les dije que era verdad y que era un militar el que me interrogó, que sabía porque tengo un primo militar... eso le costó a mi primo un arresto de 30 días".

"Estábamos en eso, cuando entra el general Rapela. Todos se pararon y yo quedé sentada. Uno a mi lado me dijo que me parara y dije que no, que el que tenía que saludarme era él, porque yo era una señora y él había entrado. Quedaron congelados... Es que a mí los nervios me hacen hablar, y con vehemencia cuando me enojo.

Después de esa reunión Rapela salió a decir que yo era loca, imaginativa porque era profesora de literatura y que había hecho teatro... Insistieron en que dijera que había sido mentira porque si no me iban a llevar presa...

Cuando salí, habían pasado cinco horas. Rijo todavía estaba afuera y muerto de frío".Una semana después, a la sede del Ejecutivo Nacional colorado llegó una citación por la que Rondán debía presentarse al día siguiente a la Jefatura de Policía. "Ahí me tuvieron desde las siete de la mañana hasta la una y media de la mañana del día siguiente. Yo tenía una beba de meses y no dejaron ni que la entrara mi ginecólogo para que la pudiera amamantar..." "Empezaron a preguntarme cosas de mi vida personal.

Dijeron que eran mentiras lo que me pasó en 1973. Hasta preguntaron si yo había estado separada de mi marido y a mi propio marido lo llevaron para corroborar lo que yo les decía. Me llegaron a decir que en un sillón habían violado a "una mina de Serpaj". No me dieron de comer. Solo agua... Finalmente entró el coronel (Washington) Varela, el jefe de Policía, y me dijo: 'Buenas noches, señora, la saludo para que no se enoje...'. Por lo menos usted es más educado que el otro, le contesté". La última etapa del caso Rondán fue en la Justicia. "Ellos me quisieron pasar a la Justicia Militar, pero el juez (Dardo) Prezza, que era al que le tocaba mi caso, se afirmó en que correspondía a la Justicia Penal y se abrió la causa por "simulación de delito". Me iniciaron el proceso, fue una cantidad de gente a declarar. Prezza apretó el expediente durante un mes para que no fuera a la justicia militar". La causa recién se cerró en 1985. La conclusión fue que el hecho ocurrió, pero que no se pudo establecer quiénes lo perpetraron.

LA REPÚBLICA PAG. 2

Edil comunista denuncia a periodista por libro.

El secretario nacional de Organización del Partido Comunista del Uruguay (PCU) y edil de Montevideo, Carlos "Púa" Tutzó, presentará hoy una denuncia por "difamación e injurias" contra el periodista Alvaro Alfonso, por afirmaciones emitidas en el libro "Secretos del PCU", de reciente publicación.

El escrito, elaborado por el abogado Oscar López Goldaracena, pretende que el periodista demuestre ante la Justicia "la veracidad" de hechos referidos en el libro sobre la conducta del edil comunista, mientras estuvo detenido por su actividad política durante la última dictadura. "Carlos Tutzó, detenido en 1977, considerado como duro y tenaz, militó en la clandestinidad de la UJC y se convirtió en secretario de Organización del Regional 5.

Sin embargo, fuentes militares dijeron que colaboró, en el PCU hay dudas", escribió el periodista. "Lo escrito en el libro es falso, difamante e injuriante", señala el escrito. La mención contenida en el libro "es un claro ejemplo de cómo, con tres palabras, se puede 'ensuciar' toda una trayectoria política, sembrando dudas que mancillan la dignidad y honor de quien, precisamente, ha hecho de la dignidad y el honor los pilares de su ética personal y

política", dice el escrito.

Además, el edil considera "agraviante" que se lo vincule como colaborador de una dictadura que "aplicó el Terrorismo de Estado y violó sistemáticamente los derechos humanos de la población". El escrito pretende que se establezca la "exceptio veritatis", o sea, que el periodista demuestre que en el PCU "existen dudas" sobre la "colaboración" de Tutzó con la dictadura.




21.07.2008 17:31 / RECORTES DE PRENSA

 

Sara Méndez y su infatigable búsqueda.

Por Miguel Pérez Estévez

Llegó a la Casa de la Cultura el pasado viernes para la exhibición del filme “Cárcel Libertad”. Allí conversamos con ella. Su búsqueda de Simón Riquelo, su hijo. Al que encontró. Y el afán de seguir investigando, que fue de otros uruguayos en el período de la dictadura.

“Seguimos buscando”.

“Ahora ya no es a mi hijo, al que finalmente lo encontramos después de 26 años de búsqueda. Seguimos buscando junto con los otros familiares de desaparecidos y el pueblo en general. Y siempre reclamando la verdad sobre los hechos que han sucedido durante los años de dictadura. Y la justicia para estos delitos tan graves, como es la desaparición forzada, la tortura, lo que se vivió en esos años, la justicia que es elemental para una sociedad que quiere forjar realmente un futuro de paz y de justicia.

Nosotros buscamos a los niños por un lado y a los adultos por otro. Porque siempre pensamos que eran realidades distintas. A los niños, pensamos que podíamos encontrarlos con vida y por lo tanto, una búsqueda con otras perspectivas. Tuvimos 12 chicos hijos de uruguayos que desaparecieron en la Argentina, junto con sus padres, cuando fueron secuestrados.

En un principio pensamos que las desapariciones de niños se habían dado en la Argentina, fruto del Plan Cóndor. Sin embargo, la realidad nos mostró después de años de investigación que también había habido desapariciones acá en el Uruguay. El caso mas conocido es el de Macarena Gelman. Que nació acá en Uruguay, cuando su madre fue traída en forma clandestina de la Argentina, dio a luz acá, su madre fue asesinada posiblemente y Macarena fue dada a una familia policial que la crió. Hoy Macarena se encontró con su familia biológica y con su historia. De los chicos desaparecidos hijos de uruguayos en la Argentina, solamente quedan dos. Que eran adolescentes. Tenían 14 y 15 años, son los hermanos Hernández Hobas. Que desaparecen, son secuestrados en distintos momentos en casas de amigos de sus padres. Su padre ya estaba preso y su madre había sido secuestrada también.

De esos chicos no se ha sabido nada hasta el día de hoy. Presumimos que corrieron la misma suerte de los adultos, la de que fueron ejecutados. Como pensamos que fue la mayor parte de los adultos. Los otros chicos fueron recuperando su identidad a lo largo de muchos años.

El último de ellos fue mi hijo Simón en 2002. Donde es ubicado en Argentina. Había sido adoptado por una familia policial también. Se había criado en ese medio, pensando que era hijo biológico del matrimonio. Cuando en el 2002 es ubicado, conoce la búsqueda de tantos años que habíamos realizado.

Se hace el ADN para confirmar realmente la identidad. Que da positivo. En este caso, paradójicamente estaba también la sangre de su padre, en el Banco de Sangre, en el Hospital Durán y la mía también. Dio positivo en un grado muy alto de probabilidades y desde entonces ha empezado a conocer su familia biológica, sino a incorporarse de todo lo que es esta historia de nuestros países del Cono Sur, que vivimos durante las dictaduras.

Ahora los desaparecidos en Uruguay que son mas de 40 es un número incierto. Porque hay muchos casos que no son solamente de nuestro país, sino también de Argentina, que no fueron denunciados y que siguen aún sin ser denunciados.

A lo largo de estos años, donde estos temas tomaron otro relieve en la opinión pública, alguna gente se acercó a decir, a veces con mucha vergüenza, con mucho temor todavía, la situación que no habían tenido noticia de sus familiares. Desde hacía muchos años. Y por lo tanto, suponemos también que ese número que decimos de desaparecidos, mas de 120 en la Argentina y mas de 40 acá en Uruguay, es un número aproximado, pero que desgraciadamente con el correr del tiempo tiende a ampliarse” nos dijo Sara.

“Recuperación de vidas e identidades... desaparición forzada delito de lesa humanidad”.

Nuestra entrevistada agrega otros datos.

“La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad y además es una de las cosas mas crueles que sucedieron durante la dictadura. Es evidente que, mientras la figura del desaparecido siga como tal, mientras las sociedades no puedan acercarse a tener elementos de cómo fueron los hechos que llevaron a la desaparición, a encontrar los restos de estas víctimas, a recibir la confesión de los autores de estos crímenes, no cierran las heridas que esto provocó.

Ni en las familias, ni tampoco en la sociedad. Por eso, nosotros como familiares, sociedad, organizaciones sociales, estamos incorporados en la lucha por la anulación de la Ley de Caducidad. Pensamos que a través de la anulación, vamos a poder que la justicia investigue los casos. Tengamos en cuenta que los procesamientos de militares, policías y algunos civiles pudieron darse en la medida que esos hechos habían sucedido fuera del país.

