"Mi opinión es que para trabajar es muy bueno estar informado. Gracias a Betina, ya sabemos lo que es la noticia, el resumen y lo que es un periódico", explica un alumno de la escuela rural Cerro de la Aldea en Tacuarembó.

Con matices estos conceptos se repiten en los 500 niños y niñas de sexto año asistentes a 14 escuelas de diferentes departamentos, ámbitos en que 14 periodistas desarrollaron el programa "Periodismo e Infancia". No menos importante es lo que sintetizaron directoras y maestras de esas escuelas, culminado el trabajo realizado en intervenciones de una hora semanal, durante dos meses, en las que los alumnos interactuaron con los colegas en varios planos:

conocer de cerca los formatos periodísticos: diario, radio, televisión e Internet;

desentrañar qué es eso del "Derecho a la Información" de la infancia;

sentar bases para la formación de sujetos críticos de los contenidos de los medios de comunicación;

desmitificar lo que, fundamentalmente la televisión, ha distorsionado del oficio periodístico en la fantasía infantil;

generar en los periodistas intervinientes un acercamiento al mundo infantil, necesario para una cabal función informativa cuando la noticia provenga de la minoridad;

propiciar un mejor conocimiento desde el magisterio sobre las empresas de comunicación y los periodistas.

"Este proyecto demuestra que existe una gran necesidad de fortalecer la grave falta curricular en la materia", sostuvo la inspectora de zona, Rosario Caamaño, al conocer el trabajo efectuado por el periodista Luis Vega en la Escuela Rural Nro.78 de Queguay, Paysandú.

Graciela Rodríguez, directora de la escuela rural Nro. 18, Cerro de la Aldea, en Tacuarembó, entiende que "la actividad fue muy importante y productiva para nuestro centro educativo". Rodríguez no se conformó con que sus alumnos quedaran sin el módulo de Internet y durante el verano obtuvo una computadora y banda ancha por 12 meses. En marzo de 2006 se comunicó con la periodista Betina Silva para saber si estaba en condiciones de completar el programa y la red de redes llegó a eso niños de Tranqueras de la mejor manera posible.

Elisa Acosta, directora de la Escuela Nro. 342, en Camino Maldonado, fue más allá de los objetivos que se proponía el proyecto y concluyó que "el trabajo motivó y permitió a los alumnos interactuar y profundizar vínculos entre sí que se veían bastante dañados", para agregar que "desde lo institucional valoramos este emprendimiento y esperamos que se multiplique en otras escuelas del país".

En la escuela pública existió hasta 1973 una práctica de "periodico escolar" difundida e impulsada por las maestras. Naturalmente que desde una perspectiva diferente de la que encuadra el proyecto "Periodismo e Infancia", pero no menos valiosa. Luego de la intervención sobreviniente en la Enseñanza a partir del golpe de Estado, ese casi lugar común en todas las escuelas uruguayas desapareció y no se retomó con aquella dedicación.

"Periodismo e Infancia - 2005" fue una labor piloto, inédita en la historia educativa del país, desde que implicó a niños, periodistas y maestras en el abordaje del Derecho a la Información de la infancia y en la formación de personas críticas de los contenidos periodísticos, como paso previo a una mejor iniciación ciudadana, acorde con la inmensa posibilidad que hoy abren las nuevas formas de comunicación y de periodismo, más la revalorización de derechos como el de y a la Información.

En cada aula que se trabajó hubo un producto final, ya fuera un periódico, la realización de un programa radial -que el algún caso, como en el orientado por la periodista Dahiana Peruchena en la Escuela Nro. 6, Estados Unidos, se emitió por Radio Oriental- o un video.

Tanto el programa de trabajo como la labor de los periodistas en las escuelas, fueron realizados con criterios periodísticos profesionales que garantizan el respeto por la laicidad y por los escolares. Pero también y, no menos importante, redundó positivamente en aspectos básicos del desarrollo personal de esos niños. Melina Rebollo, maestra de la Escuela Nro. 96 del barrio Santa Isabel de la ciudad de Rivera, lo subrayó al referirse a niños que si bien hablan español, portugués, portuñol y el lenguaje fronterizo, o Dialectos Portugueses de Uruguay, como ahora se les denomina, tienen enormes dificultades en el momento de expresarse mediante la escritura. "Antes del proyecto, apenas escribían cuatro renglones y luego de la experiencia impulsada por el periodista Washington Núñez, se explayan en tres y cuatro carillas".

Es bien diferente para los alumnos realizar sus deberes gramaticales, a redactar un informe sobre el cumplimiento de las normas de tránsito o relevar la situación del hospital de Rivera con entrevistas al Director, a la Secretaria General de la FUS y a los usuarios de Salud Pública. Y más entusiasmo hay si para volcar su producto periodístico dispondrán de una hora de emisión en FM Horizonte 89.3.

Luego de esta experiencia es imposible no recordar, como lo ha hecho el colega Núñez, a Paulo Freire cuando enseñaba que "la escuela sola no va a producir los cambios, pero no habrá cambios sin la participación de la escuela".

Conflictos, prejuicios y malentendidos acompañan la difícil relación entre la infancia y su ámbito natural, la escuela, y los medios de comunicación.

En los años setenta se matrizó en un importante sector de los educadores latinoamericanos, la convicción de que los medios y en especial la televisión, desnaturalizan la escala de valores que niños y niñas deben aprender.

A eso se suma la constatación del divorcio entre los contenidos escolares y la cultura cotidiana que los niños absorben y reconvierten en el contacto mediático. Brecha que se transforma en obstáculo en el proceso de aprendizaje

La especialista de Unesco para Infancia y Medios, Ulla Carlsson, sostiene que en la Unión Europea hay diferentes procesos de dialogo entre autoridades publicas, empresas periodísticas, periodistas y el publico interesado, a fin de establecer principios básicos acordes con el Articulo 17 de la Convención de la ONU sobre los derechos de la infancia.

