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17.10.2016 16:16 / Mis artículos

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Una visión sobre la violencia descontrolada

Por Carlos Santiago (*)

Una constante de las declaraciones de voceros de algunos gobiernos de América Latina es justificar la inseguridad y la violencia en la incontable serie de contradicciones sociales que determina una indiscutible disconformidad de sectores de la población, provocando modificaciones en los paradigmas de convivencia y un deterioro gigantesco de las relaciones entre sectores de la población.

Esas justificaciones muestran que no se han se han tenido en cuenta en esos análisis  que buena parte de la responsabilidad de los acontecimientos que a diario nos alarman a todos y ensombrecen nuestra calidad de vida, puedan ser la indeseable consecuencia de políticas erradas o de actitudes permisivas de políticos, con tareas ejecutivas en decisiones de gobierno, incapaces de diferenciar autoridad de autoritarismo, que han impuesto en el marco de su gestión que la impunidad sea  una realidad que debemos enfrentar a diario.

Es injusto que para justificar la aplicación de la discutible ley que autoriza la comercialización de la marihuana, se maneje como argumento central que la aprobación de esa norma legal es resultado no deseado del fracaso de las acciones represivas en contra los traficantes de droga. Sabemos que el siglo XXI comenzó para Uruguay con un nuevo problema, la pasta base, verdadero veneno con el cual parte de nuestra juventud se suicida socialmente y a corto plazo, físicamente. La pasta base se trata de otro hijo indeseado de la ''guerra'' contra las drogas, un veneno barato que se ha masificado entre algunos sectores de la población que buscan en la alienación una solución para sus aparentes frustraciones.

Pero,  todos nos preguntamos si ¿las acciones represivas han fracasado realmente? Recordemos la enorme cantidad de denuncias llevadas al Ministerio del Interior por el grupo Madres de la Plaza sobre la creciente existencia de bocas de venta de pasta base y su ubicación en las geografías montevideana y uruguaya, proceso que fue respondido finalmente por un capitoste gubernamental de la Secretaría de la Droga, a la vez prosecretario de la Presidencia de la República, alegando que una acción fulminante contra estos centros clandestinos de venta de ese veneno era cuestionar la política de empleo

¿Entones, falló la acción represiva en contra del narcotráfico, o por el contrario, la liviandad de la política del gobierno, fue la que impulsó la gravísima proliferación de ese comercio clandestino enseñoreando a los traficantes al frente de zonas determinadas del territorio? Fue un tiempo perdido en que, en lugar de hacer desaparecer parte de la oferta cerrando las bocas de distribución, se optó por el discutible camino de multiplicar la oferta con la liberalización de la marihuana, acción que todavía no ha podido ponerse en marcha por la enormidad de contradicciones que la misma plantea. Por lo demás, el problema central de que el Estado se ponga a producir marihuana y a implementar su comercialización, provoca que la visión de la gente sea que el gobierno está transitando el camino de la permisibilidad con la droga. ¿O no?

El siglo comenzó para Uruguay con un nuevo problema. Se trata de otro hijo de la ''guerra'' contra las drogas, una de las pocas exportaciones permanentes al  mundo pobre. Situación que, obviamente, determina que las visiones se trastoquen y que se cambie la acción de quienes tienen que cumplir una tarea específica en contra la delincuencia que, lamentablemente, tiene una integración muy dramática de actores menores de edad. Visiones estatales por las que se pasa del ''garantismo'' al ''abolicionismo'', que pretende sustituir el tradicional enfoque del benigno derecho penal por la peregrina idea, muchas veces escuchada, de que los victimarios son en realidad las víctimas de un injusto orden social que los ha arrojado a la marginalidad.

Especialmente ocurre ello cuando el enredo de leyes penales alcanza a la nueva camada de quienes son principales y dramáticos responsables de los delitos más comunes, los menores que, en diferentes estamentos pueden ser internados en alguna de las deficientes reparticiones del INAU o, si son menores de 13 años, reintegrados a sus familias, o sea lisa y llanamente dejados en libertad, sin que el Estado intente la más mínima acción de recuperación. ¿Qué es preferible, que los menores delincuentes, vuelvan al lugar en que se formaron para el delito, o qué una institución estatal trabaje con ellos para posibilitarles un futuro encuadrado en los derechos y obligaciones que son fundamentales para vivir dentro de una democracia republicana?

