Quiero referirme a una situación que sin dudas nos ha conmovido a muchos de nosotros esta última semana, como forma de hacer algunas reflexiones sobre la convivencia entre los y las habitantes de Montevideo, a partir de la relevancia que ha tomado esta pérdida irreparable.

Este martes murió, después de 25 días de coma, Daniel Zamudio: joven, varón, chileno y abiertamente homosexual. Daniel había quedado en coma después de ser torturado por seis horas por una banda de neonazis cerca de una estación de policía en Santiago. Como en los peores relatos de las épocas más oscuras de nuestros países, lo golpearon, lo quemaron con cigarrillos, le arrancaron parte de una oreja, le quebraron una pierna y le marcaron cruces esvásticas en la piel con pedazos de vidrio.

Daniel sufrió- y finalmente murió- a manos de un grupo de intolerantes por ser abiertamente homosexual. Podría haber sido negro, judío, lesbiana, pobre, travesti o discapacitado. De todas estas cosas “se muere” en Chile, como en otras partes de nuestra América Latina. Uruguay no es la excepción.

Este hecho que rompe los ojos por su violencia, por la evidencia del odio de los atacantes, nos interpela como ciudadanos y a mí en particular como militante política. Porque los sospechosos de la muerte de Daniel están vinculados a organizaciones chilenas, que no tienen ningún problema en mostrarse públicamente en la calles con emblemas distintivos, definirse explícitamente como nacionalsocialistas, lanzar públicamente consignas contra las personas homosexuales, declararse racistas e incluir entre sus objetivos promover la eugenesia como forma de –cito textualmente- “evitar el nacimiento de personas con graves y lamentables incapacidades físicas e intelectuales”.

Porque estas organizaciones tienen sus paralelos intolerantes en nuestro país. Esto puede verse a través de las redes sociales, donde los fanáticos se expresaron sobre la muerte de Daniel de la siguiente manera: "Dejan en coma a un malvado sodomita. Al fin algo de justicia. Muerte a Sodoma y Gomorra". También pueden verse artículos con todo tipo de insultos cargados de antisemitismo, xenofobia, homofobia y fundamentalismo católico.

Porque el odio discriminador y sus víctimas no están lejos, del otro lado de la Cordillera, están acá, entre nosotros y en nuestra ciudad. Los actos flagrantes de discriminación que se registran regularmente en Montevideo, de los cuales tenemos ejemplos recientes como los de 2011; en el local Viejo Barreiro con la expulsión de una pareja gay y en la discoteca Kalú con la paliza feroz a un joven afro-descendiente, exigen que, como sociedad y en particular como actores políticos, actuemos y no miremos para otro lado.

Durante la campaña electoral recibí de primera mano los reclamos consistentes de los colectivos discriminados sobre la frecuencia y la total indiferencia que sufren ante actos discriminatorios. Me interpelaron –y me interpelo yo misma- sobre el rol que juegan la Intendencia de Montevideo y la Junta Departamental en la erradicación de estos actos en la ciudad, especialmente los cometidos bajo la excusa del famoso “derecho de admisión”. ¿Hasta qué punto un propietario puede impedir la entrada o expulsar a un cliente por su forma de vestir, su edad, orientación sexual, identidad de género o su apariencia?

Si no actúo como representante de la ciudadanía montevideana, seré cómplice de más muertes, más dolor, más derechos cercenados.

Es por esto que, siguiendo la consigna de “Decir lo que se piensa y hacer lo que se dice” y pensando en avanzar al menos un paso a la vez, ya estoy trabajando con mi equipo en un borrador de propuesta para garantizar que el público que concurre a cualquier local de entretenimiento de la ciudad de Montevideo conozca los derechos garantizados por la ley 17817, la ley 17250 y los límites que fija el Digesto Municipal y, por lo tanto, las víctimas de actos de discriminación puedan denunciarlos y actuar para exigir el castigo a quienes discriminan. Este será sin duda un aporte, mínimo e inicial, para la eliminación de una práctica social que violenta a las personas y recorta sus derechos.

Invito desde ya a todos los montevideanos y a todas las montevideanas a sumarse al trabajo que nos permita tener una Montevideo libre de discriminación y de odio. Sin muertes físicas que lamentar, como la de Daniel, ni muertes espirituales, como las de tantos y tantas que sufren en silencio el desprecio de unos y la complicidad de otros.

Desde nuestro trabajo en la Junta Departamental, uno de los principales desafíos que nos hemos planteado es el de promover y apoyar aquellas iniciativas que surjan de los vecinos organizados, al considerar que los cambios sociales son sustentables si y sólo si van de la mano de la construcción colectiva.

En ese sentido, tanto a nivel institucional desde mi cargo de edila, así como a nivel personal en mi rol de militante social y ciudadana, me interesa destacar el trabajo realizado por el grupo "Uniendo barrios" para el cual, desde el lugar que me toca, he brindado todo mi apoyo.

El grupo "Uniendo barrios" nuclea vecinos de diversos barrios y es impulsado desde el club TRICOLOR de La Teja. Tiene como objetivo primordial generar un espacio de contención para jóvenes (especialmente aquellos que se encuentran en una situación más vulnerable) y capacitarlos para su desarrollo personal, en particular para facilitar su inserción laboral. Son los propios vecinos que dedican horas de su vida con un fin meramente solidario, como es colaborar con el desarrollo de sus jóvenes y de su barrio; lo cual es, en definitiva, apoyar y proyectar ese país de primera con el que tanto soñamos.

El trabajo consiste en que una empresa pública o privada se comprometa en dar un curso corto de capacitación. Complementando éste con la ayuda de instituciones, comercios y vecinos del barrio; brindándole boletos para trasladarse, uniformes de trabajo, facilitándole la comida, visitas a espacios culturales (Teatro Solís, Espacio Ciencia del LATU, etcétera) y clases de apoyo, entre otras cosas.

La clave de este proyecto es la red que se forma en torno a los jóvenes. Una red de vecinos que los van a buscar todos los días temprano para que no se queden dormidos y así puedan ir a clase, los acompañan en la mañana y les preparan el desayuno, y si detectan que no están concurriendo se movilizan para averiguar el porqué, lo cual ha sido clave para que la deserción de estos cursos haya sido prácticamente nula. De este modo, se construye un tejido social de contención muy importante, limitando los efectos de la exclusión social y acelerando los procesos de inserción, a través de un trabajo de identificación de los jóvenes con su comunidad y entre ellos. 

Esta agrupación de vecinos no sólo trabaja con jóvenes, sino que ha desarrollado una labor social con todo el barrio. Generando soluciones para aquellos vecinos con problemas de vivienda, comunicándose con OSE cuando surgen inconvenientes con la red de saneamiento, o consiguiendo medicamentos cuando alguien padece problemas de salud.

Es un trabajo social clave que implementa una conexión del barrio con las instituciones, fortaleciendo el sentido de pertenencia con la sociedad toda y limitando el dañino efecto de la fragmentación social. En momentos donde se habla tanto, en exceso, de la falta de participación y compromiso, ejemplos como este nos dan mucho ánimo para continuar el rumbo que emprendimos hace ya un largo tiempo.

Los resultados están a la vista. Un proceso colectivo que nace de las entrañas de la comunidad con un fin solidario; un camino que no se puede dejar de recorrer...