En el último día del año se hace difícil resistir la tentación de intentar el abordaje de balances y análisis sobre lo hecho y lo por hacer. Ahora bien, en tanto un balance es algo intrínsecamente subjetivo y aún más personales son las expectativas hacia el futuro, no parece ser una buena forma de concluir un año que, sin dudas, tuvo de todo. Por ello preferimos compartir algo más objetivo, si bien producto también de una experiencia personal, en la convicción de que solamente pueden construirse cambios sobre la base de acuerdos en puntos inobjetables.

Hace algunos días durante las habituales esperas en Sedes Judiciales pude observar a dos jovencitos en el entorno de los quince años, que eran conducidos a un Juzgado en calidad de testigos, respecto a un hecho delictivo ocurrido en uno de los más conflictivos barrios de la periferia de Montevideo.

Me sorprendió que ambos no exhibieran molestia alguna, ni la clásica altanería con que se suele disfrazar a la inseguridad en esos casos. Por el contrario comentaban entre sí, con los funcionarios encargados de su traslado y con todo quien quisiera oírlos acerca de lo grande de la ciudad, y  los edificios que habían visto en su recorrido por Centro y Ciudad Vieja, que según afirmaban eran “los propios rascacielos!”.

Era la primera vez que estos jóvenes venían al Centro de la ciudad.
 
Ignoro que sucedió con ellos, si su testimonio fue útil o no y si les había correspondido alguna responsabilidad en el hecho que se investigaba. Me resultó irrelevante conocer esos detalles, en tanto el verdadero crimen, el delito de lesa humanidad que allí se estaba manifestando era el haber construido en nuestra ciudad modernos guettos sin murallas, donde se compartimenta la consciencia y se manejan realidades tan distintas que a uno y otro lado de esas barreras imaginarias el semejante nos resulta extraño como un ritual de tribus lejanas.

Surge claro que en una ciudad pequeña y de poca población a nivel internacional, como lo es Montevideo, no existe razón alguna que pueda sostener esa balcanización, cual no lo sea la ineficiencia endémica de los mecanismos estatales, que durante décadas se han ocupado solamente de su propia salud interna presupuestal, convirtiendo el cumplimiento de sus funciones en algo testimonial.

Cada día más y más voces se alzan reclamando, con razón, más y mejor seguridad. Cada día asimismo notamos mayores esfuerzos de parte del Ministerio del Interior, con firmes intenciones y efectivos esmeros como durante décadas no conocimos. Sin embargo, eso no alcanza. Es más, limitar la tarea de seguridad a una mera actuación policial en estos momentos y con estas realidades se asimila a intentar secar el mar con un balde.

En tanto la otrora “Tacita de Plata” se mantenga como un entramado de feudos, donde la presencia del Estado se limite a la ocasional represión de algún hecho puntual, no habrá posibilidad real de reconstruir el entramado social y la única ley respetada será la del más fuerte, con recursos de apelación basados en la del Talión.

Estamos a punto de iniciar un nuevo año y es un instante ideal para trazar nuevos objetivos. El primero entonces debe ser el de la inclusión, para que los jóvenes de Montevideo, nuestros jóvenes, no deban conocer las bellezas y las oportunidades que puede y debe brindarles su ciudad a los quince años, haciendo turismo interno en móviles policiales.

De no hacerse así esos jóvenes no podrán ser responsabilizados plenamente desde el punto de vista moral por algún acto que puedan desarrollar a lo largo de su peripecia vital,  cuando no han recibido de la Sociedad más que lo que ellos mismos han podido obtener por sus propios y escasos medios, dentro del encierro al que los hemos condenado, huérfanos de apoyos y expectativas de futuro, sin un pasado donde cimentarse ni un futuro que los motive.

Desde el Poder Ejecutivo se invita a reflexionar sobre el modelo de Sociedad y aportar soluciones para los problemas de convivencia que en ella se manifiestan. A su vez, desde la oposición se desarrollan profundos estudios en torno a esas premisas. La tentación de sumarnos al debate es irresistible, pero para eso se requiere de reglas claras y precisas. La primera es determinar si vamos a hablar en serio o no. Concordes en eso, lo demás es lo de menos.
 
Finalmente los uruguayos hemos conocido las Conclusiones del Gabinete de Seguridad, y su “Estrategia por la Vida y la Convivencia”.

A riesgo de pecar de ingenuos, debemos reconocer que esperábamos con expectación este suceso, con la idea de que habría de florecer en él la cuota de sentido lógico que desde hace tiempo extrañábamos.

Hemos sido frustrados en esa ilusión. Todas las instancias no pasaron de una amplia serie de diagnósticos de coyuntura, algún análisis más o menos parcializado y subjetivo, y una larga enumeración de objetivos programáticos, más algunas medidas imprecisas que parecen de ardua e improbable aplicación y que difícilmente pudieran ser útiles frente al problema enunciado.