Y por lo tanto no habían sido abarcados estas personas por la ley de caducidad. Sin embargo, hay decenas de casos que no pueden ser investigados porque la ley lo impide.

Solamente es en el caso de civiles. Saber el destino de estas personas, nos implicaría tener acceso a archivos militares, policiales y también la declaración de personas que aún se sienten inseguras. Inclusive de las fuerzas armadas que se sienten inseguras, para dar sus declaraciones. Porque hay inseguridad. Nosotros estamos convencidos que el Terrorismo de Estado que fue lo que realmente se aplicó durante esos años de dictadura, deja secuelas en la población. Que no son realmente saldadas hasta que la sociedad en sí, no tome la responsabilidad de esos hechos. Hasta que los estados, los gobiernos no se responsabilicen realmente de lo sucedido.

En nuestro país no ha habido un reconocimiento del Estado, como responsable de esos hechos. El Estado como continuador de los estados donde se produjeron las violaciones de los derechos humanos. Y a su vez, el absoluto repudio y la seguridad de que esos hechos no vuelvan a cometerse mas, la podemos tener en la medida que haya una amplia investigación sobre los hechos sucedidos, una responsabilidad sobre las órdenes militares y policiales que permitieron que esos hechos se llevaran a cabo y además una conciencia en la sociedad, que es a partir de que estos temas sean hablados con amplitud en nuestra población. Hoy sabemos que los jóvenes saben muy poco de lo que pasó en esos años.

No tenemos lo que se dio en la Argentina. Por ejemplo, cuando se toquen en los centros de estudios, los años que sucedieron estos hechos, se pueda hablar abiertamente, sin temor, sin recelo. Es la única forma que podemos empezar a liberarnos de los temores que dejan estos horrores que realmente sucedieron” nos finalizó diciendo.

miércoles, 16 de julio de 2008

 EL POPULAR PÁG. 6

El Cóndor sigue perdiendo el vuelo.

Por Walter Cruz

El general Manuel Contreras condenado a cadena perpetua en Chile; el coronel Manuel Cordero será juzgado en Buenos Aires y el general Luciano Benjamín Menéndez terminará sus días en la cárcel.

"Recomendamos iniciar a partir de esta fecha los contactos bilateral o multilateral, a voluntad de los países aquí participantes, para el intercambio de información subversiva, abriendo propios o nuevos antecedentes de los respectivos Servicios". Así expresaba el acta de clausura del Primer Encuentro Interamericano de Inteligencia, celebrado el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile.

Quienes lo firmaban eran el capitán de navío Jorge Casas por Argentina; el mayor del Ejército Carlos Mena por Bolivia; el coronel del Ejército José A. Fons por Uruguay; el coronel del Ejército Manuel Contreras por Chile (sobre Contreras ver nota aparte). Así nacía el Sistema Cóndor, de acuerdo a su denominación oficial. Y luego vendría la orgía de torturas, desapariciones y muertes que asolaron el sur americano, bajo el paraguas de los Estados Unidos de Norteamérica.

Aunque la coordinación represiva había comenzado antes. Ejemplos: el gobierno argentino prohíbe el 10 de junio de 1974 al senador Enrique Erro la residencia en y el tránsito por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Córdoba y Mendoza; el 13 de setiembre de 1974 secuestran y asesinan en Buenos Aires a los uruguayos Daniel Banfi, Guillermo Jabif y Luis Latrónica, y el 24 de diciembre del mismo año es asesinado en Buenos Aires el joven comunista uruguayo Raúl Feldman. Luego de este crimen son allanados, por fuerzas no identificadas, decenas de domicilios de compatriotas afincados en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires. Pero matar a un muchacho solo es fácil y asesinar a familias enteras produce escándalos difíciles de tapar.

Luego del retorno de la democracia en Uruguay el Cóndor sigue funcionando: agentes de inteligencia de Chile se pasean como Perico por su casa en nuestro país y asesinan en 1992 al también agente chileno Eugenio Berríos. Luis Alberto Lacalle era Presidente de la República.

Esta situación ha cambiado notoriamente en los últimos tiempos en los países de la región. En Argentina, el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner borra de un plumazo las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y unos 300 represores marchan a la cárcel. En Chile, con la presidenta Michelle Bachelet, se comienza tibiamente a abordar el tema de los derechos humanos.

Y en Uruguay el presidente Tabaré Vázquez, en aplicación del artículo cuarto de la Ley de Caducidad, ha posibilitado que algunos genocidas estrellas estén pagando sus crímenes en la cárcel. El Cóndor sigue perdiendo el plumaje, pero aun falta. Falta anular definitivamente la inmoral Ley de Caducidad, falta que se rompa el pacto de silencio y se puedan encontrar los restos de nuestros desaparecidos, falta que algunos actores comprendan que se puede construir una nueva moral entre la sociedad y las Fuerzas Armadas. Y si no llega lo que falta, habrá un pueblo que lo busque y encuentre.

EL POPULAR PÁG. 6

El juez Vomero citó la hermana de Nibia.

La arquitecta Stella Maris Sabalsagaray presentó el 8 de setiembre de 2004 la denuncia penal por el asesinato de su hermana Nibia.

Al poco tiempo declararon ante el juez Rolando Vomero, en carácter de testigos, el Dr. "Marcos Carámbula, Antonia Yáñez, Francisco "Paco" Laurenzo, Daniel Mesa y recientemente Adail Altesor y Raúl Pittaluga.

El doctor Juan Errandonea, abogado patrocinante de la causa, presentará nuevos testigos en los próximos días.

También declararon militares que podrían estar eventualmente implicados en el crimen de la joven comunista y profesora de literatura.

Quienes revistaban en el Batallón de Comunicaciones N°l, donde murió Nibia, eran el jefe de la unidad militar coronel Chialanza, el capitán Mario Segnini, el oficial Antraing Ohannian (detenido en marzo último en Argentina y requerido por la Justicia de Italia por la desaparición de los ciudadanos ítalo-uruguayos Gerardo Gatti, María Emilia Islas de Zaffaroni, Armando Bernardo Amone y Juan Pablo Recagno en Buenos Aires) y el alférez Miguel Ángel Dalmao, quien al ser ascendido a General por el gobierno a fines de 2005 testimonió por escrito.

Las declaraciones de Miguel Ángel Dalmao en 2006 se contradicen con lo que dejó escrito en 1974. El último testigo, que vio el cuerpo de Nibia en la madrugada del 29 de junio de 1974, es un ex militar que también contradice las versiones de Dalmao. En medio de este panorama, donde quedan al descubierto distintas versiones sobre un mismo hecho y un joven militar de aquellos tiempos se anima a hablar por "un tema de conciencia", el juez penal de 10° turno Rolando Vomero acaba de citar a la denunciante Stella Maris Sabalsagaray Curuchet. El doctor Juan Errandonea manifestó a El POPULAR desconocer las razones por las cuales la hermana de Nibia Sabalsagaray deberá presentarse en el Juzgado de la calle Misiones el próximo 28 del presente mes sobre las 13 y 30 horas. El abogado patrocinante es optimista en cuanto a que este asesinato perpetrado hace 34 años se aclare de una vez por todas.

EL POPULAR PÁG. 7

Cordero vuelve a Argentina.

El primero que lo ubicó en Santana do Livramento fue el joven periodista Federico Gyurkovitz, en 2004 cuando estaba en Caras y Caretas y denunció su paradero. Eí juez argentino Daniel Rafecas pidió su extradición a Brasil por los secuestros, torturas y desapariciones en Automotores Orletti y su colega Norberto Oyarbide por el secuestro y cambio de identidad a niños uruguayos, algunos de los cuales fueron ubicados por las Abuelas de Plaza de Mayo.

La solicitud de los jueces argentinos es anterior a la de los uruguayos, y por esa razón el Supremo Tribunal de Brasil resolvió que Cordero sea enviado a Argentina. Donde ahora el coronel regresa peco por otras razones que las de 1976.

Cuando retornó la democracia a Uruguay, el juez argentino Néstor Biondi pidió la extradición a Uruguay, pero la Ley de Caducidad - y el accionar de Julio María Sanguinetti - protegieron a Manuel Cordero.

Decenas de testigos sobrevivientes del infierno de Orletti afirman que Cordero era el mando N° 3 de los uruguayos que operaban en Buenos Aires, en forma conjunta con los argentinos que regenteaban el centro clandestino a cuyo mando estaba el siniestro Aníbal Gordon.

El mando N° 1 era el teniente coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti quien - al ser citado por la Justicia uruguaya - se suicidó el 10 de setiembre de 2006.

