Cuando se habla del Mercosur en estos días ya ni siquiera se comentan los aspectos centrales de libre comercio, intercambio y circulación sin restricciones de personas, bienes y servicios. Eso quedó atrás hace algunos años, posiblemente a los pocos meses de su creación en el Tratado de Asunción de 1991.

Hoy se habla de cuestiones netamente políticas, que son propias de los gobiernos y no de las economías; se crean organismos paralelos políticos (como la Unasur), un Banco del bloque (llamado Banco del Sur), el parlamento latino (Parlatino), y una serie de encuentros y gestiones entre los Presidentes y los gobiernos de cuestiones de política exterior, relacionamiento institucional y posiciones comunes. Pero casi nada de la economía real, de los problemas y avances.

Veamos entonces la situación de cada país miembros del Mercosur y cuáles son los temas relevantes.

Argentina no está funcionando ni dentro del Mercosur ni en su relación con la economía mundial. Alcanza con mencionar que no hay posibilidades de importar o exportar si no es sujeta a control de divisas, permisos o licencias, altos aranceles, cupos, etc. Repasar su economía interna es un manual que todo profesor universitario desea entregar a sus estudiantes para aprender por el método del caso. Con el agravante que el estatuto del Mercosur ya ni se aplica para las autoridades argentinas.

Paraguay fue excluido ilegítimamente del Mercosur por la triple alianza de Brasil, Argentina y Uruguay. Con turbulencias políticas y un nuevo Presidente, ya hay voces internas que postulan seguir fuera del Mercosur, ya que consideran que los aportes del Mercosur a su economía han sido bajos, muy costosos y no han permitido cambiar la realidad social y económica del país. Por otra lado, en lo particular, los términos de intercambio de Paraguay con Uruguay son muy bajos y no tienen avances sustanciales.

Brasil es la reina del continente y como tal se da los lujos de reconocer o ignorar a quienes quiere. Siguiendo su tradición en materia de política exterior en la región, no asume un rol efectivo en el Mercosur porque evidentemente no lo entiende como un eje central de su desarrollo y expansión. Brasil es el principal impulsor de la subida del aracel externo común del bloque, llevándolo a un tope del 35% para todas las importaciones (fuera de las exceptuadas) y aplica contantemente restricciones no arancelarias para los productos y servicios de la región. Uruguay no la ha pasado bien en este proceso de integración comercial.

Venezuela es el nuevo socio del Mercosur. Quería ingresar y no podía. Pero el 28 de junio de 2012 se decretó la suspensión de Paraguay de toda decisión del Mercosur hasta que se realizaran elecciones democráticas (que se dieron hace unos días). Y treinta días después, en Brasilia, los socios activos del Mercosur (sin Paraguay) aprobaron la incorporación de Venezuela como miembro pleno desde el 12 de agosto de 2012. Así llegó Venezuela, en medio de esta situación irregular y de serios problemas internos del Presidente Chávez, su posterior fallecimiento, las elecciones inmediatas y el nuevo Presidente Maduro. Venezuela es una economía encerrada, dependiente de la producción energética, deficitaria en materia alimentaria y seriamente jaqueada por la distorsión de las variables económicas fundamentales de la economía (tipo de cambio, déficit, inflación, riesgo país, nacionalizaciones, etc). Tiene serios conflictos políticos en el exterior y es mirado como un aliado de países en conflicto con la comunidad internacional, como Irán o Libia.

Y llegamos a Uruguay. Es verdad que en los últimos años los gobiernos han anunciado sucesivamente su voluntad y confianza en la suerte del Mercosur. Pero no es menos cierto que esa expresión de política exterior no tiene eco ni contrapartida en los otros países, no ha significado acceso efectivo a los mercados regionales  ni aumento significativo del comercio. No ha eliminado trabas constantes arancelarias y no arancelarias. Los trabajadores en seguro de paro y las empresas desactivadas son la prueba de las dificultades históricas para estabilizar el tráfico comercial en el bloque desde la perspectiva uruguaya.

Muchas veces el gobierno ha hecho frente a las críticas de los uruguayos al Mercosur, afirmando que el diálogo es el único camino para obtener mejoras en la situación respecto del país y apelando a la afinidad personal, política o ideológica de los Presidentes. Un teléfono, una visita, un mensajero tienen que resolver las trabas de una partida de agua mineral, textiles o autopartes. O agilizar los trámites burocráticos.

