La propuesta planteada por el ahora Presidente de la República, José Mujica, fue presentada por el futuro ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a quienes serán sus pares de Vivienda y Transporte y Obras Públicas

 El presidente Mujica tiene entre sus prioridades la aplicación inmediata del Plan de Impacto Habitacional y la reinstalación del ferrocarril en Uruguay. En ese marco el ministro designado del Interior (eventual ministro de Gobierno) y mano derecha de Mujica, Eduardo Bonomi, se reunió con quienes serán sus pares en el gabinete para analizar la designación de reclusos para construir las viviendas y reparar las vías del tren, se informó la semana pasada. La medida estaría enmarcada en una reducción de penas que implicaría que por cada día de trabajo los penados pudieran reducir dos jornadas de cárcel.

Bonomi al respecto se reunió con la futura ministra de Vivienda, Graciela Muslera, y de Transporte, Enrique Pintado, para ofrecerles la mano de obra carcelaria, según se agregó  en la información manejada.

Para que el plan se lleve adelante solo restaría alcanzar la respuesta positiva de Muslera y Pintado, para empezar a diseñar políticas carcelarias que permitan el trabajo de los reclusos y la selección de ellos en distinta categoría. Sin embargo, nos parece, que más allá de ello, falta aún una opinión de la Justicia, que es la que maneja las penas. ¿La propuesta podría aplicarse en base actual Código Penal? ¿Existen actualmente disposiciones al respecto que permitan este tipo de “trabajo voluntario” de quienes cumplen penas de cárcel?

Sobre el punto se escuchó la voz discrepante de Juan Castillo, secretario del PIT-CNT, que indicó que todo trabajador debía cobrar un jornal, porque el trabajo “voluntario” esta muy bien como un elemento esporádico y solidario, pero no para planes de gobierno. Recordó que estamos en un país capitalista y en él – repitió – el trabajador debe cobrar por su trabajo.

Por otra parte se menciona también utilizar a cuadrillas de presos en el tendido de vías férreas para AFE. Mujica se imagina a cuadrillas de gente salida desde los establecimientos de detención, dirigidas por “viejos funcionarios del ferrocarril”, tendiendo vías. Al respecto, justamente hace pocos días en un canal cable vimos un informe sobre el tendido de vías en un país nórdico europeo, en donde máquinas especializadas tienden las vías rápidamente, sin dificultades, ganando centenares de metros en pocas horas. El trabajo manual que se propone para Uruguay, como el del los cañeros de ALUR, determina costos más altos, tiempos más extensos para lograr objetivos parecidos y, además, calidades infinitamente más bajas.

Claro, aquí surgen las mismas dudas que en torno a la otra tarea, partiendo de la base – y nos anticipamos a decirlo – de qué es imprescindible crear actividades apropiadas para eliminar el ocio que se vive en las cárceles. Pero esos planes no pueden ir en contra ni de la dignidad humana, ni de los intereses prioritarios del país, ni tampoco del ordenamiento legal.

Es evidente que los reiterados discursos del nuevo Presidente de la República, están pletóricos de buenas intenciones, muchas de ellas con un alto contenido humanitario, pero la mayoría pecan de un ingrediente evidente: el voluntarismo.

Y  no es con voluntarismo que vamos a solucionar los problemas del país. No vamos a solucionarle el problema de la vivienda a las 200 mil personas que viven en los asentamientos, ni concretaremos el anhelo de AFE y la necesidad de todo nuestra planificación económica, de contar con un transporte de carga ferroviario eficiente, relativamente rápido y confiable, llevando a presos y “viejos” funcionarios de AFE a tender vías, lo haremos más bien utilizando las más adecuadas técnicas posibles en nuestras condiciones de país, modernizando mecanismos de trabajo y quebrando formas y realidades que posibiliten que los logros sean para hoy, no para un futuro incierto.