En su libro "Memorias de la resistencia", editado en 2002, Hugo Cores manifiesta: "El 13 de julio de 1976 Sergio López Burgos junto con León Duarte Lujan fueron secuestrados por un grupo de 10 o 12 personas, entre las que se encontraba Manuel Cordero. Estaban en una confitería situada en la calle Boedo entre Carlos Calvo y San Juan en Buenos Aires. Los dos fueron conducidos a Orletti. López Burgos fue trasladado ilegalmente a Montevideo y León Duarte permanece desaparecido".

El "primer vuelo"

El coronel Manuel Cordero luego de los ascensos llegó a mayor y se desempeñó en el Servicio de Inteligencia y Defensa (SID) y en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), algunos de cuyos miembros de esta patota están presos en la cárcel especial de Domingo Arena. En julio de 1976 más de 20 compatriotas intentaron invadir Uruguay desde Argentina y fueron condenados por la Justicia Militar.- Eso es lo que señaló en su momento la versión oficial de la dictadura.

En realidad fueron sacados de Automotores Orletti, traídos en forma ilegal a nuestro país en lo que se conoce como "el primer vuelo". El periodista uruguayo Enrique Rodríguez Larreta estaba entre ellos, había sido secuestrado por error y cuando lo liberaron deschavó la mentira en Europa. Fue el primero que denunció al coronel Manuel Cordero como el mando N° 3 de los uruguayos en Orletti. Allí donde, además de León Duarte, desaparecieron a Gerado Gatti, entre otros. Después que cumpla la condena en Argentina, Manuel Cordero será juzgado en Uruguay. Seguramente en la primavera, el coronel esté pagando sus crímenes en la cárcel de Villa Devoto de la Capital Federal o en el complejo de Carlos Paz en la provincia de Buenos Aires.




15.07.2008 22:43 / RECORTES DE PRENSA

Uruguayos en UE: a 35 años del golpe, anular la de Ley Caducidad.

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

Un grupo de uruguayos, ciudadanos belgas y organizaciones de derechos humanos, hacemos entrega al embajador de Uruguay en Bruselas el señor Luis Sica, cartas y firmas que piden anular la Ley de Caducidad en Uruguay. Entre las organizaciones se encuentran Amnistía Internacional de Bélgica, Cidal (Comité contra la Impunidad y por la Democracia en América Latina) además de numerosos sindicalistas belgas.

Por la tarde hacemos una demostración en el centro de Bruselas repartiendo volantes que hace referencia a esta campaña.

Se han enviado igualmente 200 dossiers sobre la impunidad en Uruguay a parlamentarios europeos.Hoy a 35 años del golpe de estado en Uruguay decimos: no mas terrorismo de Estado!

No mas impunidad!!

COLECTIVO DE LA RED ALTERNATIVAS Y SOLIDARIDAD WWW.ALTERNAITVASUY.

ORG ALTERNATIVAS.URUGUAY@GMAIL.COM

PÁGINA 12 (Arg.) 06/07/08

Se acerca la hora de la Justicia.ARRANCA EL TRAMO FINAL DEL JUICIO AL GENERAL

LUCIANO BENJAMIN MENÉNDEZ.

Está acusado, junto a otros siete represores, por los crímenes cometidos en La Perla. El próximo jueves comenzarán los alegatos de los abogados querellantes. Serán televisados en vivo y en directo para toda la provincia de Córdoba.

El histórico juicio al general Luciano Benjamín Menéndez y siete ex miembros del

Destacamento de Inteligencia 141 de Córdoba ingresará esta semana en su etapa final. Luego de un mes y medio de audiencias testimoniales, durante las cuales varios sobrevivientes del centro clandestino La Perla reconocieron a los imputados y describieron su participación en secuestros y torturas, el jueves a las 9 de la mañana comenzarán los alegatos de los abogados querellantes, que serán televisados en vivo y en directo para toda la provincia.

Los acusados, además de Menéndez, son el coronel Hermes Oscar Rodríguez, el capitán Jorge Exequiel Acosta, los suboficiales Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován, y el personal civil de inteligencia Ricardo Lardone. Con 160 personas presentes desde el comienzo hasta el final de cada audiencia, los ex represores delegaron sus defensas en los abogados y prácticamente no hicieron uso de su derecho a hablar.

La primera excepción fue el general Menéndez, que el primer día leyó un discurso con los mismos términos que usaba durante la dictadura. “Fue una guerra revolucionaria” en la cual “se combatió y venció al terrorismo marxista”, arengó solitario.

Sólo el capitán retirado Acosta demostró conservar una mínima esperanza de salir absuelto.

Según su legajo y un Boletín Reservado del Ejército, el ex jefe de La Perla fue trasladado a otro destino el 5 de noviembre de 1977, el día anterior a los secuestros de Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Enrique Laja y Raúl Oscar Cardozo, los cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores que luego de cuarenta días de cautiverio en La Perla fueron asesinados en un tiroteo fraguado, en la intersección de Sagrada Familia y Ejército Argentino.

El problema del Rulo Acosta no son sólo los sobrevivientes que lo recuerdan en La Perla después de esa fecha. El único testigo ofrecido por su defensa, coronel retirado Heraldo Ernesto Biolatto, lo terminó de incriminar: confirmó que hasta el 5 de diciembre estuvo asignado al Destacamento 141 y recién entonces fue trasladado al Batallón de Inteligencia 601 en Buenos Aires. Sólo el coronel retirado Hermes Oscar Rodríguez, segundo jefe del Destacamento, pidió declarar para decir que tras un arresto de un mes, que concluyó el 22 de octubre, Acosta fue relevado y reemplazado.

Acosta es, además, el único de los imputados con abogados privados, lo cual no necesariamente lo beneficia. Uno de sus defensores es Jorge Agüero, ex candidato a gobernador menemista en las últimas elecciones. En los afiches de campaña Agüero aparecía con un rifle en la mano, se presentaba como “El Mesías” y proponía “libre portación de armas y grupos de autodefensa”. El jueves pidió incorporar a la causa dos disparatadas denuncias contra la jueza Cristina Garzón de Lascano y la fiscal Graciela López de Filoñuk, a quienes acusa de armar causas y preparar testigos.

Las audiencias testimoniales concluyeron el jueves. Ana Beatriz Iliovich, sobreviviente de La Perla, contó que tener apellido judío implicaba ser torturado con más saña. “Fue un plus a las humillaciones a las que fui sometida”, dijo. La testigo reconoció a sus victimarios por nombre, apellido y apodo, y solicitó que se retiraran de la sala. Luego recordó que Rodríguez, al volver de un operativo, le dijo “con vos vamos a hacer jabón de tocador”. El coronel presenció el relato desde una sala contigua. Al volver pidió la palabra, los presentes pensaron que iba a desmentir a la testigo, pero no: era para defender a Acosta.

El jueves comenzarán los alegatos de Martín Fresneda y Claudio Orosz, abogados de Hijos y Familiares que representan a las hijas de Hilda Palacios, y Mauro Ompré, abogado de la familia de Carlos Lajas. El viernes será el turno de los fiscales Maximiliano Hairabedian, Jorge Asís y Graciela López de Filoñuk. El lunes siguiente será el turno de las defensas y el lunes 21 podría llegar a conocerse la sentencia. Antes los represores podrán hacer uso del derecho a decir sus últimas palabras.

LA NACIÓN (Arg.) 11/07

Menéndez: pidieron su prisión perpetua.

Los abogados de familiares e hijos de desaparecidos solicitaron que se aplique la máxima pena carcelaria, prisión perpetua, con cumplimiento en una cárcel común y no en un cuartel militar ni en su domicilio, al general Luciano Benjamín Menéndez por sus responsabilidades en la detención ilegal, torturas y ejecución de cuatro militantes del PRT en noviembre y diciembre de 1977.

Es el primer proceso al que efectivamente se somete a quien fue el todopoderoso comandante del III Cuerpo de Ejército, con jurisdicción sobre 10 provincias, en la etapa más sangrienta de aquel período de la historia. Fue jefe de esa unidad entre 1975 y 1979.

El mismo castigo que para Menéndez (de 81 años) consideran que cabe a otros cuatro de los acusados: el suboficial Luis Manzanelli (69), el suboficial mayor Carlos Díaz (61), el suboficial mayor Orestes Padovan (60) y el agente civil de inteligencia Ricardo Lardone (65). Según la acusación, fueron los ejecutores de los cuatro detenidos.

Para los otros tres imputados, el coronel Hermes Rodríguez (75 ), el capitán Jorge Acosta (62) y el suboficial principal Carlos Vega (79), se demandaron penas de 25 años. Acosta niega haber estado asignado en Córdoba en esa época. Se pidió hacer otra investigación para esclarecer su situación.