Sin embargo, eso ha sido altamente ineficiente y diríamos que ha venido demostrando lo contrario: el camino de la afinidad personal entre los Presidentes no mejoró las relaciones económicas en la región, las distorsionó y en muchos casos las congeló. Basta citar el ejemplo de Argentina, donde la participación de las exportaciones directas uruguayas ha perdido relevancia en los últimos años, o los años de corte de nuestros puentes. O el caso de Brasil, que se negocian constantemente cupos para poder exportar bienes originarios y producidos en Uruguay.

Las últimas estrategias del gobierno parecieran ser de resignación con Argentina, de aproximación fuerte a Brasil sobre la base del contacto personal del Presidente Mujica con Dilma Rouseff y apostar a colocar productos nacionales en Venezuela con apoyo del nuevo Presidente Maduro.

Pero no es tiempo ya de seguir esperando o dependiendo de esfuerzos personales y la paciencia ilimitada de los negociadores, para ir ganando en el mejor de los casos pequeñas concesiones para que se cumplan las consignas del Mercosur. No lo permite la dignidad del país y el futuro económico de nuestra sociedad.

Por eso no quiero terminar esta nota sin una propuesta concreta.

Desde ese punto de vista, sin desligarse del Mercosur, Uruguay debería consensuar entre todo el sistema político, empresarial y de gobierno, una estrategia que permita antes de terminar el año 2013:

1.     liberar a Uruguay para celebrar acuerdos comerciales con terceros países ajenos al Mercosur, dejando sin efecto la resolución del Mercosur que lo prohíbe desde el año 2000 (resolución MERCOSUR/CMC/DEC N° 32/00).

2.     encaminar urgentes negociaciones con países que pueden ser socios leales, serios y ventajosos, especialmente el bloque gigantesco de la Alianza del Pacífico", o incluso negociación uno a uno con Perú y Colombia en la región (por citar algunos relevantes y complementarios), así como también otros bloques extra región. Definamos claramente los países y avancemos basados en la mejor información disponible desde el punto de vista técnico.

3.     Continuar en paralelo exigiendo y haciendo respetar los derechos del país en el bloque Mercosur, no por razones personales o ideológicas, sino porque es la historia de un país que respeta el orden jurídico vigente, los derechos y las obligaciones asumidas. Sabiendo en última instancia que pertenecemos al Mercosur pero no podemos depender de lo que desee un vecino.

 

 

La Unión Europea y el FMI han decidido rescatar la economía de Chipre, un país pequeño que demanda 10.000 millones de dólares para encarrillar sus finanzas. Este caso es el primero que se presenta en Europa desde que existe la Unión, no tanto porque se haga una asistencia económica (que ya la han recibido países como Italia, Irlanda, Grecia, España), sino porque es la primera vez que se produce el conocido “corralito” de depositantes.

La información que viene de Europa dice que a cambio de prestar la asistencia monetaria, se le hará a todos los depositantes una quita del orden del 10% de los ahorros depositados. Además, para evitar la fuga de los capitales hacia el exterior, se presentará un plan con la conocida técnica argentina del “corralito financiero”. Ningún flujo de dinero podrá sacarse de los Bancos locales, y eso la Unión Europea y el FMI lo consideran que es una legítima potestad de las autoridades chipriotas.

Esta noticia nos obliga a reflexionar, con la perspectiva de los 10 años que ya han pasado, sobre la forma de la salida “a la uruguaya” de la crisis financiera del 2002, y en particular para valorar lo que se ha hecho y lo que se hace diariamente para construir y proteger nuestro sistema financiero. Mérito de los ciudadanos y de las autoridades que trabajan directamente en este tema.

En el año 2001 Argentina declaró el default de su deuda externa, cerró su sistema financiero con el corralito y pesificó todo depósito y compromiso en moneda extranjera. Cayó la paridad 1 peso = 1 dólar y pasaron 4 presidentes. El FMI presionó a Argentina para declarar la quiebra del país y el sistema político cedió con evocaciones patrióticas a la independencia económica y el respeto a su soberanía. Pero aún hoy se ven las consecuencias: existen juicios millonarios contra el Estado de empresas que invirtieron, fondos y tenedores que reclaman el pago de la deuda externa contraída, embargos sobre bienes estatales por todo el mundo, un riesgo país astronómico, corralito cambiario, control de transacciones de los ciudadanos, destrucción de los ahorros para jubilaciones, falta de inversión productiva, inflación muy grande, etc. Aunque no todo es producto de la crisis del 2002, ese padrón de salida a la crisis es el cimiento de toda esta realidad perversa de todos los días.

