Las reacciones que siguieron al homicidio del empleado de La Pasiva muestran que vamos muy mal. En estas ocasiones, los seres humanos exhibimos nuestra capacidad de sobreponernos a la tragedia y el pasmo, cuando no nuestra lisa y llana imbecilidad. La simplificación, el aumento de los castigos, la venganza legal conocida como "pena de muerte", cuando no el oportunismo y la tilinguería, expresan la incapacidad de entender esta tragedia como parte de un fenómeno más amplio, complejo y extendido, apenas con el registro en video de las cámaras de seguridad.

Es como si las imágenes, que por lo general ocultan más de lo que muestran, nos enceguecieran la razón luego de verlas hasta el hartazgo en informativos y portales. La secuencia que exhibe a un delincuente ejecutar sin motivo aparente a un trabajador que acababa de cumplir con su pedido, termina por no decirnos nada, si no somos capaces de escapar a su lógica hiperreal, al ocultamiento de la irrealidad, de que es posible estar trabajando detrás de un mostrador y terminar acribillado a tiros.

¿Qué se necesita para que alguien dispare a sangre fría sobre un desconocido? ¿"La droga"? Hay millones de consumidores que jamás mataron a nadie ni lo harán. ¿La pobreza y la exclusión? Las estadísticas muestran que los pobres se dedican básicamente a laburar y encaminar a sus hijos sin delinquir. ¿La violencia en la televisión? La tesis funcionó durante algún tiempo pero era tan pueril que terminó sucumbiendo por su propio peso: cientos de millones de televidentes en el mundo demuestran lo contrario.

Y sin embargo, el crimen del empleado de La Pasiva ocurrió y por lo tanto, alguien debe ser el culpable, ya sea Bonomi, la falta de patrullaje policial, el Inau, la pasta base, el capitalismo salvaje, la pérdida de valores o el mismísimo Jorge Batlle. La concentración frente a la sede de la Presidencia que reunió a unas mil personas terminó con una proclama leída por Romana Ferrer, lo que motivó una pataleta de algunos voceros de la izquierda, que olvidando medio siglo de prácticas gramscianas, pusieron el grito en el cielo porque la mujer… ¡era militante de un partido político de oposición! Pero como en esta era de gadgets telefónicos y twitterperiodismo, no hay nada más motivado y emprendedor que el rebaño indignado, las soluciones al problema de la vesania delictiva quedan a la altura de los diagnósticos.

¿No está claro que el homicida actuó con absoluto desprecio por la vida humana? ¿No es esto una muestra de cómo está la sociedad? ¿No acabamos de ver las imágenes que así nos lo muestran? Es probable, pero convendría analizar otras variables. A modo de aporte, sugiero un ejercicio que consiste en imaginarnos que la secuencia del homicidio es apenas el final de una película protagonizada por el asesino y sus cómplices, cuya trama sólo vamos a entender si lo vemos al revés. Cuatro historias llenas de drogas, violencia, promiscuidad, corrupción, burocracia, abusos, desprecio, miseria y más violencia. Cuatro historias vividas en un ambiente en el que se aprende desde muy pequeño que “hay que disparar para que te respeten”.

Quizás al final del juego los responsables sean los mismos, pero al menos habremos descubierto la matriz de esta delincuencia letal, que luce desproporcionada si la cotejamos con la inocencia de las víctimas pero que es nada comparada con la historia de vida de los criminales. Es allí donde comienza las imágenes y es allí donde hay que actuar rápida y eficazmente, para evitar que sigan muriendo los buenos.

La senadora oficialista Lucía Topolansky propuso "hacer un trabajo en las cabezas" de los miembros de las Fuerzas Armadas, para ponerlos del lado del Frente Amplio. Topolansky fue aún más lejos y aseguró que le resultaría suficiente para tales fines contar con "un tercio de la oficialidad" y "la mitad de la tropa".

Para entreverar más la baraja, la líder del Espacio 609 recordó que el comandante en jefe del Ejército, Pedro Aguerre, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Daniel Castellá, son familiares de militares que fueron presos políticos de la dictadura.

El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, salió al cruce de los dichos de Topolansky asegurando que "no comparte los conceptos" y reafirmando que los proyectos de estudio de los oficiales militares son homologados por el Parlamento. Aunque las declaraciones de la senadora oficialista no encontraron el apoyo de casi nadie, lo dicho, dicho está.