Videla

La Sala I de la Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla en la causa en que se investigan robos de bebes ocurridos durante la dictadura.

Con esta medida avanza el proceso hacia un juicio oral y público a Videla por "sustracción, retención y ocultación de menores", que incluye a la nieta de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que permanece desaparecida.

 




15.07.2008 22:39 / RECORTES DE PRENSA

Caso Tróccoli. Más sumariados.

El escándalo producido por la liberación en Italia de Jorge Tróccoli como resultado de la presentación tardía del pedido de extradición, puede producir una segunda baja en la cancillería, la del diplomático de carrera Tabaré Bocalandro Yapeyú, que será objeto de un sumario ya que le seguía en jerarquía al embajador cesado Carlos Abín.

No es la primera vez que el nombre del diplomático Bocalandro irrumpe en los medios de comunicación. El 17 de diciembre de 1996 Bocalandro era embajador en Perú y se encontraba en una recepción ofrecida por el embajador de Japón. Fue entonces que irrumpieron 23 miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (mrta) y tomaron como rehenes a las decenas de personas que allí se encontraban. En las horas y días sucesivos muchos de los rehenes fueron liberados, pero el caso de Bocalandro fue particularmente polémico. Dos presuntos miembros del mrta que estaban detenidos en Montevideo, y cuya extradición solicitaba el gobierno de Perú, quedaron en libertad el 24 de diciembre luego de una resolución del Tribunal de Apelaciones. Poco tiempo después Bocalandro era liberado en Lima. El gobierno, entonces presidido por Julio María Sanguinetti, y el Poder Judicial negaron toda vinculación entre los hechos.

No fue la primera vez que Uruguay no quedó bien parado en un caso de toma de rehenes. En 1980, cuando el movimiento guerrillero M-19 copó la embajada de la República Dominicana en Bogotá, Colombia, el diplomático Fernando Gómez Fynn se escapó por la ventana, en un episodio que, según los diarios de la época, fuera cuestionado por sus colegas secuestrados.

Tróccoli había sido detenido el 23 de diciembre de 2007, iniciándose el proceso para solicitar la extradición desde Uruguay. El periplo –que debía ser completado en tres meses, de acuerdo al tratado de extradición firmado entre Uruguay e Italia en 1879, en tiempos en los cuales las comunicaciones eran un tanto más complicadas que actualmente– se completó fuera de fecha para la justicia italiana.

Una interpretación basada en la fecha en la cual se produjo la convalidación formal de la detención preventiva, el 27 de diciembre, habilitaría a replantear el pedido de extradición.

EL POPULAR PÁG. 10

Apareció otro testigo por el caso Nibia.

El viernes pasado el doctor Juan Errandonea -patrocinante de la causa- aseguró a El Popular que una vez finalizada la Feria Judicial presentará un nuevo testigo del asesinato de Nibia Sabalsagaray.

Tres días después, el diario La República recoge las declaraciones de un radio operador que vio, por la mirilla de una celda del Batallón de Ingenieros No 5, el cuerpo sin vida de Nibia. En aquel momento tenía 16 años, era estudiante de la escuela de trasmisiones, habló con el matutino con la condición que su identidad fuera preservada, y está dispuesto a declarar ante la Justicia.

El ex militar asegura haber visto el cuerpo de la joven en la madrugada, lo cual contradice la versión de los militares que declararon ante el juez Vomero en 2006.

Entre ellos el hoy general Miguel Angel Dalmao, que labró y firmó el documento que expresa que Nibia Sabalsagaray fue encontrada muerta sobre el mediodía.

El ex radioperador, que hoy tiene 51 años, declaró a La República que "me vino esa inquietud, ese cargo de conciencia, de vergüenza ajena (...) porque nosotros éramos solo estudiantes y no teníamos nada que ver con toda esa historia. Pero vergüenza al fin, porque estamos hablando de la vida de un ser humano".

Ante este hecho, el doctor Juan Errandonea afirmó que "este testimonio demuestra que la escena fue una escena preparada. Es decir, que el cuerpo de Nibia estuvo varias horas antes de que existiera el informe oficial en el calabozo con el pañuelo anudado. Hasta que se ve que la colocan en determinada posición, que es la que la versión oficial intenta hacer aparecer como la del suicidio".Errandonea destacó "vamos a evaluar la estrategia a seguir después de la Feria Judicial en cuanto a este testimonio, que es muy importante"

 




14.07.2008 09:38 / RECORTES DE PRENSA


RESUMEN DE PRENSA.

SOBRE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL

10.07.08.

Resumen elaborado por la Secretaria de Derechos Humanos

del Partido por la Victoria del Pueblo

FRENTE AMPLIO.

 

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 2

ASOCIACIÓN 14 DE ABRIL. Piden regreso de militares a Bachelet.

LA ASOCIACIÓN 14 de Abril presentó una carta ante la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para que interceda y Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, los militares extraditados por su vinculación con la muerte de Eugenio Berilos, cuyo cadáver fue encontrado en 1995, puedan regresar a Uruguay hasta que sean condenados. La misiva entregada a la mandatari a durante su visita oficial a Montevideo, que culminó el martes, fue firmada por el diputado colorado Daniel G arcía Pintos y el ex comandante en jefe del Ejército Raúl Mermot, quienes señalan la "inexplicable" actitud del juez chileno Alejandro Madrid al no autorizar a los militares a viajar a Uruguay.

Ante esa decisión del juez, adoptada en setiembre de 2007, en la que incluso el gobierno uruguayo se había ofrecido como garantía, es que la Asociación 14 de Abril pidió a Bachelet que utilice "el principio de cooperación internacional y lograr así reintegrar a nuestros compatriotas a su seno familiar en sus propios hogares".

El martes, la presidenta de Chile afirmó en Montevideo que sobre el sonado "caso Berríos" solamente conoce información de prensa y solicitó que se deje "trabajar" a la Justicia. "Somos profundamente respetuosos de la independencia del Poder Judicial", dijo Bachelet. Además, la carta cuestiona al presidente Tabaré Vázquez, que a pesar de haber evitado las extradiciones, las autorizó.

En ese sentido, añade que la Justicia uruguaya luego de investigar el caso tres años "no encontró ningún argumento verdadero ni méritos suficientes para el procesamiento de ninguno de los militares involucrados".

Cabella, Radaelli y Sarli fueron extraditados a Santiago en abril de 2006 por orden del entonces juez penal Gustavo Mirabal.

 

ÚLTIMAS NOTICIAS PÁG. 24

Acciones de las Fuerzas Armadas.

Señor director

La proximidad del aniversario del golpe de Estado removió las memorias y las conciencia de unos cuantos. Y está bien que así sea, porque de esa manera queda claro que este es un país que tiene amplias reservas morales e intelectuales, más allá del obvio deterioro que los valores tradicionales han venido sufriendo en los últimas décadas.

Como siempre, aparecen "profesores" que, desde alguna tribuna pública ejercen su derecho a opinar. Y también está bien que se haga, porque lodo, de una manera u otra, contribuye a hacer menos ignorante al que no sabe y más conocedor al que sí. Me refiero aun comunicador que el otro día insistió una y otra vez en que la acción desplegada por las Fuerzas Conjuntas contra el aparato militar del MLN "no tuvo nada que ver" con la saga de

torturas, secuestros, asesinatos y desapariciones que vinieron después, como si esta parte de la historia fue un movimiento con vida propia, caído del cielo o enviado por un algún dios vengador. Es cierto que el combate contra el MLN y los excesos posteriores son dos etapas separadas y diferenciables: la segunda tuvo lugar, mayormente, después de que la primera había terminado.

Pero jamás se puede decir que una "no tuvo nada que ver" con la otra porque las mismas fuerzas que estaban en acción en la primera etapa cobraron un embalaje indetenible en la segunda. Quiero decir que si las Fuerzas Conjuntas no hubieran actuado contra los tupamaros, 110 habrían hallado campo fértil para arrogare facultades y perpetrar lo otro a la intemperie, es decir, sin el abrigo de las armas del listado y esa autorización virtual que les dio el sistema político con la ley de seguridad del listado. Que no me venga pues ese comunicado; partidario evidente del gobierno, a hacer juicios temerarios. La historia se escribe con hechos, no con opiniones. Y los hechos son bien claros.

Jorge Martínez Echebeste

 

LA REPÚBLICA PÁG. 2

VA define situación de Abín.

El Tribunal Arbitral de la Vertiente Artiguista se reunirá esta mañana para tomar una resolución en tono al caso del ex embajador uruguayo en Italia, Carlos Abín. Según pudo saber este diario, el órgano cuenta desde hace unas semanas con la versión escrita del jerarca sobre cómo ocurrieron los hechos, que derivaron en la demora de la entrega del expediente de extradición del ex capitán de navío Jorge Tróccoli, tras lo cual el militar quedó en libertad.