Obviamente en nuestro medio, con manidos argumentos que se manejan casi diariamente , se afirma sobre el abolicionismo que, evidentemente es el criterio imperante, construyéndose una visión errónea de la realidad: Y así resulta  de esta errónea que, cuando un delincuente asalta a un ciudadano, se lo considera no sólo el ''victimario'' de ese ciudadano sino también la ''víctima'' de la injusticia social, lo cual podría llevar a suponer que la propia víctima de la agresión es de manera indirecta un ''victimario'' por pertenecer a un orden injusto y que el ataque que sufre desde las sombras es un castigo en cierta forma justificado.

Los abolicionistas, cuya gravitación en el Gobierno no se puede negar, no se han animado como lo hicieron algunos ministros del primer gobierno frenteamplista, a proclamar abiertamente esta distorsión del derecho penal. Sin embargo no definen nada cuando los enfrentan a la situación que, mientras las víctimas de los delincuentes aumentan cada día en multiplicación exponencial, sus agresores ''entran por una puerta de los juzgados y las comisarías, cuando no de la cárcel, y salen por la otra, envolviendo a los ciudadanos en el angustioso clima de insegura impunidad.

Una dramática situación que objetivamente está en la base de la distorsión social que vivimos a diario en nuestro territorio y que es la determinante de la contradictoria acción estatal que no puede, ni visualiza los caminos para apaciguar la confrontación social entre los uruguayos.

La cruda realidad muestra a ciudadanos viven detrás de las rejas que ellos mismos se han forjado mientras las cárceles existentes no alcanzan para contener a quienes son apresados y castigados por la Justicia. Cárceles insuficientes para los delincuentes procesados y realmente condenados, en una realidad que por la fuerza de los hechos determina nuevos caminos para la impunidad... La realidad diaria se expresa en ciudadanos cercados y en delincuentes libres. Una  perturbadora imagen que hoy alimenta la indignación de los uruguayos.

Si continuamos transitando en esta dirección ''abolicionista'', la que culpa a la sociedad de las acciones delictivas de los delincuentes, el camino será complejo para el país y no se encontrarán respuestas a los reclamos de mínima seguridad. Sería, quizás, más lógico el camino ''garantista'', que trate con liviandad jurídica a los menores pero que a la vez tiene una visión con ingredientes de una severidad académica , con las que se los impulsa a un sistema que les permita un proceso de reintegro a la sociedad.

Lo que no es posible es la actual situación en que delincuentes quedan prácticamente libres remachando su impunidad y que algunos sostengan, como un niño de 13 años que confesó ante un juez su participación en una rapiña a mano armada, diciendo: ''es un bollo, no me pasa nada si me agarran''

En alguna nota anterior sosteníamos que la actual situación en que los que debieran implementar la prevención y la represión del delito, transfieren la responsabilidad del mismo a las difíciles condiciones de la sociedad, o al sistema financiero (como hizo un funcionario que estampó ese concepto para definir la proliferación de la droga), o al neoliberalismo, y mil etcéteras más, algunas tan excéntricas y otras tontas. Lo que se está haciendo es dejar a los infractores (o delincuentes), trepados en un plano inclinado, definitivamente inhumano,  que indefectiblemente los llevará a la degradación final y la muerte.

Muerte por incidencia de la droga, de la acción policial o de quienes, en un adecuado derecho a la supervivencia, defienden a sus familias de las agresiones. ¿Qué haría cualquier ''abolicionista'' a la uruguaya, si viera como le es torturado un hijo o su conyugue, por un grupo de malvivientes, tanto menores como mayores de edad?

Hablamos, en este último caso, cuando por falencias en las funciones del Estado el ser humano debe defenderse o, quizás, como afirman los clásicos análisis, ''vengarse'' al haber pasado a desempeñar el papel de víctimas. Por ello, en un país moderno, no es adecuado que el Estado resigne su papel en la prevención y represión del delito. Porque el Estado existe desde el momento en que sustituyó a los particulares en la lucha contra la delincuencia. Fue cuando el Estado quedó a cargo del servicio esencial de la seguridad, cuya vigencia inauguró la primacía de la civilización sobre la barbarie.

Volver atrás como sugieren los ''abolicionistas'', es lanzar a la sociedad a acciones de barbarie cuya justificación ética es más que discutible. Parece evidente que para todos, incluso para quienes sostienen esa peregrina teoría, la familia y el hogar son junto a la Patria, los valores más entrañables del ser humano y su defensa es una acción esencial.

