Los fundamentalistas de la ética dual siguen enredando la madeja como si la luminosidad de la verdad solo los inspirara a ellos, sin advertir qué solo están exacerbando pasiones y profundizando desencuentros. El viernes pasado el semanario, cruzado de la moral y las buenas costumbres de la izquierda, siguió con el tema del doctor Gonzalo Fernández. No le alcanzaron los desmentidos, las aclaraciones y, más que ello, las trayectorias de las personas involucradas, para dejar de intentar empujar al lodazar de la indignación popular a quién ocupara relevantes cargos en el primer gobierno frenteamplista y fuera indiscutiblemente la mano derecha del por entonces presidente Tabaré Vázquez.

        

Claro, se parte de la base de que los uruguayos están todavía indignados con la familia Peirano, con toda una estirpe de banqueros que casi siempre culminó su actuación con grandes perjuicios económicos para los ahorristas y el país. Y en ello no se miden responsabilidades individuales, se engloba el mal, se estigmatiza a todos y se suma a quienes, incluso, cumpliendo con lo que es una obligación ética que se le instruye durante la enseñanza de su carrera profesional, aceptan defender ante los estrados judiciales a los presuntamente culpables de las maniobras. O sea que se intenta el enchastre general, jugando con a favor de ese sentimiento popular.

        

         En la nota anterior se acusó al doctor Fernández de ser el responsable de que un tribunal de la justicia haya decidido borrar los antecedentes de los hermanos Peirano, luego de que el Parlamento hiciera caer el delito del Código del Proceso Penal por el cual habían sido procesados. El tribunal bien o mal entendió que si no existía más el delito era absurdo que continuara un proceso para establecer la culpabilidad de los ex banqueros. ¿Si no existe más la figura delictiva, cómo es posible que la Justicia defina la culpabilidad o la inocencia de un involucrado en trámite de proceso? ¿Pero qué tiene que ver Gonzalo Fernández en ello?

 

         Pero claro, para peor, se jugó mal, porque se entreverararon las barajas acusándose al doctor Fernández de haber sugerido la derogación del delito en la modificación del Código Penal, con la intención de favorecer a los Peirano. Nada de esto, pese a la espectacularidad con qué se manejó el tema en la prensa, tuvo el más mínimo andamiento. Ni el senador Abreu pudo probar que Fernández le hubiera solicitado esa “gauchada”, ni los parlamentarios pudieron justificar – en una mínima medida – qué la liviandad con que analizaron la desaparición del artículo haya sido consecuencia de alguna circunstancia externa a su misma inoperancia.

        

         El punto final a ese capítulo pareció que cerraría el escándalo. Sin embargo el semanario siguió adelante embarcando en el asunto a la doctora Cecilia Salom, esposa del doctor Fernández, asegurando que esta había pedido la clausura del proceso de los Peirano ante la desaparición del delito aprobada por el Parlamento. Digamos que la doctora Salom es además asesora de la bancada parlamentaria del Partido Socialista.

 

         Claro, más allá de las expresiones insólitas qué mostraron la acción de los fundamentalistas de la izquierda que, por supuesto, quisieran ver a los Peirano desollados en la plaza pública y a sus  supuestos “cómplices” sancionados por la opinión pública, el nuevo escándalo no pasó más allá de las declaraciones de la doctora Salom, que informó que ella no defendía particularmente a ningún integrante de la familia Peirano, sino a otro funcionario del banco cerrado en su momento como resultado de lo ocurrido en la crisis del 2002. Sus informaciones fueron concluyentes para la mayoría y, de alguna manera, desenmascaran a los fundamentalistas que tienen una propia visión de la justicia, que poco tiene que ver con lo que dicen los códigos.

 

         Claro, qué hay que investigar hechos y algunos muy graves. El ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, así lo está demostrando metiendo su cuchillo inquisidor hasta el fondo en la Armada nacional. Y por supuesto existen otros asuntos que deben ser desentrañados por el buen nombre del segundo gobierno de izquierda en el país, especialmente aquellos que lo rozan. El tema de Fripur, la venta de casas prefabricadas a Venezuela o el millonario negocio de la venta de libros al mismo país, llegar al final en el difícil espinoso asunto de los casinos municipales, son también temas qué podrían inquietar al semanario denunciante.