En la misma, el ex jerarca remarca una vez más que no "no hubo omisión de su parte". Abín fue destituido el pasado 12 de junio por Presidencia de la República, luego que se constatara una "demora injustificada" en la entrega del mencionado expediente.

 

LA REPÚBLICA PÁG. 5

Cuatro ex tupamaros citados por la justicia. Caso Filtro: audiencia será el jueves 17 de julio.

En una semana los senadores José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro, y los ex líderes tupamaros, Julio Marenales y Jorge Zabalza, deberán prestar testimonio "con fines aclaratorios" ante el juez penal, Daniel Tapie, por la denuncia presentada por el diputado colorado Daniel García Pintos, sobre los hechos ocurridos en el Hospital Filtro en 1994.

La citación judicial está fijada para el jueves 17 de julio, y en el caso de los legisladores deberán definir, si concurren a la sede judicial, si prefieren que la instancia se realice en sus respectivos despachos del Palacio Legislativo o si contestan vía formulario.

El senador Fernández Huidobro confirmó a LA REPUBLICA la citación, pero agregó que aún no ha definido que es lo que hará y que para ello espera lo que le digan sus abogados, pero reiteró que se encuentra  enteramente a disposición de la Justicia.

La denuncia fue realizada por García Pintos y por el ex comandante en jefe del Ejército, Raúl Mermot, y está fundamentada en el libro biográfico de Zabalza, "Un Cero a la Izquierda", en el cual el ex líder del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), narra una serie de pormenores de los sucesos ocurridos en las inmediaciones del Hospital Filtro el 24 de agosto de 1994, previo a la extradición de tres ciudadanos vascos, requeridos por el gobierno español por su supuesta vinculación con la organización terrorista ETA.

En el libro se expresa que parte de la cúpula del MLN, entre ellos Mujica, Fernández Huidobro, Marenales y Zabalza, se había reunido en una camioneta Combi para evaluar la situación, pues se afirmó que había un ómnibus cargado con cócteles molotov y unos cinco mil "miguelitos", a la espera para "entrar en acción".

 

BÚSQUEDA PÁG. 5

La Cancillería inicia un sumario a Bocalandro por supuesta responsabilidad en el caso de Tróccoli.

La Cancillería iniciará un sumario al ministro de la Embajada de Uruguay en Italia, Tabaré Bocalandro, a quien una investigación interna le atribuye responsabilidad en la cadena de errores que terminó con la presentación fuera de plazo de un pedido de extradición del marino retirado Jorge Tróccoli, informaron a Búsqueda fuentes oficiales.

En un estudio que realizó personal de la Cancillería y que fue entregado el martes 8 al canciller Gonzalo Fernández, se afirma que Bocalandro tiene responsabilidad en los errores por los cuales el 12 de junio fue cesado el ex embajador Carlos Abín (Búsqueda Nº 1.461). El Poder Ejecutivo afirmó que el atraso de la Embajada fue "injustificado".

En el informe del personal de la Cancillería se recomienda el inicio de un sumario a Bocalandro, cosa que las autoridades de esa Secretaría de Estado harán, según las fuentes. El caso comenzó cuando se divulgó que la Embajada en Roma entregó fuera de plazo ante la Justicia de Italia un pedido de extradición de Tróccoli, a quien la Justicia de Uruguay requiere para interrogarlo en una causa por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

 

BÚSQUEDA PÁG. 14

Dirigentes tupamaros declaran en dos causas penales luego de la feria.

Dirigentes históricos del Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros (MLN-T) deberán concurrir a juzgados penales para declarar en dos causas diferentes en las cuales son protagonistas, luego de que culmine el actual período de "feria" judicial, el martes 15.

En una de ellas, el Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay (CEDDHHU) los acusa como presuntos responsables del asesinato del ex guerrillero Roque Arteche, y en la otra el denunciante es el diputado Daniel García Pintos (Partido Colorado), quien los acusa de "rebelión calificada" en la batalla campal que sucedió el 24 de agosto de 1994 en torno al Hospital Filtro, sobre la base de relatos publicados en el libro "Cero a la izquierda; una biografía de Jorge Zabalza" del periodista Federico Leicht.

En ambos casos los representantes del Ministerio Público actuantes entendieron que había mérito para citar a los ex guerrilleros a declarar en calidad de testigos, e hicieron lugar a la prueba presentada por los denunciantes. La denuncia por el presunto asesinato de Arteche fue presentada ante el juez Luis Charles, quien exigió a los denunciantes que certificaran los estatutos de la Organización No Gubernamental (ONG) por escribano público para recibir la denuncia. Ese hecho fue interpretado por el abogado del CEDDHHU, Daniel Arocha, como una maniobra dilatoria por parte de Charles, por lo cual lo denunció ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Finalmente, cumplida la formalidad de la certificación, Charles aceptó la denuncia y dio "vista" al fiscal Eduardo Fernández Dovat, quien recomendó la citación de los ex guerrilleros para declarar. Por esa causa, serán citados después de la "feria" judicial los senadores José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro, el director de Cultura de la Intendencia de Montevideo Mauricio Rosencoff, el científico Henry Engler, el dirigente Julio Marenales y el ex tupamaro Jorge Zabalza, entre otros ex guerrilleros. Mujica y Fernández Huidobro cuentan con inmunidad por ser parlamentarios. En declaraciones a la prensa, ambos legisladores aseguraron que en el momento en que falleció Arteche estaban presos por la dictadura, aunque manifestaron que no tienen inconvenientes en comparecer ante la Justicia.

A comienzos de la década de 1970 Arteche se encontraba preso en el Penal de Libertad por el delito de hurto; mientras cumplía su reclusión fue reclutado por los tupamaros. Luego fue presuntamente ejecutado por esa organización en virtud de un robo de armas y dinero, aunque su cadáver nunca fue encontrado.

Diversas fuentes. En la denuncia de García Pintos, la fiscal Olga Carballo también hizo lugar a la prueba y solicitó al juez Daniel Tapié la declaración de la máxima dirigencia del MLN-T por los hechos violentos en torno al Hospital Filtro en agosto de 1994, durante el operativo por el cual fueron finalmente extraditados ciudadanos vascos acusados de integrar el grupo terrorista ETA hacia España. En el libro se describe, sobre la base de testimonios y fuentes que consultó Leicht, que los tupamaros tenían próximo al Filtro un ómnibus cargado con "miguelitos" y bombas "molotov" prontos para ser usados contra la Policía.

En esa oportunidad, dirigentes tupamaros y de otros sectores de la izquierda resistieron la extradición y mantuvieron un enfrentamiento con la Policía, durante el cual murió uno de los manifestantes. En una carta que remitió a varios medios de comunicación, el autor del libro se hace responsable por su contenido. Leicht recuerda que "todas las expresiones vertidas" en el libro le pertenecen a él, salvo "aquellas específicamente

indicadas con pie de página y entrecomilladas".

"Por lo tanto es un error adjudicarle a Jorge Zabalza, o a cualquier otro de los mencionados, el contenido de ese capítulo, resultado del proceso de información de diversas fuentes", remarca el periodista.

 

PERIÓDICO NACIÓN PÁG. 14

FUE UN 18 DE MAYO Crónica de una infamia.

El ametrallamiento de los cua tros Soldados dentro de un Jeep el 18 de Mayo de 1972 por parte de la guerrilla sediciosa marxista, significó un vuelco en el “pensamiento militar” de la época. La muerte de los soldados Jesús Ramón Ferreira Escobar, Gaudencio Núñez Santiago, Osiris Núñez y Saúl Correa Díaz, modificó radicalmente el pensamiento y el sentir del personal superior y muy especialmente del personal subalterno del Ejército.

Si bien es cierto que desde setiembre de 1971, acorde con la misión recibida por el Decreto Nº 566/ 971, el Ejército estaba adecuando la instrucción de las tropas al nuevo tipo de guerra (La guerra revolucionaria) y a los nuevos escenarios (la guerrilla urbana), y a pesar de que regía el “Estado de Guerra Interno” desde hacía un mes, (desde el 14 de Abril de 1972), justo es decir que el “Ejército Civilista” fruto de la “Pax Batllista” que comenzara en 1904, aún tenía sus cultores y su pensamiento no había sido sustituido totalmente en las huestes del Ejército Nacional a pesar del esfuerzo que realizaban los militares con “espíritu militar”, que avizoraban el futuro siniestro que esperaba a la patria oriental.