Cuando Mujica habló de integrar a nuestra producción agropecuaria a campesinos bolivianos, con el fin de sortear “vicios” propios de nuestra “idiosincrasia” se estaba saltando o olvidando, nada menos, que de los problemas estructurales existentes en el país que hacen que las tareas no se concreten por ser poco rentables, con medios inadecuados y sin mecanismos de comercialización idóneos que ese campesino “trasplantado”  pueda soñar con un futuro promisorio.

Veremos lo que ocurre.

(Nota actualizada)

                                                                                    “Tras cada formulación ideológica

existen intereses económicos”

Carlos Marx

         Parecería que en nuestro país, al igual que en algunas castas hindúes, existen tabúes y vacas sagradas que, aunque se manejen en contra los intereses generales de la población, como sirven a algunos centenares o miles de compatriotas, claramente privilegiados por una legislación permisiva, con que los distintos grupos políticos gobernantes trataron de mantener a toda esa gente como una reserva política intocada, son muy dificiles de remover. Por ello dudamos de la efectividad de cualquier reforma del Estado que se quiere aprobar...

¿Esto a cuenta de que va? Es que una nota anterior mía sobre las insólitas movilizaciones iniciadas por SUTEL en contra en decreto del presidente Tabaré Vázquez, abriendo el juego a todos, en la implementación del plan Cardales, motivó la respuesta militante y desinformada de un señor (que no nombro, porque la respuesta fue a otro medio), al parecer entendido en el tema de las comunicaciones que, obviamente, tiene como objetivo central el defender que esta empresa pública consolide aún más su actividad monopólica, sin importarle – quizás por convicción o por miopía – que el camino que plantea sea el certificado de defunción del referido plan y, por supuesto, el comienzo del fin de la empresa pública, que si se paraliza escudada en ese monopolio, a la corta o a la larga pagará la consecuencias en un mundo que avanza a otra velocidad.

Pero, para que no se nos tilde de lo que no somos, aclaremos la génesis de estas empresas, que en su momento fue una necesidad para del desarrollo del país. Desde los tiempos de Batlle y Ordóñez, las empresas públicas han sido un instrumento invalorable, así como una palanca para emprendimientos de gran escala dado que era imposible que estos tiempos funcionaran en nuestro país sin el apoyo del Estado. No existían capitales de riesgo o de otro tipo que pudieran sustituir a los públicos en ese momento.

Ese fue el caso primero de UTE, que englobaba también la telefonía y luego de la nonata ANTEL, que a lo largo de un largo proceso pasó a la mayoría de edad y llevó la telefonía digital a todo el territorio terminando con la "demanda insatisfecha", que logró grandes penetraciones del uso de Internet con servicios de “última” tecnología, que desarrolló Ancel, Adinet y muchos otros servicios.

Lo que decía mi nota anterior, que mi contrincante calificó de “prejuiciosa” es que ahora, por temor a un fracaso que está lejos de constatarse, existe el peligro que ANTEL se transforme en un freno para el desarrollo de las telecomunicaciones. Hasta ahora la empresa estatal no lo ha sido, más allá de algunas debilidades que se pueden señalar. Pero en caso que se convierta en un obstáculo como está ocurriendo en relación al plan Cardales, se debería repensar el instrumento, no simplemente protegerlo y diferir su crisis. Y con el decreto 537/009 el Poder Ejecutivo lo intentó hacer pero, luego, las presiones determinaron su derogación. Es que las corporaciones tienen – evidentemente- un poder todavía importante.

ANTEL está capacitada para competir de igual a igual con empresas extranjeras poderosas, eso está bien claro. Por lo demás el decreto 537/009 emanado del Poder Ejecutivo reiteraba los derechos de la empresa, reafirmando su acción monopólica en materia de la trasmisión por el tendido de cables de cobre. Pero, como decíamos antes, si ANTEL no tiene la capacidad para competir, todo lo que haga el gobierno amparándola de empresas de capitales no nacionales (¿para definir esto habrá que pedir algún certificado especial a Interpol?) o de otros, solo servirá para postergar una crisis y lograr que el país pague mayores costos y se atrase. Por otra parte, esa política que se pretende reafirmando el monopolio de ANTEL, ¿qué tiene que ver con el llamado hecho por los futuros titulares del Poder Ejecutivo ante miles de empresarios en el hotel Conrad? ¿O es que quienes quieran invertir en comunicaciones no tendrán vela en este entierro?