 

         Lo que sorprende que al tema del doctor Fernández ahora tres sectores de izquierda quieran darle un entierro de lujo, nombrando una comisión investigadora para analizar todo el asunto que ya está bien claro. Con los lectores memoriosos podemos analizar qué comisión de este tipo llegó a desentrañar la verdad en algún caso de importancia. La historia está limpia de éxitos y plagada de fracasos. ¿Entonces, para qué emprender un camino que, además, no tiene sentido? ¿Qué resultante parlamentaria o legal podría tener cualquier conclusión a que arribara dicha comisión investigadora? Por otra parte la referida investigadora, de ponerse en marcha, tendría que comenzar analizando la propia gestión del Parlamento nacional.

 

         Más vale meter violín en bolsa que por el momento los intentos han sido más que desafinados.

 

 

 

 

 

 

            Parecería que en nuestro país, en términos generales, crece la tendencia a una especie de fundamentalismo ético, en base al cual se juzga, sentencia y lapida a personas en base a informaciones que no tienen muchas veces otra consistencia de ser comentarios de prensa que se distorsionan severamente en la opinión pública.

 

         Inclusive dentro de la propia izquierda existen algunos “ayatolaes”, tan patéticos como negativos, que se erigen en cruzados de una supuesta moral revolucionaria, qué desde sus cavernas ideológicas solo tratan de deteriorar aún más la convivencia entre los frenteamplistas, aunque – claro está – generalmente tienen una mirada unidireccional, porque como los tuertos del ojo siniestro, no tienen capacidad para tener en cuenta buena parte de la realidad circundante, especialmente la que los afecta directamente y proviene de sus propias filas.

 

         Lo ocurrido en las últimas horas es aleccionante y, particularmente indignante. Luego de una modificación de código penal que requirió un largo trabajo parlamentario, quizás demostrativo de la liviandad con que se actúa en ese poder del Estado, en que se trató de modernizarlo con diversas medidas, como la desaparición de la tipificación de diversos delitos, entre ellos el que había sido utilizado para procesar a los banqueros Peirano. Ello determinó, luego de la actuación de un Tribunal de la Justicia, que se extinguiera dicho delito y se limpiara los antecedentes de quienes habían sido procesados por esa norma. Ello provocó que la flagelación de los moralistas comenzara a multiplicarse y se hiciera insoportable. Había que encontrar culpables de ese "perdón", "maniobra" o que se yo, y las víctimas se encontraron con facilidad. No en los parlamentarios que borraron de los códigos la norma, sino en el ex secretario de la Presidencia y ex ministro de Defensa Nacional, el socialista Gonzalo Fernández. 

 

 Es que ese delito no existe más en nuestro código penal y como los Peirano quedaron con sus fojas limpias, los adoradores del cilicio, comenzaron a buscar responsables en la izquierda. Tenían que auto flagelar al movimiento popular para que su visión  fundamentalista tuviera andamiento. Entonces trataron de enlodar a esta figura del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, tratando de embarcarlo como responsable de una oscura maniobra para favorecer a los banqueros Peirano.

 

¿Qué tiene que ver el doctor Fernández con las decisiones del Parlamento, que debería haberse asesorado en forma suficiente y con la decisión de un Tribunal de Justicia? Por supuesto que quienes tratan de hundir la reputación de abogado lo hacen utilizando un anterior antecedente por la cual este solicitó aval político a su partido para cumplir con su tarea de defensor a favor de uno de los hermanos Peirano?  Por supuesto que ello estaba en el cometido de su tarea como abogado defensor y no violentaba de ninguna manera su ética. Sin embargo los fundamentalistas no lo entendieron así. A los Peirano, en plural, había que lapidarlos como reclamaba una escribana, militante de todas las horas a favor de las sanciones más drásticas.

 

Claro, defender a uno de los Peirano en aquel momento fue mal interpretado por mucha gente indignada por los pormenores de la crisis financiera. De alguna manera parte de la opinión pública ya había juzgado y sentenciado a los banqueros, los únicos procesados luego del crack del 2002, en el cual se cerraron todos los bancos de capital nacional. Todos los demás presuntos responsables de hechos dolosos durante esa brutal crisis lograron, por habilidad o ausencia, eludir el bulto. Los Peirano (como se les motejó, estigmatizando a un apellido), fueron juzgados y procesados. Incluso uno de los hermanos todavía se encuentra tras las rejas.