Parecería que la verdadera causa del aumento del delito se encuentra en la caprichosa tergiversación de los derechos humanos de algunos gobiernos. Las cortas sentencias por delitos graves, la excarcelación y la permisividad en nombre de esos malhadados derechos humanos representan la principal causa del horroroso fenómeno. A ellos debe sumarse la impunidad, que es un condimento directo de las falencias de la prevención y la represión del delito que tiene como tarea esencial la Policía.

Una tarea que de fracasar determina la explosión de muchos de los males que hoy vivimos.

Una situación que hace que los uruguayos comprendamos ante la realidad de esa clara falencia estatal que, a diario,  estamos jugándonos la vida.


(*) Periodista.



11.10.2016 16:32 / Mis artículos

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Uruguay: vuelven fantasmas del pasado

Por Carlos Santiago (*)

Intercambiando pareceres en una rueda de amigos- todos ellos devenidos en criollos politólogos - se manejaron algunas premisas de apariencia esenciales que caracterizan al hombre de este tiempo tanto en el mundo como en nuestro Uruguay: en primer lugar, creer y defender a la democracia como sistema de vida y convivencia política, pues en ella puede prosperar la justicia más plena. El segundo elemento que valoramos fue más político,

Sin embargo, las consideraciones nos llevaban a disquisiciones de todo tipo. Porque entendíamos -, que una izquierda en el poder debe tener en claro que una democracia, determina una situación cambiante y muchas veces de tiempos efímeros para el mantenimiento de cargos en las estructuras burocráticas de los gobiernos, por lo que es un deber tener la suficiente amplitud para entender que los cambios políticos son inherentes al modelo y no existen situaciones que necesariamente persistan y se prolonguen en el tiempo.

No existe democracia en sistema de partido único, como fue (y es en algunos últimos casos), dentro de la óptica de ciertos sectores que lograron el poder en el mundo y en América Latina, en la época del 60, y fueron considerados por algunos un faro de esperanza que iluminó a parte de la juventud y llevó a muchos a emprender una lucha imitativa sin objetivos reales ni posibles. Lucha desigual, que a la corta se convirtió en fratricida. de Hermanos contra hermanos, ahondando como nunca el dolor de los pueblos y multiplicando al máximo el odio que en algunos casos todavía perdura, especialmente en algunos que no han podido restañar sus heridas ni olvidar las crueldades, de un lado y del otro.

Fueron períodos en qué la democracia, en todos sus extremos, desaparecía. Los militantes de las causas se convertían en fieles cumplidores de un verticalismo político extremo que, como tal por anti dialéctico era esencialmente injusto y antidemocrático. Los represores, por su parte, metidos en un aparato que propiciaba la acción violenta en contra el pueblo cumplían también su rol dejando todos los pruritos de humanidad por el camino. Todo un período de absurdos enfrentamientos, de oclusión democrática, sin otro fin que la pequeñez del odio personal y la imposición, a toda costa, sobre el cadáver de la democracia, de sistemas que nada tenían que ver con lo que querían los uruguayos que era trabajar en tranquilidad para la felicidad de sus familias y el engrandecimiento del país. Todo ello en absoluta paz.

Los golpistas en el paroxismo del odio contrataron a bandas asesinas extranjeras, como la encabezada por Aníbal Gordon, para realizar algunas tareas crueles que ellos se sentían incapaces de emprender, quizás por su anterior formación republicana. ¿O por esencial cobardía? Profirieron delegar en extraños las peores tareas represivas, casos sangrientos que alguna vez hemos referenciado. Gordon, nada menos, que el jefe de la banda asesina que recibía órdenes del propio presidente argentino, Juan Perón, para concretar sus fechorías y que, a la muerte de este, pasó a estar comandado por el inefable personaje, López Rega.

Ningún juez ni fiscal en Uruguay le preguntó nunca al general Gregorio Álvarez, por qué contrató un día a este salvaje asesino para cumplir tareas en el Uruguay y ser participe primordial del Plan Cóndor.

Fue una etapa oscura, todavía no develada en toda su magnitud, de la represión en Uruguay. Una represión absurda, plagada de hechos que revuelven las entrañas del más firme. Un día, luego de todo ese dolor, resplandeció nuevamente la democracia, se sucedieron los presidentes de los distintos partidos en el poder institucional y más allá de los vaivenes políticos, de las discrepancias, algunas hondas e insalvables, la izquierda llegó también al gobierno.

