acerca de patrimonios varios
algunas reflexiones sobre nuestros "lugares de la memoria"

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28.03.2009 15:27 / MIS ARTICULOS

SOBRE DEMOLICIONES POLÉMICAS: BENITO BLANCO Y JAIME ZUDÁÑEZ

OPINION SOBRE LA CASONA DE BENITO BLANCO Y JAIME ZUDÁÑEZ

 

He leído atentamente la nota del arquitecto Julio Villar Marcos de fecha 25 del corriente (*), sumándome con estas líneas a la reflexión por él abierta. Es de esperar que nuevos aportes hagan posible un mejor avance en el análisis de la cuestión planteada, y que ello sirva para que la resolución que finalmente adopte la autoridad competente, se acerque a un máximo posible de sensatez y a un razonable equilibrio entre tensiones difícilmente conciliables.

 

Esa reflexión está centrada en un problema puntual que exige pronta respuesta: el autorizar -o no- la demolición de la casona que ocupa la esquina noroeste del cruce de Benito Blanco y Jaime Zudáñez, atento al proyecto de construcción en ese padrón, de una edificación ajustada en su volumetría a la ordenanza de edificación del área. Dicha casona tiene una indudable significación testimonial y rememorativa y enfrentados a su pérdida, se generan resistencias por parte de vecinos y ciudadanos sensibles por los valores de la ciudad. Y es bueno que sucedan esas cosas. Pero no existe la posibilidad de dar una respuesta fundamentada y sustentable, fuera del contexto institucional y legal que nos hemos dado para atender situaciones de este tipo. Con lo cual la reflexión propuesta deberá extenderse -como bien lo propone Villar- al análisis de ese contexto y de sus instrumentos operativos, para ver en qué medida son adecuados a su objeto. Y en caso de que lleguemos a un balance de signo negativo, detectando más debilidades que fortalezas -cosa segura-, deberemos poner en agenda, como tema prioritario, su revisión crítica.

 

¿Podremos atender al mismo tiempo los dos aspectos de la cuestión? Sería lo deseable, pero es poco probable que pueda concretarse. Si el bien formara parte del listado de protección de la Comisión Nacional del Patrimonio, la atención de los órganos competentes debería estar centrada en la disposición de un plan de gestión -privada y/o pública- para asegurar su inserción en nuevos contextos de uso, pero nadie estaría discutiendo sobre su demolición (sería un caso muy excepcional que así ocurriera). Aquí sí se discute por el hecho de que esa protección no existe y que tampoco existe a nivel municipal una protección de rango y peso legal suficiente como para evitar que rija en el predio la normativa general del área (en el supuesto de que sea eso lo que se estime adecuado). Si no hay un marco legal que haga posible una respuesta sin más vueltas, entramos en una zona de grises donde toda decisión será problemática y discutible.

 

Para que esto no ocurriera, deberíamos tener una formulación explícita y una articulación adecuada de distintos niveles de planificación ordenadora, atendiendo en particular a las cuestiones patrimoniales que nos preocupan. Se ha abordado un nivel general -el Plan Montevideo, ya institucionalizado y operante-; un nivel sectorial -análisis y propuesta sobre la faja costera, aún sin decisión formal-; un nivel local -operativo en la órbita de la Comisión Especial de Pocitos y Punta Carretas-; y un nivel de plan de detalle, generalmente postergado, que debería atender la situación de tramos y puntos de particular interés, abriendo alternativas de intervención que precedan las acciones generadas por la lógica del mercado inmobiliario (que a veces se confunde con la “especulación”, término que merecería una aplicación menos generalizada, a menos que se entienda que toda operación del capital es siempre “especulativa”...).

 

¿Cómo se procedería si esos niveles se coordinaran adecuadamente y tuvieran un sólido respaldo institucional y legal? No se acabaría los problemas, pero podrían atenuarse sus efectos más negativos. Sigamos con la casona de Jaime Zudáñez y Benito Blanco y supongamos que existe un plan de detalle que atribuye a esa esquina una singularidad testimonial y un valor enriquecedor del paisaje existente en el área (una nota de interés cerrando una perspectiva de arquitecturas banales). Seguirá a ello una expresa definición de la necesidad de la preservación de los valores que se le atribuyen, con las precisiones que al efecto corresponda como guía para futuras intervenciones de rehabilitación, etc. La actual ley de Patrimonio admite el reclamo de expropiación por parte del propietario del bien -factor objetivamente limitante de su aplicación, como ha ocurrido en el caso, hoy muy notorio de Solana del Mar. Una definición limitada al ámbito municipal, generará siempre la potencialidad de un gasto, aunque podrían ponerse en práctica dos sistemas alternativos, al amparo de la ley de Acondicionamiento Territorial (una vez reglamentada), a saber:

 

a) la constitución de un fideicomiso que con suficiente autonomía de gestión -como la tuvo en su tiempo la muy exitosa Comisión de la Rambla Sur-, pueda asumir la prioridad de compra en los casos formalmente definidos como de interés municipal prioritario, estando también en su órbita los pasos siguientes, tendientes a la rehabilitación del bien y su reinserción funcional en órbita pública o privada, con rescate del monto invertido.

b) La puesta en práctica de un sistema similar al aplicado por los ingleses para la resolución de permisos de salida del país de las obras de arte que tienen valor patrimonial, pero no el suficiente como para justificar una erogación por parte del Estado a efectos de retenerlo. En esos casos, el bien que se propone expatriar -aquí demoler-, se “pone de manifiesto” durante un cierto tiempo (digamos seis meses), de modo de alentar a quienes puedan hacer propuestas de compra, y que de concretarlas, se verían beneficiados con exoneraciones tributarias, etc. El bien se quedaría en el país (y en el caso que nos ocupa, no se demolería) . Pero si eso no ocurre, la expatriación -o la demolición- tendría una especie de aval por imposibilidad colectiva de asumir los costos del salvataje.

 

Por fin, dejo constancia de una diferencia de grado con el planteo de Villar. Hago acuerdo en cuanto a la prioridad de protección de “áreas caracterizadas” (salvando la cierta opacidad de esa expresión exitosa entre los arquitectos), pero no creo conveniente generalizar. Pongo como ejemplos las casas de Cravotto y Vilamajó con relación a la altura uniforme que se consolida en la calle Sarmiento, o la casa de Williman y la escuela Brasil, en la avenida de igual nombre. La casa de Cravotto y los padrones contiguos, y no en menor grado la escuela Brasil, dan a su vez un buen ejemplo de lograda articulación con las edificaciones contiguas. ¿No podría pasar lo mismo con la casa esquina de Bello y Reborati en Benito Blanco y Scosería?. Luego, conviene disponer de un plan de detalle, para poder asignar valor a cada cosa y tomar entonces decisiones sustentables sobre la conveniencia o inconveniencia de su permanencia (ver el caso muy próximo a nuestro ejemplo de la capilla de San José, en Roque Graseras 770).

 

Concluyo. A mi criterio, el conjunto, el tramo o la obra puntual a la que atribuimos una especial significación patrimonial -o que, más modestamente, califican como “patrimoniables”-, merecen un estudio detallado que dé razón fundada para resolver sobre su futuro. Ese estudio y su expresa formalización y respaldo a nivel institucional y legal, son elementos necesarios, pero pueden no ser suficientes, porque puede no estar definida la sustentabilidad económica-financiera del operativo de rescate y rehabilitación. Y ese déficit puede hacerse aún más gravoso para las arcas públicas cuando la intervenciones de protección -más allá de sus buenas intenciones- entran en colisión con la normativa vigente y consecuentemente, con los derechos de los inversores (recordar a Collado...).

 

A todas estas tensiones habrá que atender para tomar una resolución. Y como no se tienen todos los instrumentos que se deberían tener, la resolución, cualquiera sea, será cuestionada. Aseguremos entonces que esos instrumentos estén disponibles para el futuro inmediato, de modo de no volver a caer en estos caminos de ambigüedad. Y en cuanto a la casona, el corazón del problema que tenemos sobre la mesa, se impone asegurar que la decisión se tome luego de un análisis riguroso de ese contexto problemático. Y si el balance deriva en un sí a la demolición, pues que así sea (**)

 

Montevideo: 31.10.2008

 

(*) La nota en cuestión circuló vía Internet desde esa fecha, siendo luego publicada en el Boletín de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, correspondiente al último trimestre de 2008 (página 36)

(**) Y así fue. Pocos meses después la construcción fue demolida. La Intendencia recogió opiniones fuera de su ámbito, pero "el balance" no tomó estado público, cosa que por cierto no ayuda a entender de que diablos hablamos cuando hablamos de "patrimonio", de cómo asignamos valor y en base a qué criterios protegemos algunas cosas y nos deshacemos de otras. Con la obra de Bello y Reborati de Benito Blanco y Scosería ¿pasará lo mismo?...



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