Los expertos están convencidos – no el señor que me responde - que se dice también experto y defiende el monopolio- que ANTEL puede competir porque ya lo ha demostrado, incluso con las limitaciones que tiene como empresa pública.

Si bien últimamente está disputado su liderazgo en un mercado tan dinámico como el de la telefonía celular, nadie puede decir que el servicio de ANCEL es de calidad inferior, ni que se ha quedado atrás en las inversiones o en la introducción de nuevas tecnologías.

En todo caso, se la debería poner en pie de igualdad con las empresas privadas y no protegerla con medidas monopólicas. Para que la empresa estatal pueda competir en este nuevo mundo de la convergencia, las políticas tienen que ser audaces y pensar en el futuro. Como los tiempos son más cortos en el área de las telecomunicaciones, el futuro será en pocos años (o meses) y no se pueden demorar las decisiones.

         Pero ahí aparecen de nuevo las vacas sagradas, al igual que las del ejemplo, que son dejadas a la buena de Dios, para que su leche sea deglutida a raudales solo por la casta de elegidos, los que tienen en algunos casos dos o tres aguinaldos, no pueden ser removidos en razón de las leyes que los amparan en la enormemente perniciosa “inamovilidad”, privilegio que es negado diciendo que si un funcionario roba o comete una falta grave de lo puede sumariar y dejar cesante, claro, previa venia del Senado de la República.

Y están también los otros, los que quizás sustenten ideológicamente estos caminos monopólicos, que siguen manejando como ley revelada planteos de Lenin, como el atinente a que un funcionario electo por el pueblo debe ganar no lo mismo que un burócrata, sino lo mismo que un obrero. ¡Buena contribución se le está haciendo a la función pública nivelando para abajo, pero a la vez sin reducir de hecho el volumen de las erogaciones presupuestales, porque el resto del total de los sueldos van a financiar las actividades mastodónticas de los partidos políticos!

         Quienes lograron insertarse en esa casta de privilegiados, también pueden llamarse los “intocables” que ahora, cuando Mujica con énfasis habla de reformar del Estado para ponerlo al servicio de la gente (o sea, del interés general) comienzan a moverse nerviosos. Estos “intocables” uruguayos, obviamente, son los que defienden el estatismo monopólico a ultranza, los que pretenden mantenerse parapetados en un cascarón de privilegios, al que le resbala cualquier crisis. En el 2002, cuando la crisis de nuestro sistema financiero, que se extendió al resto de la actividad económica, la caída del empleo no se verificó entre los “intocables” del Estado. La variable de ajuste, por las deformidades de la organización económica del país, fue solo en la actividad privada.

         Los “intocables” uruguayos ni siquiera resignaron los aguinaldos de más que cobraban a favor del bien público y de las arcas estatales que se agotaban rápidamente, por políticas más que discutibles, por las cuales el Banco Central y luego la Tesorería de la Nación, pasaron a tapar los agujeros de una banca privada nacional que se hundió de un solo saque. Claro, recordemos, los bancos privados de capital nacional se hundieron pero no la mayoría de los banqueros, con excepción de los hermanos Peirano, las “cabezas de turco” de un proceso indeseable del que salimos por el crédito puente que nos otorgó el “odiado” George W. Bush, que puso a disposición del país los dólares que evitaron el hundimiento qué llevaría entrar en “default”, obligando también a que el FMI cambiara de posición y comenzara a revisar su política hacia nuestra economía. Recordemos que en plena crisis la organización crediticia también nos había dado la espalda.