El juego democrático fue visible y funciono perfectamente. En una primera etapa, cuando gobernó el doctor Tabaré Vázquez, muchos de los que habían estado enfrentados a sangre y fuego con los golpistas, que distinguimos de los militares de este país, fueron integrados como ministros de Estado o en otros puestos de responsabilidad en ese primer gobierno frenteamplista. La historia estaba mostrando un recodo distinto de la existencia y también como se borraban dislates del pasado para tratar de que juntos se construyera un provenir venturoso para todos.

El camino abonado en el primer período presidencial de Vázquez abonó, luego, el triunfo de José Mujica, un veterano tupamaro, cuya ascensión al mando fue acompañada por muchos uruguayos que quisieron borrar definitivamente la aberración de la vesania del pasado oprobioso de la dictadura. Creyeron en la bonhomía del viejo militante y se sintieron estimulados por los discursos con los que inauguró su mandato, claramente abiertos al mundo, llenos de visiones modernas, alejados en lo visible de la pequeñez de la politiquería de grupos, sectores, camarillas, amiguismos y sectarismos.

Sin embargo, a poco de aquella presentación exultante, con un país en marcha, apuntalado por una aparentemente correcta conducción económica y un viento de popa dado por precios internacionales de las materias primas, los uruguayos comenzamos a crecer en lo material. El PBI se multiplicó año a año como nunca en el pasado, pero el gobierno en sus líneas esenciales, por sus contradicciones internas, fracasó. El país no fue capaz de desarrollarse. Las mejoras salariales se volcaron al consumo voraz y poco más. Las obras perdurables no se hicieron y las empresas públicas, ni siquiera, pudieron sentar las bases de una producción ordenada.

Quizás los peores fantasmas de aquel pasado sesentista, el de ocupar todos los cargos, el de las luchas por copar asambleas, hegemonizar todo tipo de direcciones, espacios, coyunturas, sin admitir los disensos ni las discusiones, comenzó a hacerse presente y a paralizar las acciones esenciales. Se pretendió imponer políticas disparatadas en todos los aspectos, contra las bases mismas del pensamiento humanista de la izquierda.

Tendríamos para mencionar muchos ejemplos que aclaran la sinrazón del funcionamiento con equipos económicos paralelos, de la grandilocuencia del gasto estatal que no se controló en montos ni medidas de emprendimientos ya que todo parecía basado en un gasto público con niveles supuestamente intangibles, como si las arcas del Estado siempre estuvieran abiertas para concretar todo tipo de planes. Toda una política que mostró amateurismo técnico e incapacidad política para acercar los sueños de grandeza a la realidad. Por ello hoy sufrimos la escandalosa situación ocurrida con ANCAP, cuyo volumen de gastos supero brutalmente a las posibilidades de esa empresa pública, todo ello basado en una impulso ingenuo y voluntarista de la realidad que, obviamente, se creía que se podría ajustar a toda una teoría torpe del desarrollo.

Una concepción de la realidad más que torcida que llevó a la lamentable imitación del dispendioso gasto, con políticas de remuneraciones de ejecutivos que están escandalizando hoy a los uruguayos, con niveles de gasto en remuneraciones personales que han superado todos los límites de la lógica de las remuneraciones. ¿Alguien se pregunta porque en el seno de nuestro Estado existen sueldos de 800 mil pesos, de 600, de 500? Porque los legisladores uruguayos duplican y triplican los ingresos de sus colegas argentinos, chilenos, brasileños. La actual presidente de ANCAP, la contadora Jara, ha dicho para justificar las altas remuneraciones gerenciales en ALUR y, seguramente, de otras empresas vinculadas al ente petrolero, que se trata de sueldos de mercado . Obviamente un mal ejemplo: Jara fue presidenta de Gas Sayago, la empresa que se armó para sacar adelante la planta regasificadora y que se malogró al oeste de nuestra bahía y allí cobraba un sueldo agraciado por la política del gobierno de Mujica, de los que ella misma llama de mercado Lo que no sabemos de qué mercado habla, de que empresario le planteó pagarle un sueldo que compitiera con el estipulado en Gas Sayago, cien por ciento vinculada a los aportes de nuestro Estado, en un proyecto, de la regasificadora, que caducó por la investigación que se realizó en Brasil sobre las andanzas de la empresa OAS, contratada para la obra civil del emprendimiento, que se retiró del país cuando la justicia brasileña comenzó a comprobar las escandalosas andanzas de la misma. Los señalados sueldos de mercado integran un juego plagado de falacias para justificar el privilegio de algunos pocos que lograron su situación en base a decisiones que en casi ningún caso fue el resultado de un concurso y menos de una confrontación con el mercado

