Los politólogos no alcanzan a explicar todavía qué fue lo que ocurrió el domingo pasado. En especial, en lo referido a la superior votación del Partido Nacional sobre el Frente Amplio y en la cantidad de sufragantes, sensiblemente menor a la esperada. Las respuestas deberán esperar que las acciones que siguieron a los resultados se reflejen en las próximas en las encuestas.

Mientras tanto, candidatos y operadores políticos seguirán tomando decisiones y enviando señales a la ciudadanía, procurando captar indecisos. En este terreno el Partido Nacional sacó ventaja, aunque todavía resulte difícil estimar de qué magnitud, al anunciar su fórmula electoral la misma noche del domingo. En el Frente Amplio, en cambio, nadie se animó a reconocer los errores cometidos y mucho menos a enmendarlos. Por el contrario, tanto sus acciones como sus señales parecen equivocadas. No sólo que no pudo "ganar en junio para ganar en octubre" sino que tampoco le dio la debida importancia a las acciones que iban a emprender sus dos principales figuras una vez conocidos los resultados y a las señales que transmitirían.

¿Era todo cuanto tenía para decir Astori lo que expresó en su carta del domingo? ¿Por qué Mujica no pudo mostrar más que un rostro sombrío a la hora del triunfo? ¿Cómo es posible que la fórmula dependa de los acuerdos programáticos y de repartos de poder "sine die" entre sus dos precandidatos más votados? ¿Por qué los frentistas no pudieron ver a Mujica y Astori abrazados en el domicilio del ex ministro de Economía en la noche del domingo?
Una explicación posible es que la cúpula frentista no reparó adecuadamente en la naturaleza de su electorado. Por el contrario, dejó la sensación de que prevalece en su imaginario un votante que todavía responde a los estímulos emocionales y racionales de 1984, cuando la memoria de la resistencia a la dictadura y su alta politización les daba una seña de identidad única. Ya no es así.

Según las encuestas sobre autoidentificación ideológica, cuatro de cada diez votantes frentistas ni siquiera se definen como de izquierda o de centro izquierda. Sólo uno de cada tres uruguayos se coloca en ese segmento. Pero además, los expertos en opinión pública auguran que las próximas elecciones la van a definir un conjunto de ciudadanos alejados de la política, poco informados y más susceptibles a los vaivenes de la mediatización que a las invocaciones ideológicas o emotivas. Para todos esos uruguayos y uruguayas moderados y menos politizados, ¿quiénes fueron los verdaderos ganadores el domingo pasado? ¿Mujica o Lacalle? ¿El Frente Amplio o el Partido Nacional?

Los resultados de las elecciones internas deberían encender una luz amarilla en el oficialismo. No sólo no pudo "ganar en junio para ganar en octubre", sino que puede perder en noviembre si su candidato insiste en proponer como modelo de vida a los bosquimanos africanos o en sacar las adicciones "a prepo". Los tiempos en los que algunos gobernantes frentistas creían que ganarían las elecciones de 2009 "aunque el candidato sea una heladera", han llegado a su fin.

E l PIT-CNT se apresta a realizar una movilización contra el expresidente Luis Alberto Lacalle, en medio de la campaña electoral y arrastrada por la Federación de Cooperativistas de Vivienda por Ayuda Mutua, Fucvam. ¿Recuerdan las extemporáneas declaraciones del presidente de la Federación Rural contra el Plan Ceibal y otras políticas del gobierno y que titulamos "Gato por liebre"? Bueno, igual pero peor.

Ya no se trata de que sus dirigentes revisten en los partidos que integran el Frente Amplio ni de expresar en sus discursos la preferencia de la cúpula sindical por la actual conducción del gobierno. Con la excusa de oponerse al "modelo neoliberal de los años 90", el PIT-CNT aceptó utilizar su maquinaria organizativa y propagandística contra el probable ganador de la candidatura presidencial nacionalista.

La maniobra no es nueva pero se está volviendo cada vez más evidente y audaz. Al no poder frenar esta iniciativa de la radicalizada Fucvam (acaba de iniciar una huelga de hambre porque no comparte la reglamentación de los préstamos de vivienda dispuestos por el gobierno) la central obrera inaugura una nueva etapa en la historia de las movilizaciones sindicales, que consiste en inmiscuirse sin ambages en la campaña electoral a favor de un partido, so pretexto de defender una verdad política e ideológica que presumen auto evidente.