         Ese estatismo burocrático que, es bueno decirlo, no es general de todos los servidores del Estado, porque todos sabemos que los policías, los soldados, los médicos y enfermeros de Salud Pública, los funcionarios del INAU, etc., si bien han logrado mejorar en algo sus ingresos, ni por cerca llegan a la categoría de los “intocables”, a los que deberíamos sumar – para no hacer injusticias en este análisis – a los funcionarios de la Intendencia de Montevideo, los que siguen exprimiendo hasta el martirio a esa vaca sagrada que desde hace décadas lleva la cucarda del Frente Amplio, logrando demostrar con su actitud que las políticas de intangibilidad salarial y rebaja de horas de labor no sirven para hacer ganar conciencia de la función pública qué se cumple. El ejemplo que da ADEOM parece demostrar claramente lo qué decimos.

         Tras cada ideología – decía Carlos Marx – existen intereses concretos. Nuestro contradictor expone los suyos pero con flojos argumentos, manejando números ilusorios sobre la penetración de Internet en la población, que según sus cifras es del 40%. No vale la pena analizar esos números y polemizar sobre un tema que para los conocedores sería demasiado aburrido y árido, para quienes se sumergen hoy en este tema. Sobre las mismas solo debo decir que el señor discrepante o está mal informado, o su imaginación lo lleva a engrandecer, como en un cristal óptico, muchas veces lo que es la realidad. Como “experto” al parecer su formación es más “libresca” que vinculada a la realidad.

         Pero para ejemplificar de lo que hablamos, que desmiente la eficiencia de ANTEL en varias materias, léase lo siguiente: "Los ciudadanos de diez municipios de la Comunidad de Madrid pueden contratar ya con la operadora de cable ONO una conexión a Internet ultrarrápida, de 50 y 100 megas de bajada (entre 5 y 3 de subida).

          La operadora comercializará estos servicios en cuatro paquetes, un dúo (banda ancha y teléfono) y dos tríos (banda ancha, teléfono y televisión), cuyos precios oscilarán desde los 60 euros el dúo de 50 Megas, y los 80 euros el de 100 Megas, hasta los 75 euros el trío de 50 Megas y 95 euros el de 100 Megas"

          Esto significa que por la misma plata que pagamos hoy en Uruguay, recibimos 50 veces más velocidad. O dicho de otra manera: ANTEL es 50 veces más cara que ONO. ¿Quizás este “experto” tenga otra visión sobre esta afirmación tomada de El País de Madrid?

                  Sobre los servicios de ADSL que para el “experto” son los de menor precio de América Latina, es bueno que el lector ingrese a la página Web de algún diario argentino, Clarín por ejemplo, y compare las ofertas de las empresas que en la Argentina cumplen con ese servicio, o el ya en funcionamiento “triple play”. Se enterará que los precios de la bendecida ANTEL duplican o triplican, en la ecuación final de los distintos componentes (precio, velocidad, servicio), con los que nos castiga ANTEL.

Por supuesto el señor afirma no querer responder este argumento, aduciendo que es producto de realidades distintas. ¿Entonces con qué compara las tarifas de ANTEL? Dice que maneja estadísticas internacionales de organismos serios. Sin embargo los datos precedentes, pese a que son de realidades distintas, son los que se pagan por servicios similares en países vinculados a Uruguay. ¿Para nuestro opinólogo, las tarifas de ANTEL son las más bajas, porque lo dice “alguien”, aunque sean más altas que las de Argentina, Brasil, Chile, España, EE.UU, Canadá, Francia, etc.

         Claro, pero ante todo hay que defender el monopolio estatal, para lo cual se maneja toda una ideología – que en el mal llamado socialismo real – fue la que llevó a la implosión de un sistema que fue sustituido por la salvajada del capitalismo depredador.

         Los uruguayos que tenemos un gobierno con visión nacional, que quiere que los servicios públicos sean realmente eso, servicios públicos, y no le tienen miedo a la integración del capital- tal como lo está machacando Mujica - para el desarrollo y el trabajo, venga de donde venga, cuando “molestan” a la vaca sagrada también reciben el repudio de los “intocables”

         Es una realidad ya anquilosada, que hoy no sirve y molesta, la qué, además, aparece como difícil de cambiar.