En el caso de los países europeos que no hicieron sus “deberes fiscales” durante años, todos terminaron con la ayuda del FMI y de la Unión Europea (liderada por Alemania), que los está llevando a superar una insolvencia financiera muy grave y a proteger lo más que se pueda el “euro”. Con Chipre hoy se da un paso más: lo asisten mediante quitas compulsivas a los depositantes y le bendicen un corralito bancario definitivo.

En estas últimas semanas Ricardo Pasacle presentó un libro que demuestra, con un concepto, el motivo de la salida de nuestro país de la crisis del 2002 con la “solución a la uruguaya”, que no supuso ni corralito bancario, ni quitas a depositantes, ni medidas coactivas de controles cambiarios, de mercado o de transacciones. Solamente se reprogramó la devolución íntegra y con intereses de algunos depósitos de ahorristas en instituciones bancarias oficiales. Todo se cumplió y se hizo como fue prometido. 

Esa conducta se llama “credibilidad” y se llama “confianza”; y más allá de los gobiernos y de las diferencias políticas, es muy bueno recordar cada vez que se pueda, que Uruguay es y debe ser un país de gente confiable y respetada. Y advertir que cuando se tratan cuestiones que hacen a los bolsillos de la gente, a los impuestos, al déficit público, al gasto estatal y a la economía de los ciudadanos, de los trabajadores y de la empresas uruguayas, nadie está autorizado a poner en riesgo aquella credibilidad que nos permitió y nos permite hoy navegar  nuestro rumbo propio entre Argentina y Chipre.  

 

 

La caída del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) ha creado una cantidad de problemas en el Gobierno, en las Intendencias, en el Poder Judicial y entre los productores.

Cuando la Suprema Corte de Justicia determinó que el impuesto no era arreglado a nuestra Constitución, y por tanto lo declaró inconstitucional, sabía lo que estaba haciendo. Juzgó que no se puede establecer un impuesto sobre los inmuebles rurales que sea duplicado respecto del ya existente “Contribución Inmobiliaria Rural”, y que ese impuesto solo puede ser decretado, administrado y destinado por cada Intendencia para su propio Departamento. Sabía la Corte que la inconstitucionalidad iba a generar consecuencias jurídicas y obviamente económicas, en el gasto público y en los recursos presupuestales.

La actuación de la Corte es irreprochable desde todo punto de vista, porque es su función y su competencia constitucional dictaminar en las acciones de inconstitucionalidad. Aunque es lógico que cualquiera pueda discrepar con los fundamentos del fallo, el mecanismo institucional y jurídico del país es ese: la Corte emite sus sentencias para “decir el derecho” con fuerza obligatoria, como punto definitivo. Y todos deben respetarlo.

La Corte debe quedar entonces por fuera de cualquier debate, cuestionamiento o intención de juzgarla, salvo naturalmente las opiniones que todo ciudadano pueda hacer respecto de los fundamentos o razones de la sentencia con respeto y seriedad.

Sin embargo, hay un segundo flanco abierto que nadie puede dejar de atender. La intención del Gobierno y de las Intendencias --que hicieron causa común en esto--, fue destinar los 60 millones de dólares que se estimaba recaudar con el ICIR para el mantenimiento, equipamiento y desarrollo de la caminería rural en los Departamentos. De dónde saldrán ahora los fondos?

Los productores rurales ya han anticipado que resistirán nuevas presiones impositivas. Las Intendencias parece que en varios casos han adelantado compras y tareas a cuenta de este ingreso que ahora fue declarado inconstitucional. El Presidente ha prometido que les dará una solución. Y en el Gobierno se manejan varias ideas: crear un adicional a la Contribución Rural, reimplantar el Impuesto al Patrimonio para explotaciones agropecuarias, aumentar otros impuestos como el IMEBA, etc.

Aunque insistimos con la idea de optimizar los gastos del Estado y no crear mayores impuestos o cargas para los ciudadanos o las empresas, es posible que en este caso haya que recurrir a nuevos ingresos. Pero desde el arranque la legitimación de los recursos debe ser correcta.