La muerte de los “cuatro soldados” fue un golpe directo que sicológicamente impactó en todo el personal militar, percibiendo en carne propia que la situación de guerra no era una declaración meramente formal de los poderes constituidos, sino que era una realidad y que había que afrontarla como correspondía. El efecto causado por canalla terrorista fue exactamente al revés de lo planificado por ellos, resurgió el viejo “soldado oriental”, se enardeció el valor, la abnegación y el espíritu militar del combatiente.

La “Pax Batllista “había aletargado el tradicional espíritu guerrero y levantisco de los orientales y el pensamiento militar y político estaba enfocado en una lejana guerra clásica o convencional con “hipótesis de guerra” que afrontaban un posible ataque o invasión por ejércitos extranjeros, mientras la nueva e insidiosa guerra (sicopolítica, revolucionaria o subversiva) no surgía naturalmente en el pensamiento de los mandos superiores (presidente y M.D.N.), ni en los mandos militares de la época (generales), salvo en el caso de aquellos generales de triste recuerdo que militaban en filas enemigas (Seregni y Licandro).

Los “militares con espíritu militar” multiplicaron su accionar de acuerdo con las nuevas exigencias, dividiéndose en dos frentes de acuerdo con sus jerarquías. En el frente político y estratégico por un lado y el frente táctico que combate a la guerrilla urbana y rural, a la vez que abastece de información al escalón estratégico.

El convencimiento en todos los escalones de que había llegado el momento supremo de luchar por la patria y la democracia trajo como consecuencia la primordial obligación: ganar la guerra.

Para lograr tal propósito se hacía necesario conocer esta guerra, captar su naturaleza y sus exigencias y luego, a través del respeto de esa realidad, perseguir inexorablemente la victoria.

El escalón táctico ganó en su nivel y mantuvo, mientras pudo, la presión sobre el enemigo marxista durante muchos años, desenmascarando terroristas e informando al escalón superior (Estratégico y Político) sobre las actividades de la antipatria; pero una vez que desapareció o amainó la faz terrorista guerrillera, no faltaron los desaprensivos que sostenían que ya se estaba en paz: en ese momento comenzaba a erosionarse y a fallar el escalón Estratégico y a desmoronarse el escalón Político.

Dentro de aquel escalón Táctico estaba todo el Personal Subalterno, cuyos miembros jamás olvidaron quienes eran y quienes son sus enemigos; de la inmolación de los cuatro camaradas sacaron la enseñanza que un “descuido en la vigilancia”podía ser funesto para su supervivencia y para el servicio.

Se debe señalar que el enemigo marxista tampoco los ha olvidado, en un intento de acobardar y amedrentar al Personal Subalterno Retirado y en Actividad, la justicia marxista en estos días, se ha ensañado con un “Soldado Raso”: Ernesto Soca, acusándolo de intervenir en el Plan Cóndor coordinando operaciones junto a Generales y Gobernantes de aquella época, en uno de los desconceptos desde el punto de vista militar que jamás se ha visto e incalificable desde el punto de vista de la justicia por su absoluta falta de ética.

(1) En las palabras pronunciadas en Avda. Italia y Abacú, por el Presidente del Centro de Sub Oficiales del Ejército, Sgto.1º. (R) Álvaro Beloqui, está reflejado el sentir del Personal Subalterno del Ejército en actividad y retiro. (Ver recuadro) El 18 de Mayo de 1972 se solidificó el “Espíritu de Cuerpo del Personal de Tropa del Ejército Nacional”, ahora los tienen que topar de frente porque nunca los toman desprevenidos, las cosas son muy distintas y también muy diferente.

(1).- El Plan Cóndor no existió, es un invento de los “Montoneros” al cual se adhirieron todos los terroristas sudamericanos, lo que si había era un intercambio de “información” al más alto nivel, dado el alcance regional, continental y mundial que había logrado la “Subversión Marxista”. ??

Marcial Duarte Fleitas




24.05.2008 16:06 / RECORTES DE PRENSA

Caso Tróccoli: instructor sometió a careo a embajador y a segundo

La semana entrante se conocerá el resultado de la investigación administrativa que la Cancillería viene realizando acerca del rol del embajador uruguayo en Italia, Carlos Abín, y sobre la situación generada en la tramitación de la extradición del represor Jorge Tróccoli.

 

La noticia la dio a conocer esta semana el ministro de Exteriores Gonzalo Fernández ante la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, cuando compareció para informar sobre el caso.

Fernández detalló además que entre el jueves y el viernes pasado, el embajador Abín y el segundo de la sede diplomática uruguaya en Italia, Tabaré Bocalandro fueron sometidos a un careo "porque en la investigación desarrollada allá han surgido contradicciones" con lo manifestado por Abín cuando estuvo en Montevideo dijo el canciller, según la versión taquigráfica.

Tal como se adelantara a comienzos de esta semana por este diario, Fernández contó que "en la reunión privada que mantuve con el señor embajador (Carlos Abín), éste me admitió que no se hallaba en Italia (cuando allí arribó el pedido de extradición). Se dispuso una investigación administrativa y, aprovechando la estadía del señor embajador en Montevideo, fue interrogado por espacio de siete horas. Culminado ese interrogatorio ­relató Fernández­ el instructor sumariante viajó a Italia a investigar al resto del personal diplomático de la Embajada. Entre la documentación que hemos recibido hay también una copia de un correo electrónico d

Intensa actividad en Italia. Investigador del caso cotejó testimonios de Abín (foto, a la izquierda) y Bocalandro, el segundo a cargo.
Intensa actividad en Italia. Investigador del caso cotejó testimonios de Abín (foto, a la izquierda) y Bocalandro, el segundo a cargo.

onde un funcionario de la Embajada -de rango, por cierto- dice: 'Se recibió el expediente de Tróccoli; se guarda en la caja fuerte'".

Intimación

Por otro lado, el juez de lo Contencioso Administrativo de 3er. Turno, Pablo Eguren, resolvió "intimar" al Ministerio de Relaciones Exteriores para que brinde a la Sede toda la información referida a la excarcelación en Italia del capitán de navío (r) Jorge Tróccoli, por la demora en la presentación del pedido de extradición en su contra.

El magistrado pretende conocer así todos los documentos que posee la Cancillería relacionados al trámite que se le asignó en esa dependencia al pedido de extradición contra Tróccoli, cuya entrega fuera de plazo permitió su excarcelación "sin custodia", indicó el abogado Gustavo Salle a LA REPUBLICA.

La denuncia recayó en el Juzgado Penal de 20º Turno, de Aída Vera Barreto.

La entrega fuera de plazo del pedido de extradición contra Tróccoli generó revuelo en el ámbito político y social, donde diversas voces se alzaron solicitando la "renuncia" o "destitución" del embajador Abín, sindicado como "principal responsable" de la demora.

El pedido de extradición llegó a Italia el 18 de marzo y fue presentado, según indica la sentencia de la Corte de Apelaciones de Salerno, el 31 de ese mes, cuando el plazo vencía el 23 de marzo.

Abín dice tener pruebas que presentó el pedido el 27 de marzo, otra de las fechas consideradas "válidas" de acuerdo a la normativa. La Cancillería anunció que apelará la excarcelación.




19.05.2008 10:54 / RECORTES DE PRENSA

BRECHA PÁG. 2

Al conocer por la prensa el contenido del fallo de la Corte de Salerno, el embajador Carlos Abin –cuyo cargo está en la cuerda floja– hace valer un documento que puede resultar clave en el proceso de extradición del marino Jorge Tróccoli.

Walter Pernas.

“Ministero Affari Esteri, Arrivo, 27 de marzo de 2008, Accettazione corrispondenza.”

Así se lee el sello que la cancillería italiana estampó en la nota verbal presentada por la embajada de Uruguay en Italia en el momento de la entrega del pedido de extradición contra el represor Jorge Tróccoli –según el documento al que accedió Brecha–, y que abre la puerta para que el Estado uruguayo alegue ante la Corte de Salerno que la solicitud se presentó dentro del plazo de tres meses previsto en el tratado de extradición entre ambas naciones.

Esto no quiere decir que la justicia italiana deba acoger sin más trámite la apelación uruguaya, y vuelva a detener al ex jefe de Inteligencia del Fusna, porque para ello debe aceptar una interpretación del tratado al menos alternativa. Pero permite alentar una esperanza concreta, basada en pruebas documentales, de que el proceso contra el violador de los derechos humanos siga su curso.

Este dato tampoco exime de responsabilidad al embajador en Italia, Carlos Abin, que no logró presentar el exhorto durante los días 19, 20 y 21 de marzo, fechas en las que el pedido hubiera sido recibido sin mayores complicaciones, y habría determinado en principio que Tróccoli permaneciera arrestado. Y no cambia la situación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que pagó 22 mil dólares por una traducción del expediente al italiano que demoró un mes y se terminó a las apuradas el 13 de marzo, cuando se cumplían dos meses y 20 días de la detención del marino. Pero deja al Estado uruguayo en un escenario un poco menos adverso para “pelear” jurídicamente en la etapa de apelación.