            *) Para tratar el problema del Plan Cardales y de su actual sistema de funcionamiento nos habíamos basado en algunos datos “extraoficiales”, pero absolutamente fidedignos, que mostraban el absoluto fracaso que significa su implementación a través del esquema que coloca a ANTEL como cabeza del mismo.

Ayer el semanario Búsqueda confirmó que la experiencia piloto, que se realizó en el departamento de Flores (el de menor población del país), fracasó de cabo a ramo.

Solamente se adhirieron al mismo cinco usuarios, demostrando el poco atractivo que tiene la experiencia qué, multiplicada al resto del país, se convertiría en un verdadero retroceso para las telecomunicaciones.

Un fracaso en toda la línea.

          La elección de la comunista Ana Olivera como candidata a la Intendencia de Montevideo parecería que despejó un serio problema que tenía de la interna del Frente Amplio, incapaz de completar las mayorías estatutarias exigidas por el Plenario Departamental para la designación del candidato. ¿Por qué esta tan obvia reflexión al comienzo de este trabajo?

Es que los vetustos estatutos de la coalición de izquierda, elaborados bajo la influencia del general Líber Seregni fueron pensados para otra cosa, concretamente para convertir el conglomerado de partidos, grupos y grupúsculos que es el Frente Amplio, en una fuerza presuntamente homogénea que no se empantanara en cada decisión. Seregni siempre sostuvo que lograr el consenso era una meta imprescindible en aquella etapa de la izquierda, cuando el fluir de opiniones y la vitalidad de los comités de base era un elemento indiscutible que hacía de la coalición una experiencia única.

         Sin embargo el tiempo pasó, la cualidad del Frente que, primero fue gobierno comunal en Montevideo y luego obtuvo, en un logro notable de la izquierda, el gobierno nacional, cambió rotundamente. Se hizo evidente que la vieja palanca de los Comités de Base se comenzó a desgastar, en parte porque el militante no encontraba en ellos el sentido fermental y aglutinador del período anterior, cerrando muchos sus puertas y otros quedando como “sellos” de un pasado distinto, de crecimiento.

Hubo en ese período una clara disidencia entre la acción de los Comité de Base con la de gobierno, apareciendo en algunos altos funcionarios un escozor casi enfermizo por la acción de aquel pueblo organizado que, ¿por qué no?, también se sentía parte, primero del gobierno comunal que encabezó Tabaré Vázquez y luego – es obvio decirlo – del nacional. Sin embargo la visión de muchos funcionarios, de gobernantes, de quienes tenían en sus manos la tarea de conducción de los distintos gobiernos, la acción de la militancia organizada aparecía como molesta, muchas veces voluntarista y casi siempre desubicada.

Entonces imperó el verticalismo y las políticas “centrales” de la coalición comenzaron a ser simplemente nominativas y desmovilizadoras de los Comités de Base. Cualquier expresión discrepante con la acción de algún funcionario del gobierno, era tomada como la acción sectaria de “los rompe bolas de siempre”, a los que se les ponía coto con el simple mecanismo de darles la espalda.

De aquellos lodos a estos pantanos. ¿Quiénes quedaron tras las puertas que se abrían casi clandestinamente de los viejos bastiones de militancia? Los representantes de los partidos organizados, especialmente el PCU y con menos rigor, del MPP. Si analizamos quienes están hoy al frente de los Comités de Base vemos claramente los mismos colores, las fuerzas que en el Congreso del Frente que aprobó la candidatura de Mújica, votaron mancomunados, haciéndole tragar el polvo de la derrota a Astori, a quién luego se debió recurrir para formar una fórmula altamente competitiva. Nosotros planteamos ese problema en aquel momento y porque teníamos esta visión, qué mantenemos, fuimos denostados, hasta calificados de agentes del adversario electoral. Lo que ocurre es que el sectarismo es ciego y no tiene medida cuando arremete.

Claro, la fuerza del Frente Amplio lanzada a la lucha electoral fue imparable y el éxito coronó lo que había sido, claramente, una decisión cupular.