El fundamento que se dio para el ICIR fue que al aumentar el valor de los campos, los propietarios de grandes superficies deben abonar impuestos por esa riqueza adicional. Un concepto muy ideológico, porque la economía del país también creció en muchas áreas, como el turismo, la logística, los desarrollos inmobliarios urbanos, etc.

En realidad el fundamento debiera ser que el crecimiento de las explotaciones agropecuarias genera necesidades de infraestructura y servicios que no estaban costeadas ni asumidas por las Intendencias, por lo que hay que buscar la financiación que permita sostener y acompañar ese costo desarrollo productivo.

Si lo enfocamos en esta línea de pensamiento, y no como un castigo a la mayor riqueza, parecería de justicia que los predios o explotaciones mayores contribuyan a pagar las necesidades suplementarias de infraestructura y todo lo asociado a la logística del negocio agropecuario.

Sea cual sea la fórmula legal que se busque, habría que tener en cuenta que debe ser consistente desde el punto de vista constitucional, justo en su instrumentación y exigente en su uso o destino para las Intendencias.   Y especialmente debe quedar fuera de la bolsa de recursos que tiene el Estado con los impuestos a los ciudadanos.

 

La primavera impositiva que se inició desde el año 2007 con la reforma fiscal parece llegar a su fin. 

En julio de ese año todos los contribuyentes comenzamos a vivir una realidad desconocida, que fue ponernos el traje de contribuyente o más bien el de "sujeto tributario”. Cualquier ingreso de una persona pasó a estar gravado con impuestos, para lo cual se utilizó la expresión Impuesto a la Renta de las Personas Física (IRPF). A partir de ese momento se tributa por los salarios, las pasividades (en su versión llamada IASS), las rentas de capital, los arrendamientos, los incrementos patrimoniales (diferencias de precio entre el valor de compra y el de venta de un bien, incremento de valor por prestaciones), pago de beneficios económicos, etc.  Se crearon mecanismos de control, supervisión, inspección y sanción a los contribuyentes, otorgando facultades extraordinarias y duras a los organismos recaudadores.

Como no podía ser de otra forma, las consecuencias se ven desde lejos.

Lo primero ha sido el crecimiento de la presión fiscal, medida como el total de los ingresos de las personas que se dedican a pagar los impuestos en el año. Al mismo tiempo, Uruguay pasó a ser el país con menor evasión fiscal en América, como lo ha indicado el Director de Rentas en recientes declaraciones de prensa. O sea, los contribuyentes trabajan más tiempo para pagar sus impuestos y cada vez evaden menos esos pagos (voluntariamente o por actuación de la oficina recaudadora).

También un análisis de los datos demuestra que el peso de la reforma fiscal recayó especialmente en las personas físicas, porque entre todos los impuestos existentes (IRAE de las empresas, Impuesto al Patrimonio, IMESI, IRPF, IVA), el que ha ganado mayor peso y aporte es precisamente el IRPF. Solo cito que al cierre del 2012 el IRPF representó un 14% del total de los impuestos recaudados, el segundo luego del IVA y superando al IRAE empresarial. Al inicio de la reforma fiscal era del orden del 10%.

Eso explica que año a año haya una recaudación abundante, creciente y ascendente de las arcas públicas, no sólo por IRPF sino por todos los impuestos en su conjunto fruto de más actividad económica y condiciones ventajosas de la economía mundial. Si lo quieren dimensionar lo ponemos en números: todo el año 2012 le dejó al Gobierno en ventanilla, por todos sus impuestos, 27.000 millones de pesos.

Sin embargo, nos venimos a enterar que la inflación y el gasto público están fuera de rango y con amenazas sobre la marcha de la economía. La discusión de urgencia es ahora cómo salir de esta coyuntura negativa, donde una parte del Gobierno pronostica más impuestos y otra prioriza recortar los gastos.  

Acá hay que alertar a los contribuyentes sobre la diferencia radical entre ésta coyuntura y la que existía en anteriores gobiernos que debieron hacer también ajustes fiscales. Nadie puede negar hoy que los contribuyentes (los obreros, las familias, los jubilados, los profesionales, las microempresas, los rentistas, etc) han hecho su trabajo bien con el Fisco. Y están en el borde de su capacidad de contribuir.