¿Qué sentirán quienes, estando afiliadas a sus sindicatos y formando parte de una cooperativa de vivienda, crean que el gobierno de Lacalle fue positivo para el país? ¿Y aquellos que además estén pensando en votarlo? ¿Se sentirán libres como para decirlo públicamente y colgar sus balconeras? ¿Será que ninguno de ellos está afiliado a estas organizaciones o que conviven con la violencia de sentirse perseguidos?

Una de tres: o los votantes de Lacalle no integran organizaciones gremiales por alguna razón desconocida, o las integran pero votan por dirigentes que organizan movilizaciones contra sus creencias, o bien los dirigentes gremiales están utilizando su investidura y utilizándola para avanzar en un proyecto político que excede lo partidario y que apenas confiesan.

Contrariamente a lo que parece, el problema no es tanto de Lacalle o de los nacionalistas, a quienes las encuestas ubican con chance de ganar las próximas elecciones, sino del oficialismo y su máquina paralela de agitación y propaganda, cuyo juego se vuelve cada vez más evidente. Pero además, estos procedimientos causan un rechazo creciente en buena parte de sus adherentes y simpatizantes, por no hablar de los ciudadanos indecisos que serán quienes terminen resolviendo quién nos gobernará en los próximos cinco años.

Cada vez que las organizaciones sociales ceden ante medidas como estas, se compromete una herramienta de lucha que debería concentrarse en ayudar a los ciudadanos a resolver sus problemas laborales y habitacionales independientemente de sus preferencias ideológicas, en lugar de descerrajarles una plataforma atrabiliaria, dogmática y arcaica.

La Corte Electoral validó las firmas suficientes como para que se someta a consideración popular la nulidad de la Ley de Caducidad. La norma debió ser declarada inconstitucional en su momento, como luego sería rechazada por los organismos jurisdiccionales internacionales. Sin embargo, resultó beatificada por la voluntad popular, a resultas de la estrategia trazada por sus detractores.

El texto es un adefesio jurídico que permitió superar una crisis institucional derivada del anunciado desacato militar a las citaciones judiciales. Eran tiempos en los que la institucionalidad democrática aún no lucía tan robusta como ahora y el poder fáctico, si bien estaba en retirada, se mostraba todavía desafiante. Quienes la defienden, dirán que gracias a la Ley de Caducidad el país pudo construir en paz la estabilidad de la que hoy gozamos. Quienes la condenamos, creímos siempre que el precio que se pagaba era muy alto, tanto en términos simbólicos como humanos. No sólo se consagraba la impunidad para los responsables de crímenes aberrantes cometidos al amparo de un poder ilegítimo. Además, sepultaba la esperanza de miles de víctimas, que se vieron impedidas durante veinte años de saber qué había pasado con sus familiares y de ver sometidos a la justicia a los criminales.

¿Era un sueño irreal y hasta irresponsable el de quienes votamos verde en 1989, para que floreciera la justicia? ¿Era el miedo lo que alentaba a quienes, sin justificar la vesania criminal de los tiranos, decidieron votar amarillo y ratificar la ley? Cualquiera sea la respuesta a estas interrogantes, lo cierto es que, pasadas cuatro administraciones, una interpretación diferente del mismo texto jurídico permitió que un puñado de civiles y militares fueran juzgados, procesados y encarcelados. Gracias al trabajo de la Comisión para la Paz, convocada por el ex presidente Batlle, y a la determinación del actual gobierno, se pudo dar con los restos de un par de desaparecidos, lo que aún siendo poco, es mucho más de lo que se podía soñar.

El próximo 25 de octubre, los uruguayos vamos a elegir a quienes nos gobernarán en el futuro, mientras dirimimos una vez más sobre nuestro pasado. El resultado es incierto desde el momento que la propia anulación de una ley con más de veinte años de vigencia es un procedimiento harto discutible.

Ya se trate de un baldón jurídico o de un cimiento de la paz, su anulación no alentará a nadie a aportar información sobre el destino de los desaparecidos (más bien lo contrario) ni modificará los veinte años de impunidad que padecimos. Pero además, el plebiscito obligará a pronunciarse a cientos de miles de ciudadanos que ni siquiera eran nacidos cuando se votó esta ley, que está referida a hechos que ocurrieron cuando sus padres apenas terminaban el ciclo escolar.

Estamos ante una ley cuyo destino no tendrá ningún efecto sobre el presente ni sobre el futuro. En todo caso, servirá para que muchos tengamos un ajuste de cuentas con nuestro pasado. Una magra cosecha para tanto dolor.