acerca de patrimonios varios
algunas reflexiones sobre nuestros "lugares de la memoria"

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30.12.2011 22:18 / MIS ARTICULOS

EL "BOOM" DE LA CONFUSIÓN (*)

Ver en la ciudad un enjambre de grúas y saber que hay trabajo a pleno en el área de la construcción, puede alentar la confianza de un mejor futuro para un escenario degradado durante décadas. Existiendo desde diciembre de 1998 en Montevideo un marco de gestión urbana de lineamientos apropiados, y habiéndose desarrollado desde los primeros años de la década del 80 una experiencia patrimonial de incidencia positiva[i], ¿por qué no suponer que el actual episodio del “boom” de la construcción podía encauzarse en términos razonables y sin peripecias traumáticas, afirmando la pertinencia de aquellos modelos de gestión?

No parece haber hoy una respuesta positiva, cuando la prensa se siente tentada de hablar del “boom de la destrucción”, al tiempo que se multiplican las expresiones de gente “indignada” por la proliferación de demoliciones. Entre ellos, no pocos académicos de nota. Y cabe agregar que esa visión crítica no queda limitada “a lo que se pierde”, sino también a lo que se proyecta construir[ii].

¿Redoblan las campanas por una causa justa? ¿Ayudarán sus repiques -a menudo post mortem- a solucionar los problemas que denuncian? Vayamos por partes. Sería muy triste que frente a una secuencia de situaciones problemáticas -o sencillamente agresivas-, no surgiera una reacción en defensa de valores compartidos tanto por el ciudadano común como por expertos y académicos. Y esto es, felizmente, lo que ha pasado. Casi sin excepción, la primera expresión pública de alarma surgió de los vecinos del lugar afectado y cobró luego una proyección mayor cuando técnicos e instituciones sensibilizados por esas situaciones, aportaron una razón fundada y lograron que sus argumentos tuvieran amplia difusión.

Hasta aquí, todo bien. La contracara de esa “movida” sin duda positiva, es que las demoliciones que se hubiera querido evitar, se concretaron sin excepción (valgan como ejemplos la casona que ocupaba la esquina de Benito Blanco y Jaime Zudáñez, las casas gemelas de Fresnedo en la Av. Luis P. Ponce, la vivienda de Br. España 2232 o la noble edificación de Circunvalación Durango y Washington). Con una acotación importante: en los tres primeros casos, los valores arquitectónicos que dieron fundamento a la sentida defensa de esos lugares, estuvieron siempre  en un estrecho ámbito de especialistas, impidiendo que el conocimiento ampliado de sus cualidades pudiera generar una demanda de potencial protección. Pequeña omisión…

 SITUACIONES COMPLEJAS

Pero supongamos que esa omisión se hubiera salvado y mejor todavía, que se hubiera concretado un nivel formal de protección a través de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación o de la Intendencia de Montevideo. Tal como están hoy las cosas, no hubiéramos avanzado mucho en tren de evitar las demoliciones anunciadas. Y eso por dos motivos: el primero, porque la discrecionalidad con la que a veces actúan los organismos responsables, relativiza la significación de las protecciones formales (tal el caso de la típica edificación de maestros constructores de la plaza Zabala, hoy demolida, antes grado 3); el segundo -y más importante-, porque la Constitución y la Ley habilitan al propietario de un bien bajo protección patrimonial a solicitar su expropiación por parte del Estado. Dado que no suele disponerse de rubros para afrontar estas situaciones -ni se ha incluido este tema en la agenda de los Ministros de Economía-, la consecuencia inexorable es que los listados de protección no suelen crecer (¡para qué agregar problemas!) y que la dolorosa secuencia de permisos de demolición y acciones de protesta seguirá en el futuro, a menos que logremos plantear el problema en términos que nos acerquen a una solución.