Sabemos que la justicia brasileña investiga el caso en estos momentos, y a personas "sobre las que hay presunciones evidentes de que han participado en la conexión de los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff ante el gobierno uruguayo para que se le adjudicara la obra a la empresa OAS".

Según lo trascendido "la justicia brasileña investiga al exministro de Energía de Rousseff, actual gobernador de Minas Gerais, quien intercedió ante el gobierno del expresidente Mujica para que la obra se le adjudicara a OAS y a cambio de eso cobró un soborno".

Claro, una rápida gestión de Lula y sus socios ante nuestro presidente de la República, habría logrado el efecto de borrar todas las posibilidades que esa obra fuera construida por otras empresas, que había y estaban dispuestas a los riesgos. Sin embargo, la agraciada por el dedo presidencial fue OAS y los amiguismos determinaron que a la vuelta de los meses el final negativo del emprendimiento se convirtiera en una alternativa real, catastrófica para los intereses del país. ¿Cuántas decenas o centenares de millones de dólares determinó esta disparatada decisión fallida basada en una relación personal y una llamada telefónica?

¿Y qué pasó con la AFAP República, en donde aparecieron sueldos de 800 mil pesos frente a prestaciones jubilatorias de 7 pesos, o con la Caja de Profesionales Universitarios, que cuenta con un importante ejecutivo que cobra un sueldo que supera los 400 mil pesos, el mismo que no sabe explicar un faltante de 700 millones de dólares, por préstamos, aparentemente incobrables, otorgados a unas 800 personas? Lamentable realidad que resplandeció con una fuerza arrolladora y escandalosa en el marco de una política de recortes de beneficios a los jubilados de esa Caja.

No sería la hora de que el Ministerio de Economía, que debe hacer malabares para atender al déficit de las cuentas públicas, hiciera algo para que los uruguayos conociéramos los vericuetos del nivel dispendioso del gasto público y los necesarios recortes se hicieran achicando las más escandalosas y lamentables gorduras de las principescas erogaciones, que pagamos entre todos, No sería el momento de una decisión presidencial poniendo coto al escándalo de una situación que no tiene ninguna justificación. Sabemos del decreto ley por el cual se limitan los sueldos de los ejecutivos de las empresas estatales o para estatales a un 60% del sueldo del presidente de la República. Pero ello no alcanza, por supuesto, no alcanza: El Estado no puede ser un coto de caza para inescrupulosos.

(*) Periodista.




14.09.2015 12:36 / Mis artículos

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Por Carlos Santiago (*)

Es sorprendente la situación que se profundiza en el ámbito político, mostrando algunos sectores de la izquierda uruguaya su decisión de imponer condiciones al Presidente Tabaré Vázquez y a su gobierno, cuestionando así las idílicas formas establecidas por el ordenamiento legal que no mencionan que las distintas políticas que lleva adelante el Poder Ejecutivo puedan ser dictadas en cualquier ocasión por un organismo político partidario, como lo es el Plenario del FA.

Situación inédita y escandalosa que sirve para aquilatar el valor de la llamada unidad dentro de la izquierda, en un proceso que tiene como trasfondo nada más que despiadada lucha por el poder.

Es un tema novedoso para la realidad política que conlleva, obviamente, una clara pérdida  de peso político de parte del Presidente de la República y sus ministros y qué además lo que es un hecho grave está mostrando la verdadera realidad de la llamada unidad partidaria, tan proclamada como necesaria para la tarea de gobierno, pero que cada vez más solo se mantiene como estructura aparentemente real, siempre y cuando las decisiones que se adoptan tienen plena vinculación con el pensamiento de las mayorías incidentales que se expresan mayoritariamente entre los delegados al organismo frenteamplista, que aparece en proporción contradictoria con el correlato político de los votantes mostrado en las elecciones nacionales.