RESQUICIO. El acuerdo de extradición firmado en 1879 entre Uruguay e Italia señala que“si en el espacio de tres meses desde el momento en que se ha verificado el arresto provisorio” el Estado requirente no presenta el pedido de extradición, el individuo detenido “será dejado en libertad y no podrá volver a ser detenido por el mismo motivo”.

En la resolución que decretó la libertad de Tróccoli, la Corte de Apelaciones de Salerno sostuvo que el arresto provisorio se produjo el 23 de diciembre de 2007, “por lo que la documentación para la extradición debía presentarse hasta el 23 de marzo de 2008”, pero que ésta “fue entregada recién el 31 de marzo”, según el fallo que difundió Brecha la semana pasada.

Sin embargo, el fallo de la Corte de Salerno deja en evidencia que el texto del acuerdo bilateral puede dar lugar a una interpretación distinta, al entenderse que la fecha en que se ha “verificado el arresto” es la del 27 de diciembre, cuando se cumplió con la formalidad legal italiana denominada “convalidación” de la detención. Así, el organismo judicial italiano señala que aun cuando el texto del acuerdo de extradición se interpretara de otra manera, “no se podría llegar a una conclusión distinta”, ni siquiera tomando como fecha “del arresto provisorio la de la convalidación, o sea el 27 de diciembre (de 2007), porque en este caso los tres meses vendrían a vencer el 27 de marzo de 2008, en tanto el pedido fue presentado recién el 31 de marzo de 2008”.

La Corte de Salerno ignora que el pedido de extradición se presentó efectivamente el 27 de marzo en la mesa de entrada del edifico central de la cancillería italiana –donde se selló la aceptación de correspondencia–, y que el trámite interno en el ministerio italiano demoró cuatro días hasta que fue registrado, el 31 de marzo, por la Dirección General para los Italianos en el Exterior y las Políticas Migratorias (dgiepm).

En efecto, la nota verbal de la diplomacia uruguaya considerada por la Corte de Salerno –a la que accedió Brecha– sólo tiene el sello de la dgiepm (31 de marzo) y no el de la aceptación de correspondencia (27 de marzo).

No obstante, el embajador Abin presentó ante la cancillería uruguaya el documento original que acredita su presentación el 27 y no el 31 de marzo. Abin volverá a Italia para entrevistarse con la jefa de la dgiepm, Carla Zuppetti, y el de la Dirección General para los Países de América, Giovan Battista Verderame. Ante ellos exibirá el documento, que además será presentado ante la justicia italiana en el momento de efectuar la apelación contra la liberación de Tróccoli, dijeron a Brecha fuentes de la cancillería.

El Estado uruguayo contratará para el caso un bufete italiano de abogados expertos en casos de extradición, que tratará de hacer valer esta prueba.

Pero, ¿por qué no figuraba el sello de presentado el 27 de marzo en la documentación que consideró la Corte? Ante la pregunta de Brecha, algunas fuentes de la cancillería ensayaron una explicación: “En este tipo de trámite se presentan dos copias de la nota verbal. Una se queda con el expediente en la cancillería italiana, y otra sirve de comprobante para quien entrega el exhorto. Es probable que el 27 de marzo los funcionarios de la cancillería italiana hayan sellado la copia del comprobante, y no la que quedó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, que sí sería sellada el 31 de marzo cuando lo recibió la dgiepm”, dijo uno de los diplomáticos.

CONSULTA JURÍDICA. Al cierre de esta edición, la Embajada de Uruguay en Italia no había recibido la notificación de la resolución de la Corte de Salerno adoptada el 24 de abril. De hecho, las autoridades de la cancillería involucradas en este asunto se enteraron del contenido detallado del fallo a partir de su publicación en la edición anterior de Brecha. Así surgió la idea de apelar la resolución haciendo hincapié en que el pedido de extradición fue presentado el 27 de marzo, dentro del plazo de tres meses desde la convalidación del arresto de Tróccoli.

Además, la cancillería solicitó una consulta técnica al director de la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional del Uruguay, Eduardo Tellechea, a efectos de saber qué posibilidades existen de continuar con el proceso de extradición. El catedrático de la Universidad de la República respondió que Tróccoli podría ser nuevamente detenido una vez presentado el pedido formal de extradición en Italia, dijeron a Brecha fuentes del Poder Ejecutivo.

Tellechea argumentó que a la luz de la cooperación jurídica internacional moderna, los estados han delimitado los alcances del cese del arresto preventivo cuando la parte requirente no presenta el pedido de extradición en el plazo fijado en el acuerdo bilateral: “La puesta en libertad no puede ser obstáculo para una nueva detención ni tampoco para la extradición si la solictud de ésta se presenta ulteriormente”, señala el acuerdo firmado en 1996 con España, que interpreta justamente el alcance del texto que regía desde el siglo xix. Tellechea entiende que esa interpretación puede ser trasladable al caso italiano y, por tanto, la justicia italiana podría volver a detener a Tróccoli, o bien mientras se sustancia el proceso de extradición o para enviarlo a Uruguay, si es que así lo decide al decretar sentencia sobre el fondo del asunto.

Los argumentos expuestos por Tellechea serán usados en el momento de la apelación, dijeron a Brecha las fuentes del Ejecutivo.

Una vez que se notifique oficialmente el fallo de la Corte de Salerno, el Estado uruguayo debe anunciar que apelará, y tiene dos semanas para fundar el recurso ante la justicia italiana, según fuentes de la cancillería.

UN EMBAJADOR EN LA CUERDA FLOJA. A raíz de la cadena de insucesos en torno a la extradición de Tróccoli, varias fuentes de izquierda –incluso del elenco ministerial– consultadas por Brecha coincidieron en afirmar que la permanencia de Abin al frente de la embajada está “sumamente comprometida”: esto quiere decir, en buen romance, que el embajador sería destituido o, de manera más elegante, aceptada su renuncia.

Además de la investigación administrativa en la cancillería, el Tribunal Arbitral de la Vertiente Artiguista también lo juzgará, y las perspectivas para Abin no son auspiciosas, según fuentes de ese sector frenteamplista.

A la ya problemática situación del diplomático se agregó esta semana una denuncia del diputado colorado Washington Abdala. El legislador reveló que Abin pasó la Semana Santa en Barcelona, mientras en Roma llegaba el pedido de extradición contra Tróccoli. Abin no había pedido permiso a la cancillería para viajar. Fuentes diplomáticas dijeron a Brecha que, de acuerdo a sus explicaciones, Abin no pidió permiso porque “el viaje fue decidido a último momento, y salió de apuro el lunes 17 de marzo, cuando en la cancillería uruguaya no había nadie a quien solicitar autorización”. El embajador alegó ante las autoridades que viajó por razones de una “enfermedad grave que padece desde hace cuatro años”, y para “entrevistar a tres personas, ex integrantes de los gau”, a efectos de “buscar datos útiles o nuevas pistas para el expediente de Plan Cóndor” en el que se investiga la desaparición de seis ciudadanos ítalouruguayos.

Abin recordó ante las autoridades que, además de su trabajo en Italia, él es embajador no residente en Albania, Argelia, Túnez, Malta y San Marino, y que por ello está acostumbrado a atender la embajada desde cualquier parte en que se encuentre, “vía mail, chat o celular”, recordaron las fuentes. Para este caso concreto el diplomático apuntó que “resultaba del todo indiferente que estuviera o no en Roma físicamente”, puesto que el trámite para presentar el pedido de extradición “podía llevarlo a cabo cualquier funcionario”.

No obstante, los informantes indicaron que Abin “insistió siempre en que lo que hizo se hizo bajo su dirección y en mérito a sus decisiones e instrucciones”. El embajador argumentó que el expediente no se presentó antes del 23 porque desde la cancillería italiana se les había señalado que podía presentarse en tres lugares: la mesa de entrada de la cancillería; la Dirección General para los Países de América; o la dgiepm. Eso le “generó dudas”, y prefirió presentarlo una vez que él volviera a la embajada.

De todos modos, si algún funcionario o el propio embajador hubiera ingresado a la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia (www. esteri.it), y pinchado el botón de la dgiepm, se habría informado de algunas de las tareas de las que se encarga esa oficina: “Cooperazione giudiziaria internazionale civile e penale; estradizioni; trasferimento dei detenuti; rogatorie civili e penali; comunicazione di arresti; notifiche civili, penali ed amministrative”.