HACIA UNA PROPUESTA VIABLE

Exploremos en ese sentido una posibilidad que vaya más allá de la seguramente muy poco efectiva de apelar a la persuasión de los actores principales (difícilmente habrá un argumento más persuasivo que el poder hacer un edificio de doce pisos donde hoy hay sólo dos), o del estudio “caso por caso” de las construcciones anteriores a determinada fecha (un procedimiento en el que la discrecionalidad resolutiva se lleva a un límite riesgoso). He aquí un ejemplo, sintetizado en los pasos que siguen:

a)   coordinando esfuerzos entre Facultad, Intendencia y Comisión del Patrimonio, realizar un relevamiento de las construcciones a las que se atribuye un potencial valor patrimonial, condición hasta entonces no considerada o no formalizada

b)   el listado resultante y las fichas correspondientes se incorporarán al ámbito de gestión de la Comisión en carácter de Lista Indicativa. Allí, en un plazo máximo de seis meses, se confirmará la pretensión original, pasando el bien a integrar el listado oficial de protección, o en su defecto, perderá la posibilidad de esa opción.

c)    cumplida esa instancia, en el caso de haberse denegado un permiso de construcción o demolición, se iniciará el procedimiento de expropiación cuando recibida la solicitud de iniciar ese procedimiento, estén dadas las condiciones para dar una respuesta positiva. De no existir esas condiciones, pero sí la voluntad de que el bien mantenga su perfil patrimonial, la situación se pondrá de manifiesto con adecuada difusión, haciendo saber que el agente público o privado que pueda acceder a la propiedad del bien -mediando una erogación similar al precio de expropiación, cuyo trámite seguirá la vía regular- podrá disponer de seductoras ventajas económicas (rebajas sustanciales -y temporales- de la carga impositiva nacional y departamental; facilidades de integración del monto acordado, etc.).

d)   Si en un plazo razonable -digamos, tres meses-, no hubo embajada u organismo internacional, empresa pública o privada, institución o inversor que haga suya esa propuesta, el bien hasta entonces protegido… dejará de estarlo, porque la sociedad uruguaya no encontró manera de concretar su salvaguarda.

Volvamos al ejemplo de las casas de Fresnedo, que hubiera podido ser un buen banco de prueba para este planteo. Las directrices del Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo y el actual “boom” de la construcción coinciden en impulsar la unificación de alturas en toda la extensión de la avenida Luis P. Ponce, pero tal como ocurre con las casas de Cravotto y Vilamajó en la avenida Sarmiento, la particular significación arquitectónica de la obra de Fresnedo pudo generar una instancia que hiciera posible su mantenimiento, incluso en nuevos contextos de uso. Mediando las debilidades antes expuestas y no existiendo un marco de referencia en sintonía con el propuesto, la Intendencia no pudo ni debió hacer otra cosa que la que hizo, porque las reglas de juego estaban claras. En conclusión, si queremos defender el rico patrimonio de la ciudad y a la vez preservar el Estado de Derecho en todas las escalas de gestión, deberíamos atenernos a la normativa acordada… o intentar cambiarla. La ley de Patrimonio, justamente, está esperando una reformulación que permita una mejor resolución de estas cuestiones. He aquí un buen motivo para “indignarse” por la demora en su concreción.

(*) Artículo publicado en El País digital / Revista ARTE y MUVA / edición de fecha 23.12.2011

 Notas:


[i] Gestión que nació a impulso de las acciones del Grupo de Estudios Urbanos y de la Sociedad de Arquitectos, siendo ésta quien promovió el primer relevamiento sistemático de la Ciudad Vieja y la creación de la Comisión Especial del área

 [ii] Valga al respecto la posición del Consejo de la Facultad de Arquitectura-UdelaR, referida a la torre proyectada en terreno con frentes sobre Br. Artigas y Av. Luis P. Ponce, según Resolución de fecha 12 de octubre de 2011, en respuesta a lo solicitado por un grupo de vecinos.

IMAGEN DE PORTADA (blog):   vivienda y clínica médica proyectada por el arquitecto Ildefonso Aroztegui para el Dr. Omar Terra (1949), hoy sede de ARPEL. Ejemplo típico de las obras que están necesitando una protección formal efectiva. En estos casos, la piqueta puede llegar antes que cualquier reformulación de la ley -tema que va para largo-, por lo que se impone transitar un camino de urgencia, incorporando por Decreto un capítulo que habilite la puesta en práctica de una solución concreta -la arriba planteada u otra-, que termine con la estéril secuencia demolición-protesta (secuencia que deberíamos intentar invertir, orientando la protesta hacia un cambio del marco legal e institucional de las políticas de protección patrimonial).



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