 

Sin embargo el odio “manijeado” por los fundamentalistas y algunas otras personas, como forma de escudarse y esconder culpas propias, están más que interesadas en la “flagelación” pública de los banqueros. Estas han sido participes de campañas que duraron años y crearon el caldo de cultivo en el que creció el árbol del odio irracional. Muchos quisieran que los banqueros fueran quemados en la plaza pública frente a una multitud ululante, tras la cual se guillotinara a algunos dirigentes de la izquierda que en su opinión los han favorecido. Aunque en realidad no tengan nada que ver.

 

Los ayatolaes de la izquierda siguen sentando las bases para la división en el odio, preconizando una moral oscura, unilateral, sin códigos escritos, orientada por una tonta y lamentable visión de una convivencia singular. Critican la solidaridad y la amistad, calificando como burguesas las pequeñas delicias de la vida y, por supuesto, todos los adelantos del confort. No hay nada más reaccionario, para alguno de estos fundamentalistas, que el tener una casa calefaccionada, o ser vecino de un barrio caracterizado por ser habitado por “cajetillas”, según un lenguaje más que limitado. Ni hablar que desplazarse en un automóvil propio.

 

Por ello, para aventar tanta irracionalidad es que esperamos que este tema al que hoy nos referimos, por el bien de nuestra sociedad, quede olvidado como una anécdota más de tantas que está abonando la historia de nuestro folklórico país.

 

Es interesante apreciar como los temas que se van intercalando en nuestro devenir político y ciudadano, los que son de distinta procedencia, los que se van acumulando en un gran debe que tiene nuestra sociedad: la ineficiencia en la gestión de la administración pública, todo ello insertado en el marco de una impactante hipocresía en que muchos uruguayos, incluyendo especialmente los políticos, qué hoy profieren pasearse por las ”liquidaciones” que  abundan en los Shopping en lugar de, por supuesto, preocuparse o hacer algo por los demás compatriotas que viven en el infierno de manicomios y cárceles, antesalas seguras de la muerte.

           

            Cuando se produjo el dantesco episodio de la cárcel de Rocha que determinó la muerte de 12 reclusos, todos apuntamos a las deficiencias de gestión que tiene el Ministerio del Interior en los establecimientos de detención en que se dan, como dice el dicho popular, algunos ejemplos contradictorios que confirman la regla del repetido desastre.

 

            El ministro Bonomi maneja el ejemplo de la cárcel de Paysandú, en donde las autoridades policiales han organizado un sistema de cogestión con los prisioneros, que hacen que la armonía entre las partes y el apuntalamiento  de los objetivos de reeducación de los internos, funcionen realmente. También el secretario de Estado menciona la cárcel de Lavalleja, al parecer otra muestra de buen funcionamiento.

           

            Pero nos quedamos por ahí. El resto de las cárceles del Uruguay, superpobladas, en general – parecería – carecerían de un método mínimo de trabajo con los internos para tratar de lograr su recuperación y su futura reinserción en la sociedad, lo que es imposible en un régimen de hacinamiento y privaciones en niveles agobiantes. ¿Cómo es posible que el Ministerio del Interior, en 25 años de democracia (y manejamos este tiempo arbitrariamente, que podría ser mucho más), no haya podido encaminar la gestión de las cárceles de manera positiva? Nos preguntamos además: ¿Cómo es posible que durante el anterior gobierno de la izquierda no se haya hecho nada en este sector, en donde se verifica una explicita violación diaria de los más elementales derechos humanos?

 

            Sabemos de la intensión humanitaria del doctor José Díaz, el primer ministro del Interior del anterior gobierno progresista, de tratar de descomprimir las cárceles en base a una discutible Ley de Humanización Carcelaria, que liberó a poco menos de un millar de internos. ¿Ese era el camino? Más bien, creemos, era una salida tangente para descomprimir una situación explosiva que, con el ingreso de nuevos procesados, al poco tiempo quedó instalada con el dramatismo de antes.

           

            Celdas construidas para dos personas en que se colocan a ocho o más, carencia de una buena alimentación, incapacidad de las autoridades carcelarias de organizar tareas que ocupen las horas muertas de cada detenido (23 hundido en su celda y hacinado), etc., etc. Ahora, luego de un trabajoso proceso se aprobó la Ley de Emergencia Carcelaria, que le otorga 14 millones de dólares de libre disponibilidad al Ministerio del Interior para invertir en el sistema carcelario. ¿14 millones de dólares?, en primera instancia parece una suma exigua, muy menor para la magnitud del problema qué, además, parecería se utilizará para seguir aumentando las plazas e intentar con ello solucionar el problema del hacinamiento. Pero, ¿Dónde queda la reeducación?