El gobierno no pudo imponer la normalización de la enseñanza, utilizando los mecanismos establecidos por las normas legales, porque los gremios de profesores y maestros se sintieron vulnerados y los dirigentes, más radicales, encontraron en la situación una clara oportunidad de expresar su pensamiento que era escuchado y aplaudido por un grupo acrecentado de integrantes de cada sector. Pero esa acción coordinada en contra la decisión del gobierno no fue exclusiva de la aguerrida dirección sindical azuzada, a las que se sumaros bases militantes adictas. También el gobierno encontró el escollo de sectores de la interna del Frente Amplio, que encabezaron también expresiones de molestia, enarbolando claras banderas de disidencia interna. Y ni hablar del PIT-CNT, novedoso adalid, defensor de las corporaciones de funcionarios estatales y, obviamente, que trata de lograr una convalidación política que aparece necesaria por cuanto la directiva de la central es nueva y, quizás, busca el reaseguro de una apretada representatividad.

En la consideración del tema el gobierno quedó solo, apoyado en la interna por sectores importantes, como el Frente Líber Seregni, pero insuficientes en número de delegados para imponerse en la votación final del Plenario. Si bien este conglomerado, liderado por el contador Danilo Astori, está en la redacción de distintas políticas, muchas de ellas cuestionadas por el sector más radical del Frente Amplio, carece de peso suficiente como para imponer caminos y ofrecerle a Tabaré Vázquez el reaseguro de no ser desairado en sus propuestas. El tema del TISA es un ejemplo de ello: la victoria a lo Pirro, caracterizada por una polémica poco esclarecedora,  obtenida por la mayoría de los delegados en el Plenario, dista mucho de convencer a quienes estaban interesados en que el camino emprendido de la negociación del tratado, prosperada. Se utilizaron argumentos con puntos oscuros, que no convencieron a nadie, llegándose a una votación en que las manos de cada sector se levantarían con una decisión previa que no incluía por supuesto los cambios que podría haber determinado el debate de ideas.  Las mayorías participantes actuaron con una unidad de acción que determinó lo que fue una claudicación del presidente Vázquez el que, por razones vinculadas al futuro de su gobierno (recordemos que para hacerlo viable es necesaria la aprobación del Presupuesto Nacional), etapa legislativa que tiene plazos perentorios.  

Pero, está bien claro, que pese al paso atrás de Vázquez el sector mayoritario dentro del Plenario tiene el claro designio de imponerle nuevos caminos al gobierno en distintos temas esenciales, aunque estos sean fruto de una poco responsable política de establecer correlatos ideológicos vinculados al establecimiento de políticas que la experiencia asegura que están perimidos existiendo, además, el reflejo acumulado del éxito de los mismos en países de la región. Dichas propuestas desestabilizan los equilibrios que existen con las variables macro, entre ellos el nivel de confianza que le permitió al país sortear en el 2008 la crisis internacional.

La mayoría de las medidas propuestas por el sector mayoritario en el Plenario del Frente Amplio, todas ellas contrarias a los criterios establecidos en el Poder Ejecutivo,  obviamente, ponen en riesgo la estabilidad del país. Hay que ser cuidadosos con estas propuestas que son atajos y muchas veces nos conducen a abismos que no era lo que se pretendía al acortar el camino. En general si pasa eso lo van a pagar los sectores más vulnerables, sostuvo hace pocas horas un legislador del sector de Astori, defendiendo públicamente los caminos que se recorren, agregando: Son propuestas absolutamente irresponsables . Para hacer estas propuestas hay que tener en cuenta todos los impactos favorables y desfavorables que pueden tener, porque no hay ninguna medida aislada y todas tienen sus efectos. La reforma impositiva estuvo muy bien pensada y vistos están los resultados que ha tenido.

Está claro que los giros dependen de cómo se ven, porque geográficamente si se está a la izquierda y se da un giro a la izquierda no se está avanzando, se retrocede. Este es un gobierno de izquierda con un presupuesto de izquierda y no se puede girar a la izquierda desde la izquierda, porque si no se retrocede. El Frente se ha caracterizado por tener, desde su creación, debate interno. Esto ha sido un proceso relativamente permanente, pese a que en ocasiones anteriores las resoluciones de organismos mostraron una irrealidad política sorprendente, como cuando se decidió la candidatura a la Intendencia de Montevideo, en la anterior elección. Pero si en el pasado, pudieron unirse visiones tan distintas en un objetivo, es lógico que haya en cada etapa distintos momentos en que se discutieron calurosamente temas, pero en definitiva siempre se buscó una síntesis  que seguramente ahora podría encontrarse, se no hubieran aparecido los síntomas de que lo que está ocurriendo. En lugar de ser una discusión programática, se trata de una encarnizada lucha por el poder. La cerrazón que persiste en estos tiempos, en que se pretende hacer caducar, desde la izquierda, la gobernabilidad de Vázquez y su equipo de gobierno, está determinando peligros en el futuro y un claro y equivocado esfuerzo que puede ingresar en un rumbo encaminado a la caducidad político electoral de la izquierda.