De casa.

El lunes 5 se eligió la nueva dirección del semanario por parte de los integrantes de la Asamblea Institucional de Brecha. Fueron votados Gabriel Papa como director y Roberto López Belloso como jefe de redacción.

 




19.05.2008 10:50 / RECORTES DE PRENSA

EL POPULAR

El Estado uruguayo debe buscar las formas jurídicas que permitan terminar con la injusticia de la libertad de Jorge Tróccoli, porque es el responsable de decenas de desapariciones.

Por Lille Caruso.

En nuestro país la lucha contra la impunidad se da permanentemente. En este momento recogiendo firmas, denunciando los hechos acaecidos durante el periodo del fascismo. Sin embargo, algo extraño sucede justamente cuando pensábamos que íbamos a extraditar al responsable de la Inteligencia de la Marina, Jorge Néstor Tróccoli Fernández, individuo que debería estar preso junto con su cómplice Larcebeau, procesado en diciembre. Sobran pruebas de su conocimiento del destino final de los compañeros detenidos y trasladados desde Buenos Aires en 1977 y 1978. Pues este señor, que había salido del país eludiendo sus responsabilidades, por desidia del embajador uruguayo en Italia, fue liberado. Los detenidos y trasladados eran compañeros del GAU, MLN y PCR. Habiendo sido el jefe de Inteligencia de Fusileros Navales a fines de los 70, fue más conocido porque en el año 1996

escribió el libro "La ira de Leviatán " en el que relata algunas confesiones muy lavadas. En 2005 se pudo comprobar el papel de Tróccoli en la desaparición de los detenidos en la Marina; también sus vínculos con la Marina argentina, su presencia en la terrible Esma. Todo lo cual lo implica profunda y rotundamente.

¿Cuáles fueron realmente los hechos?

El 23 de diciembre de 2007 fue detenido Jorge Tróccoli en Salerno, Italia, donde se había refugiado eludiendo sus responsabilidades. El 27 del mismo mes se cumple la convalidación formal de su detención preventiva en ese país. Recién el 1º de febrero, por la feria judicial mayor, comienza el año ordinario de los tribunales uruguayos.

El día 13 de febrero el Juez Charles envía a la Suprema Corte de Justicia el pedido de extradición que tiene más de 600 fojas. Hay que traducirla y ahí se presentan algunos problemas. Pero el 13 de marzo se envía a Cancillería, que inmediatamente cursa aerograma a la embajada de Italia anunciando el envío de actuaciones judiciales a "los efectos de su urgente diligenciamiento". El 14, Cancillería, vía valija diplomática especial en correo HDL envía efectivamente el exhorto reiterando a la embajada el aviso. El 18 de marzo, la embajada acusa recibo de la valija y los mensajes. El 23 se cumplen 3 meses de la detención de Tróccoli. El 31 la embajada presenta el pedido de extradición cuando ya previamente el 24 de abril la Suprema Corte de Apelaciones de Salerno había decretado la libertad de Tróccoli en aplicación al artículo 7 del acuerdo de extradición entre nuestro país e Italia.

Un viaje inoportuno.

Hay que saber que este tratado de extradición fue firmado en el año 1879 y los 3 meses son producto de las comunicaciones de aquellos tiempos. Hoy ese tiempo es inadmisible; más aún que la propia Cancillería desconociera que Abín había viajado a Barcelona como lo demostró el forista Abdala mostrando a la prensa el número de pasaje y compañía del viaje de Abín. ¿No estaba al tanto de la importancia de la extradición de Tróccoli y las dificultades que habría si no se respetaban los plazos de acuerdo con la ley italiana ? ¿Qué valoración primó para que viajara justo en este momento? Cuesta creer en su declarado desconocimiento pues hubo reiteradas notificaciones desde cancillería pidiendo "urgente diligenciamiento". Además, era de justicia para sus antiguos camaradas de lucha. Los familiares de las víctimas, que luchan día a día por el esclarecimiento van a seguir reclamando la verdad de los hechos. El pueblo uruguayo, que no olvida, también va a seguir reclamando.

Rechazamos enfáticamente las expresiones del senador Mujica cuando dice con mucho desdén "el abogadito anda ladrando por ahí y quiere hacer responsable a la SCJ y no reconoce que las cosas se hicieron en tiempo y forma, intentando distraer la atención de la verdad de lo sucedido". Tampoco vamos a admitir que se desconozca, para ocultar otras vergonzosas realidades, el trabajo del Dr. López Goldaracena, luchador incansable en los temas de derechos humanos. El Estado uruguayo debe buscar las formas jurídicas que permitan terminar con esta injusticia pues no puede quedar en el recuerdo de generaciones futuras que el responsable de decenas de desaparecidos vive libre porque el Estado uruguayo fue negligente en el cumplimiento de los plazos. Obviamente el Sr. Abín debe renunciar y no puede ni debe tener el apoyo del Sr. Presidente de la República, pues es una ofensa a la memoria de nuestros mártires.

 




19.05.2008 10:40 / RECORTES DE PRENSA

EL ESPECTADOR

Integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunieron este jueves con el prosecretario de Presidencia, Jorge Vázquez.

Los integrantes de la asociación le confirmaron a Vázquez que presentarán testimonios de nuevos testigos sobre los traslados clandestinos, aéreos y marítimos, desde Argentina a Uruguay en 1978, causa por la que procesaron al ex dictador Gregorio Álvarez.

Los familiares plantearon una serie de reclamos en materia de políticas que pretenden que adopte el gobierno en materia de investigaciones sobre desaparecidos.

La asociación reclama un mayor acceso a los archivos de la dictadura en poder del Ministerio de Defensa; que se retomen las excavaciones; apoyo del Poder Ejecutiva a las causas del exterior y mayor seguridad para los testigos que declaran.

El integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Sergio Goicoechea, dijo a Índice 810 que no descartan solicitar una entrevista con el Ministro de Defensa José Bayardi, para tratar el tema de los archivos.

“El planteo que se hizo fue pasar en limpio la situación en que estábamos nosotros, el grupo de los denunciantes de salvados del 78. Se manifestó que estábamos evaluando la presentación de nuevas posibles denuncias de lugares de enterramientos con testimonios que la gente trajo”.




19.05.2008 10:33 / Mis artículos

EL ESPECTADOR

El abogado Oscar López Goldaracena afirmó que está atento a la investigación que Cancillería realiza al embajador en Italia, Carlos Abin, para determinar responsabilidades en el caso Tróccoli.

El abogado patrocinante de familiares de detenidos desaparecidos dijo a Índice 810 que aguardará en silencio los resultados de la investigación administrativa.

Oscar López Goldaracena señaló que es fundamental la información que determinó que el embajador Carlos Abin estaba en Barcelona cuando llegó a Italia el expediente solicitando la extradición de Jorge Tróccoli. La documentación se entregó vencido el plazo y el ex militar quedó en libertad.

Por su parte Carlos Abin, regresará a Roma el próximo domingo, mientras su accionar será analizado por el Tribunal de Conducta Política de la Vertiente Artiguista, del cual formó parte cuando juzgó el accionar de Mario Areán ex secretario privado de Mariano Arana.




19.05.2008 10:25 / Mis artículos

Los generales retirados Pedro Barneix y Walter Díaz Tito comparecieron ante el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, en el marco de la "causa Soba", y declararon que "el ámbito de acción de la OCOA era Montevideo y Canelones", dijo el abogado de los militares procesados, Germán Amondarain.

Los ex jerarcas castrenses dijeron al juez que "en la eventualidad de un 'Segundo Vuelo', no hubo participación del Ejército", y no existieron referencias concretas sobre la "Operación Zanahoria", "como sí la hubo en una anterior comparecencia de Barneix", explicó Amondarain.

El interrogatorio a militares culmina mañana cuando el magistrado y la fiscal Mirtha Guianze concurran al Hospital Militar, sobre las 13:30, para tomar declaración al coronel (r) Ernesto Ramas, internado en el nosocomio castrense por razones de salud.

En otro orden, los familiares demandantes en la causa de los traslados de 1978 se reunieron ayer con el prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez, quien confirmó que el hoy canciller Gonzalo Fernández "continuará como encargado por el Presidente de la República como responsable sobre el tema de los derechos humanos".

Los familiares reclamaron "el acceso a los archivos del Ministerio de Defensa y de otras dependencias para poder rearmar el rompecabezas en torno a los desaparecidos, así como la necesidad de continuar las excavaciones" en busca de restos, dijo el abogado Oscar López Goldaracena. Los familiares solicitaron una reunión con el canciller y no descartan pedir un encuentro con el ministro de Defensa, José Bayardi.

LA REPÚBLICA PÁG. 6


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