En efecto, resulta claro que no se puede defender la Libertad, que es el valor en juego último ante la inseguridad pública, por medio de la restricción de otras Libertades, como las de Prensa y Expresión, medida que además de ser absolutamente antijurídica resultaría igualmente improductiva ante el objetivo señalado, ya que no se puede afirmar con seriedad que los jóvenes delincuentes de hoy han formado su conflictiva personalidad por medio de los programas informativos de la televisión nacional o por las redes sociales.

Resulta al menos extraño también que se procure crear “dispositivos judiciales” especializados en el “narcomenudeo” y se propugne el agravamiento de las penas en caso de corrupción policial y tráfico de pasta base, cuando el Estado ha renunciado a la represión de uno y otro y no hace uso de los actuales instrumentos para enfrentar a esos males. Por el contrario se ha sostenido por diversos operadores policiales y del Gobierno que no se debe combatir a las “bocas”, usando para ello argumentos difíciles de adjetivar sin caer en descalificaciones. Asimismo, el control de las fronteras se limita a episodios de carácter casi testimonial, o a incautaciones importantes realizadas a narcotraficantes que invariablemente utilizan a Uruguay como escalón de tránsito, hacia terceros países, nunca hacia el nuestro.

Igualmente, pese al compartible afán de los organismos recaudadores en perseguir el lavado de activos, no se han procurado en ese sentido las muy simples herramientas legales que permitirían el control rutinario y aleatorio de las Declaraciones Juradas de las Autoridades y responsables del combate al crimen organizado, por medio del levantamiento del secreto bancario, en controles que deberían ser la norma y no la excepción destinadas a brindar garantías a nuestra ciudadanía, y no solo a perseguir evasores extranjeros.

Nos ha resultado llamativo también que se bregue por la aprobación del nuevo Código de Procedimiento Penal, que se encuentra en estudio parlamentario desde hace dos años y cuya instrumentación se cuestiona por el alto costo que implicaría, calculado en casi U$S 10:000.000 anuales, por lo que se ha optado por mantener el actual CPP, que calificara como de “impresentable” el por entonces Presidente de la SCJ Dr. Jorge Chediak, y que nos valiera ya repetidas observaciones internacionales, debido a sus atroces características, que merecen justamente un estudio más extensivo.

En tanto, mientras seguimos juzgando con presunción de culpabilidad, haciendo uso y abuso de la prisión preventiva y contribuyendo a crear situaciones de hacinamiento carcelario por no incurrir en un gasto de diez millones de dólares anuales, vemos que la tan anunciada y defendida solución final al tema PLUNA no fue ni una ni otra, y nos dejó con un pasivo de U$S 360:000.000, lo cual es decir 36 años de funcionamiento judicial con ese nuevo CPP tan cuestionado por su costo.

Tan incomprensible nos resulta, asimismo, la estrategia de regular el consumo de marihuana, (regular, no permitir ni liberalizar), con el ingenuo objetivo de frenar de esta manera los males de la pasta base. En rigor, dicho sea con el mayor respeto, esta propuesta sería más lógica si se hallara postulada por un “Parlamento Juvenil”, una “Congregación Ecuménica de Catequistas” o un Simposio de Estudiantes de Ciencias Sociales. Jamás por personas con tan cargadas peripecias vitales a sus espaldas, que se supone les habrían dado el conocimiento cabal sobre el entrelazado que mueve a las actitudes y actuaciones clandestinas y marginales.

Similar juicio nos merece la increíble idea de sancionar a quienes venden pasta base con 4 años de prisión a 15 años de penitenciaría, mientras que el homicidio se pena con 20 meses de prisión a 12 años de penitenciaría. ¿A nadie se le ocurrió que en esa ecuación “garpa más boletear al batidor”, con lo que se crearía una escalada de asesinatos ante el menor conflicto?

Por lo dicho, y más, nos resulta imperioso el plantearnos la interrogante del título, que no abarca solamente a la propuesta oficial, en tanto recientes documentos surgidos desde la oposición adolecen de una similar naturaleza programática y enunciativa, totalmente huérfanos de idea o concepto concreto alguno.

La situación del país es preocupante y no puede ocultarse bajo cortinas de humo, o propuestas facilistas nacidas para el aplauso de la tribuna de los fanáticos, como plantea el Gobierno. Tampoco con una enumeración de lugares comunes, destinados a gustar a todos y no incomodar a nadie, según plantean algunos sectores opositores.

Por ello necesitamos aplicar las Leyes vigentes, no inventar nuevas fórmulas mágicas.

El desafío es buscar soluciones reales para los problemas de hoy, en lugar de plantear un país de maravillas para algún futuro incierto.

Porque los uruguayos merecemos vivir mejor. TODOS.

Con esas palabras, el líder de una de las facciones en pugna exhorta a sus seguidores a dar inicio a un sangriento motín carcelario, iniciado gracias a la corrupción policial. Minutos más tarde, cae abatido por las balas de otros policías, en una peligrosa acción fulminante realizada durante una negociación, en violación de órdenes recibidas, lo que inicia una espiral de violencia, tolerada y prohijada por inoperancia del poder político y venalidad de los medios de comunicación, lo que lleva a una situación donde todo tiene un precio y un valor, excepto la vida humana.