La conflagración, que asombra por su virulencia, entre el ministro de Economía, Danilo Astori y, el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, no es claramente un elemento sano para el funcionamiento del gobierno. No se trata de una diferencia sobre temas puntuales, sino de otra cosa. Sobre la base de esa polemizada diferencia aparecen estrategias y apetencias electorales de mediano plazo, aunque estas se tengan que sustentar tratando de oscurecer hechos, como los ocurridos en ANCAP, que no muestran otra cosa que una supina y irresponsable ineptitud. Y Sendic tiene responsabilidades en el tema, porque su gestión ha sido continuada por un grupo de directores que, sin mayores modificaciones, han seguido adelante con el camino dispendiosa en gastos, sin que importara restañar los déficit, más que subidos,  que hoy se tratan de mitigar haciendo pagar a los uruguayos los combustibles más caros de la región.

Y a continuación de este brutal descalabro de esta empresa pública estatal, aparece con una continuidad más que preocupante, el planteo seguidista de los mismos sectores que se han opuestos a negociar el TISA, sumados con el PIT-CNT, que defienden en contra viento y marea a las empresas públicas monopólicas, como lo es ANCAP, vendándose los ojos en torno a los resultados lamentables de su funcionamiento y la gestión de su directorio.

Todo un panorama que debe enfrentarse con el enlentecimiento de nuestra economía, la aparición de puntuales focos de desocupación producidos por empresas, de distintos rubros, que han cerrado sus puertas. Pero sobre el punto, cuando es necesario encontrar multiplicadores de la producción, aumentando sin duda la productividad y imponiendo caminos para bajar los costos para hacerla más apetecible para los mercados, el PIT-CNT plantea aumentar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los salarios superiores a $ 200.000. Por su parte, el eje integrado por el Movimiento de Participación Popular (MPP), la lista de Raúl Sendic y comunistas, pretenden aumentar la carga impositiva sobre los sectores de más ingresos
Además y como vienen sosteniendo desde el gobierno anterior los comunistas, la lista 711 y el Movimiento de Participación Popular son partidarios de aumentar la alícuota del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). El documento del Pit-Cnt se expresa en la misma dirección. Aunque fue descartado innumerables veces por el ministro de Economía Danilo Astori, el Movimiento de Participación Popular, los comunistas y el grupo del vicepresidente Raúl Sendic quieren usar una parte de las reservas (US$ 2.000 millones) para destinar a inversiones y obras de infraestructura.

Estos mismos sectores que eran parte del llamado ''Grupo de los ocho'' (entre ellos el MPP, PCU y lista 711) son partidarios ahora de aplicar la no devolución de aportes al Fonasa. La medida es parte de un plan que proponen como solución para que Uruguay pueda sortear las dificultades que enfrenta la región.

Como se verá puntos antagónicos con una buena política económica, al que se suman flagrantes ilegalidades, como la de retener los aportes superlativos del Fonasa. Como se puede apreciar son todos ellos caminos irreales, vinculados a una visión económica fragmentaria y a esquemas más que perimidos.

Sin embargo, para nuestra desgracia, hechos como el suspender las negociaciones del TISA, se lograron.

Veremos cómo se sigue adelante.


(*) Periodista.


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Sobre mí
Carlos Santiago. Fecha de Nacimiento: olvidada. Profesión: periodista. Una persona que quiere estar comprometida con la libertad y particularmente la que "me impongo en cada una de mis notas periodísticas" En verdad, un verdadero dinosaurio, tímido, vicioso y apasionado. Como escritor me gusta volar, caminar por un mundo imaginario, "en el que me sumerjo con pasión, involucrándome con mis personajes que, generalmente, me llevan de un lado al otro sin respetarme en lo más mínimo"

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