Artículos de opinión de Gustavo Leal



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15.11.2011 09:57 / Mis artículos

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Hay formas sutiles de ejercicio arbitrario del poder que en no pocas ocasiones se justifican como acciones que pretenden favorecer a los más desprotegidos, justo esos que son perjudicados por el poder sin fundamento. Este es el caso del manejo de la información en la educación secundaria.

Según el Monitor Liceal de Secundaria, en el año 2010, el 45% de los adolescentes que ingresaron a los liceos públicos de Montevideo repitieron primer año. En el 2004, ocurrió lo mismo con el 36%. Estamos en un dramático camino al despeñadero, hipotecando día a día los esfuerzos que en otros planos el Uruguay hace desde hace algunos años.. La economía crece, el presupuesto 2010-2015 es el más generoso que recuerde la historia y tenemos resultados insostenibles en la educación.

El promedio de 45% de repetición en primero de liceo se compone de centros educativos que seguramente tienen tasas superiores al 60% y otras menores al 10%. Los promedios no sirven para tomar decisiones acertadas porque en muchas ocasiones nos inducen a errores. Pero aunque Secundaria cuenta con información detallada sobre el desempeño de cada liceo, la misma no es pública por decisión del Consejo de Educación Secundaria.

El fundamento de esta decisión se encuentra en la Resolución del Consejo N° 29 del 29 de febrero del 2010. Ahí sostiene que “II) Que la literatura pedagógica señala que la difusión de información de resultados educativos desagregados, sin una contextualización pedagógica y/o sociológica, puede llevar a graves errores de interpretación, con la consiguiente estigmatización de liceos, estudiantes o equipos docentes.

III) Que, sobre la divulgación de información educativa la Ley 18.437 dispone -en su artículo 116 in fine- que “La política de difusión de esta información resguardará la identidad de los educandos, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización y discriminación”.

Luego afirma en el numeral “V) Que los criterios de difusión de la información deberán evitar la estigmatización de los centros educativos y, a la vez, permitir a la sociedad y a los padres a acceder a información relevante a los efectos de evaluar el desarrollo de las políticas de Educación Secundaria a la sociedad y de evaluar el desarrollo de las políticas educativas de cada liceo a los padres y alumnos de esa comunidad educativa”.

Fruto de este razonamiento, las autoridades de secundaria resolvieron que para no “estigmatizar”, la información no será pública. Increíble argumento. En función de esto, en la página web www.ces.edu.uy  tenemos un link al Monitor Liceal donde vemos solamente los datos de matrícula, promovidos y no promovidos por departamento. Ahí se aprecia por ejemplo el dato del 45% de repetición en primer año en la capital. Toda la otra información no es pública, la resguardan las autoridades, para que la sociedad no la use de mala forma. Hay que cuidarse de quien nos cuida. Y luego se pretende que exista una “comunidad educativa”. ¿Por qué como ciudadano no tengo derecho a saber sobre el desempeño del liceo donde concurre mi hijo? ¿Quién es el Consejo de Educación Secundaria para arrogarse el derecho a señalarme que si conozco la información, comparo y analizo terminaré directamente “estigmatizando y discriminando”?  Es un argumento de altísima mediocridad basado en un tríada letal: ejercicio muy autoritario de la información, el silencio cómplice y corporativo,  y el manejo despótico de lo público.

No es cierto que la circulación de información genere estigma. Quien sostiene semejante cosa, se basa en el argumento que de conocerse la información los padres sacarán a sus hijos de los peores liceos e intentarán ubicarlos en los mejores y por lo tanto tendremos un estigma o una marca sobre determinados centros educativos reforzando su mal funcionamiento. Por lo tanto, tratamos de evitar la consecuencia lógica de cualquier padre sensato ante tamaño descalabro pero poco hacemos para solucionar el problema de origen. El fracaso ha ido en aumento de forma convergente con los cuantiosos recursos que se han ido volcando.

La preocupación por evitar una “corrida estudiantil” ante el conocimiento del desempeño de los centros educativos es  la base del razonamiento –muy sintetizado por razones de espacio- de quienes prefieren no circular la información. Pero semejante fundamento es una barbaridad, conceptual, filosófica y también de gestión política. Con un 45% de adolescentes que repiten primer año, un 37% segundo y un 39% tercer año en Montevideo, la reflexión obvia es que el lugar que los uruguayos creemos sirve para enseñar no lo hace. Si a Ud, le pagan para enseñar y resulta que tiene  tasas de repetición increíbles, es justo cuestionarse si a está haciendo las cosas bien. ¿O acaso la culpa es de los adolescentes?  Por favor, seamos responsables. Si a un médico en una emergencia se le complican seriamente el 45% de los pacientes que atiende seguramente dudaríamos de su capacidad.

Yo creo que a la educación la mejoramos entre todos y a esta altura la opinión pública y los movimientos ciudadanos deberían hacerse oír con más fuerza. Si la información se transparenta seguramente ganaremos en democracia. Nos obligará a mirarnos en nuestras debilidades y también nos ayudará a reconocer que hay muchas cosas que se hacen bien y por eso tienen mejores indicadores. Porque en estos promedios se esconden realidades de excelencia que nos las vemos, o mejor dicho, que no dejan que las veamos. Pero mientras sigamos sosteniendo que el silencio es mejor que la transparencia vamos por el peor de los caminos.

La educación es algo demasiado importante para dejarla en manos exclusivas de ciertos grupos corporativos, más cuando tienen una tendencia a esconder las ineficiencias basadas en supuestos pedagógicos que no discuten públicamente.

La información que cuenta Secundaria nos podría iluminar también sobre otras realidades que no entiendo porqué conducirían a estigmatizar. Por ejemplo, saber qué cantidad de horas de clase se dictaron en cada liceo el año pasado. Y ahí podríamos conocer que hay liceos donde no se dieron el 30% de las horas de clase porque los profesores faltaron y hay otros liceos donde el ausentismo docente no supera el 5%. Entonces, ¿por qué no se puede saber eso?

Si un padre o una madre en función de esa información decide protestar e incluso sacar a su hijo-a de un liceo, ¿no está en su derecho? ¿Quién estigmatiza a quién en ese caso? Es demasiada corta la vida para que la burocracia decida lo que debo hacer con ella.

Los acuerdos políticos no han incluido este tema en su agenda. Sospecho que existen demasiados puntos de contacto entre quienes están discutiendo que los lleva a preocuparse por no “no estigmatizar ni discriminar”.

 Mientras tanto, cada día estamos un poco peor en Secundaria.

 

 


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El autor
*Sociólogo. Postgrado de Especialización en Altos Estudios de Comunicación Social. Diplomado en Políticas Sociales. Twitter: @GustavoLeal_uy

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