Aunque pueda parecerlo, no es un relato de la vida real. Se trata, apenas, de la última odisea de un personaje ficticio, “Beirada”, líder del imaginario “Comando Vermelho", en la excelente película brasileña “Tropa de Elite II”, sobre el crimen organizado en Rio de Janeiro y sus nexos con el poder político y policial. 

Ahora bien, no es difícil hallar en esa trama puntos de contacto con la realidad a que estamos expuestos diariamente, lo que nos lleva ineluctablemente a plantearnos si la consigna de “Beirada” con que elegimos titular estas líneas no se constituirá en un axioma de nuestras propias vidas, o las de nuestros hijos.

Somos conscientes que no abordamos un tema nuevo. Por el contrario, se ha hablado y debatido hasta el hartazgo sobre temas de seguridad, con distintas visiones, muchas veces en desgastantes falsas oposiciones, con visiones parcializadas y subjetivas, tal vez motivadas más en el instintivo mecanismo de autodefensa que se dispara al confrontar distintas ideas, o gestiones, que en buscar una solución real al tema.

Por ello, nos parece adecuado centrar el tema en cuestiones incontrovertibles, por medio de realidades palmarias, o cifras objetivas.

El primer punto, entonces, donde no debería haber discrepancias, está constituido por el absoluto fracaso de las instituciones carcelarias, penitenciarias y de reclusión de nuestro país, algunas de las cuales llegaran a ser calificadas por el Relator de la ONU como peores que las de Guinea Ecuatorial.

Las razones de ello son múltiples, todas las que se han manejado durante años, y muchas más que tal vez no se hagan públicas. No viene a cuento, en esta instancia, hacer un inventario de errores u omisiones, y no nos corresponde dirimir responsabilidades, algo en lo que nuestro país ha sido lamentablemente omiso desde hace tiempo.

A pesar de ese incontrovertible fracaso de las políticas carcelarias, la reciente interpelación sobre el tema al Ministro Bonomi demostró que no existe un modelo alternativo que procure dar solución real a ese problema en un futuro cercano.

Por el contrario, la propuesta oficial de cara al futuro se basa en la reconstitución del status quo que posibilitó la creación de estas situaciones, con medidas apenas de carácter cosmético.

No resulta lógico suponer que los problemas carcelarios podrán solucionarse reconstruyendo pabellones demolidos, ni generando nuevas cárceles de grandes dimensiones en las que se siga depositando en calidad de bulto  a centenares y miles de internos, en un grotesco cóctel donde se mezcle a quienes por diversas circunstancias de la vida han cometido un error con los malos, a éstos con los peores, y aún a esos con los  presuntos “irrecuperables”, para que en ese ámbito se potencien las peores condiciones del ser humano, que ningún refuerzo en el número o la calidad de los funcionarios penitenciarios podrán corregir, independientemente de a que Inciso o Unidad Ejecutora dependan.

Habremos abandonado entonces toda esperanza de que nuestro sistema de privación de Libertad pueda servir para rehabilitar, como mandata el texto constitucional y marca el sentido común, y nos resignaremos a que las cárceles sean, como siempre, un pasaje en tránsito por el infierno y un semillero de odio, además de una ineficaz barrera para la protección de la sociedad, por más que se usen mármoles de Carrara en lugar de bloques para construir sus plantas físicas.

La experiencia tan prolijamente estudiada sobre los fracasos anteriores que llevaron al desastre actual debería habernos enseñado, entonces, que repetir las mismas fórmulas no pueden conducirnos razonablemente a nada que no sea una nueva catástrofe. Asimismo, si bien cuando hablamos de vida o muerte el tema económico es secundario, no podemos dejar de reseñar que toda cifra que se volcara a una enmienda de esa naturaleza será siempre un gasto, y jamás una inversión. Resulta claro que las soluciones serían paliativas y que en un muy breve lapso nos hallaríamos ante los mismos problemas, potenciados por el tiempo. Nos ha sucedido en Uruguay, y sucede diariamente en el mundo.

La oposición, en tanto, se limitó a cuestionar acciones recientes, sin aceptar planteos sobre causas pasadas ni expresar nada que pueda darnos esperanzas de un mejor futuro. Las críticas razonables que pudo haber vertido se perdieron en un mar de crispación, destinado de antemano a forzar un hecho político de enfrentamiento y no a la búsqueda de la solución de un problema nacional.

Frente a estos hechos no podemos dejar de recordar alguna amarga experiencia personal de años atrás cuando, también depositados como bultos en un depósito de objetos humanos, escuchamos por primera vez la frase “La cárcel no se arreglará mientras los presos no voten”.

Esa frase cargada de cinismo hoy recibió respaldo y razón y, en tanto la situación carcelaria forma parte fundamental de la seguridad pública, hemos resuelto romper nuestro silencio, para evitar que las palabras cinematográficas con que se titula esta entrega pasen a ser una consigna permanente en nuestra diaria vida real.

Volveremos a ocuparnos del tema, porque los uruguayos merecemos vivir mejor. Todos.