El artículo refiere tanto al derecho de tener acceso a la información y a las fuentes como a la necesidad de encarar el desarrollo de orientaciones apropiadas a fin de proteger a niños y niñas “contra toda información y material perjudicial para su bienestar”.

En tanto este proceso no adquiera estatus en los manuales de estilo y funcionamiento periodístico, ¿qué pueden y deben hacer quienes trabajan en prensa?

Existe desde hace casi una década un conjunto de orientaciones sobre el trabajo periodístico acerca de la infancia que pueden resumirse en:

- Lograr padrones de excelencia en materia de precisión y sensibilidad al realizar reportajes sobre cuestiones que involucren niños y niñas.

- Evitar la realización de programas y publicar imágenes que ingresen al espacio infantil de los medíos con informaciones perniciosas para los menores.

-Evitar el uso de estereotipos y presentaciones sensacionalitas para promover materiales periodísticos que involucren a niños.

- Evaluar las consecuencias de emitir o publicar cualquier material relativo a la infancia y procurar la minimización del daño.

- Cuidarse de identificar visualmente de cualquier forma a niños, a menos que comprobadamente sea de interés público hacerlo.

-Ofrecer a niños y niñas, siempre que sea posible, el derecho a acceder a los medios para que expresen sus propias opiniones y evitar la inducción.

-Verificar de manera independiente informaciones proporcionadas por niños, sin que esa verificación los coloque en riesgo.

-Evitar el uso de imágenes sexualizadas de niños.

-Utilizar métodos justos, transparentes y directos para la obtención de imágenes y siempre que sea posible, obtenerlas con el consentimiento de los niños o de adultos responsables.

-Verificar las credenciales de organizaciones que hablen en nombre de la infancia o la representen.

- No realizar pagos a niños, ni a adultos responsables, por trabajos periodísticos.

Los criterios son de sentido común  y fueron acordados en un congreso de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) realizado en Recife en mayo de 1998, al que asistieron 150 representantes de asociaciones profesionales de 70 países.

Como toda convención por el único hecho de existir no tiene validez. Dependerá de la capacidad de aplicación y  de renovación en cada caso concreto, así como de la convicción de periodistas, dueños de medios y sociedad civil.

En la ciudad de Treinta y Tres se generó una presión indebida desde el intendente municipal, Gerardo Amaral, socialista, contra la periodista Karina Caputi de FM Conquistador.

Participan de la situación Gerardo Alzugaray, director de la emisora y presidente de la cadena de emisoras Redoro, quien recibió presiones desde el gobierno municipal para desafectar a Caputi de su labor periodística y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), que el 14 de agosto reclamó la grabación de una entrevista realizada por Caputi a la edila colorada Beatriz Eguren. En esa entrevista Eguren realizó afirmaciones presuntamente lesivas para Amaral.

La Ursec en su petitorio fundamenta “que FM Conquistador no tomó la iniciativa de otorgar el derecho a réplica al Intendente Municipal 48 horas después de realizadas la declaraciones de la edila”.

Son dos aspectos diferentes. Uno, la presión sobre Caputi quien se inició como encargada de prensa de la Intendencia en la actual administración comunal, en mayo de 2006 fue cesada por desconfianza política y ahora se la quiere despojar de su trabajo.

Dos, el derecho de respuesta exigido por Amaral.

En Uruguay el derecho de respuesta está contemplado en el artículo 7º la Ley Nro. 16.099 -Ley de Prensa- y reglamentado en varios artículos más del capítulo tercero de la ley promulgada el 3 de noviembre 1989.

Sin perjuicio, claramente difieren la exigibilidad del derecho de respuesta en una empresa privada, es un diario o semanario, de su exigibilidad en emisoras cuyas propiedad es estatal, o sea de toda la sociedad y son usufructuadas por privados en un régimen de concesión.

Sobre ambos aspectos se pronunció Justino Jiménez de Aréchaga al referirse a los “verdaderos abusos (impuestos) a las empresas periodísticas (por) la publicación de toda clase de textos, a pretexto de rectificación o respuesta”. Y también a la necesidad de “demoler el régimen legal y reglamentario vigente” en materia de radiodifusión que permite al Poder Ejecutivo distribuir entre sus partidarios “como verdaderos ducados fructíferos” las frecuencias de que dispone la República.

La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en su articulo 14 prescribe que “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados (…) tiene derecho a efectuar por el mismo órganos de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”.

Pero por sobre todo lo anterior y antes que lo anterior, el derecho de respuesta debería anidar y ser defendido, antes que nadie, por los periodistas. Es el contrapeso al error y a la negligencia en la activad profesional y la evidencia de que existe periodismo preciso, exhaustivo, exacto, pero falible Y debe ser el periodista el primero en reaccionar ante el daño ocasionado. Es una forma de defensa del ciudadano o ciudadana-otra vez Jiménez de Aréchaga- expuestos a la tremenda influencia ejercida por los medios masivos de comunicación.

En términos actuales esa exigencia puede ser parte integrante de la responsabilidad social de quienes trabajen en prensa, sean asalariados o propietarios de medios.

En el episodio de Treinta y Tres cabe preguntarse si a Amaral le comprenden estas generales de la ley, si se puede considerar un ciudadano común, o si su actividad pública necesariamente le exige asumir críticas políticas que, si fueran difamatorias, cuenta con otros caminos para dilucidarlas.

En la oportunidad todo parece indicar que detrás de la invocación del derecho de respuesta, se esconde un nuevo ataque al derecho a la información. Por otra parte, Amaral no solicitó el derecho de réplica.