Al ser Uruguay una República y no una barra de café, sus ciudadanos deben ajustar su conducta a lo que establece la Constitución y las leyes, especialmente los parlamentarios. En su Artículo 58, la Carta Magna establece que "los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política". En el caso específico de los militares en actividad, el Artículo 77 los obliga, "cualquiera sea su grado" a abstenerse "bajo pena de destitución… de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de Partido" y en general, de "ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto".

El desparpajo de la senadora fue seguido de tímidas justificaciones por parte de algunos compañeros de sector, basadas en las notorias vinculaciones del pasado entre gobernantes y oficiales militares. Pero lo que antes era motivo de censura y escándalo, ahora se utiliza como razón de Estado.

Como queda claro, la tesis de la senadora Topolansky es flagrantemente inconstitucional, en texto y espíritu, aunque ambos asuntos no sean de idéntica consideración y procedimiento. Mientras que el texto constitucional cuenta con mecanismos de modificación claramente establecidos y más o menos rigurosos, las cuestiones del espíritu, como las ideas y las concepciones institucionales, pueden moverse con mayor libertad.

¿Estamos ante un proceso de transformación ideológica, en el que algunos representantes de la izquierda fueron abandonando sus concepciones civilistas a favor de otras de corte militarista "a la latinoamericana"? ¿Estamos ante un nuevo tema para la agenda de una hipotética reforma constitucional, alentada en su momento por la propia senadora? ¿Estamos ante una expresión del más puro cinismo o ante todos estos renuncios a la vez?

Como fuere, el episodio debería causar inquietud y temor en la población, en especial en esos miles de frenteamplistas que suscriben sinceramente el espíritu laico de nuestra Constitución y nuestra República, y que hoy asisten atónitos a semejante temeridad.

La dirigencia frentista pretende que sus adherentes concurran a votar en las internas del 27 de mayo de una manera particular. Si bien la inversión publicitaria es generosa, el mensaje, en cambio, resulta contradictorio.

El senador Enrique Rubio rechaza que se trate de una competencia entre los diversos candidatos y asegura que sus diferencias son apenas “matices”. Ernesto Agazzi rechaza pedirle el voto a los frenteamplistas porque, según sus propias palabras, lo importante es que la gente vote, cualquiera sea su elección. En el aviso que proclama a Mónica Xavier se nombra a todos los candidatos y apenas se nombra una vez más a la candidata que se promueve. ¿No fueron las diferencias internas las que llevaron a estas elecciones internas? ¿Qué sentido tiene semejante esfuerzo si da lo mismo que gane Enrique, Juan, Mónica o Ernesto?

La campaña del oficialismo pretende disimular bajo una pátina de fraternidad, lo que todo el mundo sabe: en el Frente, las discusiones ideológicas y programáticas están llegando a un punto en el que resulta difícil evitar los enfrentamientos. El bloqueo se traslada incluso al gobierno, dividido en parcelas que se corresponden con cuotas de poder asignadas a partidos, movimientos, sectores y dirigentes.

La parcelización es tan sólida que termina consagrando una virtual inamovilidad de los jerarcas de gobierno. Sólo así se explica que las autoridades del Codicen sigan en su cargo luego del descalabro en el que se procesó el comienzo de cursos y la ineficiencia para manejar la construcción y refacción de locales, por no hablar de la forma como se comunicó todo el asunto. Sólo así se puede entender que el descalabro en las cárceles y la seguridad metropolitanas no haya sido acompañado de cambios en las máximas jerarquías. La mayoría parlamentaria se encarga del resto.

Entrevistado en Radio Sarandí, Agazzi reconocía que, mientras la votación del Frente Amplio trepó hasta el millón doscientos mil votantes, su núcleo militante no supera los cien mil. La mitad del congreso del partido de gobierno está en manos del 10 por ciento de sus más activos e ideologizados adherentes, mientras las urnas llevaban al Frente al gobierno creciendo por el centro

Si lo que busca el Frente Amplio con sus internas es morigerar el enorme peso que tienen sus aparatos militantes (vinculados en su inmensa mayoría al PCU y al MPP) no va a lograr más que reafirmarlo. No queda claro cómo pretende la cúpula oficialista entusiasmar a ciudadanos que no quieren participar de ningún comité de base, acto o votación, y que, al decir del propio Agazzi, “muchos de ellos ni siquiera son frenteamplistas” si ni siquiera se animan a exponer en público sus diferencias, de manera que sus simpatizantes puedan elegir en conocimiento de causa. Mucho menos si se avivan que la estrategia es, precisamente, ocultar las diferencias para evitar cualquier riesgo de enfrentamiento, en una situación tan absurda que uno de los participantes en esta competencia electoral ¡ni siquiera reconoce que está compitiendo!