 

            Es evidente que no solo se necesitan más celdas, más lugares para alojar a la masa de presos que crece día a día como consecuencia de la ola de delincuencia que está asolando al país.  Junto a las nuevas construcciones deberían levantarse talleres de distintos oficios, campos de deportes, lugares de recreación, aulas de clase, etc. Qué haya menos presos por metro cuadrado no soluciona mucho, pese a que en la actual situación es un avance importante. Sin embargo no debería existir ningún recinto de detención sin lugares en donde los detenidos pudieran concretar tareas que le mostraran una luz de esperanza al final del túnel. El ocio completo es pernicioso y dañino, además, con las características de lo que ocurre en el país, cuando va combinado con el hacinamiento, se convierte en un coctel explosivo.

 

            Por eso nos sorprende que en un país como el Uruguay, en que salimos de una feroz dictadura en que se violaron los derechos humanos y que siempre estamos masivamente reclamando la sanción de aquellos esbirros del pasado, admitamos hoy convivir en una situación donde seres humanos sufren violaciones de los derechos humanos tan o más graves a las del pasado. Antes eran sistemáticas, producto de la índole política de una dictadura, hoy tienen otros condimentos, pero que muestran las carencias de nuestra organización social, de un Estado incapaz y ausente de algunos temas fundamentales para el buen desarrollo de una sociedad democrática.

 

            Un país que quiera construir una democracia seria, pujante y moderna, debe combatir el delito de manera implacable, pero de ninguna manera mortificar a los presos. Se debe tratar de reeducarlos para que, cuando estos se reintegren a la sociedad – lo que ocurre tarde o temprano – puedan ser ciudadanos con todos sus derechos y obligaciones. ¿O es que hay sectores de la población que cree en que el camino es la venganza y que la sanción con los responsables debe ser cruenta, a la par del delito cometido?

 

            ¿Cuántas veces durante estos últimos años se ha denunciado la situación calamitosa de las Colonias Bernaldo Etchepare y Santín Carlos Rossi? Mucho antes de la dictadura militar, siendo ministro de Salud Pública el dirigente blanco Francisco Rodríguez Camusso, colocó como director de ese conglomerado psiquiátrico, al veterano médico socialista, José P. Cardoso.

           

            Recordamos de la lucha de Cardoso contra un sistema perverso, en que los enfermos que tenían la desgracia de ser internados allí, eran despojados de todo, convirtiéndose en seres a los que la sociedad les daba la espalda. Cardoso decía que los locos y los presos se convertían por su propia condición en ciudadanos de tercera categoría, sin derechos y sin defensa ante la arbitrariedad.

 

            Por supuesto que la lucha del eminente médico y dirigente socialista en contra el monstruo abominable del burocratismo de Salud Pública, luego de intentarlo todo, resolvió renunciar a su cargo. Su mayor pena fue no haber podido hacer retroceder a la burocracia retardataria que tenía el cometido de impedir todo lo que fuera mejora para los internados.

 

            Hoy las denuncias se repiten. Denuncias que muestran dramas humanos que, en casi todos los casos, terminan con la muerte. Denuncias de desamparo, de dolor, en que otra vez queda demostrado que en nuestra sociedad existe un claro sentimiento de hipocresía, pues somos capaces de movilizarnos por hechos del pasado, cuando estos nos abrazan políticamente, pero no damos un paso a favor de quienes hoy mismo, quizás en el momento que el lector lee estas líneas, están en una cárcel o en la Colonia Etchepare, bajo un techo que se llueve, sin ropa de cama, sin atención adecuada, sin los elementos indispensables para alimentarse. (Ni siquiera se provee a los enfermos de una cuchara para llevar la comida a la boca) Con el hándicap, además, de qué si alguien habla públicamente de la situación, en lugar de investigarse, se trata de lanzar sombras sobre el denunciante.

 

            Y en todos los casos, para desgracia, la responsabilidad nos compete a todos, porque estos hechos no ocurren en ingenios madereros del Chaco paraguayo ni en cárceles de las Antillas holandesas, sino bajo los techos – siempre mal mantenidos – de organismos administrados por el Estado uruguayo.