No desconocemos los méritos de la señora Ana Olivera, quizás mayores a los de los otros candidatos que se presentaron al Plenario Departamental para competir por la candidatura a la Intendencia de Montevideo. Pero, más allá de ello, de su elección surge – nos parece –la misma problemática a la que nos referimos anteriormente, que es en definitiva, el divorcio que existe entre la cúpula del Frente Amplio, de su militancia activa, de quienes podríamos llamar cuadros medios porque son quienes toman las decisiones en los Congresos y Plenarios, con el frenteamplista de a pie.

Una encuesta de opinión qué presentó oportunamente el Partido Socialista un día antes del Plenario aclaró lo que ya se podía detectar de las lecturas de la prensa y se intuía entre la gente: los montevideanos preferían, en mayor medida, a Daniel Martínez. “Probablemente – como dice Constanza Moreira- más que una preferencia eso expresaba un reconocimiento básico: los montevideanos conocen a Daniel Martínez. Su nombre estuvo propuesto para la presidencia del país, fue director de un ente autónomo y ministro, y actualmente es senador. De todos los candidatos, Martínez es, como vino a mostrar la encuesta, el segundo más conocido (la primera es la candidata nacionalista Piñeyrúa)”

Ana Olivera en la misma encuesta aparecía como la menos conocida, como la “outsider” del grupo de candidates. Pero el Plenario, para no exhibir en público sus discrepancias, optó por la contradicción de preferir un candidato único en Montevideo (mientras el Frente no tenía problemas en la apertura de candidaturas múltiples en el resto de los departamentos), mecanismo que hacía imposible que ni Daniel Martínez ni Carlos Varela lograran los mínimos exigidos estatutariamente por el Plenario para zanjar la cuestión. Entonces las manos de MPP y comunistas se alzaron a favor de Olivera, se logró la mayoría, y el problema de fondo, aunque la candidata no sea conocida y se requiera de un redoblado trabajo militante del Frente para imponerla como intendente en Mayo, quedó para otra oportunidad. ¿Cuál es el problema de fondo?

Para expresarlo recurramos nuevamente a la lucidez de Moreira: “La idea de un candidato único era no exhibir las “disidencias” internas frente a un electorado tan amplio (y calificado) como el de Montevideo, al tiempo de ahorrarle a los grupos y sectores participar con sus listas en una puja interna, en la cual aquellos que apoyan al candidato perdedor salen en general muy mal parados electoralmente (como ya sucedió en la elección de octubre, entre otros, con la Vertiente Antigüista)”

“Sin embargo, razones tan simples como esta difícilmente sean expresadas públicamente, porque existe una cierta cultura “vergonzante” de que las razones puramente políticas deben ser ocultadas al gran público, so pena de que al conocerlas nos dejen de votar. Esgrimimos entonces razones de principios (como la candidatura única en Montevideo, habida cuenta de que muchos otros lugares son múltiples), que se evidencian, al menos para los conocedores, como poco creíbles. Y debilitamos nuestra credibilidad política. O al menos contribuimos a hacerlo, en el corto plazo”

En definitiva hubo un juego de poderes. Martínez como Intendente de Montevideo le podría parecer a algunos como un posible candidato para las próximas elecciones presidenciales y por ello se le bajó el pulgar. Sin embargo no se puede decir que ese camino es automático y que lo ocurrido con Tabaré Vázquez se podría repetir. A no ser que a algunos le haya ganado la miopía y la mezquindad y quieran, desde ya, reservarse un lugar en la próxima fórmula presidencial del 2005.

Hay mucha agua para correr bajo los puentes y se esto es así vamos por un camino equivocado. Lo mejor es que todo se aclare, se polemice ante la gente y con total franqueza se argumente las razones de un veto que, a esta altura, parece inconducente.

Porque además tenemos un ejemplo reciente del resultado que tienen las resoluciones cupulares, alejadas del sentimiento de la gente. Y ese ejemplo es Chile.