No hay nada que de derecho a señalar a los contribuyentes (del más humilde al de mayor patrimonio) como omisos, carentes de solidaridad o renuentes a contribuir con el Estado.

Si lo que se quiere es ajustar el déficit del presupuesto nacional y sus diversos programas, que ha crecido y se ha descontrolado, al igual que la inflación, no es por el lado de castigar a los contribuyentes con más cargas impositivas.

Solo hay que mirar lo que hace una familia cualquiera cuando tiene dificultades: corta los gastos improductivos, prioriza sólo las inversiones sustanciales y trata de que las personas que generan los ingresos estén cuidadas y satisfechas porque son la base esencial de todo el engranaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El caso del acuerdo salarial entre los trabajadores y las empresas del sector de las bebidas es un reflejo de lo que acontecerá posiblemente en los próximos meses.

El acuerdo logrado para la mejora salarial de este sector llegó a un incremento del 10%, cuando el Gobierno anunció que no lo aprobará, porque no admitirá más del 8,28% para cuidar las pautas inflacionarias y la marcha de la economía. 

La primer pregunta refiere entonces a los motivos por los cuales se acordó un 10% de incremento salarial. Es obvio que en la base hay una expectativa de que la inflación será alta, que comerá parte del salario y que las reivindicaciones futuras del sindicato serán razonables si las llevan a esos niveles. Por otra parte, aunque se diga lo contrario, el ajuste se sabe que impactará en los precios de venta de las bebidas, que es la válvula de escape para descargar los mayores costos de las empresas.

Entonces el Gobierno se la ve venir: todos negocian, ven lo que pasa con la inflación hoy, aumentan las expectativas, generan más incrementos de salarios y disparan los precios. Conclusión: más inflación en un contexto en donde el Gobierno no ha logrado acertar en los pronósticos oficiales ni en acompasar el ritmo de la inflación.

Así la cosa no está funcionando bien; voluntariamente sindicatos y empresas arriban a un acuerdo para solucionar los ajustes en los salarios pero es el Gobierno quien pone freno y evita que ese acuerdo sea realidad. No hay realmente negociación voluntaria y libre como pide la ley, sino subordinada a las metas inflacionarias y a los límites que el Gobierno coloca para los acuerdos salariales.

Para entender algo de esto hay que remontarse varios años para atrás, cuando se reestablece el mecanismo de los Consejos de Salarios. Estos Consejos funcionan con tres integrantes, uno por los trabajadores, otro por los empresarios y un tercero del mismo Gobierno. Allí ocurre una lógica dual: o hay acuerdo de las tres partes (aún a regañadientes de alguna de ellas), o el Gobierno lauda respecto de la posición que se acerca a los intereses trazados por el Gobierno en cada momento. El efecto ha sido un incremento real del salario del 36% entre 2005 y 2012.

La interrogante que dio vueltas siempre fue conocer hasta cuándo podía sostenerse esta indexación automática de los Consejos de Salarios (los aumentos siempre incluían una base de inflación -IPC- y mejoras reales del salario adicionales). Estos incrementos encadenados semestre a semestre hacen una trenza en la economía que no será fácil sostenerla cuando –como parece ser este caso- se empiezan a afectar las variables de la economía: inflación, crecimiento, inversión, déficit público.

La incógnita futura es si el Gobierno, que ha jugado fuerte justamente en un tema muy sensible como los salarios, lo seguirá haciendo para contener ésta y otras variables de la economía. Porque entramos ahí en la frontera de la ley de negociación colectiva, aprobada hace pocos años, que mandata a las partes interesadas para ponerse de acuerdo en las cuestiones salariales y condiciones de trabajo. La decisión del Gobierno de no reconocer los aumentos no está prevista en la ley mencionada y no ha sido lo que ocurrió a lo largo de los últimos 8 años.

Esta decisión prioriza hoy la meta inflacionaria, que está salida del rango deseable y del pronosticado oficial. Pero el dirigismo y la inflexibilidad en esta materia empezará a poner en duda el mecanismo de ajuste salarial por Consejos de Salarios y la negociación colectiva. Cuando los sindicatos y las empresas no crean en esta mecánica de ajuste de salarios, será tiempo de pensar seriamente en el futuro de las relaciones laborales y la injerencia permitida al Estado.